O GOBIERNO, U OPOSICIÓN

                        Gobernar con solvencia requiere grandes dosis de prudencia, coherencia y compromiso no ya entre los miembros del propio Gobierno, sino además con los ciudadanos, quienes con sus votos han posibilitado dicha gobernabilidad, bien apostando directamente en las urnas de forma mayoritaria por una de las opciones políticas y su programa electoral, bien a través de un posterior acuerdo mayoritario indirecto en el Parlamento en caso de que ninguno de los partidos haya alcanzado en las urnas la suficiente mayoría parlamentaria para gobernar en solitario. En el primero de los casos la solvencia gubernamental queda garantizada al tratarse de un gobierno monocolor mayoritario, elegido directamente por los ciudadanos y con el suficiente respaldo parlamentario para llevar a cabo su proyecto político; en el segundo de los casos, tan legítimo como el caso anterior, la solvencia depende de la solidez del obligado acuerdo alcanzado para conformar un gobierno de coalición con mayoría parlamentaria suficiente o un gobierno minoritario, monocolor o de coalición, con variable e inestable respaldo parlamentario, negociado con la oposición para sacar adelante cada una de las propuestas de Gobierno. Pues bien, en España, en términos de solvencia y estabilidad gubernamental, se ha optado por la peor de las opciones, obviamente legítima, al apostar por un minoritario gobierno de coalición en el que además el componente minoritario del mismo, UPodemos, actúa, tanto dentro como fuera del Consejo de Ministros, como si formara parte de la oposición, al extremo de que el componente mayoritario, el PSOE, tiene que votar en no pocas ocasiones con la oposición y contra su socio gubernamental, como acaba de suceder, entre otros, con el asunto de la investigación de los GAL en que los socialistas votan, para frenarla, con PP y Vox y contra Podemos, que se suma a la iniciativa de los partidos nacionalistas para iniciar pesquisas sobre los vínculos de Felipe González con la trama, ya depurada en su día y por la que fueron condenados, entre otros destacados socialistas, José Barrionuevo o Rafael Vera, beneficiarios curiosamente poco después de un indulto parcial otorgado por el gobierno de Aznar. Al margen de la conveniencia o no de hurgar en oscuros asuntos de hace más de veinte años, ya depurados tanto en el ámbito judicial como político, ni PSOE ni Podemos entienden que o se está en el gobierno o en la oposición, pero no en ambos lugares a la vez, pues es inaceptable que, siendo ambos parte del gobierno, cada uno actúe como mejor interese políticamente a sus respectivas formaciones partidarias, ya que en el Gobierno no se puede estar a la vez repicando y en misa como pretende hacer Iglesias con el interesado beneplácito de Sánchez que, entre otras cosas, calla ante el ataque de sus socios a Felipe González (pero vota en contra de que se le investigue) con el único interés de imponer el “sanchismo” en el PSOE, aunque para ello haya que denostar el llamado “felipismo” que, con sus luces y sombras, destacó durante tantos años en beneficio de la paz, el progreso y la libertad de nuestro país en momentos mucho más delicados que los actuales, salvo que nos empeñemos entre todos en lograr que sean estos tiempos actuales los más delicados y preocupantes para el futuro de España. Con estas peligrosas dosis de imprudencia, incoherencia y falta de compromiso entre los socios del minoritario gobierno de coalición, no extraña que se produzcan frecuentes incidentes como el irresponsable ataque a la estatua de San Junípero en Palma de Mallorca horas después de que la concejala podemita, Sonia Vivas, pidiera en redes sociales que fuese tirada “pacíficamente”. Curiosamente mientras hasta Trump prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos ante los vandálicos ataques a los vestigios de nuestra historia, el Gobierno español calla ante lo que la propia Real Academia de la Historia califica de anacrónico y deplorable, mientras parte del mismo no sólo calla sino que además lo alienta y participa en tan repudiables actos. En definitiva, un Gobierno no puede estar partido por la mitad, votando “sí” y “no” a la vez en el Parlamento, ni defendiendo propuestas contradictorias a la vez en la calle, pues en términos de solvencia y estabilidad es impresentable.

            Es preocupante pues que, por legítimo que sea, un gobierno insolvente e inestable, enfrentado además ariscamente con la oposición, sea la fórmula más adecuada de afrontar una situación compleja de crisis, tanto económica como sanitaria, cuando el FMI prevé para España la peor recesión de los países desarrollados, vaticinando un desplome económico casi del 13%, equivalente al peso del turismo, y un déficit de casi el 14%, con lo que nuestro país perdería lo ganado durante los últimos seis años y se sitúa a la cabeza del hundimiento económico mundial, pues de las 18 grandes economías mundiales España es la que más cae por la crisis del coronavirus. Una dramática situación que, para ser superada, requiere diálogo y ambición e incluso así con grandes dificultades. Entretanto la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis, reclamando Garamendi a todos los partidos “consenso, cordura y concordia”; el Banco de España pide subir el IVA y reformar las pensiones para evitar un mayor agujero en nuestra economía y exige a los políticos llegar a acuerdos; y los Reyes, en gira por las CCAA para apoyar la reconstrucción económica, animan al sector turístico en Canarias, manifestando Felipe VI que “hay que levantar el ánimo y al país”. Pero la triste realidad es que la negociación para salvar los ERTEs se atasca a pocos días de su vencimiento, mientras el PP condiciona su “sí” al decreto de la nueva normalidad a prorrogarlos a diciembre y el Gobierno se enroca y se niega a ello, en tanto que ERC, valedor de la investidura de Sánchez, votará “no” como aviso al Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos. No obstante, como la realidad es tozuda, PSOE y Podemos, a la gresca entre ellos dentro del Gobierno, aparcan coyunturalmente las subidas de impuestos para intentar lograr un necesario pacto en la Comisión de Reconstrucción, y Ciudadanos también evita su idea de rebajas fiscales generalizadas. El PSOE frena así momentáneamente a su enemigo íntimo, Iglesias, y convoca al PP in extremis para las conclusiones de dicha comisión parlamentaria, tumbando la tasa a los “ricos” que quería incluir Podemos, mientras el PP votaría a favor al decreto de nueva normalidad si el Ejecutivo atiende sus propuestas…..todo ello a regañadientes y cogido con pinzas porque la necesidad obliga, pues la realidad es que los partidos, más preocupados por sus estrategias particulares que por los intereses generales, no llegan a acuerdos solventes pese a la epidemia y pese a la crisis económica.

            Y mientras los rebrotes de la pandemia en el mundo elevan el temor a una segunda ola de contagios (Alemania, Portugal, Israel y Australia ya ordenan confinamientos locales), doce focos de contagio activos generan preocupación en España, en tanto que Europa fija criterios para reabrir las fronteras, que excluirían a EEUU. En efecto, un rebrote pone en jaque la desescalada en Huesca (tres comarcas oscenses vuelven a fase dos) y Lérida (riesgo de extenderse por Cataluña, según Simón) y los expertos advierten de que si no se siguen las medidas se adelantará una segunda oleada de contagios, con lo que pasaríamos de la alerta al rebrote. La realidad es que el ritmo diario de contagios sube a su nivel más alto en tres semanas, mientras el Gobierno sigue sin un plan B al estado de alarma y el PP le apremia a un pacto sanitario tras estos rebrotes por lo que Salvador Illa y Ana Pastor negocian el apoyo “popular” al decreto de “nueva normalidad” si se aceptan cambios, siendo el uso de otro estado de alarma si hay otra gran ola de contagios el gran escollo para cerrar el acuerdo, pues el Ejecutivo sólo contempla la excepcionalidad (parece haberse acostumbrado a esta forma de gobernar tras las seis prórrogas anteriores) y retrasa acomodar la Ley de Salud Pública en caso de que la situación se agrave, lo que no es nada descabellado. Cabe citar además respecto a la pandemia en España que Marruecos se cierra y no habrá Operación Paso del Estrecho; que el Gobierno descarta los PCR en los aeropuertos tras entrar dos enfermos de EEUU; que ninguna comunidad autónoma tiene las camas UCI necesarias al no cumplirse el protocolo hospitalario establecido por Sanidad para encarar una segunda oleada de contagios; y que según Antonio Burgueño, primer coordinador de Ayudo contra la pandemia, “los ancianos quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluida Madrid”, “lamento que el plan para las residencias lo ejecutaran empresas de tercera división”, “esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto”.

            Por otro lado Celáa en Educación cambia otra vez de criterio y relaja el uso de mascarillas en colegios, corrigiendo el protocolo inicial para permitir no llevarla hasta los doce años y para ampliar la ratio de alumnos hasta 25 por aula en infantil y primaria, por su parte los alumnos de instituto deberán usar mascarilla si no hay distancia, mientras los alumnos de la EVAU se disparan por el “aprobado general” que promovió la ministra. Y, por su parte, en Interior, Marlaska se suma a otros ministros anteriores y desprecia al Congreso de los Diputados al irse del debate de su reprobación, que hoy superará en la votación, mientras la Policía Nacional no encuentra voluntarios para ir a Cataluña y cuando se conoce que su hombre de confianza en la Policía es citado en los papeles de Villarejo, pues “Lenin”, el alias del comisario Rodríguez, que coordina las operaciones con la Guardia Civil y los vínculos con el CNI, aparece en tres anotaciones.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que España se opone al plan de la UE por excluir el reparto de inmigrantes; que sus señorías cobraron dos millones en dietas durante el estado de alarma y, como parlamentarios, cogerán vacaciones en julio y agosto pese a que la mayoría está en teletrabajo; que, según las cuentas de la Casa Real, Zarzuela ahorrará 161.000 euros de la asignación a Don Juan Carlos; que el Supremo revisará las salidas de la cárcel de los presos del 1-O; que el Ministerio de Igualdad apuesta porque los transexuales puedan cambiar de sexo en el registro sin requisitos médicos; que un juez detalla los cinco prostíbulos donde usó la tarjeta un cargo del PSOE andaluz; y que el PSOE de Cartaya, en Huelva, también ofreció colocar a la mujer del candidato del PP para conseguir su apoyo, preguntándole “¿Tu mujer tiene estudios? Necesito un economista en el ayuntamiento”, una tentadora oferta donde las haya.

Y del exterior, destacar que Buenos Aires, sumida en una profunda crisis, endurece el confinamiento; que Putin saca pecho con un gran desfile para conmemorar el 75º aniversario de la victoria sobre el ejército nazi; que la empresa alemana, Bayer, acepta pagar 11.000 millones de dólares a las víctimas del herbicida Roundup en EEUU; y que, mientras Trump, dando un giro sobre Venezuela, se abre a una reunión con Maduro y golpea a la oposición de Guaidó, éste y otros líderes de la oposición venezolana envían una carta al expresidente español Zapatero en la que le dicen “usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina” y le preguntan “¿Toleraría usted unas elecciones en España con PSOE, PP, Ciudadanos y Vox prohibidos o perseguidos?” para concluir “lamentamos que usted se haya situado, ya sin ningún maquillaje, en la defensa de los sátrapas”.

                        Jorge Cremades Sena