El
fiasco del plan de Sánchez en Cataluña, manteniendo una absurda apariencia de
diálogo con el totalitario Torra y compañía, hace saltar todas las alarmas tras
la apelación de éste a la vía violenta para conseguir la independencia
unilateral de Cataluña, con los incontrolados CDR en las calles, haciendo de
las suyas, y con dirigentes del grupo terrorista Terra Lliure resurgiendo para
exigir la toma del Parlament. A base de golpes, totalmente predecibles, Sánchez
va bajando del burro y poco a poco (¡mira que le cuesta!) va entendiendo que
con los secesionistas totalitarios no se puede ir ni a la vuelta de la esquina,
mientras él gobierna gracias a su apoyo. En efecto, cada vez cuelan menos los
paños calientes y las comprensiones incomprensibles, sobre conductas claramente
fascistas y antidemocráticas, pisoteando el Estado de Derecho y la Constitución
que le avala. Y Sánchez lo va entendiendo con cuentagotas, no sólo porque tanto
PP y Ciudadanos se lo exija, sino que también porque muchos socialistas ya se lo
piden. Y, aunque el Gobierno sigue amagando con el 155, pero no actúa pese a la
tensión social, las amenazas in crescendo de Torra y la crisis manifiesta entre
Govern y los Mossos, al menos ya da el paso de empezar a llamar las cosas por
su nombre, para que todo el mundo lo entienda, y de advertir por carta a la
Generalitat de las posibles consecuencias que podrían derivarse si persiste en
su intolerable actitud antidemocrática. Algo es algo. En efecto, el Gobierno de
Sánchez, tras acusar a Casado y Rivera de crispar, no descarta ahora la
posibilidad de suspender la autonomía catalana, y, asumiendo el fracaso de la
distensión tras la “vía eslovena” de Torra y el varapalo del PSOE en Andalucía,
manda tres cartas (Carmen Calvo, Marlaska y Ábalos) al Govern de la Generalitat
advirtiéndole de que tomará medidas ante “la dejación de funciones” y de que
enviará a la Policía, mientras Moncloa estudia asumir el control de las cuentas
de la Generalitat, de los Mossos y de las infraestructuras para garantizar el
orden (mínimo cometido de todo Gobierno que se precie). Y, mientras el PP pide
en el Senado aplicar ya la Ley de Seguridad para intervenir la policía
autonómica, la vicepresidenta Carmen Calvo advierte de “consecuencias” por la
permisividad ante los CDR, Marlaska advierte de que las Fuerzas de Seguridad
intervendrán si se mantiene la pasividad de los Mossos, y antidisturbios
vigilarán la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, que los
secesionistas pretenden reventar, en tanto que un fundador del grupo terrorista
Terra Lliure llama a tomar el Parlament ese día. Lógicamente van surgiendo
voces críticas socialistas ante la nefasta gestión de la crisis catalana: el
Presidente de Aragón exige al Gobierno elevar la presencia del estado en
Cataluña y tacha a Torra de “fascistoide”, la ministra Margarita Robles dice
que el líder catalán es un “insensato” que está “incapacitado” para el cargo, y
la diputada socialista Soraya Rodríguez atribuye el descalabro andaluz “a la
moción de censura apoyada por los independentistas”. Ya ven, lo que todos
sabemos y lo que a Sánchez le cuesta tanto entender. Entretanto, el “conseller”
Buch confirma a la cúpula policial contra la presión de Torra y el Govern
rectifica y afirma que los Mossos garantizarán la seguridad, mientras Artadi ya
no califica de “provocación” la celebración de un Consejo de Ministros en
Barcelona y hasta el mismísimo Tardá, dice que el Presidente del Gobierno puede
celebrar los Consejos de Ministros donde considere oportuno. El desmadre
totalitario es tal que incluso algunos
secesionistas ya reculan aunque sea sólo de palabra. Y mientras Fiscalía
investiga a los Mossos por pasividad con los CDR y Buch replica que actuó como
con el 155, la Casa Real traslada a Barcelona la entrega de los premios
Princesa de Girona. La pregunta es obvia: ¿para qué dialogar con un
fascistoide, insensato e incapacitado? Que Sánchez nos lo explique.
Por lo que
respecta a Andalucía, Ciudadanos ya no ve irrenunciable presidir la Junta antes
de sentarse con el PP, que le ofrece el control de Canal Sur y la
Vicepresidencia de la Junta, en unas negociaciones que ya han comenzado, en
tanto que Susana Díaz insiste en intentar formar gobierno aunque no tiene
socios, al igual que Sánchez, pero, en este caso ni siquiera coyunturales como
sucedió con él. Lo cierto es que, mientras el Gobierno andaluz de Susana admite
que ocultó su plan de ajuste en campaña por ser “lo habitual” (razonado
argumento donde los haya), PP y Ciudadanos quieren presentar el nuevo Gobierno
andaluz en quince días y, al efecto, se dan una semana para elaborar un
programa conjunto.
En cuanto se
refiere a otros asuntos cabe citar que España activa el cortafuegos para paliar
futuras crisis (Ministerio de Economía, Banco de España y CNMV ultiman la
creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera para prevenir los
desequilibrios económicos); que las medidas del Gobierno vuelven a generar
déficit de tarifa en el sector eléctrico; que Carmena riega con 850.824 euros a
entidades afines a seis meses de las municipales; que la tasa de fumadores
crece y supera el nivel previo a la ley antitabaco; que España registra más
muertes y menos nacidos que nunca desde 1941, durante los años del hambre; que
Fomento eleva la inversión en los puentes y usará drones para vigilarlos; que
el empresario Josep Bou encabezará la lista del PP al Ayuntamiento de
Barcelona; que Interior dice al juez que el Gobierno del PP espió a Bárcenas
con fondos reservados (un escrito sobre la “operación Kitchen” revela los pagos
a confidentes durante dos años); que el “caso Villarejo” se queda sin
instructor tras la renuncia de De Egea, que deja la Audiencia Nacional; y que
un juez incauta los móviles a dos periodistas de Baleares para investigar una
información sobre el oscuro “caso Cursach” y genera toda una polémica por la
libertad de prensa en nuestro país.
Y del exterior
destacar que el 72´6% de los venezolanos ignora unas elecciones municipales sin
oposición, haciéndose el chavismo con el control municipal con semejante
abstención (para que luego digan a Podemos que en Venezuela no hay democracia);
que May aplaza el voto del Brexit para evitar una derrota humillante, buscando renegociar desesperadamente el acuerdo, mientras la Justicia Europea respalda
que Reino Unido pueda frenar su salida de forma unilateral y Europa frena a la
mandataria en su intento de lograr un pacto más favorable; que Macron sube 100
euros el sueldo mínimo (además sube los impuestos a grandes empresas y
fortunas, retira una tasa a los jubilados con pensiones más bajas y otras
medidas sociales) para contener las protestas, claudicando ante los chalecos
amarillos, y pidiendo perdón a los franceses, admitiendo que "podía haber
herido” a quienes sienten una cólera justa en Francia, donde, para colmo, se ha
tenido que activar la alerta terrorista tras un tiroteo en el centro de
Estrasburgo, en el que el atacante, fichado como amenaza para la seguridad
nacional, ha causado varios muertos y más de una decena de heridos, sembrando
el terror y el caos.
Jorge Cremades Sena
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