Al
final Feijóo vuelve a bloquear la renovación del Poder Judicial, ahora por la
sedición, y el Gobierno considera que el líder del PP ha cedido a las
presiones, afirmando Sánchez que a Feijóo “le han temblado las piernas”. Así
las cosas, y de cara a las elecciones, toca ahora a ambos vender la burra a la
ciudadanía con la esperanza de que sus argumentos atraigan más votos que los
del contrario, mientras el deterioro institucional sigue “in crescendo” por
culpa de una norma que deja la solución a la arbitraria decisión de que
Gobierno y oposición se pongan o no de acuerdo. Y, ya ven, no se ponen de
acuerdo. El PP suspende la negociación del CGPJ al confirmar Sánchez a Feijóo
que se dispone a rebajar las penas del delito de sedición, tal como le exigen
sus socios y ERC, y consideran “incongruencia insalvable pactar el
reforzamiento del Estado de Derecho al mismo tiempo que se les dice a los
jueces que sean condescendientes con aquellos que se levantan contra la unidad
de España” con lo que Feijóo se siente engañado, exige retirar la reforma de la
sedición por esa “incongruencia insalvable” y da por “suspendida” la
negociación, asegurando que Bolaños se comprometió a no rebajar las penas del
1-O (ya bastante rebajadas con los indultos) para satisfacer a ERC. Génova se
retira mientras no haya garantías por
escrito de que no se va a aceptar el chantaje de los secesionistas catalanes a
cambio de sus votos para aprobar los Presupuestos, y Ferraz sostiene que no
acepta chantajes de los populares. En efecto, mientras Feijóo dice “con la
sedición, no puedo seguir”, Sánchez le contesta “no acepto chantajes”, cuando
se tiene la sensación de que, para que se aprueben los Presupuestos, el
Gobierno ha tenido que ceder a los chantajes a que le someten sus aliados de
investidura. Al final, más allá de esta polémica sobre los chantajes, lo cierto
es que el portazo de Feijóo deja a la Justicia al borde del colapso, si es que
ya no está colapsada, cuando se tenía un acuerdo casi cerrado, y el PSOE queda
descolocado tras esta ruptura que debilita la credibilidad de Bolaños, a quien,
aunque él lo niega, se le acusa de haberse comprometido a no ceder ante ERC en
el asunto de la sedición y ahora, para seguir negociando, se le exige que lo
ratifique por escrito, añadiendo además que Moncloa se negó a “garantizar” al
PP que ERC no estaría en el TC al rechazar el Gobierno poner por escrito que en
el Alto Tribunal no habría perfiles favorables al independentismo, por lo que
Ayuso y Moreno Bonilla, cuando ya se estaba a punto de firmar el acuerdo,
pidieron a Feijóo que no pactara, pues pactar sería “una barbaridad”….Todo ello
justo cuando Sánchez pensaba en reunirse con Feijóo para decidir las
presidencias del CGPJ y el TC cerrando un acuerdo global que, de momento, y una
vez más, salta por los aires. Y en el trasfondo de todo este asunto permitido
por la confusa legalidad procedimental cabe ubicar, de un lado, la airada
reacción de los socialistas contra el PP para esconder cómo gestionar ante sus
socios la rebaja de la sedición, que en Europa no ven bien, y, por otro lado,
la necesidad de Feijóo de aplacar la contestación interna, por lo que todo
apunta a que habrán de ser los españoles directamente quienes en las urnas
habrán de dilucidar quién está más acertado en sus estrategias electorales.
Y
mientras la UE cree que, sin haber resuelto este asunto del Poder Judicial,
España pierde “autoridad moral” ante su obligada Presidencia en 2023 y Feijóo
cierra la puerta a la reforma del CGPJ “con este PSOE”, los socialistas
conmemoran en Sevilla el gran triunfo del otro PSOE de Felipe González en
octubre de 1982, de quien, insólitamente, Sánchez se presenta ahora como su
heredero tras haber sido cuestionado (e incluso insultado) por sus aliados de
gobierno y socios de investidura, donde Felipe, sobre lo acaecido con el CGPJ
dice sobre Feijóo que “si no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla pero no
a interrumpirla” pero nada dice, en este caso, sobre que es la propia ley la
que genera la confusión al remitir a un acuerdo al que han de llegar las dos
partes…. Y si no llegan, ya ven, cada uno a lo suyo para imputar la
responsabilidad del desacuerdo, que es lo que sucederá de ahora en adelante al
respecto, con la vista puesta en los comicios. Así las cosas Ximo Puig
manifiesta que “la reforma del delito de sedición se podría haber avanzado ya”,
que “en el tema catalán estamos mejor que estábamos y aún tenemos que seguir
buscando ese puente” y que “lo que está haciendo el PP con el CGPJ es una
indecencia institucional”, mientras, según Sigma-Dos, la mitad de los votantes
del PSOE rechaza rebajar el delito de sedición (el 49´1% dice no y el 30´5%,
sí) y sólo el 20% de los españoles apoya reducir las penas a la mitad, como ha
planteado el Gobierno durante la negociación; el 82% opina que la Justicia está
politizada y el 75% que haya que cambiar el modelo de elección del CGPJ como
pide la UE….y, entretanto, el prófugo Puigdemont asegura que “gente del PSOE”
le prometió “buen trato”, si regresaba a España, por “vía reforma del Código
Penal”. Por su parte vocales del Poder Judicial piden que el TC resuelva sobre
sus nombramientos, creyendo que, tal como está el patio, esta solución es la
“única salida” para revertir la crisis, mientras el Constitucional ve difícil
resolver este asunto mientras esté pendiente de renovar. Ya ven los intereses
electorales de unos y otros y la necesidad de votos secesionistas para aprobar
los Presupuestos, marcan en definitiva este caos que tanto daño hace a la
credibilidad democrática de España.
Y
con el afianzamiento del bloque de investidura tras el respaldo a las Cuentas
del Estado, que pasan su primera fase en el Congreso, el PSOE cuela una enmienda en Bruselas para recibir fondos sin
cumplir con las reformas, ya que con ella se permitirá que los países
receptores de ayudas aleguen “acontecimientos geoestratégicos” para saltarse a
la torera las condiciones exigidas por Europa, cuando la economía crece sólo un
0´2% en el trimestre y el IPC baja al 7´3%, convirtiendo España en una especie
de “cuchillo de doble filo” de la estanflación en un escenario peligroso para
la economía. Y con un máximo histórico de los alquileres (todas las ciudades
españolas de más de 50.000 habitantes igualan o superan su récord) el BCE
acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión encareciendo el
precio del dinero hasta el 2%, el nivel más alto desde 2009, aunque Lagarde
opte por suavizar el tono, subiendo las hipotecas un 30% y expulsando a un 20%
de compradores potenciales, con la intención de “asegurar el retorno de la
inflación a su objetivo del 2% a medio plazo”. En definitiva, la banca cierra
el grifo del crédito y lo endurece por la crisis ante las malas perspectivas y
la subida de tipos frena los préstamos, cuando el “escudo anticrisis” ha
llegado a las rentas altas pero menos a los vulnerables, ya que las medidas de
Sánchez contra la inflación han fracasado en su foco, según la AIReF.
Por
otro lado el PSOE pide control judicial al cambio de sexo de los menores de 16
años, pidiendo que sea la edad mínima para cambiar de género sin un juez,
cuando el proyecto de Ley Trans de UPodemos defiende que ese requisito sea
obligatorio sólo para menores de 14 años, mientras las feministas del PSOE ven
las enmiendas “insuficientes” y creen que sólo pretenden sortear al TC, en
tanto que el Gobierno oculta al Congreso documentación relevante para la
tramitación de dicha Ley, pues el texto remitido por Moncloa no incorpora la
memoria con los informes independientes que siembran dudas sobre la legalidad
de la norma. Una vez más bordeando la legalidad constitucional para seguir
manteniendo los mínimos apoyos y seguir estando en el poder. En fin, ya ven, cada
uno a lo suyo, mientras Olona se dispone a lanzar en Madrid su nueva
organización y Rocío Monasterio dice que “sería un error no reflexionar en Vox
tras la salida de Olona” ya que “este partido no es personalista ni un negocio
de Abascal ni de Monasterio ni de Garriga” y que “el tema de la Ley Trans es
una cuestión de valores y quiero saber dónde se sitúa el PP”.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el Gobierno prepara una fuerte
subida del salario mínimo; que el fraude con enganches ilegales a las
eléctricas se dispara un 10%; que la juez exige a Rubiales recibos de la fiesta
de Salobreña para ver si pagó con dinero de la RFEF y también pide información
sobre las comisiones de Piqué en la Supercopa y la contabilidad de su equipo,
el Andorra; que un juzgado envía a un diputado de Podemos al Supremo por haber
golpeado a su mujer; que España quiere captar a miles de trabajadores de la
construcción en el extranjero; que la selección femenina de futbol sub-17
revalida su campeonato del mundo; que el bonus de los inspectores de Hacienda a
dedo puede llegar a ser de hasta 32.000 euros aunque los expedientes no
prosperen, con lo que estos incentivos sobre las retribuciones especiales del
complemento de productividad suponen hasta un 25% del sueldo; y que en la
entrega de premios Princesa de Asturias en presencia de la Familia Real el Rey
Felipe centra su discurso en la defensa del proyecto político europeo y lamenta
el “horror” de la guerra en Ucrania, manifestando que “la guerra jamás va a
destruir la cultura” y apelando a una Europa unida ya que “hoy construimos
España construyendo Europa, somos parte de su destino común”, mientras la
princesa Leonor, que cumple 17 años, pide a los jóvenes que aprendan “de los
que saben” en momentos difíciles.
Y
del exterior, destacar que Musk, el hombre más rico del mundo, compra Twitter
por 44.000 millones; que mueren más de 150 personas en una estampida humana en
una fiesta de Halloween en Seúl; que Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de
Ucrania, dice que “mientras Putin siga vivo, querrá destruir Ucrania y Europa”;
que Putin denuncia que “se está jugando de forma sucia contra Rusia” y que el
mundo afronta el decenio “más peligroso e impredecible” desde la Segunda Guerra
Mundial; que un asaltante a la casa de Nancy Pelosi en San Francisco agrede a
su marido y le pregunta que dónde está su esposa a pocos días de las
legislativas en EEUU, mientras la Presidenta de la Cámara de Representantes
estaba ausente en esos momentos; y que Lula regresa al poder en Brasil tras
doce años al vencer por la mínima a Bolsonaro en unos comicios marcados por el
enfrentamiento en un país dividido que gobernará durante los próximos cuatro
años.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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