Vaya por delante mi más
contundente repulsa y condena a cualquier tipo de violencia, la ejerza quien la
ejerza, y mi más entusiasta apoyo al derecho que todos los ciudadanos, sean
quienes sean, tienen a manifestarse pacíficamente para reivindicar o rechazar
aquellas cosas que consideren oportuno. Dicho esto, entenderán que estoy
totalmente a favor de las manifestaciones pacíficas convocada para rechazar la
controvertida y polémica amnistía que Sánchez pretende otorgar a los condenados
por sedición y a los prófugos de la Justicia para con ello, borrar el ilegal
“procés”, como si jamás hubiese existido, a cambio de que los delincuentes
aprueben su investidura y le permitan seguir en el poder tras haber perdido las
elecciones. Y, por ende, entenderán mi más absoluta condena a quienes, por una
u otra razón, intentan reventar con violencia dichas manifestaciones; así lo he
hecho siempre, tanto sobre las algaradas callejeras en Cataluña por el procés,
como en los acosos, escraches e insultos, más o menos violentos, que popularizó
en su día Podemos con Pablo Iglesias defendiendo semejantes actuaciones con el
argumento de que era una especie de “jarabe democrático”, mientras defendían
que habían venido para acabar con la “casta” y acabar al final formando parte
de ella. Pero, dicho todo esto de nuevo, entenderán que con lo que no puedo
estar de acuerdo es con que ahora, tanto Podemos como el PSOE (y por supuesto,
toda la caterva secesionista y populista) pongan el grito en el cielo diciendo
que se trata de “violencia política” sencillamente porque se ejerce contra
ellos, mientras, paradójicamente, pactan amnistiar, entre otras cosas, la
violencia ejercida en su día por los CDR y por Tsunami Democratic. Es obvio que
un poco de coherencia política no vendría nada mal ya que ese “jarabe
democrático” que recetaba Podemos no puede convertirse ahora por arte de magia
en una especia de veneno democrático por el mero hecho de que ahora tan
balsámico remedio para la democracia otros se lo recetan a ellos. En fin, es el
juego sucio de la política que cualquier persona decente debiera denunciar en
todo momento y lugar, sobre todo, sabiendo que las recetas totalitarias
radicales de los alborotadores, sean de la extrema derecha o de la extrema
izquierda, sólo conducen al caos y al desastre, que seguramente es lo que
algunos pretenden, pues cuanto peor, mejor para ellos. Los disturbios violentos
ante las sedes del PSOE, como los anteriores ante las sedes del PP o de
cualquier otro partido político y, más aún, los perpetrados contra el Congreso
de los Diputados, el Sancta Sanctorum de la democracia, por el patético
movimiento “rodea el Congreso”, han de ser siempre condenados con contundencia
por los partidos políticos democráticos y no a conveniencia en cada momento de
unos u otros. Pero las decisiones de dudosa cobertura constitucional
protagonizadas por las instituciones del Estado, cuando están obligadas a
defender nítidamente la Ley y la Constitución, también han de ser condenadas,
pues no se entiende que miembros del Gobierno pidan a los partidos de la
oposición que denuncien la violencia contra las sedes de los partidos
gobernantes mientras ellos negocian la exoneración de la violencia por meros
intereses de permanecer en el poder en vez de poner freno de una vez por todas
a esta espiral antidemocrática de unos y otros. Por tanto, todo el derecho a
convocar manifestaciones contra la polémica Ley de amnistía y toda la repulsa
siempre contra quienes aprovechan las manifestaciones para reventarlas
generando violencia, que sí es el veneno contra la democracia.
La cruda realidad es que la Justicia
y la calle sacuden la oscura negociación de PSOE y Junts en Bruselas
(Puigdemont está de momento reclamado por y fugado de la Justicia), mientras un
juez, ejerciendo todo su derecho, implica al ex president y a Rovira en el
“caso Tsunami” y mientras el CGPJ carga contra la presunta amnistía. En efecto,
la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont por terrorismo atribuyéndole un
papel clave en las graves algaradas de “Tsunami Democratic”, así como a Rovira
y otras diez personas, mientras la Fiscalía, que según Sánchez depende de él y
no del Estado, sólo ve un delito de desórdenes públicos (vamos, una especie de
pelea callejera ocasional), en tanto que el juez de la Audiencia Nacional se
dispone a llevar a la UE la amnistía a Puigdemont por terrorismo para que sea
el Tribunal de Justicia Europeo quien decida al respeto, imputando al prófugo
por montar Tsunami Democratic para desestabilizar el Estado mientras el fugado
negocia con Sánchez su amnistía a cambio de votos, y recuerda que España está
obligada a perseguir este tipo de delitos y que existe un mandato expreso de la
ONU, en tanto que el CGPJ advierte que la Justicia puede convertirse en “una
quimera” y las protestas contra las sedes del PSOE se extienden por toda
España, cuando Feijóo llama a una movilización el 12-N contra la amnistía y
dice que “no nos van a callar ni amedrentar” y, por fin, condena la violencia
en la calle pero señala al líder socialista como “el principal responsable de lo
que está ocurriendo” y Sánchez le acusa de “silencio cómplice” del PP por haber
tardado en denunciarla demasiado, mientras algunos ministros manifiestan que en
todo caso Feijóo ha denunciado la violencia forzado por las previas condenas de
algunos de sus barones como Moreno Bonilla o Ayuso, intentando avivar las
especulaciones de que es una marioneta en sus manos para desprestigiarle.
Obviamente la imputación del juez
García-Castellón a Puigdemont por terrorismo tras cuatro años de investigación
provoca un contratiempo añadido en las negociaciones PSOE-Junts para la
investidura en plenas manifestaciones en la sede del PSOE a las que acudió
Abascal pero ningún miembro de la dirección del PP, lo que no impide que los
socialistas y sus socios sigan considerando como extrema derecha a ambos para
desprestigiarlo, mientras Fiscalía se enfrenta al magistrado y recurrirá la
imputación contra el prófugo, quien, fiel a su totalitarismo radical de
derechas, señala al Rey, a los jueces y “al golpe de Estado permanente” de
España, con cuyo Presidente de Gobierno negocia su propia amnistía y la de los
suyos, mientras el Poder Judicial se planta y saca adelante una nota (por nueve
votos a favor, cinco en contra y el del presidente en banco) diciendo que la
presunta amnistía supone “abolir el Estado de Derecho” y “genera una clase política
impune por sus delitos”, lo que obviamente es criticado desde instancias
gubernamentales. Es tal el escándalo provocado por esta negociación de
investidura, que al final se consolidará (ninguno de los negociadores se puede
permitir hacer ya marcha atrás a estas alturas) que hasta la propia UE pide
explicaciones a Sánchez de lo que está pasando, pues el Comisario de Justicia
Europeo remite una carta a los ministros Bolaños y Llop para que le aclaren con
“información detallada” sobre la negociación “el alcance personal, material y temporal” de la norma
sobre la amnistía, transmitiéndole que existen “serias preocupaciones” sobre la
presunta ley y recordándole que la Comisión Europea debe velar por el respeto
de los “valores fundamentales de la UE” y del “Estado de Derecho”…. Pero el
empecinamiento de Sánchez por consolidar sus ambiciones personales pesa más y
Moncloa despacha a Reynders con la excusa de que la polémica medida no
corresponde a su ámbito sino a los grupos parlamentarios (¡vamos, que él
simplemente pasaba por allí y son los grupos parlamentarios los responsables
del asunto!)….y los españoles, como imbéciles, a creérselo.
Por su parte, mientras PSOE y Junts
ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura y Bruselas pide
explicaciones sobre la amnistía antes de que haya ley, Junts avisa al PSOE de
que “el tiempo juega a nuestro favor”, mientras Puigdemont exige ahora rehacer
la ley pactada por Sánchez con ERC para neutralizar la acusación por terrorismo
y las imputaciones de Tsunami, con el objetivo de salvar a Puigdemont, a quien
le inquieta quedarse fuera de la medida y que sí beneficie a Junqueras (su
enemigo íntimo), en tanto que Aragonés en su visita a El Vaticano eleva la
negociación al Papa y éste le aconseja dialogar. Y es que desmontar el Estado
de Derecho no es tan fácil como algunos consideran ya que, a pesar de todo, el
Poder Judicial y la Justicia siguen decididos a imponer la ley contra viento y
marea, a pesar de los cambios que unos y otros pretenden para arrimar el ascua
a su sardina, por más que semejantes comportamientos sean deplorables y nadie
entienda la ley del embudo que se quiera imponer.
Pero volviendo al “jarabe democrático” de Podemos, la cruda realidad es
que, como los podemitas entonces, ahora los ultras se adueñan de la agitación
callejera contra la amnistía, es lo que sucede con los radicalismos
intolerables, aprovechando que miles y miles de personas se manifiestan
pacíficamente contra lo que consideran un atropello a la igualdad de los
españoles y a la Constitución. Y ante los disturbios que provocan estas
minorías violentas miserables para ocultar la realidad y generar más caos, los
policías señalan al Gobierno y le piden que no los utilice, estupefactos por la
orden recibida de emplear gases lacrimógenos en la manifestación de la calle
Ferraz, reclamando que se abra una investigación, mientras el Gobierno blinda
la calle desplegando Interior 320 agentes antidisturbios que tuvieron que
cargar contra los radicales y el PSOE trata de rentabilizar las manifestaciones
con el argumento de que “no es contra Sánchez, es contra la democracia”…….
Y, como era de esperar (ya no cabe otra alternativa ni hay tiempo para
seguir mareando la perdiz), por fin Junts y PSOE, es decir el prófugo y el
presidente, anuncian que han firmado un pacto o acuerdo de investidura, para
muchos un desacuerdo, ya que en el texto se reproducen las ambigüedades
calculadas de uno y otro para que luego, según las circunstancias, quepa
cualquier cosa y cualquier interpretación hasta que se conozca en concreto el
texto completo de la prometida Ley de Amnistía y su encaje o no en la
Constitución; es decir, con el pacto o no-pacto suscrito por PSOE y Junts se
solventa la premura que exige la investidura, cuyo debate será la próxima
semana. Desde luego el “jarabe democrático” no son las manifestaciones
violentas de antes o de ahora, pero tampoco lo son pactar el gobierno con prófugos
de la Justicia, amnistiar a los condenados por graves delitos o a los fugados
de la misma para que apoyen tu investidura, retorcer las leyes para que quepan
arbitrariamente en ellas todas las ocurrencias y caprichos o intereses de unos
o de otros según convenga, ni, por supuesto, gobernar tras haber perdido las
elecciones conformando mediante concesiones contradictorias una mínima mayoría
aritmética parlamentaria con todos los grupos, por antagónicos que sean, que
impidieron yendo a la contra del partido más votado o ganador de los comicios
para que fuera investido presidente. Todo esto, más que “jarabe democrático”,
es un veneno democrático que puede traer graves consecuencias para la ciudadanía….pero
ya ven, de momento, es lo que hay, aunque la pura matemática no debe
confundirse con la política que, con mayúsculas, es otra cosa obviamente. Y
justo cuando estoy escribiendo este artículo, salta una noticia muy
preocupante: el conocido político Vidal-Quadras, cofundador de Vox, acaba de
ser tiroteado en la cara en plena calle…. esperemos que, al menos, el atentado
no obedezca a razones políticas, pues sería tremendamente preocupante, y por
supuesto, deseemos que su recuperación sea lo antes posible.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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