En un Estado de Derecho democrático la Política ha de estar sometida al Derecho y no viceversa, como algunos pretenden, siendo precisamente la Constitución la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, concretados en las leyes democráticas que de ella se derivan y que obligan a toda la ciudadanía a cumplirlas y muy especialmente al entramado institucional que, además, está sometido no sólo a su cumplimiento sino también a hacerlo cumplir. Por ello, si dichas leyes son de especial trascendencia para el Estado de Derecho, debieran tener una meridiana aceptación parlamentaria mayoritaria más allá de las conveniencias coyunturales de mayorías ridículas por legítimas que sean y tanto mejor si pudieran ser aprobadas por consenso. En este sentido, leyes de gran trascendencia no consensuadas ampliamente en las Cortes y llevadas al Tribunal Constitucional para decidir si se ajustan a la Carta Magna o no, no debieran estar al arbitrio de mayorías mecanizadas de los miembros que lo integran sino sometidas a la unanimidad para mayor garantía para los ciudadanos. Es justo lo contrario del aval del TC a la Ley de Amnistía respaldando el borrado de los delitos del “procés” con los seis votos a favor de los magistrados progresistas frente a los cuatro en contra de los magistrados conservadores, que emiten sus respectivos votos particulares, debidamente argumentados, al estar en desacuerdo con los argumentos de sus compañeros para avalar el “sí” a una Ley a la que, por cierto, se oponía rotundamente el mismísimo Sánchez argumentando que la amnistía sería “inconstitucional”. La sentencia del TC que avala la Ley sostiene que la norma “responde a un fin legítimo y razonable” (cuando el fin jamás debiera justificar los medios), rechaza enjuiciar la “intención de sus autores” (cuando fue pactada por el hoy investigado Santos Cerdán y el condenado Turull, indultado por Sánchez a instancias del prófugo Puigdemont para conseguir la investidura); dice que no es una “autoamnistía” porque se votó en las Cortes (cuando los beneficiarios de la misma son los condenados por el procés que elaboran la norma); justifica la medida en la “fractura social” en Cataluña (cuando los secesionistas condenados ni se arrepienten y dicen que volverían a repetir los hechos); elude valorar los “pactos” para la investidura porque son “negociación política” (como si dicha negociación no estuviera sujeta a la ley); y se basa en el principio de que “lo que no prohíbe la Constitución es constitucional” (lo que es una simplificación no siempre precisa, pues hay principios y valores constitucionales que pueden ser vulnerados incluso sin una prohibición expresa). Por su parte los cuatro magistrados conservadores que se oponen a la constitucionalidad de la Ley de Amnistía argumentan que se ampara su “fin oculto” y denuncian que el TC “abdica de su deber de garante del orden constitucional” pues se trata de “un intercambio de votos por impunidad” y afirman que el fin de la ley era obtener el apoyo de Junts “a cualquier precio”. Juzguen ustedes cuál de las dos partes del TC, que no debieran de existir, se ajusta más a la realidad de los hechos. En todo caso, es obvio que hay cosas que no pueden conseguirse a cualquier precio, sobre todo si el precio han de pagarlo los ciudadanos, como es el caso.
Y mientras Sánchez, después de dos
años sin Presupuestos, diseña los PGE para 2026 a la medida de sus socios de
investidura y su gobierno está dispuesto a seguir cediendo en exigencias (como
el traspaso de impuestos e infraestructuras a Cataluña para validar las
cuentas), el Presidente dice ahora que la Ley de Amnistía es buena para la
convivencia mientras Feijóo la considera ilegal y los independentistas ya
reclaman que se aplique a Puigdemont el perdón, sin que éste haya comparecido
ante la Justicia, a lo que Sánchez dijo que se dedicaría; es decir, a traerlo
para ponerlo ante la Justicia, pero no a amnistiarlo. No obstante, aunque el Gobierno
exige ya al Tribunal Supremo (al que desautorizó tras la sentencia del procés,
mediante los indultos, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la
malversación….para rematarlo ahora con la amnistía), que deje libre ya a
Puigdemont, los jueces rechazan las “presiones”, mientras los juristas, ante el
aval del TC a la amnistía, alertan del “peligroso precedente” creado por
Conde-Pumpido al permitir que el Congreso legisle ignorando la Constitución
sobre todo aquello que expresamente no prohíba, lo que abre el camino entre
otras cosas a la “autodeterminación”, mientras el prófugo Puigdemont califica a
los jueces del Supremo de sediciosos por no acatar la “decisión política” de
amnistiarle, mientras Turull, número dos del fugado, alardea de redactar la
polémica Ley de Amnistía que le ha beneficiado, con un “yo participé en la
redacción”, reconociendo con ello lo que denuncia la Comisión Europea, mientras
el líder de Junts, que da por hecho que el Supremo no le amnistiará, tilda al
Supremo de “prevaricador” y a España de “estafa democrática”. La triste realidad
es que llevamos 15 años de soberanismo y procés, desde aquella crisis del
Estatut y la actual amnistía, de lo que muchos consideran que “la culpa es de
Zapatero” ya que la decisión del Constitucional entonces sobre el Estatut fue
utilizada por Artur Mas para impulsar el proceso separatista que finalmente
derivó en el patético 1-O. Y ahora fuentes del TC, que tendrá que decidir
también sobre otras reivindicaciones separatistas, dicen que “lo siguiente será
la financiación singular y el referéndum catalán”….. ¿Está en peligro la
integridad territorial de España que contempla la Constitución? Esa es la
cuestión.
Entretanto las protestas de los jueces
contra el Gobierno reúnen unas 3.000 personas, creyendo las asociaciones conservadoras
de jueces y fiscales que las reformas de Bolaños amenazan la independencia
judicial, mientras Bruselas exige a España por carta que regularice a los
jueces sustituidos. Y María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, dice que “la
huelga es un derecho de los jueces” y defiende que tiene el deber de “hacer
todo lo posible” para evitar que el Gobierno cambie el acceso a las carreras,
pues la también portavoz de la APM ve un descontento generalizado de sus
compañeros porque supondría la disolución de la judicatura y del cuerpo fiscal.
Dicho queda.
Y mientras otra jueza ordena a la UCO
que investigue el supuesto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de
Quirón, los casos de corrupción en el seno del PSOE siguen su curso judicial,
conociéndose nuevos datos como que Chivite permitió a la empresa de Santos
Cerdán incumplir parte del contrato de 76 millones; como que la UCO registra
las casas de la ex presidenta de Adif, Pardo de Vera, y del ex director general
de Carreteras, Javier Herrero; como que Koldo gestionó dos peticiones de Salvador
Illa para obras en Cataluña, pues el asesor de Ábalos recibió en 2018 sendas
solicitudes para que Fomento invirtiera en proyectos públicos en feudos del
PSC; o como que Cerdán arrancó 40 millones a Transportes para su megaobra y
negoció en persona con el Ministerio de Ábalos para tratar la ayuda estatal al
túnel de Belate y que la ministra Raquel Sánchez en 2023 y el ministro Puente
en 2024 validaron la subvención. Es la intolerable y repugnante corrupción política
que, según SigmaDos, hace caer a Sánchez a quien Feijóo ya sacaría 41 escaños
de diferencia, pues los socialistas pierden en un solo mes la cifra record de
1´6 puntos y se queda en el 26´8% de los votos, su peor resultado desde las
generales, mientras el PP sumaría 152 escaños, tantos como todo el bloque de la
investidura sanchista, y con UPN le bastaría la abstención de Vox que sigue en
ascenso.
Por cierto, hablando de encuestas,
ante la “cobardía” de Sánchez en la OTAN porque “no defendió ante Trump su
freno al gasto militar” y cuando los aliados podrán exigir más gasto a los
españoles ya en 2026, según SigmaDos, el 60% de españoles cree que el “no” de Sánchez
ante la OTAN perjudica a España, el 50% cree que la seguridad del país quedará
en riesgo si no se cumple el compromiso de gasto militar y el 63% ve positivo pertenecer
a la Alianza pero el 56% rechaza elevar hasta el 5% la inversión en defensa. Es
lo que hay mientras Sevilla acoge a los líderes mundiales en busca de fondos
para el desarrollo en la IV Conferencia Internacional de la ONU que arranca con
la ausencia de EEUU y en la que Sánchez busca salvar la imagen que él mismo hundió
en la OTAN, en tanto que el Rey Felipe defiende ante los asistentes a la Cumbre
de Desarrollo Sostenible que el multilateralismo es el mejor camino para la paz
y el progreso.
Por lo que respecta a otros asuntos
citar que Bolaños impone a Zapatero, por impulsar el matrimonio igualitario, la
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort durante el acto “Orgullo y
Justicia” que conmemora el Día Nacional del Orgullo LGTBI; que las notas altas
no garantizan el acceso a la universidad pública y la escasez de plazas empuja
a muchos alumnos hacia la privada; que el Gobierno aplaza la reforma de las
ayudas del bono social a la luz pese a las desigualdades del reparto; que los españoles
aportan 17.841 millones a los fondos de pensiones frente a los 386.000 millones
que aportan los alemanes; y que Hacienda señala a 6.000 morosos que adeudan
16.138 millones en cuya lista entran, entre otros, Isabel Pantoja, Bertín Osborne
o Arda Turan.
Y del exterior, destacar que Ucrania
blinda Chernobil ante otra posible invasión rusa; que el Supremo de EEUU limita
el poder de los jueces para frenar a Trump, permitiendo que entre en vigor el
decreto que acaba con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida
en el país; y que el Orgullo LGTBI desafía a Orbán con una masiva marcha en
Budapest que discurre sin incidentes graves pese al veto del Gobierno, que
autorizó protestas ultras…..
Pero, antes de irnos, tenemos que
volver a la corrupción pues Santos Cerdán, que estaba citado a declarar en el
Supremo tras la cautela de Ábalos y el silencio de Koldo, acaba de ser internado
en Soto del Real, confirmándose los “consistentes” indicios y el riesgo de ir a
prisión…..¡y eso que todas las denuncias de casos de presunta corrupción en el
PSOE, según Sánchez y los sanchistas, eran meros bulos sacados de recortes de
prensa!.....parece que, lamentablemente, hay bastante más que eso. ¿Qué dirán ahora
quienes ponían las manos en el fuego por estos personajes? ¿Es que no van a
dimitir por cómplices o por ineptos quienes les nombraban y avalaban? Algunos,
como María Jesús Montero lo tienen claro, no van a dimitir (como decia
Rubiales) pues la ministra y candidata a la Presidencia de la Junta de
Andalucía, tras conocer la noticia, manifiesta que Santos Cerdán “no tiene nada
que ver con el PSOE”…. siendo la Vicepresidenta del Gobierno debiera de saber
que Cerdán no era un militante cualquiera, sino el Secretario de Organización del
Partido, tras sustituir al anterior, Ábalos, investigado también por corrupción,
y que también era muñidor de pactos con radicales y secesionistas vascos y
catalanes para conseguir que Sánchez fuera presidente del Gobierno de España y
Chivite lo fuera de Navarra…..En fin, de momento, sin más comentarios, se acaba
de conocer la noticia y apenas se tienen más detalles.
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