jueves, 28 de julio de 2022

JUSTOS POR PECADORES

 

                    El Tribunal Supremo, como era de esperar (el escándalo de los ERE era una evidencia indiscutible), condena a Griñán a seis años de prisión (junto a otros ocho ex altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía) por los delitos continuados de prevaricación y malversación de dinero público y a Chaves a inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, con lo que, entre otros compañeros, dos socialistas de alto rango, Griñán y Chaves, que lo han sido todo en el Partido Socialista, pasan a engrosar la lista negra de delincuentes por corrupción que es la gran mancha negra de casi todos los partidos políticos españoles, especialmente de los que han tenido el honor de gobernar, PP y PSOE, prostituyendo sin duda el mandato que le dieron los ciudadanos para gestionar los bienes públicos. En efecto, el TS, por tres votos contra dos (es lo de siempre, conservadores y progresistas) falla que el ex presidente andaluz prevaricó y malversó fondos públicos, que la oposición considera un saqueo de 680 millones, y manda a la cárcel a Griñán por “consentir” el mayor fraude de la historia, confirmando las condenas de la Audiencia Provincial de Sevilla, y a su predecesor Chaves le inhabilita, probándose que ambos cometieron los delitos que se les imputaban en el "caso ERE”, con lo que deja a Griñán en manos del Tribunal Constitucional o del indulto del Gobierno si no quiere evitar la entrada en prisión….. y, mientras Feijóo denuncia el mayor caso de corrupción, el PSOE le afea la Caja B del PP (es el famoso “y tú más” que cada uno utiliza cuando le conviene), en tanto que Ferraz defiende la honorabilidad de los condenados porque “crearon empleo”, acuñando con ello el contradictorio término de delincuentes honrados que nadie entiende, mientras utilizan la no unanimidad del TS como argumento para descalificar la sentencia, como si no fuera la mayoría y la unanimidad tan válidos uno y otro para dictar sentencias, pues el objetivo es claro: desacreditar a los tribunales de Justicia. ¿Y qué hace Sánchez ante todo esto cuando él se aupó al poder mediante una moción de censura a Rajoy basada en la corrupción? Pues, en vez de desmarcarse del asunto aunque fuera apelando a que ya es pasado o lamentar lo ocurrido con los ERE, que todo el mundo sabía, opta por la peor de las opciones, como es descalificar y desairar al Tribunal Supremo (¡algo insólito en democracia!) y, por su cuenta y riesgo, erigirse en justiciero universal y, apelando a la honorabilidad de sus compañeros condenados, les absuelve de sus delitos diciendo que “pagan justos por pecadores”, mientras prepara el argumento para indultarles (como hizo con los delincuentes del “procés”) porque “ni siquiera han sido acusados de haberse lucrado”, ignorando que por lo que son condenados es por cometer durante nueve años el grave delito de malversación, a pesar de las advertencias que en su día le hacía la Intervención, es decir, que delinquían de forma consciente; y, con semejantes argumentos, el Presidente añade que analizará el perdón “en el marco de la ley” y “como siempre hemos hecho”….. Olvida que actuar “en el marco de la ley”, como es el caso de los indultos, pasa primero por acatar las sentencias de los tribunales en vez de descalificarlas y que los indultos en ningún caso pueden ser en democracia la última instancia de la Justicia para dirimir el destino definitivo de los delincuentes, por muy honrados que algunos quieran presentar a éstos. Sin duda alguna, Sánchez pierde una gran oportunidad para que la Justicia en el futuro deje de estar politizada, mientras Griñán espera librarse del calvario por los delitos cometidos, bien gracias al Tribunal Constitucional, que tendrá mayoría progresista a partir de septiembre, bien gracias al perdón del Ejecutivo de Sánchez en última instancia.

          Pero tan insólito como lo anterior es lo que el Gobierno de Sánchez acaba de pactar en la Mesa de diálogo con el Govern de Catalunya que acaba de celebrarse, pues, ante la imposibilidad de tomar decisiones sobre la autodeterminación, la Generalitat aparca momentáneamente la vía unilateral para proclamar la ilegal independencia a cambio de que el Ejecutivo de Sánchez respalde la ley lingüística catalana que elude el cumplimiento del 25% de clases en castellano dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña….de nuevo, Sánchez pone en cuestión a los tribunales de Justicia en vez de obligar al cumplimiento de sus sentencias. En efecto, Moncloa abre la puerta al catalán en el Congreso y la cierra a que el castellano sea usado con normalidad en las escuelas catalanas, pues la tercera mesa bilateral entre Gobierno y Govern, escenificada como si de dos estados independientes se tratara y a nivel de igualdad, concluye con el acuerdo de “proteger e impulsar la lengua catalana” hasta en el Parlamento Europeo, cuando el catalán ni está perseguido ni desprotegido en su ámbito territorial, mientras, paradójicamente, la Generalitat expulsa al castellano de “todos los espacios” de los colegios a través de una orden a las escuelas para imponer el monolingüismo y enterrar incluso el 25% de español dictado por la Justicia, pues la directriz impone el catalán “en todas las actividades internas” de los centros y debe emplearse en cualquier “relación con los alumnos, incluido el comedor”, para lo que cada escuela nombrará un “coordinador lingüístico” que haga cumplir la normativa, pues el español sólo se ofrece como “apoyo” individual al igual que las “lenguas extranjeras”. Es el mundo al revés, pues el catalán no está amenazado para nada en su ámbito territorial lingüístico como es Cataluña y otros territorios catalanohablantes, siendo el castellano el que está vetado y perseguido en su ámbito territorial lingüístico que es España, toda España y no en parte de ella. Y por si no fuera suficiente el Gobierno español acuerda además renunciar a la judicialización del conflicto catalán y la Generalitat a emprender acciones políticas que se sitúen al margen de las reglas del juego democrático….. ¿pero no está claro e implícito que las instituciones, incluida la Generalitat, están obligadas a actuar de acuerdo con las reglas democráticas? Es decir, Sánchez cede ante la nada que le ofrece Aragonés, como es, entre otras cosas, que se le exija el cumplimiento de la sentencia sobre el castellano del TSJC. ¡Qué caro costará a los españoles, incluidos los catalanes, el chantaje de ERC a Sánchez para que este permanezca en el poder!

          Entretanto, tenemos que soportar que Laura Borrás de JxCat, otra incumplidora de la legalidad vigente, diga que “los que me quieren muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos” cuando está a un paso de ser suspendida como diputada después de que ERC, CUP y PSC hayan advertido que piensan aplicar el reglamento del Parlament, que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción, como es el caso, y, por tanto, a que siga presidiendo la Cámara Legislativa Catalana. Y es que el TSJC le abre juicio oral por prevaricación y falsedad documental y el Reglamento del Parlament la obliga a dejar su escaño y su cargo, que están en el aire. ¿Nos saltamos el reglamento al igual que nos saltamos la sentencia del TSJC sobre el 25% del castellano? En fin, sin más comentarios. Parece ser que en este caso Laura Borrás acaba de ser suspendida como diputada y cesada como Presidenta del Parlament con lo que JxCat, que no participa en la Mesa Bilateral Gobierno-Govern, podrá nombrar a su sucesora.....en caso contrario qué hubiera sucedido, es una incógnita; qué hubiera sucedido si JxCat fuese esencial, como lo es ERC, para que Sánchez siguiese en el poder…..¡mejor ni imaginarlo!.

Por lo que respecta a asuntos económicos, que no es asunto menor, el Gobierno prevé un gasto record y menos crecimiento en 2023, pues en las previsiones aprobadas en Consejo de Ministros el crecimiento del PIB esperado para el próximo año se rebaja del 3´5% al 2´7% y el gasto aumenta un 1´1% hasta los 198.221 millones de euros, cuando, según el FMI, España no volverá al PIB prepandemia hasta 2024, es decir, hasta después de las próximas elecciones. Este techo de gasto histórico fijado por el Gobierno vuelve a ser un record por efecto de los fondos europeos y mantiene el objetivo de déficit en el 5%, con la intención de “elaborar unas cuentas que nos permitan proteger a la mayoría social”, aunque algunos ya recelan de que lo que pretende Sánchez es destinar 20.000 millones para garantizar que las pensiones puedan ligarse al IPC desorbitado en año electoral aplicando el sistema de gastar más, que no mejor, pues no se rebajan ni suprimen gastos superfluos…..y sabido es que, si se gasta cada vez más, pero no mejor, y se crece menos, se va a la ruina absoluta, que habrán de afrontar quienes vengan después.

En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que el fiscal pide amparar al diputado condenado de Podemos frente a Batet; que dos policías que violaron a una chica de 18 años evitan la cárcel; que el modelo vasco de prisiones queda al borde del colapso a los diez meses de implantarse y ser transferido; que la renuncia de un juez del Constitucional abre otro frente entre PSOE y PP; que un jurado condena por homicidio al acosador de un menor suicida; que España apenas identifica al 13% de los inmigrantes que arriban a nuestras costas, mientras un proyecto pionero de Cruz Roja busca poner nombre e historia a quienes se dejaron la vida en el intento; que mientras Moreno forma un gobierno continuista en Andalucía con peso orgánico y con más mujeres que hombres, la meta de Feijóo es Valencia y Baleares, dado el desgaste socialista evidente en las CCAA, que se podrían perder y dar un vuelco al mapa autonómico, en tanto que Gobierno y Génova temen el uso que Podemos, ERC y Vox puedan hacer de sus pactos de Estado; y que la nueva Selectividad tendrá la mitad de exámenes y una prueba de madurez, pues Educación prepara la mayor reforma del acceso a la Universidad en casi medio siglo, rebajando la Selectividad a “una prueba de madurez”, y renuncia a la prueba única de la EBAU para toda España.

Y del exterior, destacar que Ucrania resiste las ofensivas rusas gracias a las armas occidentales; que un año de desgobierno de Castillo en Perú sume al país en la parálisis y el escándalo, mientras el 62% de los peruanos cree que el presidente izquierdista debe irse por su incapacidad política; que EEUU acelera la subida de los tipos de interés para enfriar la economía; que Moscú y París compiten por el favor de África en plena crisis alimentaria, por lo que Lavrov, ministro ruso de Exteriores, visitará Egipto, República del Congo, Uganda y Etiopía, mientras Macrón visitará Camerún, Benin y Guinea-Bissau; y que Bruselas, ante la presión de España y otros países-miembros de la UE del sur de Europa, suaviza la propuesta inicial de la Comisión de recortar de gas y, aunque recomienda un ahorro del 15%, es flexible para que cada país pueda adaptar la rebaja a sus peculiares condiciones, por lo que el Gobierno español acepta un recorte del 7% en el acuerdo europeo, mientras Rusia reduce al 20% el suministro de gas y mientras Sánchez se dispone a gravar las ventas de las energéticas con un impuesto, que se está estudiando, con el objetivo de recaudar 2.000 millones al año, que no podrá cargarse a los clientes.

Fdo. Jorge Cremades Sena

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