Como
no podía ser de otra forma, si nos atenemos al sentido común y a las reglas
democráticas, el Tribunal Supremo falla sobre el asunto Junqueras y comunica a
la Eurocámara que está inhabilitado, por tener condena firme, y que, por tanto
se le retire la inmunidad ya que no puede ser eurodiputado; y el Parlamento
Europeo respalda al Alto Tribunal español y suspende al líder de ERC
retirándole el acta parlamentaria. Asimismo el TS pide a la Eurocámara el
pertinente suplicatorio para que Puigdemont y Comín, fugados de la Justicia,
puedan ser procesados por delitos similares a los que han llevado a Junqueras,
entre otros, a la cárcel. Por otro lado la Junta Electoral despoja a Torra de
su escaño en el Parlament pero Torrent, su presidente, desobedeciendo a la
Junta, lo ratifica, plantándose ambos ante el Supremo tras decidir éste
rechazar por unanimidad la suspensión del acuerdo de la JEC por el que se le
retiró su credencial parlamentaria, mientras que la Junta Provincial de
Barcelona, tal como procede en estos casos, declara vacante su escaño y se lo
otorga al siguiente de la lista de JxCat, Ferrán Mascarell. Es la estricta
aplicación de la legalidad y punto, guste a quien guste y pese a quien pese; ni
es politización de la Justicia, ni judicialización de la Política, por más que
algunos lo pretendan. La Justicia en democracia no se politiza, ni la Política
se judicializa, pues acudir a los tribunales cuando se presume la comisión de
un delito no es politizarla, para eso están…y también para que, agotados los
recursos pertinentes durante el procedimiento, se acaten las sentencias firmes
y sus resoluciones. En este caso, el Tribunal Supremo carga contra el Gobierno
por haber pretendido sorprendentemente favorecer a Junqueras, arremetiendo
Marchena contra el escrito de la Abogacía del Estado, que despejó el apoyo de
ERC a Sánchez, con el sencillo argumento de que “la Sala no puede aceptar lo
que la ley no permite aceptar”, es así de sencillo de explicar y de entender.
Si la decisión del TS complica el insólito pacto PSOE-ERC, o Sánchez-Junqueras
(como prefieran), el problema no está en el Alto Tribunal sino en quienes
pretenden, por conveniencias políticas, forzar resoluciones inadecuadas e
improcedentes con el código penal en la mano, cuando saben que no se ajustan ni
al sentido común ni a lo legislado. Si ERC exige a Moncloa la amnistía para su
líder preso, finiquitar los juicios contra el procés o el ilegal referéndum de
autodeterminación a cambio de mantener su apoyo, es problema de los firmantes
de un inadecuado acuerdo a sabiendas de que lo firmado no es viable con la
legalidad vigente en la mano por la sencilla razón de que carecen de
competencias para llevarlo a cabo y, además, ni siquiera tienen suficiente
fuerza parlamentaria para cambiar la ley y posibilitar lo acordado. Que un día
después de apoyar la investidura ERC presiones al Ejecutivo con amnistía y
referéndum o bloqueo, y registren doscientas preguntas en el Congreso para que
el Gobierno se pronuncie sobre los inexistentes “presos políticos”, es una
farsa que Sánchez debiera despejar inequívocamente lo antes posible y si alguno
de sus ministros sigue hablando de “presos políticos” (como hace el
cogobernante Podemos), cuando son políticos presos, el nuevo Ejecutivo tiene un
grave problema. El varapalo del Supremo (y los que vendrán) a Junqueras y a las
pretensiones del Ejecutivo por vía Abogacía del Estado, no es tal, sino la
consecuencia lógica de la aplicación de la legalidad vigente que ambas partes
conocen sobradamente. Que el PP o cualquier otro partido anuncie que demandará
a Torra si sigue desobedeciendo y no renuncia, tras rechazar el Supremo su
recurso y serle retirada el acta de diputado por la Junta Electoral de
Barcelona es un derecho democrático y no es politizar la Justicia ni
judicializar la Política que en democracia ha de ajustarse estrictamente a la
legalidad vigente democráticamente acordada. Y que el Parlament desafíe a la
Justicia y diga que mantendrá a Junqueras en el cargo es simplemente una
aberración democrática de primera magnitud….A los delincuentes presos sólo les
cabe la esperanza de que la Generalitat les abra las puertas a la semilibertad
por la vía de una inaceptable irregularidad competencial de la administración
carcelaria que, por el bien de la democracia y la igualdad de todos los
españoles, debiera ser corregida lo antes posible.
Entretanto
vamos conociendo con cuentagotas los pormenores del nuevo gobierno de coalición
PSOE-UPodemos tras la toma de posesión por parte de Sánchez en la que el
Presidente en funciones le comenta al Jefe de Estado “ocho meses para diez
segundos” y el Rey le contesta “el dolor viene después”; una ceremonia en la
que Sánchez se ve obligado a reconocer ante
Felipe VI en dicha conversación informal y bromeando sobre la rapidez de la
ceremonia tras ocho meses en funciones, como un parto, que “le hemos dado
muchas preocupaciones”. Fuera de estas bromas entre ambos mandatarios tras este
acto oficial de toma de posesión, la realidad es que Moncloa se prepara para
una legislatura complicada, con pocos apoyos para sacar las propuestas adelante
y con una oposición dura, siendo rehén del independentismo y estando pendiente
de la competencia de Podemos dentro del Ejecutivo, que genera recelos en la
coalición, al extremo de que PSOE y Podemos firmen un protocolo prohibiendo
hablar de otro ministro, pues, de entrada, se vislumbran encontronazos de
cierta consideración, mientras hay cierta inquietud en Zarzuela sobre la jura o
promesa de los ministros podemitas, que han hecho gala de republicanismo,
llamando al Rey “ciudadano Borbón”. Habrá que ver quién es el más listillo para
llevarse el gato al agua, en un duelo de egos Sánchez-Iglesias, en el que de
entrada ya se dan las primeras fricciones, todavía disimuladas, por la decisión
de Sánchez de diluir en la medida de lo posible la posición de Iglesias en el
Ejecutivo al nombrar insólitamente nada menos que cuatro Vicepresidencias,
sorprendiendo a última hora con una Vicepresidencia Verde para Teresa Ribera,
que se hará cargo de la macro-área ambiental y descoloca totalmente a Podemos,
pues durante las negociaciones, Sánchez ocultó a Iglesias las cuatro
vicepresidencias y siempre habló sólo de Calvo y Calviño. Al final, cuatro
Vicepresidentes: Calvo, Calviño, Iglesias y Ribera.
En
definitiva, ya sea producto de los egos, recelos o temores, o ya sea producto
de que el PSOE no pierda peso y puestos en el nuevo Ejecutivo respecto al
anterior, Sánchez diseña un macro-Gobierno con veintitrés carteras, desconocido
desde la época de Suárez cuando también había que contentar y pastelear con
muchos….y así, casi todos contentos. La Presidencia, las cuatro
Vicepresidencias y los dieciocho ministerios, con sus respectivos
subsecretarios, directores generales y el elenco de asesores dan mucho juego,
al extremo de que Teodoro García Egea, secretario general del PP, ironiza con
que “con tantos ministerios y vicepresidencias, se va a crear más empleo en el
Gobierno que en el resto de España”, propone “a Cs y Vox una oposición
coordinada, sin mirarnos el ombligo” y sostiene que “Sánchez tiene que ganarse
la legitimidad de ejercicio, dañada por las promesas falsas y por los socios
que ha escogido”. Con María Jesús Montero como portavoz del macro-Ejecutivo (el
más caro de la historia) y titular de Hacienda, y un organigrama competencial
diseminado entre el resto de carteras para que ninguna monopolice grandes áreas
de gestión, la Vicepresidenta Calvo se hará cargo de Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática; el Vicepresidente Iglesias, de Derechos
Sociales y Agenda 2030; la Vicepresidenta Calviño, de Economía y Transformación
Digital; y la Vicepresidenta Ribera, de Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Por lo que respecta a los ministros Arancha González Laya llevará
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Juan Carlos Campo, Justicia;
Margarita Robles, Defensa; María Jesús Montero, Portavocía y Hacienda;
Grande-Marlaska, Interior; Ábalos, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana;
Celáa, Educación; Yolanda Díaz, Trabajo; José Luis Escrivá, Seguridad Social,
Inclusión y Migraciones; Reyes Maroto, Industria, Comercio y Turismo; Planas,
Agricultura, Pesca y Alimentación; Irene Montero, Igualdad; Rodríguez Uribes,
Cultura; Salvador Illa, Sanidad; Alberto Garzón, Consumo; Pedro Duque, Ciencia
e Innovación; Manuel Castells, Universidades; y Carolina Darias, Política
Territorial y Función Pública. Un macro-Gabinete en que todos sus miembros son
titulados universitarios, la mayoría con un perfil político, aunque Sánchez
refuerza el perfil económico de su Gobierno dejando en manos de figuras
técnicas tanto Exteriores como Seguridad Social, cuyos titulares, de prestigio
reconocido, son bien vistos incluso por la oposición. Un macro-Gobierno al que,
por el bien de España, hay que desear que tenga éxito y al que hay que conceder,
de entrada, el pertinente periodo de cortesía.
Y
mientras el PP da por inviables los grandes pactos propuestos al PSOE, cabe
apuntar, como datos destacables y curiosidades del macro-Ejecutivo, que será
oficialmente presentado al Rey de forma inminente, así como la toma de posesión
del mismo, tal como destacan los medios, que la opaca sociedad con la que
tributó el nuevo “ministro” Castells cuando era administrador de una sociedad
entre 2003 y 2017, liquidada con seis años de pérdidas, sólo tenía un empleado
a tiempo parcial y no detallaba el origen de ingresos y gastos; que Teresa
Ribera sube para tapar a Podemos; que Salvador Illa, secretario de Organización
del PSC y hombre de confianza de Iceta es uno de los negociadores con ERC; que
Sánchez fía las pensiones a un “halcón” del control del gasto nombrando para
Seguridad Social a Escrivá, quien colaboró con el PP y al que Montoro puso al
frente de la AIRef, siendo desde ese organismo muy crítico con las tesis del
PSOE y Podemos y oponiéndose a revalorizar las prestaciones sólo con el IPC;
que una experta en comercio internacional es la ministra de AAEE y dice que “la
UE tiene que enviar un mensaje claro: Reino Unido sigue siendo parte de
Europa”; que Sánchez sacrifica a la polémica Dolores Delgado y crea un
Ministerio de la seguridad Social como contrapeso a Trabajo en manos de
Podemos; que los barones del PP marcan las líneas rojas a Sánchez defendiendo
la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, mientras rechazan la
subida de impuestos y del gasto público; que Moncloa cree que “para Podemos es
la hora de la verdad, fracasar sería su final” y considera que juega a su favor
la inexperiencia de Iglesias, mientras coloca en Justicia a Juan Carlos Campo,
un fiel del partido para desactivar la “vía judicial”; y que el Gobierno cuenta
con un pacto duradero con Podemos tras haber diluido su influencia política. Y
mientras, en el caso de Cataluña, el Plan de Sánchez apunta a un nuevo Estatut
y Pacto Fiscal, pactando con ERC reformas que no necesiten los votos del PP,
sus socios abogan en las calles de Bilbao por el acercamiento de los presos
etarras, sumándose Podemos a Bildu y a los secesionistas catalanes a una
manifestación para reivindicar el fin de la política de dispersión de los
mismos.
Y
por si a alguien le interesa, según una encuesta de 40dB, la mayoría de
españoles cuestiona la cohesión del Gobierno pero apoya sus planes, más del 60%
es favorable a la eutanasia y a subir impuestos a los más ricos, la mesa para
el conflicto catalán es bien vista por el 45% y rechazada por el 32%, y más de
la mitad considera que el macro-Gobierno será breve y que nace dividido. Y
según GAD3, a punto de arrancar este gobierno de coalición, en caso de
elecciones el PSOE obtendría el 26´3% de los votos y 109 escaños, 11 menos de
los que tiene; el PP, el 23´2% y 103, 14 más; Vox, el 15% y 51, uno menos;
UPodemos 12´4% y 32, tres menos; Ciudadanos el 7´3% y 12, tres más; y Más País
el 1´5% y 3, los que tiene ahora……pero, en fin, queda toda una legislatura por
delante para enmendar entuertos; esperemos que sea duradera y fructífera para
el conjunto de los españoles.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la CEOE prevé que el déficit
aumentará este año en 12,000 millones, la mayor subida desde Zapatero y
vulnerando las reglas de la UE y la Constitución; que Colau quiere acabar con
el puente aéreo Madrid-Barcelona “porque contamina” y pone a empresarios y políticos
contra semejante “disparate”; que el PP vetará la renovación del Poder
Judicial; que Compromís quiere que los curas salgan de los hospitales
valencianos; que muere Pilar de Borbón, hermana y confidente del Rey Juan
Carlos; que un jefe de Lledoners es purgado por denunciar el inadmisible trato
de favor a presos del 1-O; que el Tribunal de Cuentas inicia el embargo por
malversación de Josep María Jové, negociador de ERC con el PSOE; que Mañueco,
presidente de la Junta Castellanoleonesa dice que “Castilla y León es igual que
Cataluña”; y que detienen a cinco menores por una violación múltiple a una niña
de catorce años en Palma.
Y
del exterior, destacar que Harry y Meghan “dimiten” de la familia real
británica y abandonan Reino Unido; que Trump elimina restricciones ambientales
a las grandes infraestructuras; que las llegadas a Madrid de venezolanos
superan ya las 20.000 personas al año; que la UE prevé destinar un billón de
euros para el clima y la Comisión considera que el esfuerzo ha de ser público y
privado; y que EEUU enfría la escalada con Irán y limita su respuesta al ataque
a las bases en Irak a sanciones económicas, rebajando la tensión, justo cuando
se estrella un avión ucraniano cerca de Teherán dejando 176 muertos, y el
régimen iraní, tras desmentir las sospechas de Canadá y EEUU, reconoce
finalmente que fue derribado erróneamente por un cohete iraní, tras haber
asegurado que dicha hipótesis “no tiene ningún sentido”. Cabe citar además que la secretaria del
hombre fuerte de Evo Morales es detenida cuando se dirigía a Buenos Aires con
dinero en un maletín, 100.000 dólares, de la petrolera venezolana PDVSA (Dios
los cría y ellos se juntan), mientras su Jefe Morales, huido de Bolivia, dice:
“de Podemos conozco a Iglesias sólo, y si hubo pagos yo no los hice”; “la
enviada del Gobierno español fue con los GEO a la embajada de Méjico por
solidaridad; si iban con pasamontañas es una cuestión de estilo”; “felicito a
Sánchez, pero soy enemigo de la independencia de Cataluña y del separatismo
porque sólo trae problemas” y, respecto a Bolivia, reconoce que “en las
elecciones hubo irregularidades porque en todos los comicios siempre hay
problemas, pero niego haber cometido fraude”.
Jorge Cremades Sena
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