Sánchez
supera el primer trámite parlamentario de los Presupuestos con minoría holgada
pero inestable gracias a los separatistas de ERC y a los abertzales de Bildu,
lo que ha desatado un descontento generalizado no ya sólo en las filas de la
oposición sino también en las del propio PSOE, pues el objetivo de encarar tres
semanas clave para blindar la legislatura (y la permanencia de Sánchez en el
poder) no puede ser, por licito que sea, a cualquier precio como es pactar con
partidos que quieren destruir España y su actual régimen democrático y que
incluso se permiten hacer gala de esta intención. La legítima ambición de
Sánchez por permanecer en el poder no puede ser a costa de la ruina del futuro
de España y, menos aún, justificarlo porque, según él, los partidos
democráticos de la oposición le abocan a ello al no prestarle su apoyo
parlamentario, pues en democracia cualquier Gobierno, antes de caer en la
ignominia, siempre tiene la capacidad de convocar elecciones para que sea el
pueblo quien decida qué hacer cuando los representantes elegidos no dan la
talla y son incapaces de llegar a acuerdos democráticos razonados y razonables,
que, en ningún caso, debieran avalar objetivos atentatorios contra el futuro de
nuestra convivencia en paz y libertad. No en vano Arrimadas, en situación
complicada, deja en evidencia al Presidente, ausente en el Parlamento durante
el debate de las enmiendas, y, resistiendo presiones internas y externas, le
tiende la mano rechazando las enmiendas para que las cuentas sigan adelante y
no las pacte con ERC y Bildu, aunque le advierte de que “si lo hacen jamás
podrán volver a decir que no tenía otra alternativa”. Ya no hay excusa, pero
Sánchez lo tiene ya claro y decidido a pesar de que el pacto con tan peligrosos
compañeros de viaje haya provocado reacciones en contra incluso por parte de
algunos de los barones socialistas que no dan crédito a semejante despropósito,
como es el caso, entre otros, de Vara o de Page, quien manifiesta que “lo de
Bildu no tiene pase”, por lo que Ferraz, indecentemente, les acusa de trabajar
para el PP, sencillamente porque alzan su voz contra los socios impresentables
que Sánchez ha elegido, a los que ensalza el número dos del PSOE sanchista,
Ábalos, manifestando que “Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que
el PP en los Presupuestos”. En definitiva, ignominiosamente, Bildu es
catapultado por el Gobierno a la categoría de partido de Estado, incluso por
encima del PP, sencillamente porque se presta interesadamente a sostener a
Sánchez en el poder que es la estrategia primordial de Moncloa en estos
momentos. En efecto, el Gobierno de coalición lo tiene claro pues desde el PSOE
sanchista “la clave es salvar los Presupuestos, los barones no están a la
altura” y desde Podemos “hay que quitar el estigma a Bildu y habrá diez años de
gobiernos de izquierdas” pues estar en el poder el máximo tiempo posible no es
sólo el objetivo prioritario del gobierno sino que es el único objetivo, al que
hay que someter cualquier otra consideración. Todo el que no apoye el
pensamiento único de Sánchez, cada vez más influenciado por Iglesias, se
convierte en un fascista retrógrado, enemigo de la democracia y la libertad,
aunque sean barones actuales del socialismo o socialistas de toda la vida que
dirigieron el partido desde la Transición, cuando el partido era el PSOE,
cuando, incluso, algunos dieron hasta su vida por consolidar un régimen
democrático de libertades en España como el que tenemos al que se oponía el
totalitarismo de ETA, cuyos herederos, desde Bildu, se convierten, ya ven, en
demócratas de toda la vida sin condenar siquiera la tragedia y el dolor que sus
ancestros trajeron a nuestro país, y cuando, incluso ahora, mientras Sánchez
pacta con ellos no tienen reparos en manifestar que “vamos a Madrid a tumbar
definitivamente el régimen” tal como manifiesta Arkaitz, el nuevo Otegi y
diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, que pasó ocho años en la cárcel por
pertenecer a ETA, mientras el partido del viejo Otegi, el de siempre, presume
de “la victoria de Euskal Herría” y mientras Prisiones traslada a Txapote,
asesino de Miguel Ángel Blanco, a un módulo de presos comunes, y el Ministerio
de Interior sigue acercando presos etarras al País Vasco, entre ellos a
Azurmendi, quien brindó con sidra tras asesinar a tiros al matrimonio
Jiménez-Becerril, sin haber pedido jamás perdón por semejantes atrocidades. Es
el patético rastro de sangre tras el acuerdo de Sánchez-Iglesias con Otegi que
mancha de rojo intenso la aprobación de unos Presupuestos, de dudosa
viabilidad, para que el patético gobierno de coalición social-comunista siga más
tiempo en el poder. Y ya saben, quien no suscriba semejante felonía se
convierte por arte de magia en un fascista enemigo de la democracia, de la
libertad y de la paz social. El autoritario Sánchez impone el trágala de Bildu
y da por zanjada la minicrisis interna socialista telefoneando desde Ferraz a
secretarios generales y altos cargos para frenar las críticas a Moncloa,
mientras algunos, como Page, siguen clamando contra la perniciosa influencia de
Podemos en este gobierno de coalición.
“Tumbar
definitivamente el régimen”, según dice Bildu, será, suponemos, que para
instaurar otro distinto cuyas esencias habría que buscar en el anticapitalismo
y populismo comunista de Podemos además del terrorismo etarra. No sin
razón, Garicano, eurodiputado de
Ciudadanos, manifiesta que “si Sánchez gobierna con los populistas va a dañar
la imagen de España” y advierte de que “Europa es lo único que nos mantiene
lejos de la vía latinoamericana”, mientras Arrimadas mantiene contactos con
Sánchez pese al órdago de Otegi y de Iglesias para eliminarla de un plumazo de
la negociación presupuestaria. Por su parte Rocío Monasterio, presidenta en la
Comunidad de Madrid de Vox (el maldito partido para el gobierno de coalición,
Bildu no gracias a su contrastada trayectoria democrática y pacífica), añade
que “el PP de Casado no puede ser colaboracionista con Moncloa”, mientras los
presos de ETA acercados por Sánchez suman casi noventa asesinatos, los
beneficiados son ciento cinco, una veintena de ellos con delitos de sangre, y
ninguno de ellos ha colaborado para resolver los 378 asesinatos aún sin
resolver. Es obvio, no cabe otra explicación, Sánchez asume el plan Iglesias
para blindar su poder, pues los acuerdos con los abertzales y con ERC forman
parte de la hoja de ruta de Podemos para dar estabilidad a la legislatura a
cambio de un “nuevo régimen” en España que ellos siempre han defendido, con lo
que el Gobierno acercará a todos los presos etarras para luego excarcelarlos,
lo que se hará de forma gradual a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos,
mientras el FMI desarma la subida fiscal del Gobierno por golpear a las “rentas
bajas”, censurando el alza del IVA y del diésel porque “pueden tener un impacto
desproporcionado” sobre las clases medias, criticando el aumento del sueldo de
funcionarios y de las pensiones, y poniendo en duda las previsiones de
crecimiento. Es lo que hay, y punto.
Entretanto
Transparencia denuncia la opacidad de Sanidad durante la pandemia ya que el
Ministerio no dio respuesta a 15 de los 17 requerimientos del organismo oficial
realizados entre marzo y octubre, mientras la segunda ola hace temer el despido
de miles de trabajadores que ahora están en los ERTEs. El 40% de los hosteleros
no logra cobrar o acceder a un ERTE, mientras Cataluña extiende otros diez días
la prohibición de abrir bares y restaurantes y Andalucía sale al rescate de
pymes y autónomos con una inyección de 660 millones de euros, cuando en toda
España un millón de autónomos se encuentra al borde del precipicio por la
pandemia y su eslogan inevitable es “prefiero cerrar antes de ahogarme”. Por su
parte las empresas del Ibex pugnan ya por los 140.000 millones en ayudas de la
UE en el reparto de fondos de reconstrucción que ya prepara el Gobierno,
mientras las pymes deben pagar ya casi dos millones aplazados por el virus al
finalizar la moratoria fiscal en plena pandemia, teniendo que desembolsar este
mes deudas tributarias de menos de 30.000 euros, aunque autónomos y pequeños
negocios siguen con problemas de liquidez y más de 620.000 contribuyentes
pidieron en abril retrasar los pagos. Y
es que, según sondeo de 40dB, la mitad de los españoles ha perdido ingresos por
el virus, la mayoría se muestra a favor de otro confinamiento si es necesario,
el 26% ha perdido su trabajo de forma temporal o definitiva y el 53% opina que
la gestión del Gobierno central de la pandemia ha sido mala o muy mala. El
mejor escenario económico, político y social para que proliferen experimento
totalitarios y si son desde el propio gobierno, como es el caso, tanto mejor.
Así las cosas
prosiguen los efectos perversos del contagio de coronavirus por toda España con
incidencias diferentes. Mientras Burgos, por ejemplo, anda ahogada por los
contagios con los hospitales casi al límite con 1.700 contagios por cada
100.000 habitantes, al extremo de que el alcalde socialista y la Junta popular
de Castilla y León piden medios para confinar en casa a los ciudadanos, que el
Gobierno les niega, la estrategia de Ayuso doblega la curva en Madrid en dos
meses, pasando de ser la región europea con peores datos a tener una de las
cifras más bajas de España, mediante su apuesta por los test de antígenos y el
cierre sólo por áreas sanitarias para lograr reducir los contagios masivos,
tras mantener el pulso con el Gobierno de Sánchez y evitar el parón total de la
hostelería que ordenaron otras CCAA. Y, mientras los colegios de médicos exigen
el cese de Fernando Simón, esta España dispar, rota en diecisiete CCAA cada una
a lo suyo, dispone de material anti-Covid para cubrir de dos a ocho meses pues
mientras Madrid es la que más reservas tiene a otras regiones sólo les llega
hasta Navidad. Es el precio a pagar por una gestión descoordinada por parte de
quien al final debiera tener la máxima responsabilidad de la gestión que es el
Gobierno central, el de todos los españoles, quienes tienen derecho a una
equiparable calidad de la salud al margen del territorio en que vivan. Por lo
demás cabe destacar que los ancianos de las residencias serán los primeros en
recibir la vacuna, que Sanidad ultima la estrategia de inmunización frente al
covid, que también dará prioridad a sanitarios y a quienes no puedan
teletrabajar, y que Gibraltar no tendrá que realizar PCRs en la verja pese a
estar en la lista de Illa, un nuevo privilegio, sin duda, para la colonia
británica.
Además, en esta
España rota, la Ley Celaá encara su recta final con un bronco debate sobre el
español, pues, con la coartada de que “el 40% vive con otra lengua” (al 60%
restante que le den) como argumentario, el PSOE tumbará el castellano, mientras
presume de “acabar” con la privatización que supone la educación concertada y
surge un manifiesto de socialistas contra la desaparición del español en
Cataluña. Otra cesión al secesionismo de ERC y al populismo de Podemos para
conseguir sacar los Presupuestos adelante a costa de finiquitar la lengua oficial
para todo el Estado, al margen de los derechos que otras lenguas tengan de
cooficialidad en algunos territorios, lo que, en ningún caso, debiera ser
incompatible. En efecto, la Ley Celaá, la enésima Ley de Educación dictada sin
amplio consenso, dice adiós al castellano, a la religión y a la libre elección,
permitiendo al nacionalismo desterrar el castellano como lengua vehicular, tras
rechazar el PSOE garantizar ni siquiera un 25% de clases en español como pedía
Ciudadanos. Otro sinsentido de este gobierno de coalición que sólo acierta en
aquellas cosas que rectifica, pero prefiere doblegarse ante los postulados
radicales de Podemos.
Por lo que se
refiere a otros asuntos cabe citar que el financiero de IU culpa ante el juez a
Podemos de los contratos irregulares con Neurona; que el PP frena otra vez la
renovación del CGPJ por el pacto con Bildu, pero Justicia ve “allanado” un
pacto para renovarlo, asegurando el ministro que espera un acuerdo con el PP
antes del seis de diciembre, siendo el “perfil” del presidente del Consejo el
principal escollo en la negociación; que el ex ministro Fernández Díaz dice que
“hay SMS manipulados” y Martínez contesta “no soy un falsificador” durante el
tenso careo por el caso Kitchen, mientras un perito cree que los sms atribuidos
al ex ministro están manipulados, aportando el ex ministro al juez un informe
que señala “notables irregularidades”; que Trapero vuelve al mando de la
policía catalana después de su absolución; que el Ejército se despliega en
Canarias para afrontar el colapso migratorio, temiendo las FFSS que los
yihadistas aprovechen las nuevas rutas; que Puigdemont hará campaña electoral
pese a no ser candidato y prepara otro gran acto en Perpiñán; que Joan Mir se
convierte en el cuarto campeón español de MotoGP, relevando a Márquez y uniendo
su nombre a la lista de Crivillé y Lorenzo; que la “Ley Montero” contempla la
“sumisión química” como violación con lo que las agresiones sexuales serán
catalogadas como violación si se llevan a cabo mediante sustancias que anulen
la voluntad de la víctima; y que el Rey Emérito niega la fortuna en Jersey y
los movimientos de dinero, traslada su “estupefacción” por la alerta del
Sepblac y descarta una regulación fiscal porque esos fondos “no son suyos”,
desmiente que haya ordenado ninguna operación bancaria en el extranjero durante
la investigación de la Fiscalía y su entorno destaca que el aviso de
Antiblanqueo “complica sobremanera” su “deseo” de volver a España.
Y del exterior destacar que Tony
Blair dice que “Biden es defensor de la UE, nunca habría apoyado el Brexit”;
que cinco de los 117 migrantes que viajaban a Europa en una frágil embarcación,
entre ellos un bebé de seis meses, mueren ahogados, mientras la madre del
pequeño muestra su desesperación gritando “he perdido a mi bebé”; que Biden
consigue finalmente una amplia victoria gracias a Georgia y Arizona, derrotando
a Trump por 306 votos electorales frente a 232; que la UE examinará uno a uno a
los países por su respeto al Estado de Derecho y vincula la recepción de fondos
al nuevo marco de vigilancia; que China firma con otros catorce países de Asia
y Oceanía el mayor pacto comercial global impulsando en sendos continentes el mayor
tratado comercial del Planeta; y que el Presidente interino de Perú es forzado
a dimitir tras solo cinco días de mandato por la presión de la calle y el
ultimátum del Congreso, que acaba con este breve mandato interino de Manuel
Merino tras la destitución de Vizcarra.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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