CALLEJÓN SIN SALIDA….¿PARA QUIÉN?

 

                        La fiscal rechaza imputar a Rajoy por la “clara finalidad política” de la querella y se opone a la investigación orquestada por asociaciones independentistas desde Andorra contra el ex presidente en la llamada “operación Cataluña”….y, mientras tanto, nada menos que doce fiscales del Supremo (de los quince que forman la Junta) dan un revés al actual Gobierno PSOE-Sumar-Podemos (y resto de partidos radicales-secesionistas: PNV, Junts, ERC, EHBildu y BNG; es decir, prácticamente todos menos Vox) en su pretensión de sacar adelante una indecente amnistía a cambio de que los siete votos del prófugo Puigdemont sigan apoyando a Sánchez, lo que ha llevado a Junts (el más interesado de todos ellos, dado que su jefe, el prófugo, sería el beneficiario número uno de la amnistía) a imponer al PSOE, sí o sí, una “amnistía total” defendiendo a capa y espada “una ley que no contemple como excepciones los delitos de terrorismo y traición” pues en ello le va la libertad del prófugo eludiendo a la Justicia española, dado que la normativa europea impide que sean amnistiables semejantes delitos por los que el prófugo, entre otros, está siendo investigado judicialmente, pues no vaya a ser que se puedan probar en sede judicial y Puigdemont no se salve de la quema. Así las cosas, el abogado de Puigdemont tumba los gestos temerarios de Sánchez hacia el secesionismo (ofreciéndole cosas que ni siquiera dependen de él por muy Presidente de Gobierno que sea) y en el entorno del prófugo ven ya casi insalvable la imputación por terrorismo por parte del Supremo, al extremo de que dirigentes de Junts creen que el Presidente del Gobierno les está metiendo en un callejón sin salida, mientras que la Eurocámara, además, se dispone a investigar las injerencias rusas en el “procés” (otro asunto peliagudo) con el aval del propio PSOE (sería ya patético del todo que en Europa el PSOE de Sánchez defendiera lo contrario de sus colegas socialdemócratas), que, sospechosamente, respalda la resolución del Parlamento Europeo señalando a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin e instando a España a investigar las vinculaciones del secesionismo con los servicios secretos rusos, pero no respalda ninguna mención al prófugo, en tanto que la Comisión de Venecia se interesa por el “atajo” del PSOE a tramitar la amnistía y el CGPJ y los jueces creen que la norma atenta contra el Estado de Derecho. Por tanto, cierto que se puede hablar de “callejón sin salida”, como dice el entorno de Junts, pero no cabe decir que Sánchez es quien les ha metido en él, ya que lo correcto es decir que tanto Sánchez como Puigdemont se han metido ellos solitos y juntos en semejante callejón sin salida al priorizar ambos sus intereses personales espurios (Puigdemont para eludir la Justicia española burlándose de ella y Sánchez para seguir en el Gobierno) frente a los intereses generales, incluida la higiene democrática de nuestro Estado de Derecho que pasa por el respeto  escrupuloso y la defensa a ultranza por parte de las instituciones de nuestro ordenamiento jurídico como base de la igualdad de todos los españoles ante la ley (incluidos los secesionistas catalanes) y el respeto y acatamiento a las sentencias de los tribunales de Justicia, que no han de ser burladas ni solapadas sino, por el contrario, cumplidas con total contundencia tras poner a sus desertores en manos de los tribunales de Justicia, tal como prometió el mismísimo Sánchez a los españoles antes de necesitar los siete votos de Junts, diciendo exactamente que le traería a España para ponerlo ante los tribunales, en vez de pactar con él yendo a negociar a su guarida de Waterloo. Así pues, no es que Sánchez meta a Junts en un “callejón sin salida”, es que ambos, él y Puigdemont, se han metido en dicho callejón y lamentablemente con su antidemocrático proceder han metido de alguna manera a todos los españoles en el mismo. Menos mal que la democracia, aunque siempre vulnerable, resiste bastante bien los ataques de los totalitarios, sobre todo si los ciudadanos son capaces de seguir apostando por la libertad, obviamente acotada por el marco de la Constitución y defendida por el cumplimiento del ordenamiento jurídico derivado de ella. 

            Así las cosas, la crisis de los fiscales debilita a Sánchez ante Bruselas pues el desencuentro judicial descoloca a Moncloa en la negociación que tiene abierta con Reynders, mientras el PP ve una oportunidad para no ceder nada sobre el CGPJ bajo la presión de la rebelión de las togas y mientras Europa exige a España investigar la conexión rusa de Puigdemont, expresando la Eurocámara su “profunda preocupación” por la “injerencia” en el 1-O, citando una reunión del ex president catalán y condenando “los ataques contra los jueces” (insólito en democracia) al constatar que los independentistas “exigen una amnistía” por este caso, por lo que un comité europeo lo analizará y remitirá a la Cámara un informe con propuestas. Por su parte la Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del patético 1-O, así pues, los independentistas, mientras eluden someterse a los tribunales de justicia y reniegan y huyen de ellos, logran llevar a juicio a los policías por las citadas cargas y algunos de ellos manifiestan “no me entra en la cabeza que me condenen por hacer un uso proporcional de la fuerza”, alegando los antidisturbios que cumplían una orden judicial…..Y, dicho esto, me parece perfecto que se investigue todo y a todos para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades en que cada quien haya podido incurrir, pero me parece intolerable que se pretenda eludir la investigación sobre algunos, como Puigdemont y compañía, diciendo, como hace Sánchez sobre el presunto terrorismo, que no hubo delito de terrorismo en el secesionismo y, por tanto, la amnistía puede cubrir a todos, como exige el prófugo, quien sabe que no es tan fácil como lo dibuja Sánchez, quien al final se va quedando solo en su insólita estrategia con el prófugo empecinado en que lo esencial es su permanencia en el poder a costa de lo que haga falta y ello requiere blindar su legislatura, cuando no tiene el apoyo mayoritario de los españoles y cada vez le aparecen más críticos dentro de su propio partido.

            Y mientras Salvador Viada, fiscal del TS y vocal del Consejo Fiscal, sostiene que “la Fiscalía no puede estar dirigida con un mando a distancia desde el Gobierno”, Sánchez tiene que afrontar una revuelta del campo sin precedentes que, aunque en este caso el problema no lo haya creado él personalmente (como sí sucede con el asunto anterior) y obedece a otras circunstancias internas y externas, no deja de ser preocupante. En efecto la protesta del campo llega a diez CCAA y amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales con el plan de “desde dentro de las ciudades cortar el acceso de autovías, redes y rotondas de enlace entre carreteras”, logrando en estos días de protestas masivas que cientos y cientos de tractores ocupen el centro de algunas ciudades como Barcelona, por ejemplo, mientras el Gobierno dice que el abastecimiento está asegurado, aunque reforzará la seguridad si continúa el bloqueo y los brotes violentos, pues el gran consumo exige “medidas urgentes” a Interior ante los “retrasos e incidencias” en el abastecimiento y Agricultura pide que se compren más productos españoles. Una protesta desesperada ya que la realidad es que, por unas u otras razones, los agricultores y ganaderos siguen produciendo a pérdidas (ningún trabajador trabaja para perder dinero) y ello sucede a pesar de que hay una ley contra esto pero que no se cumple, pues en la cadena alimentaria se da la paradoja de que los productores venden incluso más barato de los costes de producción y los clientes en los supermercados compran dichos productos infinitamente más caros, llevándose el beneficio los intermediarios. Así las cosas, según SigmaDos, una inmensa mayoría apoya al campo y culpa a Sánchez y a la UE: el 87% estima que las demandas de los agricultores y ganaderos son lícitas, y casi el 40% responsabiliza al Gobierno frente al 38´7% que señala a la UE.

            Y para colmo de la situación, por si lo anterior no fuera suficiente, dos guardias civiles mueren en Barbate embestidos y arrollados por una narco-lancha, mientras grupos de jóvenes jalean a los traficantes desde la playa y les animan a hundir la embarcación, evidenciando la grave situación que se está viviendo en la zona del Estrecho a la que nadie pone remedio. Obviamente los guardias civiles y las gentes decentes están indignados por la situación de inseguridad que se vive en la zona y exigen el cese de Marlaska por la falta de medios contra el narco que ya es insoportable; el Ministro del Interior, tras visitar Cádiz, califica de “asesinato” las muertes de los citados guardias, mientras se detiene a ocho personas implicadas en el asunto, y Marlaska, uno de los ministros peor valorados, promete ahora medios tras haber desmantelado hace dieciséis meses el grupo de choque anti-narco, mientras la Guardia Civil critica la falta de medios para combatir la delincuencia en la zona y denuncia que “no hay operativa ninguna embarcación en Cádiz”. Ya ven, sin más comentarios sobre una lucha desigual en la que las fuerzas del orden llevan la peor parte frente a los medios cada vez más sofisticados y poderosos con que cuentan los delincuentes.

            Mientras tanto se llega a la recta final de las elecciones gallegas, con un PP lanzado contra el BNG al ver cierto peligro de no conseguir renovar la mayoría absoluta, pues desde que se ha puesto de moda aquello de “todos contra uno” ya no le vale con ganar los comicios si no se hace por mayoría absoluta pues, como ha sucedido a nivel nacional, una coalición de perdedores aglutinada no por ideologías y proyectos compartidos sino por intereses personales, puede impedir que los mayoritariamente votados por los ciudadanos no gobiernen y que, al final, sean los partidos minoritarios quienes marquen el rumbo gubernamental como sucede con Junts en España. De momento las encuestas en Galicia dicen lo siguiente: según 40dB, la mayoría absoluta del PP peligra pues la fuerte subida del BNG, que no del PSOE, amenaza quince años de hegemonía popular, aunque su candidato Rueda sigue siendo el favorito pero reduce su ventaja ya que lograría entre 36 y 40 de los 75 escaños en juego; y, según SigmaDos, el PP sí refirma su mayoría ante un BNG que vapulea al PSOE y Sumar, pues Rueda revalidaría su mayoría absoluta con el 47´8% de los votos pero sin lograr mantener los 42 escaños de 2020, mientras la nacionalista Pontón sube 3´5 puntos en una semana de campaña a costa del resto de la izquierda y deja a Sumar sin escaño en el territorio de su lideresa Yolanda Díaz, en tanto que el socialista Gómez Besteiro no frena el retroceso y con solo un 17´1% de votos obtendría sólo 12 o 13 diputados. En lo que al parecer coinciden todas las encuestas es que el PSOE ya no es la alternativa en Galicia, sino que lo es el BNG, como en Madrid pasa con Sumar….¡cómo para seguir apoyando las veleidades irresponsables de Sánchez dentro del partido! En fin, sus militantes sabrán….

            Por lo que respecta a otros asuntos citar que el Congreso avisó a Podemos de que debía mudarse de despachos y éste acusa a Sumar del desalojo y lo denuncia ante la Policía y Armengol; que el PP veta en el Senado los objetivos de déficit para forzar sus exigencias de una rebaja fiscal; que Sánchez y Von der Leyen ofrecen a Mauritania ayuda por la migración; que los Goya exigen igualdad y condenan todos los abusos; que dos menores de 13 y 15 años matan a su madre adoptiva en Castro Urdiales apuñalándola y luego simulan su propio secuestro; y que Ana Redondo, Ministra de Igualdad, dice “estoy aquí para intentar recomponer el feminismo” y entretanto dimite la delegada de Igualdad de RTVE, Montserrat Boix, tras la elección de “Zorra” para representar a España en Eurovisión porque, según ella, “ni es empoderamiento para las mujeres ni feminismo”, mientras el Gobierno se dispone a abordar la renovación de la cúpula de RTVE tras las elecciones gallegas y planea sustituir a la presidenta interina Elena Sánchez que ha perdido la confianza de Moncloa y al efecto busca un acuerdo parlamentario con el PP para renovar a cinco consejeros.

Fdo. Jorge Cremades Sena