OSADÍA AUTORITARIA INFINITA

 

                        Cada día que pasa se pone de manifiesto la patológica osadía autoritaria de Sánchez y su Gobierno, que parece infinita, para mayor sorpresa de propios y extraños, pues muy pocos gobernantes democráticos se atreven personalmente a dictar sentencias anticipadas sobre asuntos que se están investigando en los tribunales de justicia. Sánchez, sin embargo, sí se atreve y, tras el varapalo que sus socios de Junts, ultranacionalistas de derechas, le acaban de dar en el Congreso rechazando la ley de amnistía que había pactado con ellos, nuestro osado presidente, como si tuviera el poder absoluto cuando ni siquiera tiene suficiente mayoría asegurada en el Congreso, declara solemnemente inocentes a los imputados por terrorismo, afirmando en plena investigación judicial que “todos” serán amnistiados “porque no son terroristas” (palabra de Dios), sentencia que, en todo caso, aunque finalmente llegara a ser cierta, habrán de dictar los jueces y no él, salvo que, confundiendo la gimnasia con la magnesia, él se auto-proclame juez supremo absoluto y entonces estemos hablando de otro tipo de régimen que poco tiene que ver con la democracia. Es más, ni siquiera pasando esta osadía autoritaria al capítulo de la opinión política tiene cabida semejante declaración, pues él, no opina ni dice que a él le paree así, sino que declara con rotundidad la inocencia de los investigados, mientras hay veinticuatro imputados en dos causas, entre ellos varios CDR ya en espera de juicio por preparar explosivos. Sánchez, como presidente del Gobierno democrático, debiera ser más prudente y más respetuoso con el trabajo de los jueces que instruyen las causas y no dictar sentencia judicial, que no le corresponde, por más que Fiscalía en el caso Tsunami, que no en otros, critique o discrepe del juez por “falta de argumentos” y tilde de “injustificada e inmotivada” la exposición del juez García-Castellón relacionando a Puigdemont y Rovira con el terrorismo, asunto que, en todo caso, habrá de dilucidarse cuando haya la pertinente sentencia en firme una vez agotados todos los recursos que las partes consideren oportunos. No cabe pues que todo un Presidente de un Gobierno democrático asegure y prometa (en este caso a Puigdemont, para que apoye su ley de auto-amnistía) que “todos los independentistas serán amnistiados” porque “no son terroristas”, y menos cuando en la definición del PSOE 153 terroristas presos no lo serían (en su mayoría se trata de etarras o yihadistas que no cometieron delitos de sangre) y con esta amnistía hecha “ad hoc” a la carta para el secesionismo pasarían a ser amnistiables, como si ser terrorista  sólo exigiera el requisito de ser un sanguinario y como si no hubiera en el terrorismo distintos grados de participación en el delito. Y, en todo caso, de ser las cosas como dice Sánchez, el prófugo Puigdemont nada tendría que temer, pues si todos los secesionistas no son terroristas, no se entiende su reticencia a apoyar la patética ley de amnistía si excepciona el terrorismo como rendija para que alguno pudiera no ser amnistiados…..¿es que tiene alguna duda de que la investigación judicial pueda probar que se cometieron actos susceptibles de terrorismo y alta traición a pesar de que Sánchez ya ha dictado sentencia en sentido contrario? Ya ven, la osadía autoritaria de Sánchez es rechazada hasta por sus impresentables socios, pues no vaya a ser que la democracia sea capaz de prevalecer a pesar de los ataques intolerables que está recibiendo la Justicia no ya por parte de quienes huyen de ella, que no debieran ser tenidos como socios y sí perseguidos por todos, sino también por parte del propio Ejecutivo. Así las cosas, tras haber intentado los socialistas colar en la Eurocámara una enmienda para blindar más aún al prófugo y mientras Sánchez y Puigdemont retoman de nuevo las negociaciones para ver cómo reconducir de nuevo la descarrilada ley de amnistía, letrados del Congreso cuestionan que dicha ley se vote de nuevo ya que no hay precedentes de que una ley rechazada por el Pleno, como es el caso, vuelva a tramitarse, con lo que el PP reclama a Armengol, otra que tal baila, que declare “decaída” la norma, mientras Sánchez defiende su controvertido proyecto desde Bruselas y Feijóo reclama un freno al Gobierno para evitar el anti-europeísmo en España.

            Entretanto Bruselas intercede para desbloquear el Poder Judicial en España con el Comisario Reynders convocando al socialista Bolaños y al popular Pons en Bruselas en una mediación inédita que acaba sin ningún acuerdo al respecto, salvo la impresión de Reynders de que hay “un claro compromiso de las partes de trabajar juntas”, mientras Pons se muestra “pesimista” y Bolaños afirma que “esta vez tiene que ser la definitiva”. Los intervinientes se emplazan de nuevo a otra reunión para el día doce de febrero y Bruselas impone a ambos como condiciones reformar y renovar el CGPJ, atascado ya demasiado tiempo por la falta de acuerdo entre PP y PSOE, dado que la normativa actual fía el asunto a la buena voluntad de que ambos se pongan de acuerdo y estos no están dispuestos a hacerlo, y menos aun cuando el CGPJ se dispone a celebrar un pleno extraordinario por los ataques recibidos a los jueces en el Congreso de los Diputados por los socios de Sánchez e incluso por los aledaños del propio PSOE. De momento pues, Reynders insta a renovar el CGPJ y a reformar el sistema para “el nombramiento de jueces” y reclama “iniciar el proceso” para mejorar la independencia judicial “inmediatamente después” de la renovación con el sistema actual pero el PSOE no da a la UE suficientes garantías para que así sea y el Gobierno no contempla que los jueces elijan a los jueces. Mientras tanto el CGPJ se revuelve contra los ataques a jueces desde el Congreso de los Diputados y Guilarte exige a los portavoces parlamentarios que dejen de cuestionar la imparcialidad de éstos y de acusarles de “prevaricación”, asunto que, en todo caso, debería sustanciarse en cada caso concreto en una denuncia en los juzgados pertinentes y no en declaraciones y condenas públicas. Y mientras los vocales del CGPJ piden un pleno extraordinario por las críticas en el debate parlamentario de la amnistía, Fejóo ratifica que sin cambio en la ley del CGPJ no habrá acuerdo alguno y asegura que el PPE, mayoritario en la Eurocámara, comparte la “alarma” en Europa por la amnistía y por el “ataque” a los jueces en España.

            Así las cosas, ex dirigentes de Convergencia critican el freno a la amnistía de Junts, sus herederos ideológicos radicalizados, pero Puigdemont cierra filas con el rechazo a la ley no vaya a ser que al final él personalmente no pueda ser amnistiado, pues Europa rechaza indultos y amnistías por malversación de fondos públicos, con lo que la Eurocámara da un varapalo al respecto dejando claro un no a la amnistía en estos casos y más penas a los malversadores. Por todo esto el prófugo busca la reconciliación con Moncloa para reconducir la amnistía y Yolanda Díaz deja claro que “habrá salida” sellando su alianza con el prófugo avalando sus exigencias y desmarcándose del PSOE, mientras en Junts se burlan del “olor a muerto en Moncloa” y Puigdemont avisa a Sánchez de que tiene que cumplir el pacto por la amnistía y librarse de la presión de Conde-Pumpido, mientras en el Gobierno dan por perdidos los Presupuestos y creen que “hay que resistir hasta las catalanas”. Entretanto se conoce que la eurodiputada acusada de espiar para Putin lideró la red para acoger a Puigdemont en Bruselas (la letona Zdanoka, denunciada por los socialistas europeos en 2014 por su activismo prorruso proclamaba en la UE el derecho a la autodeterminación de Cataluña mientras negaba las injerencias del Kremlin), mientras Ramona Strugariu, la eurodiputada liberal ponente de la directiva anticorrupción, defiende que “en la UE hay que impedir conceder amnistías para lograr investiduras” y recuerda que “en Rumanía la Comisión nos apoyó para frenar el intento de amnistía” (¿Sucederá igual en España?; es la pregunta del millón). De momento, según SigmaDos, sólo el 7% de votantes socialistas aceptaría más cesiones a Junts, mientras la mayoría de electores reclama a Sánchez nuevas elecciones tras el rechazo del Congreso a la amnistía, el 74% apoya investigar a políticos por motivo de Seguridad del Estado y el CNI recibe un apoyo mayoritario, mientras ERC y Junts aseguran a los socialistas que la conexión con la Rusia de Putín fueron sólo “contactos amistosos”….pues nada, ¡viva la amistad!

            Y mientras tanto Galicia inicia una campaña electoral marcada por la tensión política nacional. Feijóo se instala en la Galicia rural para hundir a Sánchez, con un PSOE que, salvo sorpresa mayúscula, arranca sin más opción que ser satélite del BNG como segundón, mientras el PP, según todas las encuestas, puede revalidar su mayoría absoluta y evitar que se forme un gobierno de coalición de izquierdas radical al estilo del de Sánchez en Madrid, con la nacionalista Ana Pontón aspirando a ser la primera presidenta de la historia de la Xunta y con Sumar intentando salvar la marca y ser útil a Sánchez frente a Feijóo, que irrumpe en la campaña con la amnistía. En efecto, según NCReport, el PP conseguiría el 47´9% de votos y entre 40-41 escaños, el BNG un 25´3% y 19-20, y el PSOE el 17´2% y 14-15, mientras el resto de partidos no obtendrían escaños, lo que supondría un nuevo fracaso de la gallega Yolanda Díaz; y, según SigmaDos, el PP tendría el 48´1% de votos y entre 39-42 escaños, BNG el 24´5% y 18-20, y el PSOE un 18´5% y 14-15, mientras Sumar con un 4´9% podría llegar a obtener un escaño.

            Y, hablando de osadías autoritarias infinitas, resaltar que se cumple ahora el veinticinco aniversario del chavismo, la utopía que abrió las puertas del infierno a Venezuela y que comparándola a la Venezuela de hoy deja los siguientes resultados: un salario mínimo que ha pasado de los 340 dólares en 1999 a los 4 dólares actuales, un bolívar que ha perdido hasta catorce ceros por tres reconversiones, un PIB que ha bajado un tercio que cuando Chávez tomó posesión, una producción de petróleo a la baja que ha pasado de los tres millones de barriles a sólo 749.000 barriles, una corrupción que supera ya los 400.000 millones de dólares, y una emigración que ha pasado de apenas 300.000 personas a más de ocho millones de salidas en la actualidad, mientras no queda ni rastro de los 56.000 millones de dólares saqueados por Chávez y su sucesor Maduro. Es la cruda imagen de un país en el que sus gobernantes utilizan sin miramientos la osadía autoritaria infinita, Venezuela, modelo de ejemplo del buen hacer para buena parte de los socios radicales de Sánchez frente al malvado sistema capitalista democrático, mientras se dedican a denigrar a las empresas porque ganan mucho dinero….empresas que, obviamente pagan sus impuestos, y que como Mercadona, tachada de usurera y explotadora, reparte 600 millones en primas entre su plantilla de más de 100.000 empleados, cantidad un 50% superior a la del año pasado, que alcanzó los 405 millones de euros, tratándose de una media prima adicional que se une a la prima por objetivos que reparte anualmente.

            Por lo que respecta a otros asuntos citar que el PP pide a la ministra de Sanidad que explique en el Congreso los criterios de selección de los centros del cáncer ante las quejas de “falta de transparencia” y de “frivolidad”; que Cataluña está en emergencia por sequía y seis millones de personas sufrirán restricciones de agua; que en enero han llegado a Canarias 234 migrantes al día; que la banca española llega al récord de ganancias con 26.088 millones; que el Gobierno ve margen para contratar otros 400.00 funcionarios; y que el paro crece y la afiliación cae en el arranque del año, pues en enero el número de parados ha crecido en cerca de 60.400 personas, superando los 2´7 millones de desempleados, y la afiliación también es castigada con la destrucción de 231.000 puesto de trabajo…..y de los agricultores, mejor ni hablamos hoy, están en pie de guerra en toda la UE, y, por supuesto, también en España.

Fdo. Jorge Cremades Sena