En un Estado de Derecho lo
esencial es cumplir la ley y, muy especialmente, que la cumplan las
instituciones pues, en caso contrario, estaríamos en la antesala de un Estado
de Derecho frustrado o fallido. Ello supone que quien no cumpla la ley, ya sea
particular o institución, ha de ser sometido a ella y apechugar con las
sanciones previstas en los respectivos Códigos de legislación (penal, civil,
administrativo….etc etc), una vez que los tribunales pertinentes, que para eso
están, dictaminen al respecto. Desgraciadamente es justo todo lo contrario de
lo que viene sucediendo en España desde hace algún tiempo, pues los intereses
políticos prevalecen sobre los intereses democráticos, que atañen a todos y a
la convivencia pacífica, poniendo en grave riesgo la propia estabilidad
democrática y viabilidad del Estado de Derecho. El último de los episodios
graves de este atentado a la democracia (hay muchos más que podrían servirnos
de ejemplo) lo protagoniza la Generalitat y el Govern de Cataluña al saltarse a
la torera una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a que en los
colegios catalanes se imparta al menos un 25% de clases en castellano, la
lengua común de todos los españoles, amparando así el derecho de un alumno en
Canet de Mar, cuya familia había exigido a los tribunales que se garantizara
dicho derecho a su hijo, cuando éste es atropellado e incumplido de forma casi
generalizada no sólo en Canet sino en el resto de centros educativos catalanes.
¿Y qué hace la Generalitat y el Govern de Cataluña ante la sentencia del
Supremo que da la razón a la familia de Canet? Pues bien, no sólo no se
conforma con desacatar la sentencia, incumplirla y no hacerla cumplir sino que
además arremete contra la familia y su hijo lanzando al secesionismo
totalitario contra ellos y justifica dicho hostigamiento por el “ataque
intolerable” a la inmersión lingüística, que, por cierto, en ningún momento
dice que haya de impedirse la enseñanza en castellano y del castellano en las
aulas, mientras Josep González, Consejero de Educación catalán, tilda
cínicamente de “mentira” el conflicto y carga contra la Justicia, negándose a
contestar en castellano a los periodistas durante su visita a Canet, donde, a
pocos metros del colegio, decenas de personas se manifiestan contra la
resolución judicial y aparecen carteles instando al niño y a su familia a que
abandonen Cataluña. Sin duda “Canet es el eslabón de una cadena de
linchamientos” y el acoso al menor y su familia una “estrategia para evitar la
ejecución de la sentencia” a la vez que un intolerable aviso de la Generalitat
a quienes se atrevan a reclamar el derecho a esas horas de castellano en las
aulas, pues quién reclame castellano ya sabe a qué atenerse. “¿Quién se
atreverá ahora a pedir más castellano después de lo del Colegio de Canet?” se preguntan
los otros padres que reclaman ese 25% de clases en castellano tras sufrir estas
amenazas, ataques de ansiedad, aislamiento social, boicot a sus negocios o
tener que cambiar de ciudad….. sin duda, para la mayoría, ante semejante
desamparo por parte del Estado, le es más fácil rendirse y someterse, aunque la
familia de Canet, a quien obviamente le inquietan “las amenazas y los insultos”
y manifiesta que “sólo queremos que nuestro hijo estudie en Canet en las dos
lenguas”, está dispuesta a aguantar, mientras otras trece familias aguardan que
la Justicia avale que sus hijos, como el de Canet, reciban ese 25% de clases en
castellano, pues el TSJC resolverá en breve varias demandas individuales contra
colegios que imponen ilegalmente todas las clases en catalán, sabedores que
correrán idéntica suerte, pues las instituciones del Estado no hacen nada para
evitar semejante conflicto, cuando la solución es tan sencilla como cumplir la
ley y sancionar a quienes no la cumplan con todas las consecuencias.
Así las cosas, el constitucionalismo
se moviliza en el Congreso y en Bruselas por el acoso a los alumnos
castellanohablantes, mientras Fiscalía investiga el acoso “por odio” a la
familia de Canet, valorando el Ministerio Público la “trascendencia jurídica”
de los mensajes en las redes de grupos soberanistas que, amparados por el
Govern catalán, campan a sus anchas con absoluta impunidad, en tanto que los
jueces exigen proteger a la familia. Es la patética realidad que vive la
democracia en Cataluña. La UE estudiará el caso del niño acosado por los
independentistas, socios del gobierno de Sánchez, tras denunciar Ciudadanos la
situación ante la Comisión Europea pidiendo que se recoja en el informe sobre
el Estado de Derecho, mientras la Justicia obliga en vano al Govern Catalá a
que proteja al menor de Canet y a su familia. Entretanto el español celebra su
fuerza y unión en el mundo (menos en Cataluña, ya ven) y en el 70º aniversario
de la Asociación que reúne a las 23 Academias de la Lengua el Rey Felipe
destaca que el español es “el valor que más nos identifica y hace grandes a
nuestras naciones”, mientras Muñoz Machado, director de la RAE, dice que “el
español es indiscutible en América, sería curioso que en España hubiera que
protegerlo por ley”. Protegido está, el problema es que los totalitarios
secesionistas y las instituciones que gobiernan se saltan dicha protección
legal a la torera sin que otras instancias superiores del Estado de Derecho
hagan nada para evitarlo, sino todo lo contrario, pues miran para otro lado.
Todo lo contrario como sucede con la nueva asignatura de Historia de España que
propone el Ministerio de Educación (por cierto, desprovisto de toda competencia
en favor de las CCAA que cada una actúa como le viene en gana), que más bien
parece un proyecto político que educativo con ese borrado en el currículo
educativo de episodios históricos esenciales en el proceso de construcción del
Estado Español como Al-Andalus, los Reyes Católicos o los Austrias, sin tener
en cuenta que en una sociedad que pretende ser libre la Historia se enseña,
pero no se usa de comodín partidista, pues una sociedad sin memoria histórica o
con una memoria histórica parcializada e interesada está condenada al caos y la
barbarie, más aún si además pretenden borrarle la lengua común construida
durante siglos. Es el destino que amenaza a la sociedad española si no se pone
remedio cuanto antes….y el remedio es bien sencillo: cumplir la ley y usar el
sentido común, lamentablemente a veces, como ven, el menos común de los
sentidos.
Entretanto ERC, aunque sólo sea de boquilla,
complica el Presupuesto para presionar a Sánchez por el catalán en Netflix y,
al efecto, enmienda las cuentas del Gobierno en el Senado, pues, aunque ya no
pueden tumbarlas, amenazan con retrasarlas para negociar la Ley Audiovisual.
Por su parte el Gobierno acelera los fondos de la UE y autoriza ya 18.000
millones, pues ha aprobado más el 73% del gasto previsto para este año tras
superar el atasco inicial y ha transferido 11.000 millones a las CCAA, mientras
Calviño se niega a aceptar las previsiones de los organismos nacionales e
internacionales que coinciden en que la recuperación total de la economía
española se retrasará hasta 2023, pues España, el peor país de la UE en
crecimiento y pérdida de productividad, deberá ganar 49.000 millones en 2022
para volver al PIB de 2019. Ojala que todos los organismos se equivoquen y
acierte el Gobierno de Sánchez en su optimismo casi patológico. Y mientras los
socios de gobierno exigen que el TC no aborde conflictos autonómicos (quieren
una comisión bilateral o una sala de arbitraje paritaria Gobierno-CCAA) ya que
consideran que el Alto Tribunal actúa de parte y no favorece a los
nacionalistas, la UE invertirá 3.000 millones en transformar el automóvil en
nuestro país, con un plan impulsando la preparación de las fábricas para el
coche eléctrico. A ver si entre unas cosas y otras salimos del atasco en el que
estamos metidos.
Un atasco en el que además España
vuelve a nivel de riesgo alto por los contagios de covid, pues la incidencia
supera ya los 300 casos por 100.000 habitantes, la más elevada desde agosto,
aunque las hospitalizaciones son menos que en olas anteriores; no obstante, en
esta sexta ola la ocupación en las UCI aumenta un 158% y varias CCAA ya están
en alerta pues triplican la incidencia media, como en Navarra, o la duplican,
como en Euskadi. Y mientras Europa se enfrenta a ómicron con restricciones y la
mayoría de países de la UE toma medidas para evitar una catástrofe durante las
Navidades, España no hace nada extraordinario, salvo que cada Autonomía obre como
considere oportuno……es la famosa y esperpéntica cogobernabilidad.
Y por si el Gobierno minoritario de
España no tuviera ya suficientes problemas, la irrupción exitosa del proyecto
de la vicepresidenta Yolanda Díaz provoca recelos en el PSOE pero desinfla sus
expectativas creyendo que, aunque superaría el resultado de Pablo Iglesias,
lograría un máximo del 13% de los votos, por lo que afirman en Ferraz que
“Yolanda tiene valores, pero sabe que no tiene opciones”. En todo caso, Díaz
sigue a lo suyo pretendiendo ampliar su electorado y, por encima de viejos
esquemas, visita al Papa Francisco en una reunión cordial, que enerva a la oposición
política, y la Vicepresidenta dice al salir de la reunión con el Papa que “el
encuentro con el Santo Padre ha sido emocionante”, “debo ser respetuosa y no
les voy a poder revelar el contenido de la conversación con el Santo Padre”.
Sin duda Yolanda goza de habilidades, mientras desde la derecha arremeten
contra tan hábil encuentro diciendo absurdamente que más bien parece una
“cumbre comunista”…evidentemente, la habilidad de Díaz contrasta con la torpeza
de Macarena Puentes, Secretaria de Comunicación del PP de Madrid, quien ha
tenido semejante ocurrencia. Entretanto, según NCReport, si hubiera elecciones
generales, el PP perdería dos escaños en un solo mes, pero podría gobernar
gracias a Vox, mientras Sánchez sigue en caída libre pero Yolanda Díaz sostiene
a Podemos y el PSOE bajaría de 120 a 97-99 escaños al perder más de un millón
de votos; los resultados serían: PP 29´3% de votos y entre 125-127 escaños,
PSOE 25´2% y 98-100, Vox 15´2% y 49-51, UPodemos 9´8% y 24-26, ERC 3´4% y
13-14, JxCat 2´2% y 8, PNV 1´7% y 7, Más País 2´8% y 5-6, EHBildu 1% y 5,
Ciudadanos 3% y 1, y Otros 5´6% y 10-11.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que Dolores de Cospedal guarda silencio sobre Kitchen y en la
comisión del Congreso que investiga la trama dice que es para no comprometer su
futuro judicial; que los empleados de Neurona que trabajaron para Podemos son
ilegales; que, según Hervé Boulhol, experto en pensiones de la OCDE, “España
hace promesas difíciles de cumplir sobre el nivel de las pensiones”; que
Montoya es condenado a prisión permanente revisable por asesinar a Laura
Luelmo; que España es el segundo país más grande de la UE sin suelo para
vivienda; que los controles se colapsan por la falta de efectivos dando lugar a
atascos en los aeropuertos españoles a las puertas de Navidad; que el Banco de
Santander tendrá que indemnizar con 68 millones a Orcel por su fichaje
frustrado; que pueblos enteros están bajo las aguas por extensas lluvias e inundaciones
de amplias zonas de Euskadi y Navarra especialmente; que muere Manolo Santana,
pionero del deporte español y un mito del tenis con cuatro Grand Slams en la
década de los sesenta; que Génova está preocupada porque la crisis con Ayuso
afecte electoralmente y aplaza el congreso del PP catalán ante la crisis en su
liderazgo; que Juan Carlos I alega ante la justicia inglesa que “representa al
Estado” e invoca su inmunidad frente a Corinna porque su condición de Emérito
“no significa que haya sido relegado” en la Casa Real, mientras en los correos
de Corinna a su abogado en 2015 ella dice “necesito evadir responsabilidades
antes de que esto se ensucie” y acusa a Juan Carlos de violar las normas de
Felipe VI y la Ley británica; y que el juez rechaza excarcelar a Juana Rivas
por ser un “peligro para sus hijos” y sostiene en su auto que “este juzgado ya
no sabe cómo hacer llegar al Gobierno que, estando los niños bajo la custodia
de su madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra,
el forense y manifestó el propio menor”, explicando además que el fiscal del
caso era contrario a la libertad y que sólo la pidió tras intervenir la Fiscal
General Dolores Delgado.
Y del exterior, destacar que Biden
intenta dar oxígeno a las democracias ante el aumento de la desafección; que
Jean Castex, primer ministro de Francia, dice “la ultraderecha no produce más
que catástrofes, lucharemos con todo contra ella”; que mueren 55 migrantes
hacinados en un camión en México y cien personas son hospitalizadas tras el
choque del vehículo contra un puente; que Bruselas ofrece a los países un plan
de compra conjunta de gas ante la crisis; que fallece a los 81 años Vicente
Fernández, rey de las rancheras y último gran icono de la era dorada de la
canción mexicana; que China desafía a EEUU con una base militar en el Atlántico
y Guinea es el lugar en que planea
instalar un destacamento armado con la excusa de defender sus intereses comerciales;
y que el “partygate” incita la rebelión interna contra Boris Johnson,
acorralado por la facción de su propio partido que acabó con Theresa May y por
la caída libre de su popularidad tras una polémica fiesta navideña.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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