TRAS EL UNO, EL DOS DE MAYO

 

                        Es evidente que, metidos en campaña electoral, todo, absolutamente todo, va a ser usado como reclamo por parte del gobierno y la oposición, ya sea a nivel regional o territorial, y es lo que ha pasado durante la celebración del Día de los Trabajadores, el uno de mayo, y el posterior Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid. En efecto, en la celebración del uno de mayo, el Gobierno de España, que envió hasta seis ministros a las manifestaciones, hace pinza electoral, a pesar de estar dividido y muy mal avenido, contra los empresarios, señalados por muchos ministros como los máximos culpables y responsables despiadados de todos los males que asolan el país, aunque no puede evitar que se perciba el distanciamiento patológico entre las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz, asunto que, a medida que pasan los días, preocupa cada vez más al conglomerado que propició la investidura de Sánchez pues los sondeos apuntan a que el choque entre Podemos y Sumar (los mismos perros pero con distintos collares) puede pasar factura, y muy cara, a la izquierda (según 40DB, concurrir por separado en las generales les costaría unos 14 escaños al autoproclamado bloque progresista), mientras el PP se acerca cada vez más a la mayoría absoluta. Y en semejante tesitura, el Gobierno y los ministros enviados a las manifestaciones, como si ellos no fueran responsables de nada, se unen a la amenaza de huelgas masivas de los sindicatos, no contra el Ejecutivo, que parece que sería lo normal (en Francia y resto del mundo lo es), sino contra los empresarios si éstos no pactan con ellos subir los salarios. Así, Gobierno y sindicatos exhiben unidad ante los empresarios y dan un ultimátum a la patronal para que suba los salarios, amenazando, en caso contrario, con extender las protestas “trinchera por trinchera”, mientras Díaz no sólo respalda sus reivindicaciones sino que pide que se reduzca la jornada laboral por el mismo salario. Y los empresarios en este país en que predominan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, muchos de ellos arruinados y con dificultades para afrontar los gastos e impuestos a causa de la inflación, no se niegan a subir los salarios reales aunque para ello instan al Ejecutivo a que, vía rebaja del IRPF y otros impuestos, colabore a ese aumento real del salario, cuando precisamente la inflación, el coste de los precios, se ha convertido ya en el principal problema de los españoles (entre ellos, esa mayoría de empresarios pequeños y medianos, y autónomos), pues de nada sirve subir salarios si el coste de la vida es superior, lo que supone cada vez más empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo para todos. Pero no pasa nada, el Ejecutivo no es responsable de todo esto, los responsables, ya ven, son los empresarios, tildados por el Ejecutivo de poco menos que delincuentes. Entretanto los fondos de la UE siguen sin llegar a las empresas cuando el 70% es ejecutado directamente por el Gobierno en medio de un complicado panorama en la gestión de estos fondos asociados al Plan de Recuperación, que ha llegado a manos del Ejecutivo, al ser gestionados con retrasos o ausencia de ejecución, falta de transparencia, exceso de burocracia y un reparto desequilibrado al margen de la economía real.

            Y en plena resaca de la celebración del Día del Trabajo, se arma el “dos de mayo” (nunca mejor dicho) durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid entre la presidenta Ayuso y el ministro Bolaños, quien, sin estar invitado a dichos actos, se presenta por su cuenta y riesgo como acompañante de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que si estaba invitada en tiempo y forma (así como también lo estaba la Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que declinó la invitación) montándose con la autoinvitación de Bolaños un espectáculo protocolario sin precedentes. En efecto, ante la insólita autoinvitación del ministro, que, no obstante, es recibido como su rango merece junto al resto de autoridades por la presidenta Ayuso, es rechazado sin embargo su empeño de acceder a la Tribuna durante el Desfile Militar, ya establecida protocolariamente con las autoridades invitadas, produciéndose por ello una escena bochornosa cuando la Jefa de Protocolo de la CAM impide a Bolaños acceder a dicha Tribuna y le explica que sólo está previsto que acceda Margarita Robles, quien así lo hace mientras el ministro quedaba bloqueado en actitud humillante y patética, intentando colarse y dando lugar a un posterior debate mediático entre tirios y troyanos sobre quien es el responsable de semejante actitud y desencuentro institucional. El Gobierno acusa de autoritaria a la Presidenta Ayuso y la señala de dar un trato de favor a Feijóo en el acto y ella manifiesta que se ha aplicado el Protocolo establecido, reprochando a Bolaños que autoinvitándose lo que pretendía era polemizar pues, como acompañante de Margarita Robles, que ya representaba al Ejecutivo, no estaba previsto su acceso a la Tribuna de Honor de los acompañantes. En definitiva, Ayuso frena la “treta” de Bolaños y desactiva su provocación, mientras los gurús de Sánchez apuestan por dicha provocación para sacar a Feijóo de su imagen presidencial de cara a los comicios y ella manifiesta que “lo que pase en Madrid resonará en toda España” convencida de que su pretendida mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid impulsará la victoria de Feijóo en las generales, dejando bien claro que los protocolos están para cumplirse pues es obvio que “si hubieran venido los 23 ministros no podrían subir a la Tribuna” por lo que todo ha de estar previsto con antelación, mientras Robles representaba al Gobierno en la Tribuna.

            Así las cosas, mientras Bolaños da la callada por respuesta sobre el asunto y el PP cree que Ayuso sale fortalecida hacia una mayoría absoluta en las elecciones del 28-M, una eufórica presidenta, sin apenas rivales convincentes en los comicios (veremos si ello es cierto o no) manifiesta que “a mucha gente le gusta que le paremos los pies al Gobierno” y la CAM destaca el “error” del ministro Bolaños al tratar de “avasallar” a la Presidenta el Dos de Mayo, mientras el PSOE de Madrid considera que este enfrentamiento sólo ha servido para “eclipsar” a sus candidatos, cada vez más irrelevantes, en tanto que Moncloa acusa al PP de ser “un partido antisistema” (cuando es Sánchez quien se rodea de verdaderos partidos antisistema) y de orquestar una “campaña” consiste en “atacar a gobiernos legítimos” (como si los gobiernos, supongo que todos legítimos, no fueran susceptibles de ataques y críticas en democracia). No en vano, una envalentonada Ayuso, cuyo gobierno es criticado y atacado hasta la saciedad por los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, incluido el PSOE, como es lógico, manifiesta lo siguiente: “es hora de desalojar a Sánchez y sus socios y superar las divisiones” y, sobre Bolaños, añade “fue un avasallamiento, no un roce, provocan hasta en las fiestas de todos”, mientras denuncia que “la Ley de Vivienda ultraja la  propiedad y la deja en manos de delincuentes” para asegurar que su Gobierno “es el que España entera se merece y se está perdiendo” y prometer que “derogaría todas las leyes que se han impuesto por ideología y minan la convivencia”. Dicho queda, es obvio que Ayuso no tiene pelos en la lengua para decir y hacer lo que piensa, provocando las fobias y filias en unos u otros.

            Poco antes del peculiar incidente con Bolaños el Gobierno de Sánchez acusaba al PP de “maniobrar en la oscuridad” con la justicia y trataba de “gravísima” la reunión de Feijóo con asociaciones de fiscales conservadores, como si fuera indeseable que los representantes políticos se reúnan con quienes consideren oportuno, cuando más de 5.400 jueces están convocados a una huelga si el próximo día 16 no logran llegar a un acuerdo con el ministerio; de ellos unos 1.400 encabezan juzgados mixtos, donde se ocupan de asuntos penales, civiles, mercantiles, violencia contra la mujer y hasta registro civil; y en su cuenta atrás hacia la insólita huelga de togas manifiestan que “no queremos que nos tomen el pelo” mientras las asociaciones se reúnen con el ministerio al que plantearán su pérdida de poder adquisitivo. Y mientras Juanma Moreno agita el malestar del campo andaluz para desbancar al PSOE que vive un ciclo electoral clave este año sin más referentes que Pedro Sánchez, la Junta Electoral, que, por cierto, ha apartado a Laura Borrás del Parlament, abre expediente sancionador a la ministra portavoz del Gobierno de Sánchez, quien, apercibida dos veces, ahora se enfrenta a una sanción por utilizar reiteradamente la Sala de Prensa del Consejo de Ministros para hacer “propaganda partidista”…..pero, ya ven, esto no es gravísimo ni antidemocrático. Entretanto, la Comisión Europea no acepta la rebaja del delito de malversación de Sánchez al instar a los países a armonizar las penas máximas en cinco años y no tres como estableció el Gobierno para contentar a sus socios independentistas; en definitiva, Bruselas plantea endurecer la pena por malversación en contra de la rebaja aprobada por Sánchez…..

            Por lo que respecta a otros asuntos, citar que Ximo Puig cambió una ley para ocultar información sobre los centros de menores y el Defensor del Pueblo acusa al tripartito valenciano de modificar dicha normativa por la puerta de atrás para dificultar el acceso a las actas de inspección; que los españoles pagarán 100 millones más por intereses de demora de la propia Hacienda; que los topes al alquiler suben el  precio de los pisos baratos y hunden la calidad del resto, como ya pasó en Europa con iniciativas intervencionista similares, pues el precio del alquiler rompe su techo en abril tras aumentar casi un 9%; que la falta de financiación pone en serio riesgo la Educación Pública Concertada y algunos colegios ya se han convertido en públicos sin concierto alguno; que García-Page aprueba una ley que permite expropiar terrenos poco utilizados; que el Gobierno no llega al compromiso de destinar el 7% del PIB para la Sanidad; que el Santander eleva a 278 los directivos que ganan más de un millón; y que el amigo personal de Sánchez, Iñaki Carnicero, mantiene bloqueadas las ayudas para rehabilitar el  patrimonio cultural pues, tras ser ascendido de director a secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, sigue sin repartir decenas de millones cuatro meses después de que el Ejecutivo anunciara que elevaba la partida del 1´5% al 2%.

Fdo. Jorge Cremades Sena