AL BORDE DEL COLAPSO DEMOCRÁTICO

 

                        La temeridad antidemocrática de Pedro Sánchez para adecuar la ley de amnistía a los intereses personales de Puigdemont y de él mismo (como si no fuera ya suficiente sumisión haberle concedido una ley de amnistía) es de tal magnitud que pone a nuestro país al borde del colapso democrático provocando tal deterioro de nuestro sistema constitucional de incalculables consecuencias. En efecto, tras los cambios de opinión sobre si la amnistía cabía en la Constitución Española o no (Sánchez, cuando no se lo exigían para gobernar tenía claro que no cabía y ahora que se lo exige el prófugo tiene claro que sí cabe), el asunto es ahora si dicha amnistía abarca a algunos delitos o no, como puede ser el de terrorismo, la malversación o la traición, dado que en la UE son de difícil encaje legal; pero, como se está investigando judicialmente al respecto al mismísimo Puigdemont y cabe la posibilidad de que los jueces puedan probar que sí cometió alguno de dichos delitos, se trata de modificar en el Código Penal el concepto de terrorismo para darle satisfacción al prófugo y sacarle de la quema, viendo si entre los grados menos sangrientos del terrorismo pueden colarse como “desórdenes públicos”, lo que le permitiría ser amnistiado….y todos contentos, pues, en caso contrario, ya lo dijo Turull, “colorín colorado” el cuento de que siga gobernando Sánchez se habría acabado. Es así de fácil de entender. Pero lo preocupante y obsceno es que, mientras juristas y magistrados debaten sobre si en el procés se cometieron delitos de terrorismo o no, el Presidente Sánchez, autoproclamándose en juez supremo absoluto ya ha dictado sentencia pública diciendo que todos los secesionistas serán amnistiados porque no han cometido delitos de terrorismo, cuando entre los expertos hay todo tipo de dudas y opiniones dado que el Derecho y su aplicación no es una ciencia exacta y, por tanto, lo que procede es dejar a los jueces instructores trabajar para buscar las pruebas pertinente que corroboren o no la comisión del delito. Así las cosas, el Fiscal del Tribunal Supremo, en sintonía con Sánchez, no ve delito de terrorismo en el caso Tsunami y, por tanto, rechaza imputar a Puigdemont y al resto de investigados al respecto por el juez García-Castellón, dándose la circunstancia curiosa de que dicho fiscal había emitido previamente un informe en sentido contrario y cambió de opinión tras visitar al Fiscal General del Estado, quien, como todo el mundo sabe, es nombrado por el Gobierno y su presidente, Sánchez, tuvo el descaro de decir públicamente que, por tanto, dependía del Ejecutivo que es quien lo nombra, con lo que es bien fácil deducir que, según su criterio, el Fiscal General del Estado más bien se convierte en Fiscal General del Gobierno y por tanto, defiende los intereses del Ejecutivo y no los del Estado (una aberración conceptual inaceptable). En efecto, Álvaro Redondo defendió en un primer informe que había indicios para abrir causa contra Puigdemont y sostenía que “participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública” pero luego modificó su criterio e hizo un segundo informe en sentido contrario tras reunirse con García Ortiz, aunque ambos niegan que ello haya influido en el cambio de decisión, mientras PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía, de momento aparcada, y buscan una vía para reactivar la negociación y aprobar la ley tras el 18-F y, con total seguridad, desvincular a Puigdemont del posible delito de terrorismo sería el lubricante fundamental que desatascaría semejante bodrio político-judicial a la carta en favor del fugado, en el que no faltan todo tipo de acusaciones contra los jueces incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados sin que la Presidenta Armengol se inmute, en tanto que, ante semejante panorama, el CGPJ considera que la inviolabilidad parlamentaria no justifica la falta de respeto.

            Pero como los jueces, a pesar de las críticas, siguen instruyendo las causas en que Puigdemont está implicado, Sánchez ofrece ahora a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales a cambio de no tocar la ley de amnistía rechazada por Puigdemont porque no le protege a él personalmente, mientras los fiscales debaten el citado informe que no ve terrorismo en el “caso Tsunami”….otro despropósito inaceptable. En efecto, Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales y ofrece a Puigdemont cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de instrucción de los jueces a cambio de no tocar el texto rechazado de la ley de amnistía que ya está al borde de la constitucionalidad, si es que no la ha rebasado, y pone una sombra de duda diciendo que hay instrucciones judiciales “que se alargan en el tiempo”, como si los jueces lo hicieran adrede. Por su parte los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo sobre Puigdemont, mientras el juez García-Castellón ordena localizar a un diputado de ERC que ha huido de la justicia y se ha refugiado en Suiza (otro prófugo más); y es que la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, contra lo que dice Álvaro Redondo en su segundo informe tras reunirse con el Fiscal General, cree que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami, contra lo que dice Sánchez y, por tanto, rechaza por abrumadora mayoría la maniobra para rebajar el caso a meros “desórdenes públicos” como busca el Gobierno para contentar al prófugo entregándole una amnistía total y sin excepciones. Por tanto doce de los quince fiscales del Supremo, tras el pertinente análisis detallado, desautorizan a Sánchez y a su Fiscal General y con semejante abrumadora mayoría apoyan que se siga investigando al prófugo por terrorismo en el grado que sea y tras una tensa reunión la Junta rechaza el segundo informe del fiscal Redondo dejando en evidencia la afirmación del Presidente del Gobierno y del Fiscal General García Ortiz de que “no es terrorismo” lo actuado por Tsunami Democrátic, mientras el Fiscal General se reserva otra “maniobra” para exculpar a Puigdemont pero no será vinculante….Y ante semejante confuso panorama intencionado el Gobierno, en vez de apoyar que prosiga el trabajo de los instructores del caso, confía en el Fiscal General del Estado (que no del Gobierno) para la última palabra ya que “es una decisión jerárquica”. Por su parte el contradictorio fiscal Redondo, que se retractó de su primer informe en 72 horas de los cinco indicios que defendía en el mismo y en dos informes contradictorios pasó de graves delitos para Puigdemont a ninguno tras un fin de semana, un lunes y una visita al Fiscal General, se defiende ante sus compañeros de la Junta de Fiscales diciendo que su primer informe acusatorio de 63 páginas y que llegó a entregar a su Jefe en el Supremo, era sólo un “borrador interno” y justifica el cambio de criterio en su segundo informe en que hizo un “estudio exhaustivo de hechos”, mientras García Ortiz niega haber influido en él….. Y, digo yo…..¿qué problema hay en que como en otros tantos casos se siga investigando y buscando pruebas que acrediten o no la verdad?.

            Y mientras el  PSOE tumba la ley del PP para resolver 379 asesinatos de ETA (esto sí que era terrorismo puro y duro en su más alto grado), cuando los populares dicen que buscaban esclarecer crímenes y acabar con los homenajes a los terroristas, el letrado Galindo planta al Consejo de Europa para no informarle de la amnistía y, por tanto, no acudirá a la cita con la Comisión de Venecia tras solicitarlo él mismo a la Mesa del Congreso…. Galindo, elegido recientemente Letrado Mayor del Congreso esgrime que no es “un político” para plantar a Europa tras haber dado vía libre a la amnistía y lo hace con el voto a favor de PSOE y Sumar, evidenciando la connivencia con la Presidenta Armengol.

            Demasiado embrollo al borde del colapso democrático cuando también en España, como en el resto de países de la UE, estalla el campo y su revuelta desborda al Gobierno mientras los agricultores, que ya no pueden soportar más su paupérrima situación económica, le gritan “recordad que coméis gracias a nosotros” y exhiben músculo con cortes de carreteras, puertos y polígonos en casi toda España y amenazan con que pararán el país, mientras Agricultura intenta frenarles con una ayuda de 269 millones. Por su parte Bruselas, a nivel europeo, cede en su agenda verde, pues Von der Leyen aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas y la Comisión estudia reorientar las ayudas a la transición ecológica. Es sin duda alguna el gran reto que ha de afrontar la UE de forma inminente….y, nunca mejor dicho, con la sequía como la gota que colma el vaso de la paciencia de los agricultores y ganaderos.

            Por otro lado, mientras Sanidad, haciendo alarde de “nula transparencia”, ignora también el criterio de la Sociedad Española de Oncología, más de 500 sanitarios de Baleares se confabulan para negarse a atender a los pacientes en castellano (lengua oficial en toda España) y crean un código de conducta que impone el catalán en sus comunicaciones aunque el enfermo les “responda en español” y sólo cambiarán en el caso de que se quejen…..¡menos mal!, pero ya ven, el objetivo prioritario no es curar las enfermedades, es otro distinto. En fin, sin más comentarios.

            Y entretanto, Feijóo manifiesta: “Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont”, “yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez, soy el líder de un partido libre, sólo me debo a los españoles”, “el PP no mantiene abierta una línea de contacto con Junts, para actuar fuera de la Constitución, no”, “sólo puede haber un acuerdo sobre el CGPJ si se garantiza que se aprueba una ley de despolitización de la Justicia”, “los dirigentes de Vox están a veces un poco obsesionados con el PP; no voy a confundirme de objetivos y prioridades”…y en referencia a Yolanda Díaz añade que “es llamativo que alguien a quien le pagan su vivienda diga que hay que limitar el sueldo que tienen otros”. Dicho queda.

            Por lo que respecta a otros asuntos citar que Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias; que el SMI sube un 5%, hasta 1.134 euros, y el IRPF se ajusta; que la Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de los uniformes, pues Asuntos Internos detecta que durante veinte años se han hecho “trampas” en la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas;  y que el Gobierno castiga a Madrid en el reparto de fondos europeos per cápita (los madrileños recibirán sólo 382 euros por habitante frente a los 1.310 que recibirán los melillenses por ejemplo) y mientras tanto Ayuso exige a Mónica García que rectifique la elección “arbitraria” de centros de cáncer.

            Y del exterior, destacar que Chile se abrasa y los incendios probablemente provocados ya han causado más de un centenar de muertos; que los aliados envían mensajes a Kiev de que acepte perder territorio; que Carlos III de Inglaterra suspende su agenda tras detectarle un cáncer, pero se verá con el premier; que el ex presidente de Chile, Piñera, muere al caer el helicóptero que pilotaba; que Milei trasladará a Jerusalén la embajada argentina en Israel y Netanyahu le agradece la decisión mientras es recibido como una estrella en Israel; y que los salvadoreños votan masivamente a Bukele que arrasa en su guerra abierta contra las bandas y dice que El Salvador va “hacia un partido único en un sistema  plenamente democrático” y mientras muchos salvadoreños dicen que “sin Bukele El Salvador era un caos”….es obvio que prefieren la seguridad a determinadas libertades.

Fdo. Jorge Cremades Sena