SOSTENER LA GOBERNABILIDAD

 

                        Visto lo visto, y ante el desmadre gubernamental que los españoles estamos sufriendo, cada vez son más en las filas socialistas y populares que apuestan públicamente por caminar hacia la centralidad a medida del acercamiento de las elecciones que inevitablemente se avecinan. Al efecto, el dirigente socialista Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón, manifiesta acertadamente que “damos poder a los extremos y ponemos en riesgo la nación” que “no puede ser que para sostener la gobernabilidad se alivie la sedición y la malversación”, que “el PSOE de Aragón no estará a las órdenes de Moncloa” y que “es insensato que no se entiendan el PSOE y el PP para que este país se pueda gobernar desde la centralidad”. Palabras sensatas que cualquier demócrata, sea de izquierdas o de derechas, podría suscribir como suyas desde la obligada moderación que la verdadera democracia requiere. Entretanto al escándalo de la sedición y la malversación se añade el feo asunto de la rebaja de condenas a causa de la aplicación de la defectuosa ley del “sólo sí es sí” pues el 75% de los tribunales ya ha rebajado las penas a delincuentes sexuales (de los 128 juzgados que llevan agresiones sexuales, 96 ya han acortado rebaja de penas) lo que desmonta el argumento de la ministra radical Irene Montero de que las rebajas sólo las aplican “una minoría de jueces” (que son fachas, según Podemos) cuando la cadena de rebajas de condenas sigue su curso, como es el caso de la recientemente obtenida por un individuo que ve reducida cinco años la suya (una de las reducciones más altas de las 560 que ya ha propiciado la chapucera ley) tras haber violado y asesinado a una anciana, cuando, si hoy fuera condenado por ello, la pena sería de prisión permanente revisable, a lo que también se opuso Podemos en su día. Pues bien, en pleno fiasco por todas estas incomprensibles medidas legislativas, exigidas por los socios radicales del Ejecutivo y asumidas por el PSOE de Sánchez, cabe añadir ahora la Ley Trans mientras los expertos en la materia advierten sobre las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de la misma; al efecto, Javier Urra, psicólogo forense en la Fiscalía de Menores, sostiene que “nadie nace en un cuerpo equivocado, es un tópico erróneo” y José Cabrera, psiquiatra y médico forense, añade que “detrás de la Ley Trans hay intereses por generar caos en los menores”. Y todo ello cuando desgraciadamente dos gemelas se precipitan en el pueblo barcelonés de Sallent, falleciendo una de ellas y resultando muy grave la otra, lo que pone en candelero el suicidio adolescente que se ha triplicado en España en los últimos tres años en los menores de quince años, como es el caso, mientras las investigaciones del suceso apuntan a un incontrolado acoso escolar, presuntamente propiciado por la forma de hablar de las chicas (eran argentinas) y porque una de ellas, la fallecida, había pedido ser tratada como chico, incógnitas de esta impactante tragedia que habrán de esclarecerse, cuando los expertos atribuyen este incremento de los suicidios en adolescentes a la pandemia, la mala salud mental y la baja tolerancia a la frustración.

            Pero nuestros gobernantes andan más preocupados por su propio futuro que por el de los ciudadanos y en año doblemente electoral sólo cabe esperar demagogias a raudales por parte de todos para ver si cuelan a la hora de convencer a los votantes. El PSOE, acuciado por los sondeos, busca como sea arrinconar al PP, acusándole de ser extrema derecha como Vox, con quien habría de gobernar, y el PP, animado por los sondeos, intenta evidenciar ante la ciudadanía las consecuencias nefastas para España por la dependencia absoluta del Gobierno de los radicalismos ideológicos y secesionistas que lo sostienen. En todo caso, el PP aspira a triplicar el 28M las once capitales en que gobierna y sus cálculos sitúan a Baleares y La Rioja como autonomías que pueden recuperar en los comicios de mayo, ya que espera sacar más de medio millón de votos a Sánchez, pues la absorción del voto de Ciudadanos por parte del PP podría provocar el vuelco en ayuntamientos y CCAA no gobernadas por los populares, aunque, según SigmaDos, en las gobernadas por ellos, como en Galicia, el socialista Abel Caballero seguiría gobernando en Vigo con el 67% de los votos y el PSOE y BNG resistirían en Coruña, aunque el PP sería la fuerza más votada por los coruñeses y Vox rozaría la representación con el 4´9% de los votos. No obstante, como meses después vienen generales, Feijóo asegura que España necesita un gobierno centrado en resolver los problemas de los españoles y no en crearlos, cuando, según NCReport, el líder popular consolidaría la mayoría absoluta del centroderecha ya que los resultados electorales serían los siguientes: PP 33´4% de votos y entre 139-141 escaños, PSOE 24´2% y 94-96, Vox 13´8% y 44-46, UPodemos 10% y 24-26, ERC 3´2% y 12-13, JxCat 2% y 7-8, PNV 1´5% y 6, EHBildu 1´2% y 5, Más País 2´3% y 2, y Otros 5´2% y 10…..hagan las sumas pertinentes y, en caso de que se confirmaran estos resultados o parecidos, verán que los españoles, salvo que lo remediemos en las urnas, estamos condenados a la radicalidad ya que, o bien repetimos la situación gubernamental actual o la cambiamos por una nueva coalición de PP y Vox, salvo que populares y socialistas, como dice Lambán, se sienten definitivamente a negociar para consensuar normas electorales tendentes a un mayor aseguramiento de la gobernabilidad (¿plus de diputados a la lista más votada? ¿segunda vuelta entre los dos partidos más votados? ¿?....) tal como ya han hecho en otros  países de la UE.

            Bueno, y ya de paso, bien podrían todos dejar de utilizar la corrupción como arma electoral para librarnos del bochornoso espectáculo en que estamos inmersos. En efecto, mientras Fiscalía pide 15 años al exministro de Interior del PP Fernández Díaz por espiar a Bárcenas para destruir pruebas del “caso Gürtel” y Anticorrupción acusa a otros dos dirigentes de su cúpula, salta a la palestra un escabroso asunto de corrupción en el seno del PSOE, conocido como “caso Mediador”, una presunta trama corrupta cuyo modus operandi eran los sobornos, los burdeles y el vodka, pues Tito Berni, alias de Juan Bernardo Fuentes, diputado socialista hasta publicarse el caso y patriarca socialista en Fuerteventura, se beneficiaba de administraciones socialistas (una de las empresas de su red encadenó hasta 16 contratos con entes controlados por su partido, el 90% del total) y se enriquecía extorsionando y ofreciendo sobornos a empresas, que recibía incluso en el Congreso, pues según Antonio Navarro, el mediador que da nombre al caso, “hay una trama mafiosa en el Gobierno canario y en el estatal” y señala al PSOE ya que “el diputado Fuentes podía llamar a un Secretario de Estado para pedirle lo que fuera”…. En definitiva, un feo asunto que recuerda cada vez más al patético “caso EREs” de Andalucía (esperemos que al menos sea un asunto de cuatro o cinco, tal como decían entonces, y que no acabe en un indeseable escándalo de corrupción como sucedió en el caso andaluz). En fin, sin más comentarios.

            Por otro lado Cataluña recluta “espías del recreo” con ayudas estatales para los parados, pues la Plataforma per la Llengua, entidad que espió a niños en el recreo para comprobar que hablaban en catalán y no en el maldito castellano, lleva tres años beneficiándose de ayudas estatales destinadas al desempleo, mientras la influencia de la ANC en el independentismo se diluye por la falta de una estrategia unitaria y la actual dirección de la entidad apuesta ahora por competir electoralmente contra las formaciones políticas tradicionales como ERC, Junts y la CUP para recuperar protagonismo (éramos pocos y parió la abuela). Entretanto Aragonés y Colau, una vez más, enturbian la Mobile World Congres, que espera reunir en Barcelona a unas 80.000 personas, plantando al Jefe de Estado el rey Felipe VI que inaugura el evento. Ya ven, hay cosas indeseables que no cambian nunca.

            Entretanto Iberia cierra la compra de Air Europa por 500 millones tras ser rebajada la operación a la mitad de precio; Telefónica vuelve a crecer en ingresos siete años después y gana 2.011 millones en 2022; Calviño frena que se fije un tope del 3% a las subidas de alquileres, mientras los grupos negocian para desbloquear la ley de vivienda; la crisis de precios dispara el beneficio de las energéticas a 12.780 millones; la okupación se frena, cayendo el allanamiento y la usurpación por primera vez desde 2016; y la Seguridad Social deja de atender cuatro millones de llamadas, cuando el colapso dispara las quejas un 42% mientras Escrivá ordena a los funcionarios que dediquen diez minutos por ciudadano y que trabajen por la tarde.

Fdo. Jorge Cremades Sena