Que
el Ministro Marlasca ha mentido en sede parlamentaria es una obviedad
manifiesta, especialmente desde que, filtrado o no, se publica una nota oficial
interna de la Dirección General de la Guardia Civil enviada al Secretario de
Estado de Seguridad en la que la Directora General, María Gámez, le propone “el
cese del destino del coronel Don Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la
Comandancia de Madrid por pérdida de confianza de esta Dirección General y del
Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo
de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de
policía Judicial con fines de conocimiento” (fin de la cita, que diría Rajoy).
El ministro, ante el escándalo por el cese de clara apariencia irregular,
incluso antes de conocerse la citada nota interna, manifiesta en sede
parlamentaria y en los medios que dicho cese nada tiene que ver con actuaciones
relacionadas con el 8-M, cuyo informe por parte de la Benemérita es igualmente
filtrado a los medios, y sostiene que el cese “es sencillamente una política
normal de redistribución de nuevos equipos”, “un cambio de equipos, un proceso
natural de sustitución basado en la confianza” y “no tiene ninguna otra razón” (fin
de la cita). Argumentos, más o menos discutibles, que, finalmente, saltan por
los aires tras conocerse el citado escrito interno, demostrando que el Ministro
ha mentido descaradamente, lo que avala una petición de dimisión o cese del
mismo, como sucedería en cualquiera de los países de la UE en caso similar,
pues ministros que mienten descaradamente y se les pilla con el carrito del
helado no son dignos de seguir detentando el cargo. Peor aún si además, en este
caso, niega expresamente cualquier injerencia o presión del Ministerio sobre el
coronel, lo que supondría, como se demuestra ahora, que al militar se le estaba
pidiendo la comisión de una ilegalidad ya que por expresa orden de la jueza le
estaba vedado informar, salvo a ella, de la investigación que, como Policía
Judicial, se estaba llevando a cabo, lo que sería susceptible de delitos graves
por parte de los responsables del Ministerio. Sin embargo, tras atrincherarse
Marlaska en el Senado, repitiendo que no piensa dimitir pese a la intolerable
nota de su subordinada, Sánchez le da además en el Congreso “todo su apoyo” pese a quedar demostradas sus
mentiras y las presiones desde el Ministerio al coronel, cesado de forma
fulminante por no someterse a la comisión de una ilegalidad, mientras la oposición
reclama su dimisión y los jueces denuncian su injerencia en una investigación.
Así Moncloa, insólitamente, arropa a Marlaska, que mintió en el Congreso y en
el Senado, mientras en la Benemérita, una de las instituciones mejor valoradas
por los españoles (salvo por secesionistas, nacionalistas y filoterroristas),
sostienen que “debe irse toda la cúpula para frenar el golpe”, pues Sánchez,
asumiendo el argumentario antisistema de Podemos en toda su plenitud, ya ve
“policía patriótica” en la Guardia Civil, que teme que el Gobierno les
desmilitarice. En efecto, Sánchez en el Congreso ya asume sin rubor alguno las
teorías de populistas e independentistas y asocia la destitución de Pérez de
los Cobos con las “cloacas” de Interior para salvar al Ministro, desacreditando
a la Benemérita pese a las evidencias documentales de que actuó de forma
correcta ante las presiones recibidas, mientras algunos ya acusan a la Guardia
Civil de usar ahora un “off the record” de Irene Montero sobre el 8-M (otro
asunto que no tiene desperdicio) para corregir errores del anterior informe
aunque manteniendo la tesis inicial. Por su parte Casado pide que dimita
Marlaska y apunta al presidente afirmando “usted dio la orden”, en tanto que se
conoce que el ex DAO cesado denunció la purga política en su carta de despedida
leyéndola en una videoconferencia ante altos mandos del Cuerpo y que Ceña dejó
su cargo porque se había “vulnerado el derecho de defensa” de Pérez de los
Cobos y no porque fuese a jubilarse, tal como se ha dicho.
Entretanto,
mientras un video de Irene Montero destapa la estrategia del Gobierno para
calentar el 8-M (la oposición pide a Fiscalía que cite a la ministra como
testigo y desde el Gobierno se acusa que el video es “off the record” y pone el
acento en ver quién lo ha filtrado y no en lo que dijo la ministra), el
Presidente Sánchez consigue la aprobación en el Congreso de su sexta prórroga
(y parece ser la última) del estado de alarma con mayor holgura que la anterior
pero con el mismo debate crispado, al responder Casado y Abascal con ataques a
la oferta de unidad del Presidente, tras conseguir que Ciudadanos no rompiera
con él pese a reabrir la negociación en Cataluña, mientras ERC, que vuelve al
redil de Sánchez, se jacta de haberle forzado a recuperar la variopinta mayoría
de la investidura aunque renegando de una votación con los naranjas, cuya
estrategia pasa ahora por diferenciarse de PP y de Vox. Así que con estado de
alarma hasta el día 21 de junio nos encaminamos al fin de la desescalada en
medio de una nueva polémica (otra más) por el recuento de los fallecimientos
por coronavirus, que nadie entiende, pues es contradictorio que durante dos
días seguidos el Ministerio diga que no hay ningún fallecido en España cuando
las CCAA registran al menos 25 muertes desde que no aparecen en el cómputo de
Sanidad, recibiendo la respuesta de Fernando Simón de que “el número de muertos,
una cifra arriba o abajo, ahora no es prioritario”, con lo que el dato oficial
de 27.127 fallecidos queda petrificado, pasando al tercer día a 27.128 al
sumarse un fallecido más, tan increíble como los días anteriores; la realidad
es que estas cifras se ven contradichas por las funerarias, que apuntan a
43.000 víctimas, y por el INE, que registra 48.000 fallecimientos más durante
la pandemia que en el mismo periodo de 2019, mientras Sanidad ya reconoce a la
OMS que hay 2.730 víctimas no computadas. Incompetencia o intento de hacerse
trampas en el solitario….. lo cierto es que ni siquiera estamos en condiciones
de saber cuántas vidas se ha llevado por delante el coronavirus, mientras la
pandemia pone a prueba la capacidad de España para producir vacunas, pues
Viralgen, una compañía de terapia génica, es la primera empresa española en
intentarlo contra el coronavirus. Así encaramos la recta final hacia la “nueva
normalidad” en tanto que el Gobierno prepara por fin el “plan B” tras el 21-J,
presumiéndose que por decreto se mantenga la restricción de aforo y mascarilla
obligatoria, mientras hasta el 60% de pacientes en lista de espera rechazan
operarse de otras dolencias por miedo al contagio. Menos mal que, al menos, se
concede el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios
españoles que trabajan y han trabajado en primera línea contra el virus y que
han sufrido más de 50.000 contagios y cerca de 80 muertes; un premio más que merecido
para los sanitarios, quienes agradecen la distinción, aunque con toda razón
subrayan “nos hemos jugado la vida por no estar protegidos” (este es el quid de
la cuestión). Por lo demás, citar que los viajes entre provincias se podrán
permitir en la fase 3; que Madrid presenta el informe para pasar a nivel 2 el
próximo lunes; que Torrejón hace más de 100.000 test y detecta un 20% de contagios;
y que Fiscalía indigna a los médicos por investigar el triaje o método de
selección de pacientes en las UCIs pidiendo información al Hospital de la Princesa
sobre criterios aplicados para el acceso de pacientes a las camas de críticos y
el uso de respiradores.
En
cuanto al problema económico se refiere la desescalada alivia el mercado
laboral y cierra con 190.000 empleos más, repuntando la afiliación al caer los
afectados por ERTEs, aunque el paro sube en 26.500 personas, el peor mayo de la
historia para el empleo, registrando el mayor aumento de parados tras la salida
de 388.000 personas del despido temporal, mientras las nóminas pagadas por el
SEPE están ya al borde de los seis millones de personas, en tanto que el
Gobierno plantea extender los ERTEs al menos hasta otoño con la aceptación de
los sindicatos y la patronal pidiendo ayudas para todo 2020. Entretanto el
ingreso mínimo vital sólo encuentra el rechazo de Vox en el Congreso pues
Ciudadanos apoya el proyecto y el PP se debate entre el sí o la abstención, mientras
las CCAA se rebelan por el trato de favor a navarros y vascos, al extremo de
que barones de PP y PSOE hacen un frente común tras quedar excluidos de su
gestión; la realidad es que sólo el 34% de la población sostiene ya todos los
salarios, prestaciones y ayudas públicas, lo que, se mire como se mire, es
inviable a largo plazo, en tanto que se anuncian multas de hasta 6.000 euros
por fraude en dicha renta mínima vital y el Gobierno rectifica, una vez más, y
abre la puerta al traspaso de la gestión a todas las CCAA ya que es un
contrasentido que sólo lo tengan País Vasco y Navarra. Y mientras España
apuesta por crear un impuesto a los envases de plástico de un solo uso, los
impuestazos de Iglesias disparan la fuga de capitales con una pérdida de 26.300
millones en marzo.
Asimismo
se va al traste la promesa de Sánchez en mayo de 2017 afirmando que “vamos a
apostar por un nuevo modelo laboral en el que prime la meritocracia y no el
enchufismo”, pues ahora crea una Dirección General para su mejor amigo, Ignacio
Carnicero, compañero suyo desde el colegio y del equipo de baloncesto, quien
dirigirá la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura, “dedocracia” en La
Moncloa sin lugar a dudas, en tanto que toma el control de la CNMC nombrando a
un afín a su Jefe de Gabinete, Iván Redondo, para presidir el organismo,
acordando con Podemos y ERC la renovación de sus cargos y dejando fuera al PP,
principal partido de la oposición. Ya ven, hay cosas e intereses que por más
promesas que se hagan jamás cambiarán.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el castellano desaparece de la
enseñanza infantil y primaria en Baleares, con lo que el 94% de niños que
llegan a las islas no pueden estudiar en el primer idioma oficial para todo el
Estado Español; que Madrid suprime el menú becado para menores de seis años;
que Torra hace campaña en el exterior contra España durante la pandemia; que
los nacimientos se hunden en España a su registro más bajo desde 1.941; que
Alemania sólo desaconseja viajar a España dentro de la UE; que la desigualdad
penitenciaria es patente en Cataluña pues los condenados por el 1-O ni están
arrepentidos ni casi presos ya que, según datos de prisiones catalanas, el
trato vip a los condenados es escandaloso al concederles la Generalitat la semilibertad
sólo 147 días después de la sentencia cuando la media en Cataluña es de 1.319
días, casi diez veces más; y que el choque en el gobierno de Ayuso por los
ancianos no llevados al hospital es palpable pues el naranja Reyero, consejero
de Políticas Sociales, declara que “no deben existir unos criterios de exclusión
basados en niveles de dependencia o discapacidad; no es ético y posiblemente no
sea legal”, contradiciendo el documento de la Consejería de Sanidad del 25 de
marzo que sí lo contemplaba…..y todo ello mientras Aguado desaira a Ayuso al
reunirse con la oposición madrileña de izquierdas, ¿ruptura del gobierno
madrileño de coalición?, el tiempo lo dirá.
Y
del exterior, mientras Boris Johnson prohíbe el sexo entre parejas que vivan
separadas para evitar rebrotes, EEUU se enfrenta a su peor conflicto racial en medio siglo,
acusando Trump de debilidad a los gobernadores y reclamando firmeza para
contener las protestas raciales, frente a Biden, el virtual candidato
demócrata, que reza con los afroamericanos; en efecto, Trump llama “idiotas” a
los gobernadores por no parar las protestas y les exige ser “mucho más duros”
diciéndoles “tenéis que vengaros” mientras se refugia en su bunker tras llegar
los disturbios a la mismísima Casa Blanca y anuncia que declarará organización
terrorista a los “antifa”; Trump trata así de activar a su electorado con la
promesa de mano dura, mientras Biden le acusa de avivar “la llama del odio”
ante la ola de disturbios, cuando la amenaza de intervenir militarmente no
frena las protestas y la ONU y la UE respaldan las manifestaciones y las
consideran “legítimas”…..y mientras Trump decreta el toque de queda y usa la
fuerza en el conflicto social, el Pentágono se desmarca y rechaza sacar el
Ejército a las calles para actuar contra los manifestantes, descartando el
Secretario de Defensa actuar contra ellos.
Jorge Cremades Sena
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