Mientras ERC se descuelga
con cinco “noes” en el Congreso al Gobierno tras las escuchas de Pegasus, con
lo que los republicanos hacen así efectivas sus diferencias con el Ejecutivo al
que, no obstante, apoyan y apuntalan (y al efecto aseguran mantener puentes), se
produce un insólito acuerdo en Cataluña para dar respuesta, sin cumplirla, a la
sentencia sobre el 25% del castellano, cuando lo normal y obligado sería
aplicar las sentencias judiciales sin más, como sucede y debe suceder en
cualquier Estado de Derecho democrático. En efecto, ERC, PSC, Comunes y Junts
acuerdan, según dicen, asegurar el uso “curricular” del español mientras pactan
que el catalán sea la lengua “normalmente utilizada como vehicular” y
consideran que “el uso curricular y educativo” del catalán y el castellano
estarán así garantizados. Las dudas para los ciudadanos son obvias tras esta
vuelta de tuerca a favor del catalán pues si con lo decretado hasta ahora ya no
se garantizaba la enseñanza en las aulas del castellano, teniendo los padres
que exigirlo en los tribunales y, ni aún con sentencias favorables, lograr que
la Generalitat las aplique, ¿quién puede afirmar ahora que el uso normal en las
aulas de sendas lenguas será garantizado? Obviamente ni los más ingenuos se lo
creen, cuando lo normal e inmediato, debiera ser la aplicación estricta de la
sentencia que obliga a que se imparta en las aulas como mínimo el 25% de clases
en castellano en vez de sortearla relegando el español a los recreos y el
comedor. En todo caso, lo insólito del acuerdo no es que lo promueva ERC y
Junts, que nos tienen acostumbrados a incumplir las sentencias judiciales que
no interesan a su sacrosanto objetivo secesionista unilateral, lo insólito es
que el PSC, junto con Podem, pacte con el secesionismo burlar la sentencia del
25%, en vez de exigirla, y que sólo reconozca el catalán como lengua “propia” y
“vehicular”, mientras el Gobierno social-comunista avala que el separatismo
destierre el castellano de las aulas respondiendo que no tiene “nada que
opinar” tras el pacto del PSC con ERC y Junts para que el español (lengua
oficial en toda España) deje de ser “lengua de aprendizaje” en Cataluña.
Paradójicamente, los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el
Congreso, pues Podemos y resto de aliados parlamentarios del PSOE, impulsan al efecto
una reforma del Reglamento de la Cámara que los socialistas ya rechazaron en
septiembre. Así las cosas, tras este insólito pacto sin sentido, el PSC aboca a
las familias a seguir reclamando al menos el 25% de clases en castellano,
mientras el constitucionalismo (el PSC debiera formar parte de él) se organiza
para que este insólito pacto no burle la sentencia judicial, y Feijóo incluso
promete “firmeza” y no descarta llevar el asunto a los tribunales reclamando
incluso el 50% de clases en castellano. Entretanto el Supremo, cambiando de
criterio, acepta ahora estudiar los recursos contra los indultos del Gobierno a
los líderes secesionistas condenados, admitiendo a trámite los recursos de
reposición interpuestos en su día. Insólito que los ciudadanos tengan que
pelear contra viento y marea para que en las aulas se garantice el uso
educativo de su lengua oficial, mientras campan a sus anchas, por obra y gracia
del Gobierno vía indulto, quienes, condenados por sedición y sin
arrepentimiento alguno, alardean de que volverán a repetir la experiencia
delictiva.
Por otro lado, también es insólito que
el Gobierno de Sánchez vete el tributo a los policías y agentes del orden
público que acabaron con ETA, pues mandos de la Policía y Guardia Civil
reservaron el WiZink-Center de Madrid para un homenaje el 25 de abril, sobre el
que la Casa Real había mostrado la disposición de Felipe VI, el Jefe del
Estado, a dar su respaldo a semejante reconocimiento, pero el Ejecutivo no
respaldó la presencia en el acto y finalmente la Casa Real declinó la
invitación al mismo, alegando que “faltaba el preceptivo informe del Ministerio
de Interior” y por eso no podía presidir el homenaje al no dar el placet para
presidirlo, mientras se desata la protesta unánime de policías y guardias
civiles que consideran que el asunto “es gravísimo” y supone “otro desprecio
más”. Ayuso, por su parte, ofrece organizar el tributo a los policías y pone
Madrid a disposición de los agentes, mientras Feijóo carga contra Marlaska
diciendo que “no tiene un pase, no puede seguir como ministro”. Y en estas
circunstancias Sánchez rinde hoy cuentas en el Congreso sobre los casos de
espionaje, afrontando un tramo clave de la legislatura con las elecciones
andaluzas en junio y el debate sobre el estado de la nación en julio, y
anunciando una reforma para reforzar los controles del CNI mediante un
endurecimiento de los controles judiciales y la supervisión interna, así como
desclasificando las autorizaciones al espionaje que pida la justicia.
Entretanto el Rey Emérito regresa a
Abu Dabi tras haberse reunido con Felipe VI en Zarzuela para tratar con él los
“acontecimientos” y sus “consecuencias” desde su salida obligada de España,
especulándose de que en dicha reunión, de varias horas, Felipe demanda
prudencia a Juan Carlos y dedica un “tiempo amplio” para explicarle las
“consecuencias para la sociedad española” de su conducta, mientras Moncloa
abandona su neutralidad y eleva el tono contra el Emérito endureciendo la
crítica y, aliándose con sus socios, cree que debería haber dado
“explicaciones” a su llegada a España, temiendo la próxima visita de Juan
Carlos ya que “está siendo incoherente” y no “cumple” con la promesa respecto a
su privacidad, mientras el PSOE da un primer paso para despenalizar las
injurias a la Corona y al Rey (es decir, a la Jefatura del Estado) avalando
tramitar una ley al respecto en el Senado propuesta por sus socios de ERC y
Bildu.
Y mientas el Gobierno prepara una
oferta de empleo público record de 45.000 plazas, llegando Hacienda a un
acuerdo con los sindicatos para que la Administración recupere las plantillas
públicas, debilitadas desde la crisis de 2008, y la falta de médicos de familia
se agrava al quedar vacantes 200 puestos MIR, las CCAA del PP y del PSOE (casi
todas las gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha y Extremadura,
gobernadas por el PSOE, y Cataluña y País Vasco, gobernadas por nacionalistas)
frustran el plan de Belarra para las residencias con el argumento de falta de
financiación, desbaratando así la pretensión de la ministra podemita de
reformar el modelo de dependencia e imponer criterios estrictos a las
residencias de ancianos. Por su parte Feijóo, se sostiene en los barones,
manifestando “estoy para ayudaros a todos” y, nombrado senador, avisa “somos la
antítesis del sanchismo” prometiendo defender la Constitución y la unidad
territorial de España y hacer una oposición honesta; y Moreno en Andalucía
tendrá el apoyo de los barones del PP más fuertes frente a Vox aunque junto a
Feijóo, se queda con las capitales durante la campaña, pues los presidentes
autonómicos visitarán sólo la provincia en la que tienen “tirón”.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que Tebas exige a Rubiales los 267 millones que defraudó la
Federación de Futbol; que Bruselas pide a España un ajuste fiscal por actualizar
las pensiones, planteando retrasar la edad efectiva de retiro y ampliar el
cálculo y le exige poner coto al gasto público; que el Gobierno indulta a María
Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y medio de
prisión por separar a su hijo del padre, y le devuelve la patria potestad de su
hijo; que el desbloqueo del CGPJ pasa por un pacto en el Constitucional, pues
el PP quiere que el Gobierno negocie uno de los vocales del TC a nombrar en
junio, mientras el TS pone coto al reparto de cargos entre PP y PSOE; y que
Fiscalía investiga a la familia de Uruj y Anisa Abbas, las hermanas pakistaníes
residentes en Tarrasa a las que un siniestro complot familiar, orquestado por
sus tíos, suegros y un hermano hicieron creer que su madre se estaba muriendo y
cuando viajaron a Pakistán fueron asesinadas por no aceptar el matrimonio
pactado por la familia, mientras en el barrio en que viven tienen bien claro
que “esto ha sido una salvajada”.
Y del exterior, destacar que Biden
asegura que EEUU defendería a Taiwan de una hipotética invasión china e
intervendría militarmente; que la UE llama a aislar también a las mascotas de
los enfermos de viruela del mono; que Bruselas apuesta por el gasoducto de
Cataluña a Toscana ante la crisis con Rusia; que los gobernantes de Finlandia y
Suecia viajan a Turquía con la intención de desbloquear su entrada en la OTAN,
pues Erdogán se enroca en su veto a que los dos países nórdicos ingresen en la
Alianza por su “actitud antiturca”; que Ucrania y Rusia entran en el cuarto mes
de guerra con una batalla feroz por el Donbás; que las grandes gasistas de la
UE esquivan las sanciones a Rusia, pues las compañías utilizan cuentas en
rublos para pagar lo que importan; y que un joven mata a tiros a 19 niños y a
dos profesoras en una escuela de Texas de la que el asesino fue alumno,
evidenciando la impotencia política estadounidense ante el “lobby” de las
armas, por más que Biden llame a atreverse a desafiar a la industria
armamentista en medio de una general conmoción por el crimen, una matanza
anunciada en las redes sociales que, una vez más, reabre el debate sobre la
tenencia de armas en EEUU mientras el Presidente se lamenta diciendo “no me
digan que no podemos actuar” tras conocerse que el joven Salvador Ramos compró
dos rifles al cumplir sus 18 años y tras anunciar en Facebook que iba a “disparar
en una escuela” fue a su antiguo colegio, se atrincheró en un aula y tiroteó a
los alumnos a bocajarro, hasta ser reducido y muerto por la policía.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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