ESTADO DE BIENESTAR AMENAZADO

 

                        El manifiesto deterioro de la calidad de la Educación y de la Sanidad Pública o la incierta encrucijada de la viabilidad de las pensiones son síntomas, sin duda, de la debilidad y fragilidad del llamado Estado de Bienestar que predomina en Europa. ¿Está en crisis esta idea revolucionaria socialdemócrata que buscaba la protección del trabajador junto a una economía estable? Ese es el quid de la cuestión y, visto lo visto, la respuesta es preocupante. En efecto, al margen de los distintos modelos de Estado de Bienestar que existen en Europa (nórdico, continental, anglosajón y mediterráneo), cada uno con sus peculiaridades por las distintas circunstancias socioeconómicas de los diferentes países para consolidarlo (la homogeneidad sería imposible por razones obvias), lo cierto es que Europa en su conjunto, aunque en unos países más que en otros, se discute hoy cómo jubilar a sus ciudadanos, cómo garantizar una Sanidad y una Educación Pública universal de calidad, además de cómo proteger el desempleo, tan distinto entre los diferentes países en términos cuantitativos y cualitativos, o los servicios sociales, el acceso a la cultura entre otros servicios públicos que hacen más digno al ciudadanos. Su máximo objetivo es reducir las diferencias entre ricos y pobres que es la mejor forma de crear mayores oportunidades de riqueza, cultura, educación y salud para todos, lo que, vista la experiencia histórica, supone integrar tanto el sector público como el privado para ser lo más eficientes posible y tener éxito; en definitiva, un modelo mixto para aprovechar lo mejor del socialismo y del capitalismo, evitando las consecuencias perversas de sendos modelos, paradigmáticos de ruina económica y social, de abusos sociales, de totalitarismo, de populismo y de ausencia de libertades allá donde se han aplicado. Pero evidentemente el Estado de Bienestar no es infinito y, para ser viable, debe ajustarse a la realidad económica de cada país, cuya gestión ha de ser eficaz para generar la riqueza necesaria y poder distribuirla lo mejor y más equitativamente posible, pues, en caso contrario, como sucede con los regímenes populistas radicales, sólo permite repartir pobreza y malestar generalizado. Es obvio pues que la base del Estado de Bienestar pasa por una economía saneada y equilibrada, creadora de riqueza y con un balance lo más ajustado posible entre ingresos y gastos, pues, en caso contrario, gastando más de lo que se ingresa como norma general, sólo puede ser, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana, y sólo gobiernos responsables, moderados y no despilfarradores, pueden garantizar que esto no pase. Sin embargo, no parece que esta sea la tónica de algunos gobiernos europeos, pues la proliferación creciente de populismos indeseados, sean de izquierdas o de derechas, doblega la tendencia de los partidos moderados, garantes del Estado de Bienestar, para inclinarla hacia modelos radicales de corte socialista o capitalista, ambos contrarios al modelo de Estado de Bienestar.

            En España concretamente con la clase media baja cada vez más baja acrecentando el abismo entre ricos y pobres, con la mitad de zonas negras de empleo juvenil de toda Europa y una tasa de desempleo de menores de 25 años del 29´3% y con una creciente población pasiva subsidiada bien por envejecimiento o falta de empleo y recursos, lo que requiere cada vez mayor gasto, frente a unas menores expectativas laborales productivas para mantenerlo en el futuro, el panorama es nada halagüeño, pues vamos en dirección contraria a lo que requiere el Estado de Bienestar. Y todo ello agravado por un gobierno de coalición que no logra salir de su permanente crisis ideológica y de gestión en pleno año electoral cuando para enderezar la situación se requiere un gobierno estable, en vez de un gobierno malavenido y más pendiente de lograr su supervivencia que de gestionar con eficacia los recursos del Estado, lo que le obliga a estar mirándose el ombligo para ver en cada decisión quien sale menos perjudicado a nivel interno, como sucede, entre otras, con la patética polémica sobre el “sí es sí” y las consecuencias electorales que pueda tener junto a las indeseables reformas penales sobre la sedición y la malversación, adoptadas únicamente con el objetivo de satisfacer a los secesionistas catalanes, sus aliados, previamente indultados por el Gobierno. Un Gobierno que, condicionado por sus radicales socios y aliados, se apunta a las tesis más populistas y arremete contra el sector privado, creador de riqueza e imprescindible para el Estado del Bienestar, pues es precisamente la integración del sector público y privado lo que avala su razón de ser, en vez de la cínica división de la sociedad entre buenos y malos: yo soy el bueno y tú el malo.

            A todo esto cabe añadir la propia estructura territorial del Estado Español pues, cuando se supone que las CCAA, que son parte del Estado, y el propio Gobierno del Estado son complementarias para lograr una mejor gestión de los recursos disponibles y una mejor aplicación de los servicios públicos, al margen de las ideologías que tengan sus gobernantes, unos y otros se enzarzan en una irresponsable guerra político-demagógica como demuestran, entre otras, las marchas por la Sanidad Pública, uno de los pilares del Estado de Bienestar, deteriorada desde el covid en todas las Autonomías y, por tanto, en toda España. Marchas por el descontento que se dan en todas las CCAA (Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana…..) pero que en Madrid se han convertido en masivas manifestaciones no ya para reivindicar una mejor calidad de la Sanidad Pública, sino para hacer una denuncia pública contra Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, a la que llegan a acusar de “terrorista sanitaria” desvirtuando con ello el objetivo de una saludable reivindicación pública para paliar el manifiesto deterioro de los servicios sanitarios generalizados en toda España puesto de manifiesto tras la pandemia de covid. Así las cosas la Sanidad, como la Educación, las pensiones y otros servicios sociales se convierten en meros reclamos electorales en vez de en asuntos de Estado, que entre todos han de mejorar de cara al sostenimiento del cada vez más deteriorado Estado de Bienestar y, al efecto, Sánchez, como Jefe de Gobierno, manifiesta cínicamente que “el modelo del PP es que se cure quien pueda”, mientras Feijóo, como jefe de la oposición, manifiesta que lo que falta son médicos, lo que depende del Ministerio. Ya ven, entre unos y otros la casa sin barrer, culpándose entre ellos cuando unos y otros son responsables del fiasco ya que tienen responsabilidades compartidas y cuando en todas las CCAA, responsables de la gestión, cuecen habas con sus respectivas privatizaciones y conciertos entre lo público y lo privado, entendiendo que si el servicio es deficiente, por las razones que sean, lo importante es que el ciudadano reciba la atención sanitaria más adecuada de forma gratuita al margen de quién se la preste….. El Estado de Bienestar precisamente requiere esa colaboración entre lo público y lo privado, lo contrario es caminar hacia otros modelos que nada tienen que ver con ello.

            Pero es que en España hay que añadir además que no sólo está en cierto riesgo el futuro del Estado de Bienestar sino el del propio Estado de Derecho diseñado en la Constitución a causa de las cesiones del Gobierno a sus aliados totalitarios secesionistas que cada vez dejan más desamparado al propio Estado de Derecho, tal como ha dejado claro el Tribunal Supremo, cada vez más puesto en entredicho por los socios del Ejecutivo cuyo modelo es otro. En efecto, el Tribunal Supremo, acaba de certificar la desprotección del Estado fallando por unanimidad mantener la inhabilitación, hasta 2031, de Junqueras, el líder de ERC, por malversación (¡menos mal!) pero advirtiendo de que la reforma penal de Sánchez (a la carta para satisfacer a sus socios secesionistas) deja sin castigo alguno los  procesos secesionistas no violentos, con lo que un supuesto “procés”, como el del 1-O, quedaría totalmente impune en el futuro, alertando de que suprimir la sedición permite otro intento de secesión sin “consecuencias penales”. El Supremo lo deja bien claro y no castiga por “desórdenes” en el “procés”, que es otra cosa, evitando aplicar el delito ideado por el Gobierno de Coalición de Sánchez como sustituto del eliminado delito de sedición, pues sin este delito o uno similar, como sucede en otros países, un nuevo desafío al Estado, que es de lo que se trata y no de meros desórdenes públicos, por agravados que sean, quedaría fuera del alcance penal. Así las cosas, el Supremo frustra de alguna manera los planes del Gobierno al inhabilitar a Junqueras, lo que pone a ERC de los nervios, y junto al fiasco del “sí es sí” trastoca el plan de Sánchez, pues la decisión del Alto Tribunal de mantener las penas por malversación del 1-O y la crisis con Podemos embarran la hoja de ruta del Presidente en pleno año electoral……y mientras sus socios y aliados (Podemos, ERC y Bildu) impiden que se adelante el debate sobre el “sólo sí es sí” al rechazar tramitarlo por vía de urgencia, haciéndolo coincidir con el 8-M para arrinconar al PSOE, Feijóo ofrece los votos del PP para reformar la chapucera ley de Irene Montero, que es de todo el Gobierno y de sus aliados que la votaron, y también los ofrece para reponer el delito de sedición tras el “ridículo jurídico” que estamos viviendo.

¿Está en riesgo el futuro del Estado de Bienestar en España o incluso el del propio Estado de Derecho? Esta es la cuestión. La respuesta no es fácil todavía pero, si seguimos por el camino que hemos tomado, salvo que rectifiquemos lo antes posible, nos estamos aproximando a ello cada vez más….y luego, cuando ya sea tarde, vendrán las lamentaciones.

Fdo. Jorge Cremades Sena