DINAMITANDO LA DIVISIÓN DE PODERES

 

                        La amnistía y el “caso Koldo” toman la agenda de las Cortes Generales, dos controvertidos asuntos que amenazan a Sánchez por lo que la oposición busca acorralarle, especialmente en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y, al efecto Aragonés, envalentonado frente al Presidente del Gobierno, comparece en la Cámara Alta para desgastar a Illa, su candidato socialista a presidir la Generalitat, y avisa de que el referéndum y la financiación singular a Cataluña llegarán “más tarde o más pronto” pues, aunque de momento Moncloa lo niega, está convencido de que sucederá como ha sucedido, entre otros, con los indultos, la sedición o la amnistía, negados reiteradamente por el Gobierno para luego aplicar  aquello de “donde dije digo, digo Diego”. Y es que, obviamente, la credibilidad de este apuntalado Ejecutivo está bajo mínimos….y la de nuestra democracia empieza a ir por el mismo camino si no lo corregimos urgentemente. No en vano cabe señalar que entre los pilares básicos de cualquier democracia que se precie de serlo está el respeto profundo a las instituciones democráticas y sus respectivas competencias, así como el escrupuloso acatamiento por parte de todos a la división de poderes y su independencia, tal como establece la Constitución, que ni puede ni debe ser zarandeada a conveniencia de nadie, tal como viene sucediendo lamentablemente en estos últimos tiempos. Dinamitar la división de poderes para conseguir objetivos políticos, por loables que fueran, es tan inadmisible como torpedear la línea de flotación de la democracia, tal como pone de manifiesto, con toda la razón del mundo, el informe contra la amnistía elaborado por la mayoría del Consejo Fiscal que, entre otras cosas, dice (y todo demócrata lo sabe) que “la amnistía obedece a razones de conveniencia y oportunidad política”, que “pretende concederse en un contexto político-jurídico que no está viviendo la transición de un régimen dictatorial o autocrático a otro democrático” y que, por tanto, con dicha ley “el poder Legislativo invade el ámbito propio de atribuciones del Poder Judicial sin que la Constitución le habilite a hacerlo”. Más claro, el agua; todo el mundo sabe que la ley de amnistía obedece a la necesidad del Gobierno de los siete votos del prófugo de la Justicia Puigdemont, quien exige ser auto-amnistiado a cambio de ellos; todo demócrata entiende que, a diferencia de 1977, no estamos en un contexto de transición democrática sino en plena democracia y, por tanto, en este caso son los tribunales de Justicia quienes, con todas las garantías procesales, han de dilucidar los presuntos conflictos o delitos que cualquier persona o institución cometa; y todo el universo democrático, debería saber y defender que el camino para una amnistía sería, en todo caso, previa reforma de la Constitución, pero no mediante atajos de dudosa legalidad en temas tan fundamentales, asunto al que en España no recurre el Gobierno y sus socios por no tener una mayoría cualificada para hacerlo ni en las Cortes Generales ni en la propia ciudadanía española. No extraña pues que la insólita guerra interna en Fiscalía se recrudezca a pasos agigantados ante los desprecios del Fiscal General García Ortiz y su sometimiento sumiso al Poder Ejecutivo, coincidiendo con ello con la pintoresca insinuación pública de Pedro Sánchez de que el Fiscal General está o debe estar al servicio del Ejecutivo que es quien lo nombra y, por tanto, de quien depende, en vez de asumir que debe ser independiente y estar al servicio del interés general y de la defensa de los intereses del Estado, que no del Gobierno de quien, por tanto, no debe recibir órdenes de ningún tipo, pues sólo depende de la legalidad. No cabe olvidar jamás que el Ministerio Fiscal “es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” sobre el que el art. 124 de la Constitución dice que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social”.

            Si nos olvidamos de todo esto procede y se entiende que la aparente sumisión de García Ortiz al Ejecutivo provoque la rebelión de los fiscales y el demoledor informe de la mayoría del Consejo Fiscal contra la amnistía que él negaba al Senado; procede y se entiende que las asociaciones pidan blindar la independencia del Ministerio Público antes de que Fiscalía asuma la instrucción penal a la que le urge Bolaños pero sin garantizar antes su autonomía, pues el borrador que verá el CGPJ (por cierto, pendiente de renovación por falta de acuerdo entre PSOE y PP) avisa de la necesidad de blindar primero la independencia de sus miembros, mientras el Fiscal General se apresura a convocar a las asociaciones de fiscales para abordar ya la reforma del Estatuto; y cabe y se entiende incluso que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el sector, baraje demandarlo ante el Supremo. Lo que no cabe ni se entiende ni procede, entre otras cosas, es que García Ortiz niegue al Senado el demoledor informe contra la amnistía de la mayoría del Consejo Fiscal, ni que Moncloa se ausente del debate sobre la amnistía reiterando su desprecio a la Cámara Alta por el mero hecho de que allí la oposición cuenta con la mayoría absoluta…. Ni cabe que el PSOE, también ausente en el debate, acuse al PP de ofrecer una “plataforma electoral” al “candidato de ERC”. Y mientras un informe autonómico sostiene que la medida de gracia rompe con la “solidaridad” entre territorios (asunto manifiestamente contrario a los principios democráticos socialistas), se entiende perfectamente que el PP exhiba su poder en la Cámara Alta para dar un “no” rotundo a la amnistía.

            Entretanto, mientras el Tribunal Supremo cita a declarar a Puigdemont por terrorismo y la instructora le ofrece comparecer en junio por videoconferencia, Aragonés hace campaña en el Senado y da pie al PP para atacar la amnistía y desafiar a Sánchez y a los socialistas, ausentes en el debate, en tanto que Illa presiona a Junts y ERC para “vetar a la extrema derecha”, forzando a Puigdemont y Aragonés (ambos socios de la investidura de Sánchez) a adoptar una postura sobre Aliança Catalana, la extrema derecha catalana. Por su parte Puigdemont, ya instalado en tierras francesas cerca de la frontera española y sin que nadie exija ni reclame su puesta a disposición de la Justicia como procedería, afirma que volverá a España (bueno a Cataluña, perdón) para su investidura como President de la Generalitat y que, en caso de no ser elegido, dejará la política….ya ven, es el caudillo y lo que decidan los catalanes importa bien poco, su objetivo es una ley del referéndum, exigencia que estará encima en la mesa de negociación de la gobernabilidad de la Generalitat, para lo que se ha planteado una reforma de la ley orgánica para que la mayoría de la investidura de Sánchez la valide en el Congreso aunque sea por la mínima.

            Y en el capítulo de la corrupción y conductas inadecuadas, se publica que Sánchez ofreció a sus socios sillones en el Ibex a cambio del apoyo de investidura, pero la falta de Presupuestos ha frustrado parte del plan del Ejecutivo de entrar en empresas estratégicas e incluir consejeros designados por vascos y catalanes nacionalistas; por otro lado el PP llevará a los tribunales a Sánchez por el caso de su mujer y, al efecto, prepara ya un escrito para el Supremo o la Audiencia para “esclarecer” su posible “conflicto de intereses” ya que cree que debió ausentarse de consejos de ministros y que Begoña Gómez pudo cometer “tráfico de influencias”, mientras los populares citan en la comisión Koldo del Senado a Salvador Illa que tendrá que comparecer antes del 12-M.

            Y por si alguien quiere conocer lo que vaticinan las encuestas, en las elecciones generales, según 40dB, el PP ensancha a 5´5 puntos su ventaja sobre el PSOE, la mayor desde el 23-J, pues los populares se sitúan en el 35´5% de votos, mientras bajan los socialistas y Sumar, que paga la ruptura con Podemos y facilita que Vox se mantenga en tercer lugar. Pero quizá interese más de momento el vaticinio sobre los comicios vascas, en plena campaña electoral al ser el más cercano en el tiempo: según SigmaDos, Bildu blinda sus votos mientras crecen los indecisos del PNV, con lo que la izquierda abertzale acecha a los nacionalistas de derechas y puede conseguir un empate a 28 escaños y ganar en Álava, pues el PNV no consigue frenar la fuga a Bildu, mientras el PP sube y el PSE-PSOE se estanca con su candidato Eneko Andueza diciendo que “el PSOE no va a apoyar un nuevo estatus ni en Vitoria ni en Madrid”; y, según NCReport, el PNV podría necesitar al PP para la mayoría absoluta, pues Bildu, el partido de Otegi, roza el empate técnico con los peneuvistas y es una incógnita saber qué haría el PSE si los herederos de ETA son los más votados, pues en estos momentos los resultados serían: PNV el 35´9% de votos y entre 28-29 escaños sobre los 31 que obtuvo en 2020, EHBildu 33% y 27-28 sobre los 21 actuales, PSE-PSOE 13% y 10 sobre los 10 actuales, PP 8´6% y 8 sobre los 6 actuales, Sumar 3% y 0-1 sobre los actuales 6 de Podemos, y Vox 1´7% y 0-1 sobre el que tiene ahora.

            Por lo que respecta a otros asuntos citar que el cheque de 200 euros sólo llega a un tercio de los beneficiarios que prometió el Gobierno; que la tasa de repetidores baja a mínimos en las escuelas con las nuevas facilidades para promocionar establecidas; que el Gobierno suprime los visados de oro para los extranjeros que inviertan en viviendas, una medida puesta por Rajoy que ha dado la residencia a unos 11.000 inversores a cambio de inversiones millonarias y sólo representan el 0´47% de las compraventas; que la Caixa y Reale dejarán de patrocinar la cátedra de Begoña Gómez tras cuatro años de colaboración; que Fainé compite con el Gobierno para ser el primer accionista de Telefónica pues el grupo La Caixa eleva hasta el 7´5% su participación en la teleco y refuerza la parte privada de la compañía ante el desembarco del Estado español y del saudí; y que todo el Congreso de los Diputados, salvo Vox, apoya debatir una regularización de inmigrantes y sale adelante así la iniciativa popular que ha reunido 612.000 firmas.

            Y del exterior destacar que la Justicia Europea sienta un precedente al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática; y que Israel anuncia que retira sus tropas del sur de Gaza pero prevé “futuras operaciones” aunque el ejército dará ahora prioridad a operaciones “precisas”, una retirada táctica y en medio del temor a un posible ataque de Irán que, en todo caso, abre una vía para la paz tras meses de lucha sin cuartel.

Fdo. Jorge Cremades Sena