En plena efervescencia de
records de contagios en la sexta ola de la pandemia por la variante ómicron,
Sánchez, el cogobernante español con las CCAA en temas sanitarios, decide
sumarse e incluso liderar la iniciativa de gripalizar la pandemia, es decir, de
tratarla como una simple gripe, coincidiendo con algunos otros gobernantes de
países de la UE frente al rechazo de la OMS y de la Agencia Europea del
Medicamento y las reticencias de las CCAA. Inmediatamente Casado, el jefe de la
oposición, rechaza la iniciativa porque “la pandemia sigue causando muchos
muertos” y reclama “un cambio” para que los médicos no se ocupen de la
“burocracia” que supone tramitar bajas y altas médicas, mientras el gallego
Feijóo advierte de que la enfermedad no cambia de fase “por decreto” y Sánchez
añade que el cambio de fase “no va a ocurrir de un día para otro” y que se hará
“con todo el rigor científico” y en cooperación con la UE, lo que, dados los
antecedentes de aquel inexistente “comité de científicos” anunciado por Simón
en la primera ola, genera más incertidumbres que certezas, mientras los
expertos avisan de que muchos casos positivos de covid no están siendo ni
siquiera registrados de forma oficial por falta de recursos y atención a estos
pacientes, con carácter más leve pero infectados igualmente. Entretanto no son
pocos, entre ellos la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria,
quienes sostienen que lo más urgente es solucionar el atasco en los centros de
salud ya que hoy por hoy es precipitado hablar de un futuro plan que considere
el coronavirus como una simple gripe, pues con doscientos muertos diarios no lo
es y no está claro cuál será su evolución. En definitiva, la precipitada
apuesta de Sánchez, como otras anteriores a que nos tiene acostumbrados, suena
más bien a demagogia o a confundir los deseos con la realidad para evitar
eludir responsabilidades sobre lo que está pasando. Paradójicamente esta
urgencia precipitada por “gripalizar” la pandemia choca con el retraso en fijar
el precio de los test de antígenos que, por fin, el Gobierno fija en un precio
tope de 2´94 euros (más caro todavía en un 50% que en Europa) cuando lo
razonable hubiera sido fijarlo antes de la Fiestas navideñas en que los
españoles han tenido que pagar precios desorbitados por ellos en plena demanda
de los mismos por razones obvias. Y lo impresentable es que el Gobierno pague,
con el dinero de todos los españoles y en plena crisis económica, ocho millones
de sobrecoste por test de antígenos al adquirir cinco millones de pruebas a 3´1
euros por unidad justo una semana antes de imponer por fin el precio máximo en
2´94 euros para su venta al público y sólo en farmacias, contra lo que hacen
otros vecinos permitiendo que se vendan en grandes almacenes también. El PP por
su parte pide que la ministra Darias explique en el Congreso la compra de los
test a ese precio cuando a los pocos días decide el Ejecutivo ponerlos a la
venta más baratos. Mientras tanto los sanitarios ganan la batalla judicial
contra el Gobierno de Ximo Puig que tendrá que indemnizarlos por su grave
exposición al covid, tras obtener la primera condena a favor de los médicos
desprotegidos; no obstante, se teme que la prescripción evite que las CCAA
tengan que pagar una fortuna a los sanitarios, pues el plazo para reclamar por
haber estado expuestos sin la protección adecuada caducó hace tres meses….en su
día, Ximo Puig culpó al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la
falta de material en la demanda que ha perdido en Alicante.
Y en plena polémica por gripalizar la
pandemia o no, la realidad es que ómicron retrasa la recuperación económica,
especialmente el motor turístico, hasta 2023, calculando el sector que cerrará
el año un 12´5% por debajo de 2019, lastrado por las cancelaciones, el precio
de la luz y la crisis de suministros, mientras, por otro lado la Seguridad
Social ha gastado 1.600 millones en bajas hasta noviembre, un 83% más que en
2020. Por lo demás cabría reseñar que todos los mayores de edad tendrán acceso
a la tercera dosis, cuando España, con gran éxito de vacunación hasta ahora, de
momento pincha en la tercera dosis, pues sólo ha inmunizado a un 13´3%, cuando
el riesgo de los no vacunados de acabar en la UCI es hasta 32 veces superior y
entre el 25% y el 40% de los hospitalizados por covid lo son por otra causa…..y,
mientras hasta 30.000 menores tendrán covid persistente pues “algunos llevan 18
meses con síntomas”, la escasez de sangre lleva a facilitar las donaciones tras
pasar la covid. ¿Es hora de gripalizar la pandemia? Yo, sinceramente, creo que
todavía no.
Por otro lado, Moncloa, preocupada,
intenta cerrar la polémica de Garzón para impedir el desgaste de Sánchez,
especialmente tras el 13-F castellano-leonés y su previsible fracaso electoral
que predicen los sondeos, por lo que el Presidente se implicará lo justo en las
elecciones para que la derrota no se “personifique” en él, mientras su Gobierno
se vuelca en frenar las críticas por el reparto de fondos y exhibir gestión,
para lo que el equipo de Sánchez refuerza el área de comunicación y prima la
superación de la crisis en el arranque del ciclo electoral. Entretanto el
Gobierno aprovecha una ley franquista para no dar informes, recurriendo a una
norma de 1968 para evitar entregar documentos sobre el sospechoso rescate de
Plus Ultra, en tanto que Transparencia insta a Transportes a publicar la
documentación porque no son secretos oficiales. Por otro lado, cuando sólo el
15% de los asalariados tiene contratos vinculados con el IPC (con lo que el 85%
restante perderá poder adquisitivo ante la desorbitada subida de precios), el
Poder Judicial rechaza el texto que avala la polémica Ley de Vivienda de
Podemos, pues el CGPJ hará un duro informe sobre ella porque “es un disparate”
(el vocal del PNV considera inconstitucional la norma y una amplia mayoría lo
secunda, entendiendo que invade las competencias de las CCAA, lo que retrasa
aún más su aprobación) y, de momento, la frena por falta de solvencia técnica
(no en vano las carencias de las normas que elaboran los ministros del ala
morada preocupan a Moncloa), una ley que, en todo caso, el Gobierno mantendrá
pese al rechazo del Poder Judicial y que deja en manos de las CCAA la medida
clave para limitar el alquiler, propone rebajas fiscales de hasta el 90% para
propietarios y recargos a casas vacías, y prevé prohibir la venta del parque
público de viviendas. Asimismo el proyecto de Ley de Protección Animal tendrá
que esperar a después de las elecciones del 13-F. Además el Gobierno plantea
cuotas de entre 183 y 1.266 euros al mes a los autónomos, que tendrán que destinar
seis meses de trabajo a pagar impuestos.
Mientras tanto, por si no fueran pocos
los frentes abiertos en el Ejecutivo, Díaz pide a sus socios ERC, PNV y Bildu
que se abstengan para salvar la reforma laboral que tensa la relación entre
Gobierno y éstos, especialmente la relación con ERC, con la mesa de diálogo
como otro factor de fricción porque no encaja en los planes del Presidente. Por
su parte Casado espolea a la CEOE para frenar dicha reforma laboral, aunque la
cúpula de la Patronal arropará a Garamendi ante la crítica interna y la presión
política…..y Díaz busca un “plan b” para salvar el trámite parlamentario aunque
sea por la mínima. Y por si todo esto no fuera demasiado, Podemos reactiva el
referéndum y abre otro frente en el Ejecutivo, pues Subirats, el nuevo ministro
de Universidades, apoya la exigencia del president catalán, Aragonés, tras el
rechazo de Illa, y manifiesta que “alguna forma de consulta de un cambio en la
estructura del Estado debería hacerse” mientras Irene Montero tiene claro que
“los catalanes deben votar” y ahonda la brecha tras la polémica por la
ganadería. Entretanto, un instituto de Manresa es el primero en rebelarse
contra el 25% de clases en castellano, pues el director del Lacetania rechaza,
“siguiendo las indicaciones” de la Generalitat, la petición de una familia de
ejecutar la orden del Supremo, mientras los espías del catalán piden a los
padres que vigilen a sus hijos, pues la ONG financiada por el Govern pretende
llevar el modelo de la inmersión al ámbito familiar…..¡y no pasa nada, todo
como si fuera normalidad democrática!; no en vano el gobierno balear de la
socialista Armengol desobedece también al Supremo y veta el 25% de enseñanza en
español en la ley balear, maniobrando para que la justicia no anule la
inversión en su territorio. Si Cataluña lo hace y no pasa nada….¿por qué no
también en Baleares o en la Comunidad Valenciana? El desastre está más que
servido.
Y ante tanto desmadre
político-institucional el PP se frota las manos y se reagrupa para consolidar
el liderazgo de Casado tras el 13-F y, mientras los barones subrayan el alcance
nacional de las elecciones en Castilla y León, mantendrá el pulso para “evitar
que Sánchez haga con los fondos europeos lo que hizo el PSOE con los ERE” (la
Audiencia de Sevilla considera evidente el fraude y condena al exconsejero de
Empleo en el segundo fallo al respecto, pues “la ilegalidad tuvo que ser
conocida y consentida”). En fin, ya ven, con todos los vientos de cara, menos
las propias fricciones internas en el PP, Génova secunda a Ayuso en su
estrategia de recurrir el reparto de fondos europeos (inaudita en los grandes
países de la UE), pues, según Casado, “el reparto de fondos puede llevar a la
corrupción” por lo que defiende la movilización ante una “distribución a dedo”.
Y Ayuso por su parte manifiesta que “España necesita urgentemente que Pedro
Sánchez abandone la Moncloa” porque “es un Gobierno que está en manos de
comunistas, que atenta contra los mercados y contra el consumo”, sobre García
Egea añade que “hay días que todo fluye y otras veces ves en la Prensa cosas
que no sabes de dónde salen”, y añade “tengo un compromiso con los madrileños,
no hay nada como ser presidente de tu comunidad”, dejando claro que, a nivel
interno, “lo coherente es que haya un congreso con transparencia y con participación
total de las bases” y que “con Vox hay cuestiones en las que es más fácil
entenderse que con el resto de los partidos”. Dicho queda. Mientras tanto, el
congreso de Casado será en julio y centrado en la ideología, pues el objetivo
será celebrarlo “cuando toca”, salvo que se convoquen elecciones andaluzas, y
que el foco se centre en la recuperación económica y el debate programático,
mientras los populares se erigen como “el partido del campo”. Casado liga así
su liderazgo al resultado electoral en Castilla y León planteando dichas
elecciones como una oportunidad para unir a su partido, desinflar a Ayuso,
erosionar a la coalición de La Moncloa y poner freno a un Vox en alza. Por
cierto, según SigmaDos, Moreno en Andalucía roza la mayoría absoluta pero
necesitaría la abstención de Vox, aunque el líder popular andaluz podría
adoptar el modelo Ayuso con apoyos
puntuales del partido de Abascal, pues el socialista Juan Espadas no
consigue rescatar al PSOE y repite los escaños de Susana Díaz en 2018, mientras
Ciudadanos salvaría cuatro de sus 21 diputados gracias a la buena gestión del
Vicepresidente Juan Marín; los resultados en definitiva serían: PP el 36´9% de
votos y entre 48-49 escaños, PSOE 26´7% y 32-33, Vox 13´6% y 13-15, UPodemos
8´3% y 7-8, Ciudadanos 6´1% y 3-4, y Adelante Andalucía 4´4% y 2 escaños.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que muere Ricardo Bofill, el arquitecto cosmopolita y prolífico; que
se produce un tenso desalojo de un centenar de migrantes de una nave de
Badalona; que el Supremo debatirá el 15 de febrero los nombramientos de la
fiscal Delgado; que el Real Madrid se corona en Riad con la Supercopa de España
al ganar, 0-2, en la final al Atlético de Bilbao con goles de Modric y Benzema,
siendo el croata el mejor del partido; y que la Iglesia española investigará
los abusos tras verse con el Papa y ratificar éste el plan antiabusos, por lo
que el presidente de los obispos afirma ahora que intentará esclarecer los
hechos, aunque descarta una comisión independiente.
Y del exterior, destacar que China
pone un pie firme en Marruecos estrechando lazos con Rabat para potenciar la
Nueva Ruta de la Seda, un amplio plan de infraestructuras que se extiende por
los cinco continentes; que, traído por el Brexit, el Canal de La Mancha se
convierte en un nuevo cementerio de inmigrantes, mientras atravesar el Canal
desde Francia o morir ahogado en el intento de alcanzar Reino Unido cuesta unos
2.000 euros; que los negacionistas se organizan en Italia para sortear los
vetos; que Europa se convierte en campo de batalla para un nuevo orden mundial,
afrontando la situación más inestable desde la Guerra Fría por el desafío de
Rusia a Occidente y el afán de China por afianzar sus intereses; que EEUU
afirma que Rusia prepara un montaje para atacar Ucrania y Moscú ve “infundado”
el temor a que alegue una falsa agresión, mientras EEUU y la UE temen que Putin
precipite el fin de la vía diplomática; que termina el culebrón Djokovic con la
expulsión de Australia del tenista, que se convierte en símbolo global paro los
populismos antivacunas y se arriesga a perder su participación también en
Wimbledon y en el Abierto de EEUU; que Guaidó, Presidente encargado de
Venezuela, afirma: “Zapatero se ha portado como un lobista de la dictadura”,
“la crisis en Venezuela se soluciona con elecciones, no azuzando los tambores
de guerra con Rusia”, “el dilema internacional en este momento no es entre
izquierda o derecha, sino entre democracia o dictadura”; y que Isabel II
despoja al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales por el
escándalo de los abusos sexuales, mientras Johnson pide perdón a la reina por
las fiestas organizadas en pleno luto de ésta por el fallecimiento de su
marido, cuando se conoce que el Primer Ministro consintió el “vino de los
viernes” como una rutina en pleno confinamiento lo que le sitúa en la cuerda
floja.
Fdo. Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias