Con el indecente pacto
Sánchez-Puigdemont se consumó la felonía contra el Estado de Derecho que queda
sometido a una humillación inaceptable de consecuencias imprevisibles tal como
muchos vaticinábamos desde el principio, dado que en dicho pacto lo que se
trataba era la historia del desenlace de dos ambiciones irrefrenables: de un
lado la ambición de Sánchez por permanecer en el poder a costa de lo que fuera
y, de otro lado, la ambición de Puigdemont para burlar a la Justicia española y
con ello evitar su condena y posterior entrada en prisión. Y con el pacto
PSOE-Junts sendos objetivos quedan garantizados, pues, por un lado, Sánchez
será investido tras ceder a todo lo que le exigen, además del prófugo el resto
del variopinto elenco de personajes que posibilitarán su permanencia en el
poder, y, por otro lado, Puigdemont, quien al estar fugado de la Justicia no ha
podido ser condenado y luego indultado como sus compañeros de aventuras
totalitarias y será amnistiado para que, borrado su historial delictivo, pueda
presentarse a las elecciones catalanas y de nuevo reeditar un Govern ERC-Junts similar
al que protagonizó el patético 1-O, pues tanto él como Junqueras tienen claro
que no renuncian a nada y que volverán a repetir el experimento si llega el
caso. Así pues, el confuso y escueto acuerdo PSOE-Junts, elaborado con lenguaje
ambiguo para que, entretanto, cada uno de sus autores pueda venderlo como mejor
le convenga, deja al Estado de Derecho a los pies de los caballos falsificando
el pasado, avergonzando el presente y estremeciendo el incierto futuro ya que
tira por tierra todos los valores constitucionales y muy especialmente el de la
igualdad, la seguridad jurídica y la nación que, obviamente, quedan en
entredicho. El acuerdo incluye todo lo que el Gobierno de Sánchez había negado
hasta hace unos días, bien por inviable o bien por inconstitucional, lo que permite
al prófugo jactarse de no haber “pedido perdón” mientras amenaza con más
inestabilidad si Sánchez no cumple lo firmado. Y lo firmado es una amnistía
total para todos los implicados en el “procés” y el “lawfare” para poder
ampliarla a acusados por corrupción, una mesa de negociación con un mediador
internacional que se reunirá fuera de España para negociar un referéndum y
verificar que el Gobierno cumple lo pactado, condicionar la estabilidad de la
legislatura a cumplir todo lo acordado, crear comisiones parlamentarias para
investigar a los jueces por prevaricar contra los golpistas, negociar el “cupo”
y ceder el 100% de los impuestos rompiendo así la solidaridad autonómica…..y
todo ello sin renuncia alguna a la unilateralidad proclamando el prófugo que el
único límite será lo que decida el Parlament de Catalunya (no el Parlamento
español) y que sobre la estabilidad gubernamental Sánchez tendrá que ganarse
sus votos “día a día”. Ya ven Sánchez asume sin matices el relato
independentista, incluido el ataque a la independencia del Poder Judicial, y un
eufórico Puigdemont advierte al PSOE que “el apoyo a cambio de nada ha ido a la
papelera de la historia”…. Y todo esto sólo a cambio de los siete votos de la
derecha secesionista catalana que le faltan a Sánchez para poder ser investido
y conformar un gobierno al que llama “progresista”. En definitiva, el PSOE de
Sánchez, siguiendo la estela de sus socios gubernamentales, abandona la
Transición (ya sólo es defendida por la derecha moderada o radical) y los
principios que la inspiraron en su día como son la igualdad entre todos los
españoles, la solidaridad entre loa territorios y la independencia de los tres
poderes del Estado, principios consustanciales de la democracia, con lo que, lamentablemente,
lo pactado entre Sánchez y el prófugo Puigdemont supone un atentado a la
convivencia de todos los españoles que por amplio consenso pactaron los
españoles y plasmaron en nuestra Constitución, hoy herida de muerte con este
humillante y preocupante pacto que da la razón a quienes por activa y pasiva
apuestan por finiquitar lo que despectivamente llaman “régimen del 78”.
Y ante esta inaceptable humillación
al Estado de Derecho, las críticas y protestas no se han hecho esperar, pues es
demasiado lo que nos estamos jugando los ciudadanos españoles con esta afrenta
totalitaria. En efecto, todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto las
conservadoras como las progresistas, rechazan las referencias al “lawfare”
(guerra jurídica o judicial) en el acuerdo, denuncian que en él se permite a
los diputados “perseguirles” y critican esta “quiebra de la separación de
poderes”, un verdadero ataque a la justicia. Pero es que además de las
asociaciones de jueces y fiscales, incluidos los de izquierdas, el pacto es
rechazado y criticado por el CGPJ, los empresarios, los inspectores de Hacienda
o la Seguridad Social, siendo ya más de cuarenta los colectivos que denuncian
el ataque a la independencia del Poder Judicial con su Presidente Vicente
Guilarte diciendo que “sería inadmisible que el Parlamento revise cómo aplican
los jueces la futura ley de amnistía” y señalando la escalada de interferencias
del poder político en la actividad jurisdiccional. Ya ven, demasiados rechazos
a la clarividencia de Sánchez sobre esta España zarandeada permanentemente que
él ahora avala. Y en el ámbito político, Feijóo, ganador de los comicios y jefe
de la oposición como grupo mayoritario del Congreso, denuncia este “proceso de
capitulación” y dice que “España ha perdido, los independentistas ganan y el
PSOE desaparece”, mientras el radical Abascal llama a resistir contra el
“dictador Sánchez” y el socialista Santos Cerdán, negociador del acuerdo,
defiende que las cesiones del PSOE “abren una nueva etapa histórica”….pero lo
que no dice es si esa nueva etapa será mejor o peor de la que entierran ahora.
De momento esta nueva etapa se inicia con una mayoría transversal de todos los
colores políticos tejida por Sánchez frente a la derecha de PP y Vox, pues el
Presidente, tras negociar también con PNV y CC aglutina 179 votos en el
Congreso, lo que le permite ser investido próximamente, mientras el PP insiste
en su teoría del “fraude electoral” y critica a los nacionalistas vascos, quienes
para apoyar a Sánchez consiguen más competencias para la Ertzaintza, cien
millones más para el euskera, el traspaso de la gestión de la Seguridad Social,
primar los convenios laborales vascos sobre los nacionales, el derecho a
decidir de los vascos si aplican leyes españolas, una “cláusula foral” en todas
las normas que se aprueben, sacar a la Guardia Civil de los puertos y que se
reconozca que el País Vasco es una nación……ya ven, más desmantelamiento del
Estado diseñado en la Constitución.
En definitiva un entreguismo total
del PSOE de Sánchez a los postulados de la izquierda populista radical de Sumar
(ayer Podemos y mañana lo que convenga), a los radicalismos secesionistas
totalitarios de la derecha y de la izquierda vasca y catalana (es decir PNV,
Junts, Bildu y ERC) y a las ocurrencias más o menos pintorescas o violentas de
los minoritarios BNG y CUP, quienes bajo el mantra del miedo a la ultraderecha,
asumido por el PSOE, conforman esa variopinta mayoría a modo de un Frente
Popular para impedir la alternancia política y lo hace sin apenas crítica
interna en el partido socialista, salvo el caso de García-Page, quien señala el
peligro de romper España tras el pacto de investidura pero elude pedir a los
diputados socialistas manchegos el voto en contra de la misma o abanderar una
corriente crítica interna en el PSOE mientras el PP le reta a “dar un paso al
frente” y le pide que se deje de palabras si no quiere ser cómplice de lo que
está sucediendo. Así las cosas, en plenas manifestaciones de protesta
ciudadana, todo está ya preparado para que triunfe en el Congreso de los
Diputados esa variopinta mayoría transversal ni de izquierdas ni de derechas,
sino todo lo contrario (meramente oportunista), mientras en las calles miles y
miles de ciudadanos se manifiestan para defender “la igualdad” lo que el PP ve
como una “revolución cívica” contra Sánchez, quien, paradójicamente como
socialista, no defiende esa igualdad y solidaridad diseñada en nuestra Carta
Magna….son los nuevos indignados que, frente a aquellos famosos del 15-M que
nos han traído lo que ahora tenemos, manifiestan “no soy un español de
segunda”. Y es que los pactos de Sánchez proyectan una España fiscal de segunda
en que, entre otras cosas, extremeños, andaluces, canarios….etc pagando más
impuestos tendrán peores servicios básicos que las CCAA más ricas, cuando la
cesión a Cataluña de los impuestos le daría unos 28.000 millones de euros, pues
la factura de las cesiones de Sánchez para seguir en La Moncloa, al margen de
lo político, se calcula en unos 100.000 millones, siendo el grueso las promesas
pactadas a los secesionistas y el acuerdo con Sumar (bien calladito de momento)
en gasto social extra prevé unos 40.000 millones…. Si se rompe la igualdad y la
solidaridad interterritorial cómo aguantarán en el futuro los territorios
españoles más pobres (misterios sin resolver).
Entretanto el Fiscal ve
injustificado investigar a Puigdemont por terrorismo en el “caso Tsunami” y
recurre el auto del juez García-Castellón que ha estado a punto de hacer saltar
por los aires el acuerdo PSOE-Junts, mientras la Asociación de Fiscales,
mayoritaria en la carrera fiscal, pide la dimisión del Fiscal General del
Estado por su pasividad en la Defensa del Estado de Derecho, la separación de
poderes y la independencia del Ministerio Fiscal (ya saben que, según Sánchez,
el Fiscal está al servicio del Gobierno y no del Estado) en relación con la
amnistía del procés. Y ante tanto despropósito la reacción judicial a la
amnistía ya mira a la justicia europea pues el TJUE decidirá si puede amparar
los delitos de terrorismo y malversación de caudales, ya que si cobija también
delitos de corrupción complicaría el veredicto del tribunal, con lo que el
Reglamento de la UE abre una vía política y puede frenar esta locura de ley de
amnistía. Por su parte Cuca Gamarra, Secretaria General del PP y su portavoz en
el Congreso, dice que “la convivencia no está a salvo con Sánchez”, asegura que
“en la calle estamos convocados todos los españoles, al margen de siglas, que
no aceptamos el acto de corrupción política de una investidura a cambio de impunidad”,
promete que “usaremos todos los mecanismos en Europa para defender la igualdad”
y denuncia que “Sánchez ha buscado tener los máximos poderes sin controles,
salvo de Puigdemont”…. Y ante todo esto, Sánchez, haciendo gala de su cinismo
patológico, se limita a pedir “cordura” mientras pacta con el prófugo y
totalitario Puigdemont y es incapaz de eludir en las calles de Málaga (y otras
ciudades españolas) las protestas crecientes de los ciudadanos al grito de
“España no se vende”…. ¿Vale la pena soportar todo esto a cambio de una
investidura que dé paso a una segunda etapa de un “gobierno Frankenstein” más
débil y fragmentado que el actual? ¿tan cara es la ambición personal de Sánchez
y Puigdemont por salirse con la suya a costa de todo y de todos?....la del
prófugo ya se intuía, pues se juega varios años de prisión si se le aplica la
ley y además España le importa un pito; pero la de Sánchez, aunque algunos la
intuíamos, y así lo hemos dicho y escrito, nadie esperaba que fuera capaz de
llegar a tanto y caer tan bajo. ¿Qué se estaría diciendo si fuera Feijóo quien
hubiera hecho todo esto? Imagínenselo. No obstante, por el bien de España y de
su ciudadanía cabe esperar que los equivocados seamos todos los que no vemos
claro semejante proceder y que Sánchez y sus solventes aliados en cuestiones
democráticas que ha elegido para semejante travesía sean quienes acierten, pues
esto no ha hecho más que empezar y me temo que vamos a asistir a espectáculos
gubernamentales bochornosos peores aún de los que nos ha brindado el actual
gobierno y que son dignos de entrar en el record Guinness de los despropósitos,
los desencuentros internos y las ocurrencias más genuinas.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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