UNA LUZ DE ESPERANZA

                        Los datos de la pandemia en España, totalmente desgarradores, dejan hasta hoy un saldo de 135.032 infectados, 13.055 fallecidos y 40.437 altas médicas, sin embargo la tendencia a la baja de defunciones y contagiados y al alza de los recuperados aporta una luz de esperanza en medio de esta crítica oscuridad generalizada. En efecto, la presión sobre las UCIs empieza a reducirse (y con ello la angustia) tras semanas desbordadas al borde del colapso, aunque los expertos alertan de que en ningún momento cabe relajar la guardia para evitar una nueva ola de contagios y sugieren que, incluso después de doblegar el coronavirus, se imponga el uso obligatorio de mascarillas, el control de movimientos, los test masivos, la prohibición de viajar y las concentraciones. El Gobierno, que ya ha prorrogado el estado de alarma y el confinamiento hasta el 26 de abril, con la pertinente autorización del Congreso de los Diputados, y no descarta solicitar otras prórrogas, encarga ahora fabricar millones de mascarillas y otros materiales sanitarios mientras los juristas avisan de que pudiera incurrir en responsabilidad penal en caso de extralimitarse y no respetar escrupulosamente el Estado de Derecho y la oposición le afea que ahora recomiende el uso masivo de mascarillas cuando el portavoz Simón, aquejado de coronavirus, siempre dijo no entender la fiebre por el uso de dichas mascarillas y cuando, desoyendo las recomendaciones de la OMS, España exportó test hasta el 15 de marzo y el Gobierno no intervino la producción de las empresas hasta el estado de alarma ni hizo acopio del material, anunciando pruebas masivas “en 2 o 3 días” que aún no han empezado, mientras los hospitales comprueban que los test adquiridos no tenían fiabilidad (el doctor Julio García, portavoz del SMIC, deja bien claro que “ninguno de los test chinos que hemos  probado hasta ahora funciona”). En fin, decisiones, acertadas o no, que en un futuro habrán de aclararse, aunque las críticas ya no se dejan esperar, al extremo de que el CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios, denuncia al Ejecutivo en los tribunales por homicidio imprudente ya que “no hicieron caso a las advertencias de la OMS ni acopio de material”. Por su parte la oposición se queja de que el Ejecutivo les trata con desprecio y ninguneo, denunciando como juego sucio el proceder de Sánchez, quien, eludiendo toda autocrítica, en otra intervención televisada de una hora anunciaba que prorrogaba la alarma hasta finales de abril y que después hará sucesivas ampliaciones, en tanto que el PP exige que el Parlamento retome el control del Ejecutivo y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se queja de que “Madrid se ha sentido muy solo y el Presidente ni me contesta”. Este es el ambiente que se respira cuando el Gobierno, dispuesto a afrontar una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, ya se prepara para adoptar nuevas medidas, como confinar a los asintomáticos fuera de sus casas (en hoteles, albergues u otras instalaciones), lo que, en principio requeriría un ingente esfuerzo de aplicar test masivos (varios millones de ellos) para la detección de los mismos, pidiendo al efecto a las CCAA que le hagan un inventario de posibles recintos para alojarlos en medio de un debate sobre la legalidad o no de la medida, pues en principio no podría obligar a un confinamiento fuera de sus casas, por lo que finalmente Moncloa, ante las dudas legales, rectifica su inicial anuncio y plantea a las CCAA que dicho confinamiento sea con carácter voluntario y en hoteles; entretanto, el verdadero agujero negro de la epidemia reside en las residencias de mayores donde han muerto ya más de 3.600 ancianos. Por otro lado, Moncloa rectifica también y permite por fin que la prensa pregunte directamente a Sánchez y a los ministros comparecientes por videoconferencia en vez de hacerlo, como hasta ahora, a través del filtro previo del Secretario de Estado de Comunicación.

            Y mientras España entra en la fase de reducción de casos por día (aunque nos espera un periodo de “dientes de sierra” con altibajos puntuales) y la industria y construcción se preparan para abrir después de Semana Santa, Pedro Sánchez, eludiendo toda autocrítica y tras ningunear a la oposición, propone que le apoyen en una especie de nuevos Pactos de La Moncloa, que no explica en qué consistirían, en los que incluiría a las CCAA, a lo que Casado responde: “apoyaré a Sánchez para salvar vidas, no para que arruine España”, “no respaldaré más prórrogas si el Gobierno sigue anulando el control democrático del Congreso”, “lo de los Pactos de La Moncloa es un señuelo que se saca por su mala respuesta a la crisis” y concluye, “en la gestión sanitaria parece que no hay nadie al volante: poder máximo, eficacia mínima”. Mientras tanto la Comunidad de Madrid activa un plan de rescate para los autónomos madrileños, adoptando, entre otras medidas, el abono de las cuotas a la Seguridad Social de marzo y abril. Todo ello en medio de una polémica interna entre miembros del Gobierno por los 3.500 millones de la renta mínima vital, que genera tensiones en el Ejecutivo, con dudas sobre cómo financiarla, pues mientras Iglesias presiona para anunciar y tomar la medida lo antes posible el ministro Escrivá se resiste, con lo que, al final, Sánchez tendrá la última palabra en este nuevo choque, el enésimo, en el seno del Consejo de Ministros. Por su parte Margarita Robles pregunta “¿alguien piensa que tras esto la legislatura va a ser igual?” y añade “con miles de muertos, aquellos parámetros quedan fuera de lugar”, concluyendo que “hemos cometido fallos, pero tratamos de hacer lo mejor posible”. Y en medio de este panorama enrarecido, según GAD3, sólo el 27´7% de los españoles aprueba la gestión de Sánchez ante la epidemia, pues su valoración ha ido cayendo desde que declarara el estado de alarma y, hoy en día, es peor que la de los presidentes autonómicos, siendo además el líder peor valorado en Europa.

            Cabría añadir además que ha fallecido el cantautor Luis Eduardo Aute; que es detenido un empresario por robar en Santiago de Compostela material sanitario por valor de unos cinco millones de euros para venderlo en Portugal; y que los sepelios por Covid-19 en Castilla-La Mancha  triplican los datos oficiales, informando el TSJ de que en marzo fueron enterrados 1.921 fallecidos por coronavirus.

            Por lo que respecta al exterior destacar que, según Mario Centeno, Presidente del Eurogrupo y Ministro de Finanzas de Portugal, “los préstamos de la UE deben respetar el sufrimiento de los ciudadanos”; que Italia otorga el aprobado general a los estudiantes y moviliza otros 400.000 millones de euros en el mayor estímulo de su historia; que Turquía requisa para sus clínicas un avión español con material sanitario, aunque finalmente le da vía libre; que EEUU se para en seco por la pandemia, siendo una potencia de primera magnitud, pero con una frágil red social; que Boris Johnson, cuyas funciones ejercerá ahora su ministro de Exteriores, es hospitalizado tras diez días de confinamiento y finalmente es ingresado en la UCI al agravarse su estado de salud (al parecer, Downing Street ocultó su gravedad); que Wolfgang Schäuble, Presidente del Bundestag dice sobre la crisis que “es un desafío mayor que el de la crisis financiera y el euro”; que varios países ensayan la renta básica, como pretende España, ante el parón de sus economías; y que, según Borrell, Alto representante de la UE para AAEE, “la Europa rica de hoy no tiene ningún míster Marshall a quien pedirle dinero”, con lo que “habrá que preguntarse si hay suficiente capacidad de endeudamiento en el mundo para afrontar esta crisis” y añade que “han vuelto a aparecer en la UE las mismas desuniones que surgieron hace once años”.

Jorge Cremades Sena