NEPOTISMO DEDOCRÁTICO

                        Basta echar un vistazo a las hemerotecas para concluir que el uso y abuso de la “dedocracia” o nepotismo dedocrático, es decir, el nombramiento a dedo o “trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”, es un endémico y despreciable comportamiento político (cuando no ilegal y siempre poco ético) entre nuestros gobernantes del signo ideológico o ámbito territorial que sea. Es bien fácil encontrar noticias como, en junio de 2014: “escándalo mayúsculo en el Tribunal de Cuentas: el 10% de su plantilla son familiares de altos cargos” (“el hermano de Aznar, la esposa de Trillo….en la lista de parientes colocados”; “esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia” forman parte de “la lista de supuestos enchufados”); como, en marzo de 2017: “el gobierno cesa a la sobrina de Guindos enchufada en Washington”; como, en septiembre de 2019; “hijos, hermanos, tíos…enchufismo en el PSM” tras el escándalo del enchufe y posterior cese de la hermana de la alcaldesa socialista de Móstoles; o como, octubre de 2019: “el PP denuncia el enchufismo y la compra de votos del PSOE en Andalucía y le urge a dar ya explicaciones”…… Son sólo unos cuantos ejemplos de la interminable lista de casos de nepotismo democrático practicado por aquellos partidos cuando gobiernan, ya sean PP, PSOE u otros evidenciando que el nepotismo democrático es un mal sin ideología que todos denuncian cuando están en la oposición y todos practican cuando gobiernan, haciendo gala de una hipocresía indecente que los ciudadanos debiéramos recordar a la hora de ir a las urnas, aun a riesgo de quedarnos sin opciones políticas dónde elegir, en vez de aplicarnos el viejo refrán de “mal de muchos, consuelo de tontos” y rendirnos a la resignación. Sánchez, actual gobernante y último jefe de la oposición, prometía en 2014 que “el enchufismo y la endogamia van a acabar” ya que es necesario “descolonizar todas las instituciones” y así “prestigiar la democracia”, mientras criticaba la práctica de las “puertas giratorias” o movimientos de altos cargos entre el sector público y el sector privado y viceversa pues “puede ser legal” pero la política “tendría que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo”; y en 2017 apostaba por crear “un nuevo partido socialista” diciendo “al PSOE le vamos a dar la vuelta, lo vamos a renovar, vamos a hacer un nuevo Partido Socialista” para que “prime la meritocracia y no el enchufismo”. Sin embargo hoy, ya en el Gobierno, el “dedócrata” Sánchez, culmina, contra lo que prometía, su larga lista de “enchufados” (casi cien y 30 de ellos denunciados) troceando una Dirección General para fabricar a medida un puesto casi sin competencias para su amigo de la infancia Iñaqui Carnicero, pues, según el Gobierno, no había ningún funcionario capacitado para el cargo. A Sánchez, como al resto de gobernantes, le viene muy bien que la Ley disponga que para los puestos de Director General sean nombrados funcionarios de carrera con el nivel requerido, salvo que se establezcan excepciones a esa norma por decretos ministeriales que justifiquen esa decisión en puestos concretos. Es el coladero, pues ya ven, la justificación es obvia: entre todos los funcionarios del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública no hay ninguno tan idóneo como Carnicero, que no es funcionario pero sí el amigo del alma de Sánchez, para ocupar la recientemente creada Dirección General. Y ahora además, desde el Gobierno y el nuevo PSOE de Sánchez (UPodemos calla porque como gobernante participa del pastel del enchufismo), se quejan de que, desde la oposición, PP, Vox y Cs se lo reprochen, acusándoles incluso de querer desestabilizar el gobierno de coalición, pues ellos cuando lo hacían era para “prestigiar la democracia”. Es evidente que el nepotismo dedocrático y las puertas giratorias gozan de muy buena salud con este nuevo PSOE….y si no que se lo pregunten, entre otros, a la propia esposa de Sánchez, a Montilla, a Blanco…..y a tantos otros que ahora ven de buen grado lo que consideraban pernicioso cuando desde el Gobierno lo hacían otros. Lo grave es que así no vamos a ninguna parte mientras nuestra democracia se desprestigia a pasos agigantados.

            Desprestigio democrático que aumenta si flagrantes meteduras de pata o errores garrafales, cuando no comportamientos intolerables no van acompañados de inmediatas dimisiones, como es el caso de las evidentes mentiras del ministro Marlaska sobre el polémico asunto del cese del coronel De los Cobos y la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial: Marlaska, respaldado por Sánchez, descarta dimitir con lo que “ni se va ni le echan”, mientras la Directora General de la Benemérita, autora y actora de la petición de cese porque el coronel no le daba la información requerida siendo ilegal, sigue la senda de su Jefe y, encerrada en su despacho, traslada que tampoco dimitirá, mientras De los Cobos, según whatsapp y conversaciones tras su cese, manifiesta: “es injusto, ilegal, inhumano y provocará una crisis de gobierno”, “soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución, el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Si a todo ello añadimos el intolerable asunto de la corrupción, otro indecente comportamiento transversal sin ideología política alguna, le ponemos la guinda al manifiesto deterioro democrático que sufrimos, cuando curiosamente, vuelve a la palestra el “caso Púnica” que manchó al PP de Madrid de forma contundente, aunque con ribetes y participación de otras opciones políticas, pues, según el empresario Marjaliza y la revelación de la Caja B de sus sociedades, entregada a la Audiencia Nacional, la trama corrupta financió con un millón en negro al PSOE de Simancas, hoy Secretario General del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

            Entretanto prosigue la desescalada con media España ya en la fase 3 y con la Guardia Civil creyendo que Simón ocultó información sobre el 8-M (según documento remitido a la jueza de la investigación) mientras el Ministro de Sanidad insiste en que no conocía los riesgos pese a los informes previos (“visto lo visto, todos hemos llegado tarde a esto” dice Illa) y su portavoz del Ministerio admite que se equivocó y subestimó la gravedad de la Covid-19. En todo caso, Sanidad sabía siete días antes del 8-M que había infecciones en España (17 muertes en esa jornada) y Simón ocultó la alerta de la UE a las CCAA, revelando la Guardia Civil que el Director de Emergencias no informó en la reunión interterritorial del 5 de marzo que Europa había exigido evitar los “actos multitudinarios”; y entretanto se produce la primera condena, en este caso contra el Gobierno de Aragón, por no proteger debidamente a los sanitarios ya que “era previsible”. Por otro lado, termina el luto oficial por las víctimas sin saberse todavía su número real y el Gobierno permite a las CCAA gestionar la “nueva normalidad”, lo que, según algunos, supone burlar el estado de alarma pues en la fase 3 de desescalada la legislación no permite delegar competencias y los juristas alertan de que es ilegal que las comunidades asuman todo el poder; el Gobierno, por su parte, prepara un decreto para después del estado de alarma, cuyo borrador deja claro que a partir del día 21 de junio serán multados con cien euros quienes no lleven mascarilla (la OMS recomienda ahora su uso generalizado) y tutelará a las CCAA manteniendo muchas restricciones (les encargará que vigilen el cumplimiento de todas las limitaciones médicas, sociales, comerciales o deportivas y mantendrá intervenido el sector del transporte de viajeros). El Ejecutivo además desprecia el Portal de Transparencia y argumenta que ya informa en rueda de prensa y para justificar su negativa a dar datos de los contratos firmados durante la pandemia, remite a los comunicados de La Moncloa. Y mientras Zapatero pide “poner a EEUU en una situación imposible” los gritos contra la xenofobia llegan a España, con manifestaciones en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, donde miles de manifestantes se saltan las normas anti-Covid y, sin mascarillas ni distanciamiento, desbordan la afluencia permitida.

            Y en medio de este enrarecido ambiente el gobierno de coalición PP-Cs en la Comunidad de Madrid está a punto de saltar por los aires, al extremo de que los populares ya abren el debate de un adelanto electoral en la Comunidad y plantean disolver la Asamblea tras el Estado de Alarma para frenar así una previsible moción de censura, pues aunque Ayuso y Aguado niegan las diferencias no ven posible agotar el mandato. En efecto, el Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, perteneciente a Ciudadanos, desata una crisis al revelar que avisó por escrito, sin obtener respuesta alguna, al popular Consejero de Sanidad del riesgo de discriminar ancianos al inicio de la pandemia y que si se negara auxilio a discapacitados incurrirían “en una discriminación de graves consecuencias legales” ya que “fallecerán de forma indigna”, mientras desde las filas populares se reprocha a Reyero de no haber asistido a ninguna de las 21 reuniones de coordinación sobre geriátricos. Por cierto, hablando de elecciones, en este caso a nivel nacional, según GAD3, el bipartidismo coge fuerza pues el PSOE se beneficia del castigo al radicalismo de UPodemos y recoge parte de sus votantes, mientras el centro-derecha supera a la izquierda en nueve escaños, pero el PP modera su subida por un leve repunte de Ciudadanos y la caída de Vox; los resultados serían: PSOE 28´3% de votos y 121 escaños, PP 25´4% y 111, Vox 11´2% y 33, UPodemos 10´5% y 27, y Ciudadanos 7´6% y 13….ya ven, otros partidos minoritarios y nacionalistas seguirían teniendo la llave de la gobernabilidad.

            Por otro lado, mientras Calviño tensa la comisión delegada para asuntos económicos, Sánchez ignora las quejas de las CCAA más afectadas por el coronavirus a la hora de repartir los 16.000 millones para la reconstrucción, con lo que, entre otros, Page, Mañueco o Lambán critican los cambios de criterio de última hora para acceder a las ayudas, mientras Ayuso reclama una “mesa bilateral” para Madrid; en definitiva, las CCAA deberán destinar el 70% del nuevo fondo a salud y educación, en tanto que Torra, Ayuso, Mañueco, López Miras, Lambán y García-Page rechazan la modificación que tendrá más en cuenta el peso poblacional, lo que beneficia a la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias o Andalucía. 

            En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que los municipios avisan de que se desbordarán si tienen que gestionar la renta mínima; que Garicano pide una “tregua” política de seis meses para diseñar la reconstrucción; que el Ibex cierra su mejor semana desde la crisis de 2008 con un alza del 11%; que la industria sufre su mayor desplome al caer las manufacturas en abril como nunca desde que hay registro, un verdadero golpe a nuestra economía; que las primeras elecciones con mascarilla en Galicia y País Vasco pueden bordear la ley en medio de un rompecabezas normativo y sanitario para organizarlas; que Andalucía y Madrid relajan la protección del patrimonio cultural; que dueños de pisos turísticos se pasan al alquiler residencial; que cada Comunidad Autónoma establecerá sus propias medidas para los exámenes de selectividad ante la negativa de Castells a dar normas únicas por lo que lo más probable es que aparezcan 17 exámenes distintos; que la Iglesia española dejó de ingresar más de 30 millones en donativos por la cuarentena; y que vamos a ver otro fútbol y otra Liga tras el inicio de la competición que vuelve el jueves después de 92 días de parón y con muchas dudas.

            Y del exterior, destacar que identifican a un violador alemán como presunto asesino de Madelaine, la niña asesinada en Portugal hace trece años; que Méjico también estalla contra la violencia policial tras conocerse la muerte en mayo de un albañil por una paliza de la policía tras ser detenido por no llevar mascarilla; y que el BCE dispara otros 600.000 millones contra la pandemia, garantizando Lagarde las compras de deuda hasta que termine la crisis, con lo que se amplía el colchón anticrisis y se logra relajar la prima de riesgo española, cuya economía, según la AIReF, no recuperará hasta 2038 el nivel de deuda previo a la crisis por la pandemia. Y mientras la UE da la espalda a Trump y quiere cambiar las relaciones con EEUU (la gestión de los disturbios raciales, de la pandemia y su errática política internacional son las causas), el Presidente estadounidense abre una insólita fractura con los altos mandos militares, cuya cúpula rechaza usar al Ejército en las protestas, mientras Carter, Clinton, Bush y Obama le acusan de dividir a los EEUU, sumando sus críticas a las de los líderes militares por la gestión del “caso Floyd”, el afroamericano asesinado a manos de la policía, que ha levantado una marea de repulsa contra el racismo no sólo ya en las grandes ciudades de EEUU sino en otras muchas, especialmente en Reino Unido, Francia, Méjico, Bélgica o España, que se suman al movimiento contra la discriminación y el abuso policial.

Jorge Cremades Sena