Sin que afecte a la
presunción de inocencia, que se ha de tener en cuenta para todos y en todo
momento, lo reprobable es que nuestros políticos y gobernantes, ellos mismos,
alimenten las sospechas sobre sus propias fechorías indiciarias de comisión de
delitos, sean probados luego o no en sede judicial, con conductas irresponsables
e inaceptables que, de entrada, por el mero hecho de existir debieran ser
sancionadas con dimisiones o ceses fulminantes del cargo que ocupen en vez de
protegerlos arremetiendo contra los jueces y fiscales, que tienen el deber de
juzgarlos, o contra los investigadores policiales, cuyo deber es aflorar las
pruebas pertinentes para esclarecer los hechos en sede judicial. En todo caso,
semejantes sujetos, si no dimiten, deberían ser cesados “ipso facto” y
apartados de la política en el instante en que se conocen sus conductas irresponsables
e indecentes, al margen de que luego se puedan probar o no sus presuntos
delitos, pues en política no sólo no pueden estar los delincuentes sino también
los irresponsables indecentes que no tienen reparos en moverse en la ciénaga
putrefacta de conductas inaceptables. Y el ejemplo más reciente de lo que no
puede ser nos lo da hoy Santos Cerdán, tras localizar la UCO audios en el móvil
de Koldo que le implican en un supuesto cobro de comisiones, pues en una
conversación con Ábalos y Cerdán, grabada por Koldo, tratan de dinero que les
debían empresas de obra pública, es decir, del cobro ilegal de comisiones. En
definitiva, la UCO entrega al Supremo un audio que implica a Cerdán en el cobro
de comisiones ya que recoge una conversación suya con Ábalos y su asesor Koldo
en la que hablan de que varias
adjudicatarias de obras públicas les deben dinero; audio que grabó el
propio Koldo tras saber que estaba siendo investigado y que lo guardó en un
disco duro, incautado por la policía, que ha sido desencriptado y, tras
analizarlo, el juez ha ordenado registrar, además de una casa de Ábalos en
Valencia, una empresa navarra y la casa de Antxon Alonso, amigo íntimo de
Cerdán, dándose la circunstancia de que Koldo hizo las citadas grabaciones y
las guardó para que fueran como una especie de “seguro de vida” y tener “un as
bajo la manga” por si era detenido y usado como chivo expiatorio. Ábalos y
Koldo ya están siendo investigados judicialmente, Santos Cerdán todavía no,
pero las grabaciones de Koldo pueden arrastrarlo. ¿No son los audios suficiente
prueba ya para que Santos Cerdán sea reprendido y sancionado por el PSOE al
margen de si luego se puede probar o no su conducta delictiva? Pues bien, por
lo visto, no. Feijóo acorrala en el Congreso a Sánchez y éste se calla ante la
corrupción y las cloacas, no contesta nada al respecto y se atrinchera con
ataques al PP para no responder sobre sus frentes judiciales, que son muchos,
olvidando que el PP ya pagó políticamente por sus fechorías anteriores, por lo
que cabe preguntarse ¿quiere el PSOE de Sánchez seguir el mismo camino que el
PP de Rajoy?, parece ser que sí; desgraciadamente no hemos aprendido nada o
quizás hemos aprendido demasiado. Desde luego la solución no es sacar ahora a
relucir audios de la época de Rajoy, aportados por Leire Díez, como, entre
otros, uno en el que Villarejo decía en 2012 a la dirigente popular catalana
Alicia Sánchez Camacho sobre los independentistas que “esta guerra es para que
estos tipos no saquen mayoría absoluta”; la solución es que ni aquellos ni
estos audios se vuelvan a repetir, sencillamente porque son nauseabundos.
Entretanto, la juez procesa al Fiscal
General del Estado, García Ortiz, que queda al borde del banquillo por
revelación de secretos y éste rechaza dimitir porque se declara inocente de la
filtración, aunque en su día se declaró personalmente responsable de lo que
sucediera. Pues bien el juez del Supremo, no uno de menor rango, considera que
García Ortiz siguió “indicaciones” de La Moncloa y actuó para perjudicar al
novio de Ayuso y concluye que reclamó sus correos que fueron después filtrados.
Pero como el fiscal general se auto-declara inocente y no dimite, y Moncloa
ordena blindarle, se abre una crisis judicial sin precedentes al negarse a
dejarlo caer porque el auto del Tribunal Supremo señala al propio Ejecutivo
como detonante de que el Fiscal General revelara secretos de un ciudadano, en
este caso, del novio de la Presidenta de Madrid. El Gobierno le expresa a
García Ortíz su “confianza plena” y arremete contra el citado auto de
procesamiento, mientras Feijóo reclama su cese inmediato y el de “quien le daba
las indicaciones” desde Presidencia del Gobierno, mientras el Fiscal General
aprovecha un vacío legal para atrincherarse, dándose la paradoja de que la otra
fiscal investigada tendrá que dejar su cargo por orden de él mismo, aunque él
podrá seguir en el cargo, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no
contempla la dimisión del Fiscal General del Estado por la apertura de una
investigación judicial, mientras su subordinada, la fiscal Pilar Rodríguez,
procesada por los mismos hechos, sí habrá de ser cesada, precisamente por él.
Ya ven, ni los propios legisladores pudieron pensar que un Fiscal General del
Estado pudiera llegar a ser sometido a juicio y menos aún que, en caso de darse
la insólita situación, el Gobierno le apoyara frente al alto magistrado que le
investiga, nada menos que del Tribunal Supremo. Obviamente, ante este deterioro
institucional en España, que alcanza niveles históricos, mientras los ministros
se lanzan a arremeter contra el juez para defender su inocencia (aunque ninguno
le pone una demanda por prevaricación), Feijóo manifiesta que “no se puede
seguir manchando las instituciones”, en tanto que dos de las tres asociaciones
de fiscales piden su dimisión al igual que sucede con los jueces, quienes,
mostrando “respeto pleno” por la presunción de inocencia, entienden que
mientras el proceso penal “sigue su curso, Ortiz debiera dar un paso al lado
“por el bien de la institución”.
Por otro lado, mientras la jueza
Biedma no se resigna al “fraude de ley” de Gallardo en el caso del
“hermanísimo” y avisa al TSJ de la maniobra del líder del PSOE extremeño para
ser aforado (otro escándalo mayúsculo), la Comisión Europea abre la vía para
frenar el aval de Conde-Pumpido a la controvertida ley de amnistía, sostiene
que el perdón a los golpistas va contra el Estado de Derecho y señala que el
Gobierno no buscaba el interés general sino la “impunidad de sus socios”, por
lo que parece una especie de “auto-amnistía”, que se usó para investir a
Sánchez al salir “con los votos de los beneficiarios” para la “investidura del
Gobierno”, dando derecho al Tribunal de Cuentas a recurrir a la UE y a evaluar
si se dañaron fondos europeos…..y entretanto Albares irritando a los
embajadores con su “chantaje e insistencia” para elevar el catalán en la UE,
mientras Sánchez espera, tras el aval a la amnistía del TC ultimar su foto con
Puigdemont, pues el Gobierno da por hecho que el TC les abrirá la puerta a “consolidar”
su relación con Junts, que ni siquiera ha prometido que jamás volverá a atentar
contra el Estado de Derecho por el que los secesionistas fueron condenados por el
Supremo, indultados luego por el Gobierno y ahora amnistiados por Sánchez para
que el prófugo Puigdemonnt quede libre de toda culpa. Ya ven, este es el
objetivo de “interés general” que buscaba Sánchez.
Y mientras tres magistrados del TC
acusan a Pumpido de esquivar a la UE con la amnistía “sin soporte legal alguno”
al rechazar aparcar el debate sobre la amnistía a la espera de Europa (el
pleno, de mayoría progresista, se niega a suspender la tramitación como pedía
el PP), Bolaños, ministro de Justicia, ignora a los jueces y quiere aprobar la ley
de su reforma para controlarlos, pues el Gobierno fuerza una tramitación exprés
en el Congreso y el Senado ante el lógico plante de la carrera judicial que
amenaza con ir a una huelga si no desiste de una reforma que busca someterla.
En efecto, los jueces y fiscales se movilizan en masa contra el Gobierno con un
paro de media hora contra las “leyes Bolaños” como preludio a una posible
huelga y para protestar contra las reformas que afectan a la Administración de
Justicia y las descalificaciones constantes a jueces y magistrados, mientras la
presidenta del Poder Judicial exige al Ejecutivo que “cese” en sus “presiones
intolerables”. Y es que las principales asociaciones de la Judicatura y la
Fiscalía consideran que las reformas que impulsa el titular de Justicia son “una
amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal”, un
ataque “sin precedentes” al Poder Judicial……
Y en estos momentos sale a la luz que
Santos Cerdán acaba de presentar la dimisión de todos sus cargos orgánicos y
políticos, incluida, a diferencia de Ábalos, su acta de diputado…..(dimisión
que, al menos, le honra). Es de tal trascendencia la noticia que el resto de
asuntos quedan por un instante relegados. De los cuatro del Peugeot que se
encargaron de hacerse con las riendas del PSOE mediante métodos no muy
ortodoxos, ya han caído tres (Koldo, Ábalos, y ahora Santos Cerdán) y sólo
queda Sánchez…..Decían que venían para acabar con la corrupción…..y ya ven. Sí
que lograron, con el apoyo de sus actuales socios de gobierno o de investidura,
desalojar al PP del Gobierno…. Y ahora, qué, mirarán para otro lado, como
vienen haciendo, o exigirán a Sánchez que dimita y convoque elecciones
generales….Nada que temer pues según el CIS de Tezanos el PSOE sanchista
ganaría las elecciones (por primera vez desde que apareció el sanchismo) y
sacaría siete puntos al PP.... De momento, aunque es pronto, ninguno de ellos,
y son un montón, han pedido que Sánchez las convoque lo que quiere decir que
prefieren seguir gobernando con Sánchez o apuntalarle en el poder, cuando ello
supone ser cómplices por acción u omisión de todo lo que está pasando o ¿es que
no se enteran de nada? En fin, por cómplices o inútiles al final se arriesgan a
pagar muy caro su conducta inaceptable. Y del socialismo sanchista, qué…..
Bueno mejor lo dejamos para otro día.
Jorge Cremades Sena
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