Los
rebrotes de contagios por coronavirus no dejan de crecer en España, que
registra ya más de setenta brotes activos….. y lo preocupante ya no es esta
previsible reactivación contagiosa tras el final del estado de alarma, sino la
presunta incapacidad sanitaria para controlarla y atajarla con éxito, por lo
que el fantasma de los peores momentos de la pandemia, con los hospitales
desbordados, sigue amenazando de forma inexorable. La trágica realidad es que
Sanidad no tiene un plan nacional para afrontar un repunte masivo del Covid-19,
mientras diecisiete CCAA, unas más afectadas que otras y con las competencias
sanitarias (y educativas) transferidas, hacen lo que pueden o quieren, cada una
por su lado, sin el más mínimo interés de aunar esfuerzos coordinados por el
Gobierno de España, no vaya a ser que ello derive en menoscabo de sus sacrosantas
competencias y dé alas a una odiada recentralización política según los
nacionalistas. Los rebrotes destapan en definitiva la falta de gestión y de
medios ante otra oleada, mientras los sanitarios denuncian errores en la
detección y el rastreo de los casos contagiados, y los expertos piden imponer
los PCR para volar a España, en tanto que el Gobierno valora ahora la demanda
de los epidemiólogos ante la inevitable llegada de infectados pese a los
controles, a todas luces insuficientes, y seis autonomías estudian obligar a
llevar mascarillas (algunas de ellas ya lo han impuesto), en medio de un caos
normativo impuesto por cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, lo que hace
imposible que los ciudadanos sepan a qué atenerse en cada circunstancia
territorial. Al parecer el 40% de los focos del virus se origina en reuniones
familiares, mientras las infecciones diarias suben a 333 por picos en Cataluña
y Aragón, donde el 60% de los afectados son jóvenes asintomáticos, aunque la
atención se centra especialmente en Galicia y Euskadi, donde la celebración de
elecciones autonómicas ha generado un nuevo debate sobre la conveniencia o no
de suspenderlas, sumiendo en la incertidumbre la jornada electoral, después de
que los gobiernos gallego y vasco hayan decidido a última hora prohibir a los
infectados que ejerzan el voto, mientras los expertos cuestionan esta
prohibición de ir a ejercer su derecho a votar. Y mientras la Generalitat
Valenciana busca cancelar el contrato de la residencia con 73 muertos,
previendo devolver el centro de Alcoy a la gestión pública, Torra, que tarda
una semana en tomar medidas de confinamiento en Lérida con más casos que en
marzo (el 27 de junio tenía un 50% más de contagios que en el pico de la
epidemia), viendo que los casos se multiplican en varias localidades catalanas,
decide confinar en sus casas a unos 160.000 ciudadanos de Lleida, pues el
descontrol del brote de coronavirus en la comarca de Segriá es evidente y muy
preocupante, devolviendo así la zona a la prohibición de salir de casa salvo
causa justificada, mientras el regreso a esta especie de Fase 0 en Lérida es
puesto en cuestión por la Justicia, ya que Fiscalía se opone al citado encierro
ordenado por la Generalitat, entre otras cosas porque “es competencia estatal”
(maldito concepto para los separatistas). Es la consecuencia lógica de este
desmadre competencial territorial, desordenado e incongruente, por el que el
Estado y su Gobierno central quedan despojados de casi todas las competencias
gubernamentales en favor de las diferentes CCAA, cada una de ellas con un mayor
o menor carácter nacionalista, cuando no secesionista, lo que, paradójicamente,
es impensable incluso en los distintos Estados Federales del mundo, donde las
competencias del Estado son totalmente indiscutibles por parte de los distintos
entes gubernamentales de rango inferior.
Y
en este panorama de preocupación e incertidumbre por los rebrotes de
coronavirus, se celebran las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco,
adobadas con la polémica de la prohibición de ir a votar quienes están
infectados por el virus. Galicia y Euskadi, que afrontaban las elecciones entre
el temor al virus y a la abstención, mientras muchos consideraban que “si vamos
a la playa y a los bares lo lógico es que se pueda ir a votar”, celebran con
absoluta normalidad sus respectivos comicios, en los que, según lo previsto por
los sondeos, Feijóo y Urkullu refuerzan sus respectivas mayorías y Podemos se
desploma, mientras el PSOE es incapaz de aprovechar la caída de sus socios de
gobierno a nivel estatal. En definitiva, Feijóo hace historia en Galicia al
obtener su cuarta mayoría absoluta e igualar su mejor resultado, mientras el
BNG adelanta al PSOE y Podemos desaparece del Parlamento Gallego; y el
nacionalismo vasco arrasa en País Vasco con la holgada mayoría del PNV y el
auge de Bildu, que suman entre ambos el 67% de los votos. En efecto, en
Galicia, el popular Feijóo hace historia al conquistar su cuarta mayoría
absoluta, mientras el BNG triplica escaños y Podemos y sus socios salen del
Parlamento gallego al perder sus catorce escaños, un duro castigo a Iglesias y,
para algunos analistas, al gobierno de coalición con el PSOE, que, aunque
aguanta, es incapaz de beneficiares de la debacle de sus socios; los resultados
han sido: un 58´88% de participación, el PP obtiene el 48% de votos y 41
escaños (los mismos que tiene ahora), BNG el 23´8% y 19 (trece más) y PSG-PSOE
19´4% y 15 (uno más). Y, en efecto, en Euskadi el lehendakari Urkullu, gana con
holgura y gobernaría con el PSE pese al auge de EHBildu, mientras Podemos se
hunde y pierde cinco escaños, el PP pierde cuatro escaños en su alianza con Cs
y Vox entra en la Cámara Vasca con un diputado; los resultados son: un 52´86%
de participación, el PNV 39´1% de votos y 31 escaños (tres más que los
actuales), EHBildu 27´8%% y 22 (cuatro más), PSE-PSOE 13´6% y 10 (uno más),
Podemos-IU 8% y 6 (cinco menos), PP-Cs 6´8% y 5 (cuatro menos que los obtenidos
sólo por el PP en 2016), y Vox 2% y 1 (entra en el Parlamento Vasco). Para
algunos analistas Podemos entra en barrena frente a un PSOE incapaz de
rentabilizar la caída de su socio, lo que supondría un fuerte castigo al
gobierno de coalición PSOE-Podemos, pues si los populistas pierden 19 escaños
(14 en Galicia y 5 en Euskadi), los socialistas sólo arañan dos (uno en cada
territorio), un fuerte castigo a Iglesias, no ajeno a su decisión de entrar en
el gobiernos de coalición y al “caso Dina”, que pasan factura al
Vicepresidente; y un fuerte varapalo a la alianza electoral PP-Cs y al discurso
duro de Casado frente al moderado discurso de Feijóo. Pero, en todo caso, hay
que tener en cuenta las peculiaridades de Galicia y Euskadi, que poco tienen
que ver con la mayoría de territorios del resto de España.
Gallegos
y vascos han hablado en las urnas y que cada quien medite sobre el asunto.
Decía Gonzalo Caballero, el candidato socialista a presidir la Xunta, que “Feijóo
es el PP que devora los servicios públicos con piel de cordero”, mientras la
Junta Electoral avalaba que se celebrasen elecciones con control…. tras los
resultados los gallegos parecen no temer a ese lobo con piel de cordero descrito
por el socialista Caballero. Y decía Urkullu “no apoyaremos presupuestos que
suban ahora los impuestos” y “la lealtad de Sánchez con el Gobierno Vasco tiene
mucho que mejorar”….. tras los resultados los vascos condenan al lehendakari, a
pesar de su indiscutible ascenso, a seguir entendiéndose con los socialistas
(salvo que prefiera hacerlo con Bildu). Lo triste es que en el País Vasco la
violencia, de una u otra forma, siga viva, pues en plena campaña electoral un
grupo de radicales ataca la tumba del dirigente socialista Fernando Buesa,
asesinato por ETA, cuya lápida aparece rociada con pintura roja justo donde
figura la frase “fue un hombre de paz; defendió la libertad de todos con la
palabra”…..no estaría de más que los abertzales, tras su éxito en los comicios,
salieran públicamente censurado estos hechos intolerables.
Entretanto
el Gobierno y la Casa Real abordan el futuro de Juan Carlos I, mientras Felipe
y Letizia prosiguen su gira por las CCAA y viajarán el día 20 al País Vasco, en
tanto que Moncloa da por hecho que no será posible reformar la inviolabilidad
del Rey, lo que, no siendo imposible, obligaría, en todo caso, a convocar
elecciones. La realidad es que con las mayorías y procedimientos diseñados en
nuestra Constitución cualquier cosa puede emprenderse y modificarse, incluida la
forma de Estado de Monarquía Constitucional a República, pero lo que no vale es
intentarlo falsamente y por la puerta trasera desde el mismísimo Gobierno sin
que sus miembros hayan llevado en el programa electoral tan fundamental
modificación constitucional y, menos aún, cuando no gozan de una holgada mayoría
parlamentaria, que apenas les vale para conseguir pírricas victorias en las
Cortes Generales. Asegura Sánchez, el Presidente del Gobierno, que “los
aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad” y añade “defiendo
lo mismo para el Jefe del Estado”, lo que, salvando las distancias entre los
diversos cargos públicos, puede tener todo el sentido del mundo como principio
general, pero olvida que ello abriría una reforma agravada de la Constitución
con disolución de las Cortes y referéndum posterior…..¿está dispuesto el
Presidente a abrir ese melón en estos momentos? Lo razonable sería que si su
partido así lo quiere lo lleve en su próximo programa electoral, sin olvidar,
en todo caso, que todos los Jefes de Estado, ya sean Reyes o Presidentes de repúblicas,
gozan de un estatus especial, incluso superior al estatus especial de
aforamiento del que, por encima del resto de los mortales, gozan los
parlamentarios y otros cargos institucionales. Por su parte Iglesias, el Vicepresidente
del Gobierno, desdice a Sánchez asegurando que “los escándalos también afectan
a Felipe VI”, pretendiendo menoscabar la solvencia de la Monarquía como
institución en vez de exigir sólo el esclarecimiento de las presuntas conductas
indeseables de Don Juan Carlos, y asegura que el Presidente le “abrió” el
camino y que “no se puede ignorar que la Monarquía es una institución
hereditaria”, lo que nos llevaría al absurdo ya que a lo largo de la Historia
se han sucedido reyes buenos y malos, sin que unos hayan tenido que apechugar
con los aciertos o errores de sus antecesores. En todo caso, en asunto tan
peliagudo, lo razonable y exigible es que el Gobierno de España tenga una sola
voz. La realidad es que “Felipe VI lo tiene muy difícil y afronta decisiones
desgarradoras” por lo que Zarzuela convoca a altas personalidades para reforzar
la Corona ante los “errores” de la “persona privada” Don Juan Carlos, sopesando
que el Emérito abandone el recinto palaciego, mientras los españoles consideran
que la Corona es una institución fundamental para la democracia, especialmente
si rememoramos los dos fiascos en que quedaron las dos breves experiencias
republicanas habidas a lo largo de nuestra extensa Historia.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que mafias organizadas dibujan una
España okupada con más de 39 viviendas usurpadas al día, 100.000 en todo el
país, gracias al coladero legal y la excusa del escudo social; que Artur Mas
rechaza ser candidato tras acabar su inhabilitación y pide un cargo constitucional
como la Presidencia del Parlament; que la Puerta del Sol será peatonal desde el
20 de agosto; que Sandro Rosell pide al Estado 29 millones por sus dos años en
prisión; que, según Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, “las condiciones
de los científicos son peores ahora que en 2010”; que en el décimo aniversario
de la victoria española en el mundial de futbol, el capitán se enorgullece
manifestando que “toda España nos aupó hacia un título histórico”; que, según
Miguel Garrido, Vicepresidente de la CEOE, “el teletrabajo daña la recuperación;
quien lo quiera que lo pague”; y que Podemos aportó al juez del “caso Dina” un
móvil diferente al que denunció como robado ya que la formación pidió a la juez
de guardia que rastreara un número 677 y, sin embargo, en la Audiencia Nacional
denunció un 665.
Y
del exterior, destacar que el Supremo de EEUU permite a los fiscales acceder a
los datos de la renta de Trump; que Santa Sofía vuelve a ser mezquita ocho
décadas después al haberlo decidido así el Tribunal Administrativo de Turquía;
y que Trump libra de la cárcel a un exasesor condenado por la trama rusa,
decretando al efecto la conmutación de la pena. Pero la noticia de mayor
repercusión para nosotros es el fracaso de España en el Eurogrupo al perder
Nadia Calviño la Presidencia ante Donohoe, un conservador irlandés, a pesar del
apoyo franco-alemán a la ministra española; el irlandés apuesta por la
disciplina fiscal y se opone a la “tasa Google”, mientras diversos analistas lo
consideran un fracaso de Sánchez haciendo víctima a Calviño de la pésima estrategia
de Moncloa y de la desconfianza de Bruselas en un Gobierno con populistas; el
PP por su parte lamenta la derrota porque debilita la posición de España antes
de la negociación de los fondos de la UE y Calviño, que era la favorita,
considera que alguno de los países que le había prometido su voto la traicionó
a última hora.
Jorge Cremades Sena
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