DESJUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO POLÍTICO

 

                    Tras el Debate del Estado de la Nación o de la Coalición del Gobierno (como quieran llamarlo), Sánchez, empeñado en atar a ERC para poder acabar la Legislatura relativamente tranquilo, se reúne con Aragonés y ambos acuerdan volver a la Mesa de Diálogo y recuperar, al menos de cara a la galería, una imposible negociación ya que las exigencias de los separatistas son inasumibles dado su carácter anticonstitucionalista (sea el derecho a la autodeterminación, la convocatoria de un referéndum o una ley de amnistía), aunque ahora la excusa u objetivo de la negociación es la anunciada “desjudicialización” del “conflicto político” que ninguno de los dos es capaz de aclarar, salvo que se asuman las tesis antidemocráticas de los secesionistas, pues en democracia el requisito esencial es el sometimiento a la Justicia y a las reglas de juego democráticas establecidas que nadie (y menos las instituciones democráticas) puede ni debe eludir. Por tanto, desjudicializar un conflicto político, en este caso inexistente (que varios partidos opten por el independentismo no supone en España conflicto alguno siempre que actúen y se ajusten a la legalidad vigente), no puede suponer, en ningún caso, actuar al margen de la ley o impedir que quienes lo consideren oportuno acudan a los tribunales de Justicia para reparar los supuestos daños causados y, menos aún, saltarse a la torera las sentencias firmes. España, en este sentido, es uno de los Estados más garantistas en el que los partidos tienen todo el derecho a optar incluso por el secesionismo (en democracias consolidadas como la francesa o la alemana, por ejemplo, estarían prohibidos) pero, obviamente, siempre que lo hagan de acuerdo con la Constitución y con el entramado legal que de ella se deriva, lo que impide obviamente cualquier negociación sobre asuntos no contemplados en la Carta Magna salvo que ésta sea modificada previamente, para lo que obviamente se requeriría una cualificada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y el posterior aval por referéndum de todos los ciudadanos españoles. Por tanto los “acuerdos” que reclama el Govern de Catalunya sobre asuntos ilegales, son literalmente imposibles e innegociables, incluida la exigencia del Govern de que Moncloa, una vez abierta por la UE la vía para le entrega del ex president fugado, “encontrará una salida para Puigdemont” pues la única salida democrática existente es que se someta a la Justicia en vez de fugarse y, si el Gobierno, una vez que sea juzgado y condenado como lo han sido sus compañeros de aventuras totalitarias, opta por indultarlo como ha hecho con éstos (medida legal aunque rechine en la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles) es lo único que se puede hacer al respecto, cualquier otra salida sería un atentado a la democracia. En efecto, tras avalar el abogado general del TJUE la posición del juez Llarena, allanando la entrega del prófugo Puigdemont, sólo cabe, desde el punto de vista democrático, la comparecencia de éste ante los tribunales de Justicia españoles, ya sea voluntaria o por la fuerza….todo lo demás, como el resto de peticiones ilegales en la mesa de negociación es seguir mareando la perdiz, y sólo puede entenderse como presión al Gobierno por parte del Govern para conseguir otras ventajas en el terreno económico, lo que escandaliza a otras autonomías por lo que Juanma Moreno ya recela y pide saber cuánto le costará a Andalucía lo que se pacte con el Govern de Cataluña.

          En todo caso, tras la salida de la Ley de Memoria, pactada con Bildu, en un debate crispado en el Congreso, Sánchez, a su peculiar manera, encauza la legislatura recuperando a ERC como socio preferente y consolidando su alianza con los abertzales, rearmándose además con su giro a la izquierda en el debate del Estado de la Nación (o de la Coalición) y cerrando el curso político sin cambios en el PSOE ni en el Gobierno, pues Moncloa cree que el Presidente ha cogido impulso suficiente con el citado giro a la izquierda para afrontar el final de legislatura gracias a las medidas económicas, que, por cierto, ocultó a la Vicepresidenta Yolanda Díaz para que “no las filtrase como Iglesias”….y es que Sánchez ya “evita” el trato con la líder de UPodemos. Y mientras Moncloa ve el debate como un “chute de adrenalina” y dice que no habrá adelanto electoral “en ningún caso”, Feijóo, que “calla” al PP más próximo a Vox sin seguir su guion y se consolida en el centro sin acuerdo con Sánchez ni revisar las líneas rojas, promete a las víctimas que derogará la ley de “desmemoria” recién aprobada, mientras Enrique Maya, alcalde de Pamplona manifiesta que “en muchos pueblos de Navarra los de Bildu aun te amargan la vida”, que “en estos sanfermines todo ha sido más bestia; un grupo busca reavivar la kale borroka” y que “si hace dos años me dicen que habría una Ley de Memoria con Bildu, no me lo creo”.

          Por otro lado, según SigmaDos, el 67% cree que los nuevos impuestos serán inútiles y, aunque el 82% afirma que no ha cambiado su voto tras el debate, el 30% tiene ahora peor opinión del Presidente del Gobierno y el 42% piensa que se han evidenciado las diferencias en la coalición. Entretanto los inversores advierten que se sigue “la agenda de Podemos” y bancos y analistas alertan a sus clientes contra los nuevos impuestos, tras lograr el Gobierno con las medidas anticrisis un balón de oxígeno gracias al apoyo del PP, que se abstiene sobre las medidas ante la inflación, con lo que Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el PP (mientras sus socios respaldan grabar a la banca y la energía, los populares se abstienen en las medidas anticrisis y el Gobierno acuerda con el PP en las resoluciones finales aumentar el gasto militar en Defensa sin el respaldo de sus socios), demostrando sus indudables habilidades de equilibrista político. Por otro lado, mientras la UE recorta el PIB de España y dispara la inflación hasta el 8´1%, las empresas energéticas dudan de que el “impuestazo” recaude 4.000 millones, pues la tasa del 25% a los beneficios pone en riesgo inversiones, y estallan contra la inseguridad jurídica en que el Gobierno sitúa al sector en plena transición verde poniendo en riesgo inversiones y empleos. Por cierto, en cuanto a la energía se refiere, la Ministra de Ciencia, Diana Morant, sostiene que “no debemos apostar por la energía nuclear, es un engaño populista”, cuando la UE acaba de declararla como verde y se prepara ante el abismo energético, pues el ahorro de gas se vuelve imperativo ante la amenaza de corte de suministros de Putin, al extremo de que Alemania e Italia ya han tomado medidas y Francia, que sigue apostando por la energía nuclear, apela a la sobriedad, mientras España, menos expuesta a la dependencia del gas ruso, aún no ha lanzado una gran campaña de concienciación sobre el problema.

          En todo caso, de cara a 2023, un año de marcado carácter electoral con elecciones autonómicas y generales obligadas, Moncloa y PSOE preparan con los barones la carrera electoral que se avecina, pues los socialistas se reactivan para contrarrestar el evidente desgaste de la coalición de Gobierno con Podemos y las alianzas con ERC y Bildu en un escenario además de crisis económica; un escenario en que el PSOE, salvo que cambie la tendencia de voto, tras el fiasco en Andalucía, podría perder hasta seis CCAA, por lo que la fuga de voto en tierras andaluzas pone en alerta a los gobiernos de Aragón, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra…. mientras Podemos, socio gubernamental de Sánchez, avisa de que “el PSOE se viene arriba muy pronto, ahora llega la prueba del algodón, los Presupuestos”. Entretanto la presidenta de la Airef critica al Gobierno por falta de un plan presupuestario y alerta de que para rebajar el déficit “no hay lugar para la improvisación”, mientras Hacienda estudia gravar los intereses y las comisiones de la banca, y los expertos calculan que el Estado ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto a las energéticas, pues la recaudación estimada no llegará a los 2.000 millones si se aplica un 25% a los beneficios o el ebitda, en tanto que Hacienda ya trabaja en el diseño de la nueva tasa para blindarla y que no pueda ser anulada por la Justicia. Por cierto, hablando de Justicia, PSOE y PP, una vez más, pierden la oportunidad de ponerse de acuerdo para que la Justicia sea cada vez más independiente del poder Ejecutivo y, rotas las negociaciones, el Gobierno elegirá jueces del Constitucional aunque no lo haga el CGPJ, con lo que Sánchez logrará que un TC afín resuelva, entre otras cosas, la Ley Celáa, el aborto, la eutanasia y, seguramente también, el 25% del castellano en Cataluña…… hoy gano yo y mañana tú, y en cada momento o yo controlo la Justicia o la controlas tú, cuando lo correcto sería que la Justicia no dependiera de los vaivenes políticos tras las necesarias alternancias gubernamentales; es una pena, pero es así.

          Mientras tanto, en plena polémica por las absurdas becas de Ayuso a rentas superiores a 100.000 euros, se publica que la ministra Montero, la de Hacienda, que critica a la presidenta madrileña por ello, también subvencionó a dichas rentas pues repartió ayudas incluso para el servicio doméstico sin importar los ingresos, ya que la Junta de Andalucía legisló para que sin límite de renta se beneficiaran todos los andaluces en distintos conceptos, cuando en junio de 2018 se aprobó el decreto en materia de tributos cedidos antes de las andaluzas…… ya ven, como en el asunto de la Justicia, de la corrupción y tantos otros lo importante no es resolver los asuntos o errores cometidos con eficiencia, sino utilizarlos electoralmente aunque yo también los haya cometido o los esté cometiendo. Así las cosas y en otro terreno, el Gobierno ofrecerá un pacto a los funcionarios para que sus sueldos no estén ligados al IPC (ligarlos con el desorbitado IPC sería un coste tremendo y no hacerlo supone empobrecerlos cada vez más) y la ministra Montero busca un acuerdo social con los sindicatos para que las subidas salariales sean moderadas en los próximos dos o tres años, por lo que el CSIF ya prepara movilizaciones para septiembre; y por su parte, Juan Bravo, Vicesecretario General de Economía del PP, manifiesta que “los funcionarios deben cobrar por productividad”, que “si gobernáramos bajaríamos IVA, gas e hidrocarburos y deflactaríamos ya el IRPF” y que “Sánchez marca la guía y debe ser el primero en dar ejemplo y reducir sus ministerios”…… es obvio, discrepancias todas y acuerdos para resolver problemas los mínimos, y es que ya estamos en precampaña electoral durante el tiempo que queda de legislatura.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe destacar que la Eurocámara cita a Marlaska para explicar la tragedia en la valla de Melilla; que sólo el 21% de las bodas en España son católicas y se bautiza al 48% de niños; que Extremadura inaugura hoy el AVE más lento, pues la invitación al ato habla de alta velocidad y la realidad es que el tren no supera de momento los 89 km-hora; que la red captó a un niño de catorce años para un sadomasoquista, según se desprende del caso de menores tutelados en Baleares; y que España, y media Europa, sufre una ola de calor histórica con más de 33 incendios en España de los que más de doce siguen fuera de control, especialmente preocupantes en tierras de Salamanca, Cáceres, Ávila, Galicia, Extremadura, Catilla y León, y Cataluña pero también en Mijas y más de 30.000 hectáreas en Portugal, asolando media España en plena ola de calor africano, sin dar tregua a esta España abrasada en que la ola de calor y sus efectos ya se ha cobrado decenas de muertos, entre ellos un brigadista en Zamora al quedar atrapado entre las llamas cuando trataban de controlar el incendio….. y lo peor es que se sospecha que algunos de estos incendios han sido provocados.

          Y del exterior cabe citar que Trump ultima su candidatura para volver a ser presidente en 2024; que Bruselas prepara el primer plan de compra conjunta de armas y los Veintisiete se dotan con 500 millones de euros para defensa; que Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, denuncia que “Rusia nos quiere exterminar como pueblo”; que Bruselas quiere restringir desde este verano el consumo de gas y la Comisión limitará a 25º el aire acondicionado y la calefacción a 19º; que el caso Khashoggi enturbia la relación de EEUU y Arabia, mientras Biden se compromete en Oriente Medio frente a Rusia y dice “no nos iremos”; que la UE propone relajar el control de la emisiones contaminantes y la Comisión está dispuesta a aceptar de forma temporal las subvenciones al carbón ante la crisis del gas ruso; y que la dimisión de Draghi sume a Italia en la inestabilidad, mientras el presidente Mattarella no acepta su renuncia, causada por el choque con “5 Estrellas”, y pretende que encabece otro gobierno, mientras el populismo usa la inflación para romper el Gobierno italiano que ha dado lugar a la renuncia de Draghi, lo que genera no poca preocupación en Bruselas por esta crisis política en Italia.    

Fdo. Jorge Cremades Sena