AMNISTÍA, UN TRAJE A MEDIDA

 

                        Con decenas de miles de españoles en las calles de las 52 provincias españolas defendiendo lo que Sánchez les prometía en la campaña electoral (un “no” a la amnistía, por ser inconstitucional y un “sí” a traer al prófugo Puigdemont, que se le escapó a Rajoy, para que sea puesto ante los tribunales de Justicia), el Presidente del Gobierno, sin que se le caiga la cara de vergüenza ni sonrojarse, se burla de la ciudadanía registrando en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Amnistía (no un Proyecto de Ley, con lo que minimiza el debate parlamentario y esquiva filtros y dictámenes incómodos de los órganos consultivos sobre su constitucionalidad) que viene a ser como un traje a medida para el prófugo Puigdemont (y para él mismo) ya que sólo le ha faltado incluir en el articulado los nombres propios y apellidos de los 309 independentistas que van a ser beneficiados con la medida de gracia, que, lamentablemente y visto lo visto, no le hace ni pizca de gracia a la mayoría de españoles y, sobre todo, a los demócratas que se sienten burlados y engañados por las mentiras de Sánchez en la campaña electoral. Una proposición de ley que, curiosamente en su preámbulo, defiende su constitucionalidad, y que el ministro Bolaños reitera ante los medios en su presentación pública, cuando él mismo y todo el Gobierno, a toque de corneta, defendían con ahínco todo lo contrario (ya saben, “si no le gustan mis principios, tengo otros” y a tragar) y los españoles creyeron que eso es lo que valdría y lo que haría si llegara a gobernar. Una proposición de amnistía, insólita en cualquier país democrático, que, de un plumazo y por conveniencia personal de Sánchez y del prófugo, borra, para que no quede rastro alguno, todos los delitos cometidos por el independentismo totalitario, que no son pocos, desde 2012 hasta hoy, avalando con ello el fracaso rotundo de nuestro Estado de Derecho diseñado en nuestra Constitución tanto en la letra como en el espíritu de los constituyentes, los llamados “padres de la patria”, pues la igualdad de los españoles, la solidaridad interterritorial o la unidad de España son principios atropellados por semejante felonía, que viene a reconocer el fracaso colectivo rotundo del Estado de Derecho, sin contrapartida alguna ya que los secesionistas no renuncian absolutamente a nada, frente a la renuncia del Presidente del Gobierno, sus ministros y su patética mayoría parlamentaria a defender el espíritu que en la Transición inspiró el deseo de los españoles por vivir en paz, progreso y libertad. Todo ello se derrumba ahora, por la avaricia de Sánchez, al reconocer que el Estado erró gravemente al perseguir nada menos que una declaración ilegal unilateral de independencia, dos chapuceras consultas totalmente fuera de la ley, la proclamación chulesca de numerosas normas inconstitucionales, el incendio violento en las calles contra el mobiliario urbano y frente a las Fuerzas de Orden Público considerados penalmente como actos terroristas y la malversación de caudales públicos para financiar la brutal agresión al Estado de Derecho, inédito en cualquier país democrático ya que es la única garantía de preservar los derechos de la ciudadanía y especialmente de los ciudadanos menos poderosos. Ahora con este traje hecho a la medida de Puigdemont (y de Sánchez), todo esto será tapado ignominiosamente, borrado de la Historia como si no hubiera existido, mientras sus protagonistas ven su historial delictivo borrado del mapa y se preparan para futuros envites contra la democracia y la libertad. Una amnistía que intenta maniatar al Supremo, que condenó a los sediciosos con el beneplácito del propio Sánchez, y que ahora, limpios de polvo y paja, le auparán pasado mañana de nuevo a La Moncloa, convertidos por arte de magia en personas decentes y líderes políticos democráticos solventes, aunque entre ellos no se fíen ni para ir a recoger un premio.

            Ya ven, porque Sánchez y Puigdemont lo han decidido así, esta insólita ley de amnistía, finiquita el procés (no existió ni existe) al borrar todas las causas, incluyendo las de terrorismo y malversación, y da dos meses a los jueces para aplicarla, estableciendo que las cuestiones al TC o a la UE no podrán paralizarla (ya ven, como Franco, el objetivo es que “todo quede atado y bien atado”), mientras ahora el PSOE y el Gobierno la justifican por “razones de utilidad social” (¡qué razones si los secesionistas no renuncian a nada!) y prometen que España será ahora un país “más habitable” sin descartar que beneficie también, como quiere Puigdemont, a corruptos por malversación como Borrás, dándose la paradoja de que si se malversa para la causa secesionista y para agredir al Estado de Derecho, como hizo Puigdemont, es amnistiable, pero si se malversa para otros fines, no. Sin duda que España a partir de ahora será “más habitable”, pero sólo para los chorizos que saben que, si el Presidente de Gobierno lo necesita, sus delitos serán indultados, amnistiados o simplemente borrados del Código Penal, como el de sedición, o haciendo más leves sus penas como el de malversación; es obvio que esa mejor habitabilidad de España no acarreará nada positivo a las gentes que se esmeran cada día por comportarse con arreglo a la legalidad establecida y defienden las reglas de juego constitucionales en todo momento y al margen de las conveniencias de algunos privilegiados, como es el caso. Una proposición de ley de amnistía que iba a ser registrada con la firma de todos los que la avalan (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu BNG) pero que al final, por recelos de unos u otros, ha tenido que registrarse “in extremis” con la sola firma del PSOE y en la que curiosamente no se hace referencia alguna al “lawfare” (instrumentalización de la justicia o judicialización de la política), que sí recoge el pacto PSOE-Junts y que tanto revuelo ha causado en los jueces, fiscales y magistrados…..es obvio que a socialistas y secesionistas les conviene pasar por alto el asunto en la proposición de ley pero mantenerlo en el acuerdo, que, si llega el caso, será utilizado como argumento para que Junts deje caer al Gobierno cuando le convenga por incumplimiento de lo acordado tal como han firmado. Mal empezamos pues cuando esto no ha hecho más que empezar. Los populares por su parte, advierten que el PSOE deroga la separación de poderes y con su mayoría absoluta en el Senado intentarán dilatar que se imponga la medida hasta mediados de marzo (y poco después las elecciones europeas), mientras Armengol pone al servicio de Sánchez el Congreso de los diputados tras 44 días después de que éste recibiera el encargo del Rey para formar gobierno, es decir, cuando por fin él ha conseguido garantizar la felonía y el traje a medida de Puigdemont se ha terminado.

            Entretanto Feijóo reclama nuevas elecciones con una protesta masiva en las calles contra la amnistía y dice que “no nos callaremos hasta que todos podamos votar otra vez” sin mentir en las promesas, en tanto que las bases de Junts avalan el pacto con Sánchez por el 86% de los votos a favor. Feijóo, de momento, consigue canalizar el malestar popular, evidenciado por decenas y decenas de miles de manifestantes a lo largo de estos últimos días, y con ello anticipa una oposición muy movilizada frente al nuevo gobierno Frankenstein que surgirá de nuevo pasado mañana, mientras el Senado, con mayoría absoluta del PP, podrá pedir al CGPJ un informe sobre tan polémica Ley de Amnistía. Y mientras Ayuso, también con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, carga contra Sánchez por haber dinamitado “las reglas de juego” el PP apuesta además por la vía europea para parar esta locura de dudoso encaje constitucional y democrático, en tanto que el socialista Borrell, sostiene a título personal que el acuerdo PSOE-Junts le provoca “bastante preocupación” y el socialista madrileño Tomás Gómez se arrepiente de haber apoyado a Sánchez diciendo que fue “un error con graves consecuencias”…..ya ven, dos socialistas más que, tras criticar a Sánchez, obtendrán la categoría de “fachas”. Quien no pasará a dicha categoría será sin duda el ex ministro y hoy magistrado Juan Carlos Campo, que en 2019 se opuso (al igual que Sánchez) a que se concediera la amnistía a los líderes secesionistas y como Ministro de Justicia fue tajante diciendo que “la amnistía no cabe”, refiriéndose a su encaje en la Constitución y explicando por qué el perdón colectivo sería ilegal ya que “la amnistía es el olvido”, mientras avalaba los indultos a los presos del procés ya que, en ese caso, “no hay olvido sino perdón, para construir un futuro mejor”…..la pregunta es, ¿qué dirá hoy Campo como magistrado del Constitucional tras el giro copernicano de Sánchez sobre la amnistía? ¿irá en sintonía con el Presidente y sus famosos “cambios de opinión”?; lo que está claro es que su categoría como “socialista-progresista” o como “facha” dependerá de su alineamiento o no con Sánchez, ya que la concordancia con él es el principio básico para ser buen socialista por encima de los principios como la igualdad, solidaridad o la libertad que siempre inspiraron el socialismo democrático pero que hoy el sanchismo, con esta ley de amnistía, pone seriamente en cuestión.

            Y mientras el Gobierno reformará el subsidio de paro para activar el empleo, el gigante naviero MSC frena un proyecto clave en Valencia porque “es difícil defender las inversiones en España” y avisa del deterioro de la imagen del país en las sedes internacionales…..pero no pasa nada, todo puede esperar, ahora lo imprescindible, ineludible y prioritario es que, tanto a Puigdemont como a Sánchez, les venga bien el traje que se han confeccionado.

Fdo. Jorge Cremades Sena