ALARMA ECONÓMICA

                        Inevitablemente a la alarma sanitaria, no sólo en España sino en toda Europa y más de medio mundo, se añade una alarma económica de envergadura que nos aboca a un futuro preñado de incertidumbres. Mientras empresas y sindicatos comienzan a tramitar un aluvión de EREs temporales (los famosos ERTEs) y el Ejecutivo adopta las primeras medidas parciales, los bancos y la CEOE exigen a Sánchez, tras el decreto del estado de alerta, un rescate record con “aval ilimitado del Estado” para mitigar los efectos perniciosos de esta caótica situación, en tanto que distribución e industria de la automoción mandan a casa a miles y miles de trabajadores (la industria del motor echa el cierre y deja ya en el aire más de 300.000 puestos de trabajo) y Moncloa calcula que se perderá un millón de empleos, por lo que la factura económica puede suponer una bajada de 125.000 millones de PIB si la crisis llega hasta junio. Así las cosas Pedro Sánchez, acertadamente, ha reaccionado ante este panorama sobrevenido y, al margen de las apreciaciones de unos u otros sobre su suficiencia y su oportunidad temporal, lanza un plan contra la crisis del coronavirus movilizando 200.000 millones de euros (117.000 millones de las arcas públicas y 83.000 millones del sector privado) que, de momento, ya ha frenado la vertiginosa caída de la Bolsa aunque sea sólo coyuntural y ha tranquilizado a determinados sectores económico-financieros. Sánchez en la presentación pública del Plan y tras pedir comparecer en el Congreso para explicarlo, así como su decreto de “estado de alarma”, no ha dejado de repetir que “no vamos a dejar a nadie atrás”, con este 60% de recursos públicos y el 40% restante con recursos privados, y que se trata de la “mayor movilización de recursos de la democracia” para intentar atajar el desastre económico que se avecina. Un plan de choque programado del que cabe destacar: para las familias que pierdan ingresos, una moratoria de un mes en el pago de las hipotecas de primera vivienda y prohibición del corte de luz, gas y agua a los consumidores más vulnerables; para las empresas, agilidad en los ajustes temporales de empleo, los ERTEs, que se resolverán en siete días y reducción de jornada; para los mercados, prohibición de compra de compañías españolas por inversores no europeos, blindando así el Ibex contra OPAS a las empresas estratégicas; para los desempleados, derecho a prestación incluso sin haber cotizado el mínimo; y avales masivos por un total del equivalente al 10% de nuestro PIB anual y el resto aportado por los bancos, y más fondos para sanidad. Un plan bienvenido, con mayor o menor entusiasmo, aunque su entrada genere cierta frustración en los trabajadores autónomos, más de tres millones y medio, que denuncian públicamente por boca de Lorenzo Amor (Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA) en el sentido de que “¡El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos! Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada”……Y es que países como Francia e Italia, con gobiernos no progresistas como en España, sí han tenido en cuenta esta circunstancia en sus planes de choque contra la crisis económica que se avecina. En todo caso, un oportuno plan de choque que, al margen de su suficiencia o no y de las críticas y lagunas que pueda tener, seguramente salvables, ya ha sido avalado con mayor o menor entusiasmos por los líderes de la oposición, como Casado y Arrimadas, e incluso el mismísimo Abascal, evidenciando la necesidad del mismo para afrontar esta crisis sobrevenida para lo que Sánchez pide unidad, además de apoyo a unas cuentas de reconstrucción. Y mientras el Rey Felipe anuncia para esta noche un mensaje por televisión a los españoles, la oposición al Gobierno critica a Sánchez que haya colado en este decreto económico el blindaje de Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI.

            Por otro lado los presidentes autonómicos, excepto Torra, también han cerrado filas con el Gobierno en su decreto del estado de alarma, quedándose solo el catalán en no suscribir una declaración de unidad de acción, mientras los expertos pedían medidas urgentes contra el colapso económico, en tanto que Sanidad anuncia una contratación masiva de médicos residentes, los bancos centrales se alían para dar liquidez al sistema, policía y ejército patrullan las calles y los contagios y muertes por el virus siguen creciendo de forma imparable. En efecto, Torra se aprovecha del caos y se rebela contra el mando único del Gobierno para frenar la pandemia, mientras llama a los catalanes a parar en protesta y poder ejercer de forma efectiva la independencia; obviamente no entiende que los ciudadanos están antes que los territorios. Por su parte, los barones del PP apoyan a Sánchez contra el virus frente a la hostilidad de Torra y se unen a los del PSOE en un pacto de “unidad”, que incluso firma Urkullu, por lo que Moncloa desprecia al president catalán sosteniendo que “no es un responsable político”, mientras las CCAA se quejan manifestando “no tenemos medios para proteger a los sanitarios”, lo que podría empeorar más aún la situación. Una situación cuya salida requiere unidad de todos, como pide el Gobierno, pues España ya se ha convertido en el segundo país del mundo, tras Italia, en nuevos contagios, superando ya la cifra de 14.000 enfermos y casi 600 muertos, muchos de ellos ancianos ingresados en residencias desbordadas. Y es que Sanidad ya es incapaz de hacer los test necesarios, cuando las pruebas diagnósticas masivas han permitido frenar la pandemia en Alemania o Corea del Sur. Una España confinada con las calles vacías en la que ya se da por hecho que el estado de alarma se prorrogará más allá de los quince días, en la que Galicia y País Vasco ya han decidido suspender sus elecciones autonómicas, en la que se aplazan las pruebas de selectividad, etc etc..... España, tras haber alcanzado los 10.000 contagios (cifra ya muy superada) cierra sus fronteras con Francia y Portugal, mientras Bruselas cierra las fronteras exteriores de la UE, suspendiendo temporalmente el Tratado de Schengen, y España sólo permitirá regresar a quienes acrediten una situación de fuerza mayor, con lo que los controles aduaneros ya son un hecho para personas, que no mercancías, y sólo podrán entrar ciudadanos españoles, con residencia en España y trabajadores transfronterizos.

            Y mientras se conoce que Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria seis días antes del 8-M, manifestación que le ha acarreado no pocas críticas, un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva revela que sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 infectados, con lo que haría falta el triple de camas de UCI de las que hay actualmente. Por otro lado, según NCReport, la mayoría cree que Sánchez actuó tarde contra la epidemia, el 59´9% cree que acabará contagiándose por coronavirus, el 67´1% se ha quedado en casa confinado para no propagarlo y el 84´6% asegura que la epidemia traerá una crisis económica…..y, según GAD3, el 98´8% de españoles apoya la declaración de estado de alarma considerándola como necesaria, el 80´1% cree que promover las manifestaciones del 8-M fue una irresponsabilidad del Gobierno, y el 71´2% considera que el Gobierno central ha tardado en exceso en reaccionar.

            Obviamente, ante semejante panorama, no ha tenido la suficiente repercusión, que debiera tener, la decisión del Rey Felipe, que hoy se dirigirá a todos los españoles, a renunciar a la herencia de su padre, Don Juan Carlos, a quien retira la asignación pública. En efecto, mediante un comunicado sin precedentes, el Jefe del Estado llama a preservar “una conducta íntegra, honesta y transparente” de la Corona y se desliga de su padre retirándole la asignación y renunciando a la herencia que le pueda pertenecer y a cualquier bien que “no esté en consonancia con la legalidad” y lo hace en plena crisis del coronavirus, cuando se conoce que hace un año supo que sería beneficiario de un fondo en el que Don Juan Carlos habría recibido 65 millones de Arabia Saudí, que el Monarca lo denunció a las autoridades y rechazó ante notario cualquier participación que pudiera corresponderle del mismo, y que, tras ir al notario jubiló a su padre al saber de su sociedad y preservó a su madre. Por su parte Juan Carlos asegura que no informó a su hijo del asunto, mientras designa un abogado y se ampara en el “derecho de defensa”, Suiza, donde está dicho fondo, dilata la entrega a España sobre Juan Carlos I y el gobierno defiende la reacción del Rey Felipe e insta a investigar el asunto.

            Por lo que respecta al exterior citar que la participación se hunde en las elecciones municipales francesas y queda suspendida la segunda vuelta; que Gantz recibe el encargo de liderar un nuevo gobierno en Israel; que Biden y Sanders buscan mujeres para la vicepresidencia de sus candidaturas; que la Eurocopa de Fútbol se aplaza a 2021 y los Juegos siguen en pie; que la Reserva Federal baja los tipos de interés a cero en EEUU e inyectan liquidez para evitar el colapso; y que la UE, para combatir el coronavirus, blinda sus fronteras cerrándolas durante 30 días “prorrogables” por primera vez en su historia y no dejará entrar a ciudadanos no comunitarios en tanto que Bruselas coordinará la repatriación de los europeos en terceros países, mientras Merkel decide cerrar las fronteras de Alemania con Francia, Austria y Suiza para frenar la epidemia y el Eurogrupo no despliega su artillería fiscal contra el virus, mientras las Bolsas se hunden (el Ibex sufre el peor castigo de todas las Bolsas europeas en su cuarto “lunes negro” consecutivo).

Jorge Cremades Sena