INDECENTE ESPECTÁCULO POLÍTICO

                        Mientras, a trancas y barrancas, intentamos alcanzar la “nueva normalidad” en medio de una preocupante crisis económica galopante, nuestros políticos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición en los distintos ámbitos territoriales, incluido el ámbito nacional español, nos brindan sucesivos indecentes espectáculos políticos, preñados de descalificaciones mutuas y salidas de tono, cada vez menos digeribles por la ciudadanía, que espera soluciones a los infinitos problemas que padece en vez de refriegas propagandísticas con fines electoralistas que sólo conducen a aumentar la incertidumbre y la inestabilidad política tan perjudiciales para España en estos momentos. En efecto, en este irresponsable proceder de unos y otros, en vez de buscar soluciones consensuadas, sólidas y solventes, se busca el insulto y la descalificación gratuita del oponente, envuelto en mentiras o medias verdades, para echarse irresponsable y cínicamente en cara la culpa de los efectos trágicos de la pandemia, incluidas las muertes, incluso olvidando que en el territorio autonómico vecino, donde cuecen las mismas habas, es tu opción política la que gobierna; en definitiva, un indecente comportamiento que hace imposible cualquier necesaria y saludable investigación de posibles errores de unos u otros en la gestión de la crisis con arreglo a las competencias que cada uno tenga encomendadas. De ahí que, mientras en Francia o Italia las Fiscalías correspondientes, sí investigan a sus gobiernos con absoluta normalidad, en España cualquier investigación al respecto se convierte en una verdadera odisea, al extremo de que aquí tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponen, por ejemplo, a la investigación sobre presuntas responsabilidades del Delegado del Gobierno en Madrid sobre la permisividad de las manifestaciones del 8-M, al extremo de que la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ha de plantarse ante las trabas de la Fiscalía rechazando suspender la comparecencia del Delegado, imputado en principio por prevaricación, y teniendo que señalar las “reticencias” del Gobierno a entregar la documentación solicitada por el juzgado de forma reiterada o teniendo que defender el informe del forense (o el de la Guardia Civil) ante los irresponsables ataques de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, quienes piden el archivo de la causa cuando debieran ser los más interesados en esclarecer los hechos, pues “es clave a efectos de valorar si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia” o no se dictaron. Un informe del forense que, en principio, desarma a Illa y Simón, considerando que “la hecatombe se veía venir” y acusándoles de “subestimar la gravedad” de la epidemia y su “fulminante desarrollo” pese a las alertas, pues “las declaraciones de Simón no se corresponden con la realidad….la crisis era previsible para quien sabe de epidemiología” por lo que Illa debió aconsejar cancelar las “reuniones masivas ya el 3 de marzo”. Obviamente la jueza, alabada cuando instruía los “masters” supuestamente regalados a Casado o Cifuentes mientras ahora la critican, acusa al Gobierno de entorpecer la investigación y toma declaración al Delegado del Gobierno quien manifiesta que ni vio “riesgo” en el 8-M, entre otras manifestaciones permitidas en esos días, ni nadie del Ejecutivo le avisó al respecto, asegurando que “no había elementos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”, pese a las advertencias de Europa y pese a que a finales de febrero él mismo recomendó a sus subordinados tomar medidas de precaución ante el contagio, añadiendo además que él no era competente en temas sanitarios. ¿Cuesta tanto considerar como positiva esta investigación, como otras tantas a otros gobernantes que están en curso, para esclarecer cualquier atisbo de sospecha? Entretanto el Vicepresidente Pablo Iglesias ataca a Ayuso y califica su gestión en los centros de mayores como “un crimen”, olvidándose de que Madrid registra un 32% de fallecidos, siempre demasiados, frente a Comunidades, como Aragón o Extremadura, con un porcentaje mucho mayor de fallecidos en residencias y olvidándose de que, decretado el estado de alarma, el Vicepresidente era el máximo responsable de la gestión de los geriátricos y como tal no hizo absolutamente nada al respecto.

            La cuestión no es si Madrid envió cuatro correos a las residencias con órdenes de exclusión contradiciendo lo dicho por Ayuso y su consejero de Sanidad, la cuestión es si ella miente al negarlo, pues la triste realidad es que en la mayoría de CCAA se evitó la derivación de los mayores a hospitales, entre otras cosas porque estaban colapsados, pues cuando hay cuatro enfermos necesitados de cama hospitalaria y sólo hay una o ninguna disponible se ha de optar priorizando con  criterio médicos pertinentes quién es el más idóneo a ocuparla. Es así de terrible, pero es la trágica realidad y, en la práctica, así se ha hecho en todos los lugares, con informes o protocolos escritos u orales o sin ellos, hasta llegar al trágico balance de que más del 50% de los mayores fallecidos en nueve CCAA, no sólo en una o en dos, residía en las residencias, la mayoría de las veces aquejados de otra serie de enfermedades debidas a su edad. ¿Acaso todos los gobernantes de dichos territorios son criminales tal como califica Iglesias sólo a quien le conviene? La cuestión no es si quienes piden investigar el 8-M lo hacen porque son antifeministas o no, sino si los responsables permitieron las aglomeraciones, no sólo la feminista, en aquellos días sabiendo o no el riesgo que se avecinaba; la cuestión no es si en su momento se descartó el uso de mascarillas y ahora se exige como elemento imprescindible, sino si los que variaron de criterio engañaron o no en su momento a la ciudadanía diciéndoles que no eran necesarias en vez de decirles que lo hacían porque no se disponía de cantidad suficiente para hacerlas obligatorias…..y así sucesivamente en otra serie de asuntos, que es necesario investigar no para estigmatizar a nadie sino para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir y por si de ello se derivaran responsabilidades personales, no sólo penales sino de otro tipo, para depurarlas debidamente. Y la vergüenza intolerable es cargar las tintas o aliviarlas en cada caso según convenga políticamente en vez de buscar la verdad con total honestidad, más aun cuando precisamente se está jugando con vidas humanas.

            Entretanto Sánchez aprueba el decreto de la nueva normalidad para después del final del Estado de Alarma, y aunque busca el respaldo del PP, ya dispone del apoyo de Ciudadanos y del PNV para afianzar la medida, mientras además negocia con ERC al respecto. Sánchez prepara así el nuevo escenario post-Covid con naranjas y nacionalistas de derechas, dando un claro bandazo al centro por temor a que la crisis que se avecina acabe con su coalición con Podemos, cada vez más crecidos, con la vista puesta en los Presupuestos y en los condicionantes probablemente exigibles por la UE ante la necesidad de acudir al fondo europeo para la reconstrucción económica que sin lugar a dudas no será gratis en su totalidad y exigirá recortes y ajustes. De momento en la nueva normalidad no se podrá prohibir manifestarse y el Gobierno no tendrá potestad para restringir la movilidad, mientras CCAA del PP piden restringirla para evitar contagios, las mascarillas serán por fin obligatorias y la distancia social se reducirá a 1´5 metros frente a los dos metros actuales. La realidad es que Iglesias no deja de exhibir sus discrepancias con Sánchez y aprovecha cualquier resquicio para poner a los socialistas entre las cuerdas, como sucede con la pertinente investigación de Fiscalía a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a La Meca (indicios de blanqueo de capitales y fraude, apuntados por Anticorrupción), pues ERC y Podemos, de clara vocación republicana, no conformes con el enjuiciamiento judicial en curso, añaden además un “juicio político” no sólo a Juan Carlos, sino a la Monarquía, planteando una comisión en el Congreso y obligando a los socialistas a retratarse sobre el asunto cuando tradicionalmente el PSOE ha defendido, junto al resto de partidos constitucionalistas, que las Cortes carecen de potestad para investigar políticamente a la Jefatura del Estado, al margen de la investigación judicial que al titular de la misma o a quien lo fue en su momento se le pueda hacer por presuntos delitos cometidos. No en vano el Gobierno ya asume ante ERC que hay una “crisis constituyente”, como guiño, según algunos, para sumar a los independentistas al decreto de la nueva normalidad, asegurando el Ministro de Justicia que existe un “debate abierto” sobre la Constitución del 78, mientras los socios del Ejecutivo mantienen la ofensiva a la Monarquía o Jefatura del Estado y registran en el Congreso la petición de una comisión contra Juan Carlos I. ¿Qué hará el PSOE al respecto? Ya sólo falta que en uno de los peores momentos de nuestra democracia se abra el melón constitucional cuando se hace casi imposible conformar mayorías simples para aprobar leyes normales y más que imposible consensuar las mayorías cualificadas que requiere cualquier reforma sustancial de la Constitución.

            No extraña pues que la sesión de control (o mejor de descontrol) del Gobierno de ayer se convirtiera en el último indecente espectáculo político, como ya viene siendo habitual, al extremo de que hasta lo único positivo de dicha sesión, como es la aprobación casi por unanimidad del Ingreso Mínimo Vital (sin ningún voto en contra y con la única abstención de Vox) fuera motivo de controversia entre PP y PSOE, reprochando los socialistas que los populares se sumaran al sí a última hora mientras rechazaban la oferta de pactos que Casado les hacía para acusarle Sánchez de que lo que trata es de “derrocar” al Gobierno legítimo, olvidándose de que en democracia los gobiernos legítimos no se derrocan y simplemente se sustituyen mediante los procedimientos democráticos establecidos, como, por ejemplo, lo que hizo Sánchez tras el éxito de la moción de censura contra Rajoy. Por otro lado Fiscalía pide ahora que se condene a Trapero, el exjefe de los Mossos, por sedición y no por rebelión en sintonía con la sentencia del Supremo por el 1-O, ofreciendo además la alternativa de desobediencia con lo que bastaría una pena de inhabilitación pero no cárcel, pese a que siendo Mayor de los Mossos “dio cobertura” al 1-O. ¿Se imaginan semejante benevolencia si por hechos similares se estuviera procesando al Jefe de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de cualquiera de los Ejércitos? No en vano algunos ven la alargada mano en el asunto de la Fiscalía General del Estado, tras ser nombrada la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y pasar en un santiamén del Ejecutivo al Judicial, insólito a lo largo de toda nuestra democracia.

            Por otro lado, mientras algunos profesores denuncian que les obligan a aprobar a todos los alumnos, Educación relaja la separación de alumnos en la vuelta al cole para el próximo curso, pues los menores de 10 años no tendrán que guardar distancia ni llevar mascarilla y los mayores de esa edad deberán situarse a 1´5 metros en vez de a dos, las comidas se harán en las aulas, los colegios tendrán un “equipo Covid19” con maestros, limpiadores y padres para cumplir el protocolo, la prevención se impartirá en clase y, según Celáa, “el nuevo curso será ahora absolutamente presencial”, un nuevo giro de la Ministra sin lugar a dudas. Entretanto la Universidad española pierde prestigio por su desconexión con el empleo, pues su reputación en rankings internacionales sigue bajando por la falta de salidas para sus titulados. 

            Y todo este embrollo, se mire como se mire, cuando el Banco Mundial alerta de una recesión que triplica la caída de 2009 pues la economía global caerá este año un 5´2%, es decir, el triple que ese año; cuando el Banco de España avisa de que la crisis se prolongará al menos tres años y eleva la caída de la economía española a un 15% del PIB; y cuando, según la OCDE, España será la economía que más sufra entre sus miembros si hay un rebrote epidémico, pues el organismo cree que la recuperación será lenta y desigual, por lo que pide a España un cambio de rumbo tras liderar el desplome mundial, previendo una caída del 14´4%, y reclama pactos, control de gasto y mantenimiento de la reforma laboral, al extremo de que, si hubiera rebrote de la pandemia, nuestro país sufriría el mayor desplome del PIB mundial con lo que el paro llegaría a alcanzar hasta el 22%.......ya ven, como para seguir jugando a buenos y malos o seguir protagonizando más indecentes espectáculos políticos.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Sanidad sigue sin incluir a los sospechosos en las cifras de muertos por coronavirus cuando la OMS sí lo exige; que Baleares, gracias a un autorizado proyecto piloto, recibirá a 10.900 alemanes a partir del próximo lunes y tomará la temperatura a estos turistas pioneros; que Marjaliza, el principal arrepentido del “caso Púnica”, además de al PP, dio acciones a políticos del PSOE para lograr determinadas adjudicaciones, como en la localidad madrileña de Parla, incorporándolos como socios de sus empresas; que hasta un 10% de sucursales bancarias están en riesgo de no volver a abrir; que a los 53 años de edad muere Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, víctima de un cáncer; y que Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan-Europa, dice que “las presiones no cambiarán la decisión del cierre de Barcelona”.

Y del exterior, destacar que Calviño se perfila como favorita para presidir el Eurogrupo y ya cuenta con el apoyo de Alemania y del Grupo Socialista Europeo para suceder a Centeno; que un estudio sitúa en agosto la aparición del virus en Wuhan; que la UE apunta a Rusia y China como instigadores de campañas de desinformación; que Suecia cierra en falso el caso “Olof Palme” tras identificar al asesino, un diseñador gráfico que se suicidó en el año 2.000, apuntando así a un lobo solitario como el autor del asesinato perpetrado hace ya 34 años y que en su día conmocionó al mundo entero; y que las protestas raciales en EEUU animan a Biden a pasar a la acción con su lema “respira y vota” en la capilla ardiente de George Floyd, convertido en icono de la brutalidad policial contra los negros, donde hace llegar un mensaje grabado manifestando que “llegó la hora de la justicia racial” en tanto que Nancy Pelosi, la Presidenta de la Cámara de Representantes, y otros congresistas demócratas se arrodillan en el Capitolio durante ocho minutos de silencio, el tiempo en que la rodilla del policía tardó en acabar con la vida de George, cuyo funeral se convierte en una llamada a la justicia y la libertad.

Jorge Cremades Sena