Por si no fuera suficiente
con todo lo que nos está cayendo (alianza del Gobierno con prófugos de la
justicia a cambio de votos, raquitismo parlamentario progubernamental,
amnistías a delincuentes separatistas y a otros condenados por corrupción,
ausencia de presupuestos e incumplimiento incluso de la obligación
constitucional de presentarlos, conductas inapropiadas e indecentes de
gobernantes, desacuerdos sustanciales en la coalición de gobierno minoritario
que abocan a votar de forma diferente en el Congreso a los ministros,
transferencias de competencias a las CCAA tendentes a desmantelar el Estado,
rebajas de determinados delitos económicos…..etc etc); repito, por si todo ello
no fuera ya demasiado, el Tribunal Supremo confirma el procesamiento del Fiscal
General del Estado (que no del Gobierno como entiende Sánchez), García Ortiz,
quien ni dimite ni es cesado, lo que es insólito en cualquier democracia que se
precie pues no cabe en cabeza alguna, medianamente amueblada, que, siendo el Fiscal
el encargado de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, sea él
quien esté cuestionado por incumplir la legalidad y atropellar dichos derechos
ciudadanos, como es el caso, al margen de que, finalmente, puedan probarse en
sede judicial sus presuntos delitos. El mero hecho de que haya indicios de
delito, al extremo de que el Supremo (no un juzgado territorial cualquiera, más
susceptible de cometer errores) confirme su procesamiento, debiera ser la línea
roja para su dimisión, por mera dignidad personal, o para su cese, por mera
salvaguarda institucional, pues no se puede dar la imagen, ni siquiera la
sospecha, de que hemos puesto al zorro a cuidar del gallinero, lo que genera
una situación insostenible. Es insólito e insostenible que el Fiscal General
del Estado sea procesado por filtrar supuestamente datos protegidos de un
ciudadano, en este caso, del novio de Ayuso, por más que el Ministro de
Interior, Grande-Marlaska, diga que “lo que hizo la Fiscalía y que asumió el
Fiscal General del Estado fue desmentir un bulo” y su compañero Víctor Torres
añada que “lo que finalmente se hizo por parte de la Fiscalía fue que la
ciudadanía supiera la verdad”, con lo que ambos ministros reconocen
implícitamente que Fiscalía actuó, pero cometen el error de que aunque su finalidad
fuera la que dicen (desmentir un bulo o que se sepa la verdad) no puede hacerse
atropellando derechos ciudadanos desde la propia Fiscalía que está precisamente
para protegerlos que es la función que tiene encomendada. En definitiva, el
Supremo rechaza el recurso de García Ortiz para evitar el juicio, aunque de los
tres magistrados uno vota en contra del rechazo porque no hay indicios (para
los otros dos, sí los hay) de que él cometiera la filtración y el Gobierno de forma insólita defiende que
continúe en el cargo mientras el PP exige su dimisión o cese inmediato.
Al final, el borrado intencionado de
los mensajes del móvil de García Ortiz le sienta en el banquillo por filtrar
datos, que debía proteger, en “una actuación coordinada e impulsada personalmente
por él” y se convierte en el primer Fiscal General del Estado que en democracia,
y ostentando tan noble cargo, se sentará en el banquillo de los acusados para
ser juzgado. En definitiva, el Fiscal General irá a juicio por delinquir con el
aval de 15 jueces: uno de instrucción, seis magistrados del TSJM y ocho del
Tribunal Supremo, que son quienes han impulsado la causa frente al criterio de
Fiscalía, lo que conviene conocer para evitar un mayor descrédito intencionado
de la Justicia por parte de quienes pretenden vender ahora que el Fiscal
General es procesado por la caprichosa decisión de dos de los tres jueces de la
Sala de Apelaciones, que lo que simplemente han hecho es rechazar su recurso,
aunque no sea por unanimidad, tal como está establecido; no son dos jueces
conservadores o progresistas, frente a un tercero, pues es la Sala la que
rechaza el recurso, como en su día será el Tribunal Supremo quien dicte
sentencia al respecto. Es insólito e insostenible que, así las cosas, Moncloa
mantenga su confianza en García Ortiz con el solvente argumento de “creemos en
su inocencia y cuenta con el apoyo del Gobierno”, cuando el asunto no es
cuestión de creencias de unos u otros sino de indicios y pruebas que es lo que
se está haciendo. Y mientras Feijóo, califica la situación de insostenible y
exige la dimisión del Fiscal General, ya comienzan a aparecer algunas tímidas
grietas en el Ejecutivo respecto a apoyar a García Ortiz porque “la situación
ya no es sostenible”, mientras jueces y fiscales quedan estupefactos ante la
“anomalía” de mantenerle en el cargo. Bien convendría tener presente aquello de
que “la mujer del Cesar, además de honrada, debe parecerlo”, código de conducta
que hoy hemos olvidado desgraciadamente como requisito esencial para dedicase a
la función pública y que basta echar un vistazo a los acontecimientos para
constatarlo.
Entretanto Sánchez, antes de emprender
sus vacaciones, se compromete públicamente a presentar los Presupuestos de 2026
cuando ya lleva dos prórrogas ante su incapacidad parlamentaria para
aprobarlos, asunto que en sí mismo debiera ser motivo de relevo gubernamental; pero
este insólito Sánchez en tantas cosas, para evitar la derrota parlamentaria y
sus consecuencias, decide saltarse a la torea su obligación constitucional de,
al manos, presentarlos en el Parlamento, pues si no hacerlo se toma encima como
algo normal, apaga y vámonos: el propio Felipe González, a quien tachan ahora
de “facha”, se quedó un año, 1996, sin aprobar Presupuestos y convocó
elecciones, que perdió, mientras que con Sánchez que lleva ya siete años en
Moncloa sólo se han aprobado tres presupuestos. Pero no pasa nada, el
Presidente se enmienda a sí mismo y nos garantiza que agotará la Legislatura
con o sin Presupuestos (no en vano dijo que se puede Gobernar “con o sin el
apoyo del Legislativo”) y para conseguirlo se aferra a los fondos europeos y a
que los mandatos “duran cuatro años”. Con semejante planteamiento, claro que se
puede gobernar incluso sin Poder Legislativo, pero no en democracia, por más
que diga y repita que tiene la voluntad de llegar a 2027, cuando ello no
depende de él al no tener mayoría parlamentaria, y por más que presuma de la
renta de España pese a que su alza es la cuarta peor de los países
desarrollados. Es más, ni aunque fuera cierto el dibujo de su realidad política
ficticia, ni aunque dejara de ocultar o tergiversar datos en las políticas
sociales (algunas obviamente aceptables siempre que sean viables), gobernar en
democracia requiere unos principios básicos y unas reglas de juego que en
ningún caso ni bajo ningún pretexto se deben vulnerar, entre ellas, la división
de poderes. Pero en fin, él asegura que ya ha cumplido el 45% de los 200
compromisos que adquirió hace dos años pero sin especificar la lista completa
de los mismos, mientras su Gobierno amplía las semanas retribuidas por
nacimiento (de 17 a 20) para atender las exigencias de la UE y se dispone a
trocear el decreto antiapagones para lograr el sí de sus aliados, que, al ser
tanto de izquierdas como de derecha, pero todos soberanistas, salvo en esto
último, discrepan en casi todo.
Por otro lado, al quedarse sin
negociador con Puigdemont porque está en prisión, Sánchez cita a Zapatero en La
Mareta para ver si se puede salvar la Legislatura, aprovechando así sus vacaciones
en Lanzarote de 23 días para despachar con el ex presidente socialista la
negociación con el prófugo de la justicia y el arranque del nuevo curso
político, mientras conocemos que el Presidente “disparó” a Marlaska en un chat
con todos sus ministros al escribir “nos enteramos los últimos siempre” en
alusión al informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pues a Moncloa le hubiese
gustado tener más y mejor información sobre la investigación (y no será porque
no tenga asesores). Lo cierto es que a la hora de elegir colaboradores el
Gobierno de Sánchez no da ni una, resultando ahora que el Comisionado del
Gobierno para la Dana falsificó su título (vamos, que mintió) para convertirse
en funcionario, pues la Agencia Antifraude concluye que el delegado para la
reconstrucción tras la riada, del PSOE obviamente, logró un puesto fijo en la
Administración desde 1985 gracias a que presentó un diploma falso en
Archivística y Biblioteconomía; diploma que el comisionado de Sánchez no niega
haber falsificado, aunque defiende que sólo necesitaba el Bachiller como
requisito, mientras Diana Morant, que le ha nombrado Presidente de la Ejecutiva
del PSOE valenciano guarda silencio ante este nuevo “error” y el Ministro
Torres pide información “cuanto antes” al delegado de la Dana sobre los datos
académicos para adoptar la “decisión pertinente”. Por otro lado, mientras la
jueza de la dana desacredita el informe de la Guardia Civil contra la Aemet
porque el documento “es erróneo e incompleto”, Antifraude detecta
“irregularidades” en otra obra que implica a Pardo de Vera y remite al Supremo
información de la adjudicación para construir una estación en Valencia.
Y ante este panorama Feijóo ya se pone
en modo de gobierno y va armando su futuro Consejo de Ministros, pues, fuera
del discurso oficial, el PP no descarta elecciones el año que viene por lo que
urge a la cúpula popular a mantener desde ya la tensión electoral, mientras
promete que derogará las leyes sanchistas (desde la amnistía a la vivienda o la
memoria) y encarga ya los primeros trabajos de su programa, en tanto que Alma
Ezcurra será quien haga la lista de las “leyes del sanchismo” que se derogarán
si los ciudadanos les otorgan suficiente mayoría.
Entretanto en esta España de Sánchez,
que ya no va en moto sino en cohete, en los invernaderos de Níjar, en Almería,
entre otros, más de 1.400 personas, entre ellos 500 menores, viven sin luz ni
agua bajo los plásticos; la subida de los precios en los “súper” y el apagón
disparan la inflación; Telefónica gana ya 558 millones sin el lastre de la
venta de filiales en Hispanoamérica, ACS 451 millones hasta junio por el “tirón”
de EEUU y Ferrovial se embolsa un 30% más en la primera mitad del año hasta los
540 millones; el Banco Santander se anota beneficios record de 6.833 millones
en el primer semestre y Caixa Bank impulsa sus ganancias un 10% hasta los 2.951
millones…..para algunos, como dice Sánchez, esta España ya no va como una “moto”,
sino como un “cohete”, y con los ejemplos puestos es fácil adivinar de quien
habla Sánchez. Entretanto se conoce que Canarias y Fiscalía conocían los malos
tratos a menores desde 2021 (el Defensor, ONG y empleados denunciaron el estado
de los inmigrantes); y Madrid ordena el cierre del gran centro de inmigrantes
del Gobierno (el Ayuntamiento de Pozuelo, en manos del PP de Ayuso, obliga al
cese de su actividad al no disponer de licencia de uso residencial) cuando el
Ejecutivo había anunciado su intención de instalar a 400 menores solicitantes
de asilo.
Por otro lado el Gobierno se abre a la
prórroga nuclear si no encarece el recibo, pues la ministra Sara Aagesen
comunica por escrito a Iberdrola y Endesa sus condiciones para considerar su
extensión: garantías del suministro y de la seguridad, y que el coste no caiga
en los consumidores.
Y justo en este momento acabamos de
conocer que el citado Comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel,
que así se llama, dimite de sus cargos, incluido el de Presidente del PSOE
valenciano…..Y, por hoy, ya es suficiente, no quiero seguir indignándome más;
es tal el escándalo insólito e insostenible que tenemos en España que hasta se
empieza ya a conjugar el verbo dimitir…..no son bulos, desgraciadamente son
hechos presuntamente delictivos que al menos hay que investigar, pues, ya ven,
son demasiados quienes cohabitan en el fango de forma insólita e insostenible,
lo que no se puede permitir ni tolerar ni un minuto más.
Jorge Cremades Sena
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