Mientras
los contagios y muertes por coronavirus siguen creciendo en los diferentes
territorios de España, al extremo de que ya hay quienes vaticinan un colapso
sanitario si no se toman medidas más drásticas contra la propagación del virus,
se tiene la sensación de que nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional como
autonómico, andan más preocupados de quitarse de encima las responsabilidades,
que como gobernantes tienen, que de asumirlas con total crudeza al margen del
coste político que les pueda acarrear si, acertadamente o no, decretan medidas
impopulares, cuando nada hay más impopular que soportar el progresivo avance de
los contagios y sus trágicas consecuencias. En efecto, sin que se entienda muy
bien, el Gobierno de Sánchez niega a Asturias y Melilla un confinamiento en los
domicilios, argumentando que no quiere “competiciones” porque no se trata de
“quién toma la medida más dura”, pero a la vez esquiva el mando único, del que
disfrutó en la oleada de marzo durante cuatro meses, lo que deja en el aire
cualquier solución, cuando el Principado denuncia que no puede esperar más y,
con arreglo a lo que puede hacer, decreta el cierre de la hostelería “antes de
que colapse el sistema”, mientras otras autonomías, como Castilla-La Mancha,
por seguir citando a las gobernadas por socialistas, exigen a Sánchez una
“estrategia nacional” en vez de diecisiete. En definitiva, Illa rechaza el
confinamiento domiciliario tras pedirlo Asturias sencillamente porque “no está
previsto”, cuando España registra el peor fin de semana de la segunda ola con
379 fallecidos por covid y más de 55.000 contagios…..y mientras las CCAA
presionan para empezar ya los confinamientos el Gobierno pide esperar a ver la
eficacia de las medidas adoptadas y, en todo caso, descarta un cierre total,
aunque rectifica finalmente y ahora no descarta ya el confinamiento
domiciliario, pero Sanidad se da quince días más para decidir al respecto.
Lamentablemente el virus no entiende de estrategias ni de esperas para seguir
matando. Es obvio que, al margen de la bonanza o no de un confinamiento
domiciliario, lo que está en el aire es la pregunta de “¿Quién será el
responsable?” de la gestión de la pandemia que, de momento, no ha de ser muy
buena cuando ha dejado a España en déficit de médicos especialistas, en medio
de un desierto legislativo que impide a las CCAA tomar las decisiones que
consideren oportunas, cuando tienen transferidas las competencias de Sanidad, salvo
que, incluso en pleno estado de alarma, el Gobierno central, que no quiere
apechugar con la gestión de la pandemia como hizo en marzo, decida autorizar a
los presidentes autonómicos para decretar en sus territorios los confinamientos
domiciliarios. Al final queda todo en un “quiero y no puedo” en plena revuelta
de las CCAA contra Sánchez, teniendo claro que, en definitiva, “será el
responsable del colapso”, mientras el PP se muestra partidario de apoyar en el
Congreso un estado de alarma o modificar el actual para un confinamiento total
en aquellos territorios en que científicamente se demuestre que se hace urgente
y necesario aplicarlo para atajar la pandemia. Entretanto Sanidad de nuevo
vuelve a cambiar por tercera vez el criterio para contabilizar a los muertos y
añade 1.623 más, mientras se genera un malestar con Simón por hacer unas
chistosas declaraciones sobre las enfermeras de inaceptable tono machista. Por
su parte el Gobernador del Banco de España hace una enmienda a la totalidad de
los Presupuestos, que están a punto de discutirse en el Congreso, desmontando
el cuadro macro al no dar credibilidad ni a los ingresos ni a los gastos que
plantean y criticando la subida generalizada a los funcionarios y animando a
hacerlo sólo a los sanitarios. Y es que a esa pregunta de “quién será el
responsable” de la gestión y las consecuencias de la pandemia, hay que añadirle
además quién lo será también de la ruina económica y social en que estamos
inmersos cuando todo apunta a que seremos el país de la UE que tardará más en
recuperarse y el más damnificado. De momento, cabe añadir que ni hemos vencido
al virus, tal como afirmó solemnemente Sánchez cuando decidió iniciar la
desescalada, ni saldremos más fuertes de la pandemia ya que, a la vista está,
somos bastante más débiles de lo que éramos.
Para
colmo, Celaá y el nacionalismo pactan sacar el castellano (el español) de las
aulas, dando más carta blanca al adoctrinamiento, mientras las asociaciones en
defensa del español recurrirán al Constitucional si el Gobierno deja de
considerarlo lengua vehicular. En efecto, la ministra Celaá, quiere sacar el
español de las aulas en Cataluña, pues PSOE y ERC tachan la mención a dicho
idioma como lengua del Estado convirtiéndola en una más de las que se hablan en
España, por lo que PP y Ciudadanos llevarán la famosa “ley Celaá” ante el
Constitucional, viendo algunos un peaje más que cobran los secesionistas
catalanes a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En todo
caso es insólito que un Estado, un país, no defienda en todos los ámbitos su
propia lengua, la que se habla en todo el territorio y por tanto le da el plus
de “lengua oficial” en todo el territorio, al margen de que se defiendan otras
en los ámbitos territoriales pertinentes y sean como ella tan oficiales en el
mismo. España puede convertirse en el único país que, teniendo una lengua
propia muy importante (la segunda a nivel internacional), sus gobernantes la
relegan en buena parte de sus territorios en favor de otras de ámbitos más
modestos cuando, en todo caso, no es incompatible la defensa de ambas. Pero, en
fin, esta es la España que estamos diseñando de cara al futuro.
Respecto
a otros asuntos cabe citar que la “ley trans” de Montero permitirá cambiar de
sexo sólo con solicitarlo; que Villarejo desde prisión, donde lleva tres años,
dice que “la opinión pública ya me ha condenado”; que la polémica juez Rosell
se “cuela” en la candidatura del CGPJ representando la cuota de Podemos aunque
podría decantarse por un tío del ministro Alberto Garzón; que Podemos y Vox
piden citar al Congreso a Villarejo y a Rajoy en el “caso Kitchen”; que el
límite de los alquileres golpeará más a los particulares, pues sólo el 15% del
parque de viviendas arrendadas es de grandes tenedores; que la nueva fundación
afín al PP, “Fundación Propósito”, ficha a tres ex ministros populares y a la
mano derecha de Albert Rivera, José Manuel Villegas; y que Fiscalía investiga a
Juan Carlos I por usar tarjetas de crédito opacas a otro nombre, otra trama de
blanqueo y delito fiscal con testaferros en épocas posteriores a su abdicación,
sospechándose que un coronel del Ejército del Aire pagaba eventos familiares
del Emérito para ocultar a Hacienda las donaciones de amigos.
Y
del exterior destacar que un ataque terrorista en cadena provoca varios muertos
y quince heridos en Viena al volarse el terrorista ante una sinagoga; y que
Italia se suma a Francia y Alemania y endurecerá las restricciones frente al
covid. Pero la noticia por antonomasia es sin duda la celebración de elecciones
presidenciales en EEUU donde el demócrata Biden ha superado al republicano
Trump aunque éste se niega a reconocer el resultado y habla sin fundamento de
“fraude”; Biden acaricia la victoria cuando ya quedan pocos votos por escrutar
y manifiesta que “nadie nos va a quitar nunca nuestra democracia”, mientras
Trump se dispone a impugnar una victoria de su contrincante y pide a la
Justicia parar el escrutinio de Michigan y Pensilvania y recontar Wisconsin,
amenazando con arrastrar el resultado hasta el Supremo, donde cuenta con
mayoría republicana; en todo caso ya es cuestión de poco tiempo saber si Trump
revalida su cargo o se lo arrebata Biden, quien, gracias a la altísima
participación, ya es quien más votos ha cosechado en toda la historia.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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