Ha
querido el caprichoso destino que confluyan en el tiempo dos asuntos de vital
importancia para el futuro inmediato de nuestro país: el inicio del juicio a
los líderes del “procés” separatista y el debate de los Presupuestos Generales
para 2019 en el Congreso de los Diputados. Dos asuntos interrelacionados ya que
la aprobación de las cuentas del Gobierno dependen del apoyo del secesionismo,
que se empecina en vincularlo a que Moncloa se someta, sí o sí, a sus
exigencias ilegales, entre otras, la de negociar un inexistente e ilegal
derecho de autodeterminación, el nombramiento de un mediador internacional para
el inexistente “conflicto” entre Cataluña y España, y la ilegal intervención
por parte del Ejecutivo en favor de los procesados por el Tribunal Supremo que
finiquitaría la separación de poderes. En definitiva, acabar o dejar malherido
nuestro democrático Estado de Derecho, lo que finalmente ningún Gobierno
democrático se puede permitir por más paripés previos que haya hecho hasta
llegar el momento de la hora de la verdad. La hora de la verdad que llega
inexorablemente cuando de las palabras se ha de pasar a los hechos concretos,
cuando se ha de despejar la hojarasca demagógica para que se pueda ver con
claridad la cruda realidad y cuando los protagonistas del enredo han de tomar
decisiones palpables y cuantificables que finalmente les hará responsables de
las consecuencias posteriores derivadas de ellas. Y en los dos asuntos que nos
ocupan, como sucede en casi todos los asuntos, pasar de las palabras a los
hechos es bien sencillo: en el primero de ellos, el juicio al procés, afrontar,
con el Código Penal en la mano, las pruebas de culpabilidad, concretas y
específicas, que puedan demostrar la veracidad de las acusaciones delincuenciales
a los imputados; en el segundo de ellos, la aprobación de los PGE, constatar
mediante el voto en el Parlamento si gozan o no del favor de la mayoría
democrática parlamentaria. Al final, como dice Manuel Marchena, Presidente de
la Sala de lo Penal del Supremo y responsable de la redacción de la sentencia
sobre los graves acontecimientos del 1-O, que desembocaron en una ilegal
declaración de independencia de Cataluña, cada quien ha de asumir la
responsabilidad y la tarea que le compete con “serenidad y sensatez”, tal como
él mismo declara tener en estos momentos. Serenidad y sensatez, cualidades que
desgraciadamente no adornan a muchos de nuestros políticos y gobernantes a la
hora de hacer determinadas declaraciones, promesas o negociaciones sin calcular
las consecuencias personales y políticas cuando llegue el momento, que siempre
llega, de llevarlas a la práctica evidenciando con ello la irresponsabilidad de
las mismas. Tanto en el inicio del juicio a los líderes secesionistas del golpe
al Estado, como en el debate presupuestario en el Congreso, atrás debieran
quedar las previas demagogias y los postureos, las verdades a medias y las
falsedades, las descalificaciones gratuitas y las declaraciones rimbombantes,
las ambigüedades calculadas y las elucubraciones temerarias irreflexivas o los
silogismos que parten de premisas falsas y, obviamente, dan como resultado una
falsa conclusión. Sin embargo, no todos están dispuestos a apechugar con las
consecuencias de sus propios actos y algunos pretenden prolongar la llegada de
la hora de la verdad sin darse cuenta que ésta ya ha llegado y no caben medias
tintas, por más que se hayan empeñado en el Congreso en hablar apenas de los
Presupuestos ni debatir sobre ellos, y en el Tribunal Supremo de no apelar a
las figuras delictivas contempladas en el Código Penal en la primera sesión
oral del juicio. Pero, quieran o no, la hora de la verdad ha llegado, y más
vale afrontarla con “serenidad y sensatez” por el bien de todos.
El
debate presupuestario finaliza con una aprobación mayoritaria de las enmiendas
a la totalidad o lo que es lo mismo con un rechazo contundente a los
Presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez, cuya Ministra de Economía,
por más que mantuvo un tono más que solvente en el debate, fue incapaz de
convencer a sus aliados separatistas para que apoyaran sus cuentas. El
pretendido chantaje del secesionismo, imposible de asumir por el Gobierno, daba
así al traste con mantener su respaldo al Gobierno que ellos mismos habían
elegido al apoyar la moción de censura de Sánchez a Rajoy hace apenas unos
meses. Sánchez, que acababa de afrontar su primera gran protesta en la calle
(calificada por el PSOE como una “mani, facha” organizada por la “extrema
derecha”) exigiéndole elecciones ya, tal como él mismo había prometido en la
moción de censura, contemplaba en el Hemiciclo cómo sus poco fiables socios de
ERC y PDeCat le reprochaban ahora su cobardía por no dar un paso adelante en
negociar sus ilegales propuestas, según ellos, puestas encima de la mesa desde
el primer instante del fallido “diálogo”, mientras la ministra Montero
reiteraba ahora, una y otra vez, que jamás el Ejecutivo aceptaría negociar la
figura de un mediador internacional, el inexistente derecho a la
autodeterminación o la intervención en favor de aliviar la situación de los
presos, con el adecuado argumento de que ello supondría atentar contra lo
establecido en nuestra Constitución; en fin, lo que sabía cualquiera desde el
principio menos, por lo visto, el Ejecutivo de Sánchez que se enteraba de ello
el día del debate presupuestario. Ni habían servido las precedentes presiones
de convocar elecciones, asumiendo un adelanto electoral si los Presupuestos
eran rechazados, ni los silencios del Ejecutivo ante las intencionadas
filtraciones sobre los famosos 21 puntos de Pedralbes para no soliviantar a los
separatistas, dando así pie a un deterioro innecesario del Ejecutivo y a una
serie de especulaciones sobre su intencionalidad….el indecente pulso
Govern-Gobierno se decantaba a favor del primero, dejando en evidencia al
segundo al rechazarle sus Presupuestos y colocarle en una situación de mayor
debilidad. Previamente la derecha, tras escenificar su unidad en la
manifestación de la madrileña Plaza de Colón, acusaba a Sánchez de ceder a las
21 condiciones de Torra y le responsabilizaba de no haberse levantado de la
mesa de negociación en el instante de haber sido propuestas, mientras Pablo
Casado sostenía “seguiremos en la calle para poner fin al gobierno de la
mentira” y, junto a Rivera y Abascal, posaban juntos por vez primera, aunque el
líder naranja intentaba por todos los medios evitarlo……y Sánchez, ante la
inminente bofetada de sus propios socios, culpaba a PP, Vox y Ciudadanos de
enfrentar a la sociedad, mientras en esas horas previas al debate
presupuestario los populistas de Podemos, los socialistas y los
independentistas lanzaban la consigna de que la convocatoria de la manifestación
había resultado “un pinchazo” con la intención de volver al famoso “diálogo”
fantasma, como se evidenció poco después en el Congreso. Sánchez se queda
definitivamente sin excusas ante la movilización de la oposición, el rechazo de
sus propios valedores secesionistas y las críticas internas de buena parte de
los barones socialistas….con lo que el adelanto electoral es cada vez más
probable, salvo que el Presidente quiera hacerse el harakiri y ahondar más aun
en el descrédito del PSOE. El Presidente siempre tiene la última palabra.
Y
comienza el juicio a los doce líderes secesionistas encausados, a los que,
antes de sentarse en el banquillo, visitaba Torra en la cárcel y, roto por fin
el falso “diálogo” por parte de Sánchez, exigía negociar la “autodeterminación
y el relator internacional”, mientras el Presidente cancelaba un acto previsto
en Barcelona. Entretanto, la Fiscalía insistía a pocas horas del inicio del
juicio que “fue rebelión”, mientras el Delegado del Gobierno prohibía el
tráfico y las manifestaciones junto a la sede del Supremo, donde comparecían
los encausados por encabezar el intento ilegal de independizar Cataluña, asunto
que se esclarecerá durante un juicio que durará unos tres meses (salvo que se
interfieran las elecciones generales) en un momento de flagrante inestabilidad
política y cuyas sesiones se emitirán por televisión en un inédito esfuerzo de
trasparencia, para que todo aquel que quiera pueda constatar que en el mismo no
hay trampas ni cartón y que todas las garantías y derechos procesales están
sobradamente salvaguardados. Se trata del proceso más importante de la
Democracia, pues la presunta víctima en nuestro Estado de Derecho y por tanto
afecta a las libertades y derechos de todos los españoles. Pero, como era de
esperar, la “serenidad y sensatez” a la que apela el juez Marchena, el
Presidente del Tribunal, no son las cualidades que adornan a las defensas en la
primera vista oral, al extremo de que los abogados de los imputados lanzan una
ofensiva política en este primer día del juicio y sólo los defensores de los ex
consellers Joaquim Forn y Santi Vila presentan una estrategia basada en
argumentos jurídicos…..el resto se queda en proclamas políticas, en verdades a
medias, cuando no falsedades, y en calificativos gratuitos sin argumentar,
justo todo lo contrario de lo que corresponde en los enjuiciamientos donde son
las pruebas, concretas y verificables, junto a los argumentos jurídicos, y no
las suposiciones, los que han de avalar la emisión de una definitiva sentencia,
condenatoria o exculpatoria, ajustada a Derecho, tras agotarse todos los recursos
pertinentes por parte de todas las partes. Lamentablemente, los abogados de los
acusados deciden abrir el proceso con tonos victimistas mediante arengas
políticas, críticas a la parcialidad al Supremo y, paradójicamente, apelaciones
a la Constitución de la que reniegan sus representados, quienes actúan al
margen de la misma cuando les interesa y por ello están imputados, ya que en la
Carta Magna, como en todas las constituciones de los países de la UE, ni existe
el derecho a la autodeterminación, ni a un referéndum de ámbito territorial para
independizarlo del Estado cuando la soberanía reside en todo el pueblo, en este
caso en el pueblo español, y no en una parte del mismo. Nos esperan pues varios
meses de esperpénticas sesiones judiciales, acompañadas de intolerables y ridículas
actuaciones callejeras como la protagonizada por el prófugo Puigdemont, en este
caso en Berlín, entregando un premio, sin estar prevista ni su presencia en la
sala, a los autores de un documental, quienes atónitos ante la encerrona
deciden devolverlo, mientras cada vez son más quienes se preguntan qué hace
semejante individuo campando a sus anchas por toda Europa cuando sus
subalternos en el Govern que presidía antes de fugarse están sentados en el
banquillo. Entretanto, su delfín Torra, visita la sesión inicial del juicio,
ante la indiferencia manifiesta del principal encausado, Junqueras, para
después en rueda de prensa descalificar el juicio al “procés”, mientras el
abogado de Junqueras, el líder de ERC, marcando la línea más dura contra el
Tribunal, expone en la sala el alegato más político, sin argumento jurídico
alguno, acusando a los jueces de tratarles como a “terroristas” y asegurando
que se trata de “una causa general y prospectiva contra el independentismo”. El
soberanismo, que finalmente ha dejado a Sánchez con el culo al aire, opta por la
línea dura y por la demagogia, y con la vista puesta en Estrasburgo, arremete contra
los jueces pidiéndoles que “no hagan de salvapatrias”, cuando no se está
juzgando, frente a lo que ellos dicen, a ninguna ideología, ni a Cataluña, ni
al pueblo catalán, sino a unos cuantos políticos, con nombre y apellidos, por
haber cometido presuntos graves delitos contra el Estado y la Democracia.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Teruel se moviliza ante las
carencias en la sanidad pública en una España vacía de médicos especialistas;
que María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, dice que “cuestionar el aborto no
es volver al 85 sino a la Edad Media”; que el Real Madrid derrota al Atlético,
1-3, y le adelanta en la Liga mientras el Barça empata, 0-0, en el Camp Nou con
el Bilbao y el Sevilla pincha en casa, 2-2, ante el Eibar; que dirigentes de
Podemos piden que Montero sea la rival de Errejón; que el Gobierno dice que
Sánchez usó el Falcon “por interés de España”; que un testigo implica a Roca en
el amaño del mayor contrato de la Generalitat y los técnicos de la empresa de
Aguas acusan también ante el juez a Germá Gordó, mano derecha de Mas; y que la
venta de viviendas crece el 10% en un año y regresa al nivel de 2008.
Y
del exterior, destacar que Francia regala a los jóvenes 500 euros para invertir
en cultura, un cheque al cumplir 18 años para gastarlo en productos y
actividades culturales; que el SPD intenta recuperar a su electorado con un
firme giro a la izquierda; que el narco “Chapo” Guzmán es condenado a cadena
perpetua; y que Guaidó intenta mantener viva la movilización contra Maduro y
promete que la ayuda humanitaria entrará en Venezuela en diez días, y, durante
otra marcha masiva por las calles de Caracas asegura que no habrá una guerra
civil.
Jorge Cremades Sena
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