ESTADO DE ALARMA

                        Tal como le venían pidiendo últimamente los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), así como las CCAA más afectadas por el coronavirus, como Madrid, Pedro Sánchez decide finalmente decretar el “estado de alarma” en España con el fin de afrontar la crisis del Covid-19 con mayor eficacia y unificación de criterios, centralizando la gestión en el Gobierno de España para evitar la descoordinación actual, pues con una Sanidad transferida entre las diecisiete autonomías es casi inevitable que cada una de ellas vaya por su lado y, pendientes de las recomendaciones del Gobierno central, adopte o no sus propias soluciones para atajar la expansión del virus en medio de una confusión competencial con limitaciones y dificultades manifiestas. Y lo grave es que el coronavirus no espera y se sigue expandiendo de forma alarmante por casi todos los territorios españoles. Acertada decisión pues por parte del Gobierno (aunque para algunos tardía) que, a partir de ahora, y durante 15 días (si fuera necesaria una prórroga del estado de alarma habría de ser avalada por al Congreso de los Diputados), permite al Ejecutivo detentar las competencias, entre otras, de Sanidad, Seguridad y Transportes, las cuales, mientras dure la alarma, quedarán recentralizadas (vocablo maldito para el secesionismo) para una mejor gestión de la emergencia a lo largo y ancho de todo el territorio español. Los líderes de la oposición, tanto Casado como Abascal y Arrimadas, se han apresurado a apoyar la decisión del Ejecutivo aunque censuran que haya ido a la zaga de los acontecimientos y que haya cometido irresponsabilidades, como la de alentar las multitudinarias manifestaciones del 8-M (la UE desaconsejó permitir “multitudes” seis días antes) o haber actuado tarde contra lo que ellos le pedían. Asimismo critican que Sánchez anunciara previamente la decisión de decretar el estado de alarma con antelación, dando tiempo, como sucedió en Italia, a que muchas personas se movieran de forma irresponsable desde el interior a las zonas de playa como si de unas vacaciones se tratara. No obstante, como dice Casado, ya habrá tiempo para críticas, y ahora toca apoyar las medidas concretas de la alarma y la más que probable prolongación temporal de la misma, ofreciéndole apoyarlo en el Congreso con sus votos si fuera necesario. Esperemos pues que con el estado de alarma, la medida más suave en circunstancias de excepcionalidad, ya que no suprime derechos ciudadanos fundamentales sino que, a lo sumo, limita algunos de ellos como la movilidad, sea suficiente para reordenar y unificar el actual variopinto panorama en el que cada autonomía o ayuntamiento ha ido tomando decisiones unilaterales, algunas excepcionales, con confinamientos incluidos. Así las cosas Comunidades como Madrid, que pidió durante diez días medidas excepcionales y el Ejecutivo se negó, o Galicia, entre otras, ya han decretado su propia alarma con el cierre de todo tipo de establecimientos salvo aquellos de primera necesidad (farmacias, supermercados, gasolineras y quioscos), Urkullu en el País Vasco ya ha declarado la suya propia o alerta sanitaria, Torra pide ayuda al Ejecutivo para confinar todo el territorio de Cataluña dado que puertos, aeropuertos y ferrocarriles siguen siendo competencias del Estado, etc etc. Además, progresivamente, las diferentes CCAA han ido cerrando unilateralmente colegios, institutos y universidades, dejando a diez millones de alumnos sin clase, mientras van extendiendo las restricciones a actos públicos, se van cerrando lugares de ocio, como bares y restaurantes, aconsejando a los ciudadanos que permanezcan en sus casas, que eviten aglomeraciones y que guarden siempre la distancia de seguridad. En muchos casos apelaciones a la responsabilidad individual y colectiva que seguramente habrán de ser impuestas ahora, sí o sí, con medidas coercitivas ya que no todo el mundo es lo suficientemente responsable como para evitar su propio contagio o para evitar el contagio de los demás. Y ello sólo es posible en un Estado tan descentralizado como el nuestro con la unificación del mando en manos del Gobierno que le habilita el anunciado estado de alarma en todo el territorio español.

            En efecto, hablando de responsabilidades, territorios y municipios de Galicia, Comunidad Valenciana o Murcia, entre otros, ya han tenido que salir al paso y decretar el confinamiento en sus casas dada la avalancha de madrileños hacia las zonas de playa como si de vacaciones de verano se tratara. Todo ello cuando los contagiados ya rebasan en España los 6.400 y los fallecidos pasan de 190 personas, variables que siguen creciendo de forma alarmante; cuando el Ejército suspende todos sus ejercicios y maniobras; cuando las ciudades y pueblos van clausurando progresivamente la Semana Santa y otras festividades; cuando los hospitales apenas disponen de camas libres en las UVIs y Sanidad admite ya la falta de material en una crisis que puede durar varios meses; cuando Madrid se dispone a convertir determinados hoteles en hospitales para afrontar la demanda de hospitalizaciones; cuando las CCAA han ido cerrando progresivamente las actividades educativas en sus territorios, pese a la opinión de Sanidad que acabó aceptándolo; cuando España ya es el segundo país de la UE con más contagiados; y, en definitiva, cuando se iba consolidando un mapa rocambolesco de situaciones variopintas para afrontar un problemón que no puede depender de intereses territoriales, político-ideológicos o de cualquier otra índole, sino de un interés supremo, en el que todos estén implicados, bajo el mando único del Gobierno de España pues lo que está en juego es la vida y la salud de todos los españoles.

            Una situación a la que hay que añadir el deterioro progresivo de la Economía, no sólo española sino también europea e internacional, que dibuja un siniestro futuro panorama sin lugar a dudas. El Ibex pierde unos 235.000 millones desde el comienzo de la crisis, la mayor caída de la Bolsa de toda su historia; el sector turístico, motor de la economía española, paralizado con el necesario cierre de bares, restaurantes y lugares de ocio, en el que los hoteleros ya manifiestan que “nunca hemos tenido tantas cancelaciones como ahora”; y el conjunto de pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en el país, así como los trabajadores autónomos que se ven incapacitados para afrontar este obligado cierre económico, en tanto que miles de trabajadores ven peligrar sus puestos de trabajo. Una situación para la que Hacienda plantea suspender el pago de las hipotecas (medida que beneficiaría sólo a los afectados por la epidemia y con condiciones estrictas, al estilo de la moratoria ya implantada en Italia, y que duraría entre 6 y 18 meses); para la que el Ejecutivo inyecta 14.000 millones en la Economía y 3.800 a la Sanidad, proponiendo Sánchez un Presupuesto “extrasocial” y Arrimadas ofrece su voto, mientras Casado, que lo califica de insuficiente, también lo apoyará; y para la que Sánchez adelanta 2.800 millones a las CCAA y aplaza los impuestos a las Pymes.

            No obstante lo esencial es que, tras anunciar Sánchez su decisión de decretar el estado de alarma en vez de decretarlo directamente en un Consejo de Ministros, éste se celebra un día después para concretar las medidas concretas y, tras siete horas de deliberaciones, que demuestran las discrepancias internas del Ejecutivo de coalición y las reticencias de sus socios avalistas nacional-independentistas, decide concentrar en Sanidad plenos poderes, mientras Interior, Transporte y Defensa (ministerios todos ellos gestionados por ministros socialistas y no podemitas), refuerzan en todo el territorio español sus competencias. Un Ejecutivo dividido además por las medidas económicas, mientras Sánchez aplaza al martes las ayudas concretas a empresas y trabajadores. Al final un tenso y prolongado Consejo de Ministros para activar en todo el país un estado de alarma con condiciones muy restrictivas para salir a la calle y circular, mientras la pugna Sánchez-Iglesias y las tensiones con sus socios nacional-secesionistas entorpecen el mando único imprescindible para gestionar la crisis. Por su parte, Casado, como líder de la oposición, asegura que “Sánchez encontrará más lealtad en el PP que en sus socios”, pero afea al Presidente el retraso para tomar tan necesaria decisión y que pida unidad a la oposición cuando el Gobierno está “dividido”; asimismo ha criticado la actuación del lehendakari Urkukku y del president Torra, llegando a hablar de “deslealtad”, tras informar Pedro Sánchez de que con el estado de alarma la autoridad competente en todo el Estado será el Gobierno de España y apelar a la unidad de todas las fuerzas políticas porque vienen “semanas difíciles de sacrificios”; y, tras recalcar que Sánchez en estos momentos difíciles, “está encontrando más lealtad en el PP que en sus socios de investidura” afirma que el Gobierno “ha mostrado una profunda división interna en un momento en el que lo que se demandaba era unidad y responsabilidad” ya que “ha tenido que celebrar tres Consejos de Ministros en cuatro días para tomar medidas que le habíamos reclamado hace semanas” por lo que “no se puede exigir unidad a la oposición cuando el Gobierno está dividido”, añadiendo que, ante una crisis de esta envergadura, no pueden estar al “albur de los retrasos que impone Podemos o los socios independentistas” del Ejecutivo. Además ha reprobado al Gobierno de coalición que pida “disciplina social” a los ciudadanos mientras el Vicepresidente Iglesias “se salta la cuarentena ante toda España”, después de que su mujer y ministra Irene Montero, haya dado positivo en coronavirus, pues “todos tenemos que dar ejemplo y las personas a las que las autoridades sanitarias hayan impuesto cuarentena, deben cumplirlo”, para terminar cargando contra la “deslealtad” del President Torra y el lehendakari Urkullu por cuestionar el estado de alarma alegando la posible vulneración de sus competencias autonómicas, mientras señala que él ya le ha trasladado a Sánchez que el PP y los presidentes de las CCAA que gobierna “actuarán con lealtad” y “sentido de Estado”, aunque le solicita que comparezca “cuanto antes” en el Congreso para explicar, como procede, las medias concretas anunciadas.

            Entretanto, mientras la OMS declara como pandemia global el coronavirus, el BCE reclama a Europa una respuesta contundente al virus, añadiendo Lagarde que la inacción puede derivar en una crisis como la de 2008; Italia crea un fondo de 25.000 millones y Reino Unido de 34.000; Francia pide una actuación fiscal coordinada que divide a los 27; Italia cierra todo el comercio salvo alimentación y farmacias, mientras el representante de la OMS para Italia califica de “locura” que el Gobierno español no prohibiera la manifestación del 8-M en Madrid, que duplicará el número de camas en los hospitales; Bruselas autoriza a los gobierno a gastar “lo que sea necesario”; se desata una polémica en Reino Unido tras renunciar Johnson a contener el virus; cuatro países de la UE prohíben la entrada de extranjeros y hacen tambalearse Schengen; y, mientras la OMS sitúa a Europa como epicentro actual de la pandemia ya que avanza el virus con más rapidez que en China, Lagarde decepciona con su plan de estímulos ante la crisis percibiéndose el plan del BCE como insuficiente. Por otro lado el “paciente 1” de Italia, que ingresó el 20 de febrero en condiciones gravísimas, vuelve a respirar; EEUU decreta la emergencia nacional con lo que Trump se toma al fin en serio la crisis, mientras Biden camina con firmeza hacia la nominación demócrata al ganar claramente a Sanders otras cuatro primarias…..y, ¡ah!, el todopoderoso Harvey Weinstein es condenado  23 años de cárcel por agresión sexual.

Jorge Cremades Sena