Un osado Pedro Sánchez se
estrella una vez más, en este caso con una financiación autonómica que no
convence prácticamente a nadie, su Gobierno asume que tendrá muy difícil un
acuerdo que siente las bases de un nuevo modelo que beneficie a Cataluña y
Moncloa justifica sus cesiones al soberanismo porque comparte “una forma de
entender España”. El caso es que asunto tan esencial como es la financiación de
las CCAA, que afecta a toda España en su conjunto y debiera discutirse en el
ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en el Congreso de
los Diputados, donde se aprueban las leyes que regulan el sistema de financiación,
se ha supeditado a un previo pacto ERC-PSC como el alto precio a pagar por
hacer posible que el socialista Salvador Illa fuera investido como President de
la Generalitat de Catalunya, en consonancia con los altísimos precios que
Sánchez pagó ya al independentismo por apoyar su investidura y los que sigue
pagado además por mantenerse en el poder. Precios que, conociendo al vendedor
(el secesionismo) siempre consisten en menoscabar progresivamente el Estado
Español diseñado en nuestra Constitución, atentando contra los principios en
ella establecidos y contra los derechos de todos los españoles, lo que no
impide que el comprador (el sanchismo), para salir del paso en cada momento,
los pague y, si no puede hacerlo porque no depende de él, da igual, firma el trato
y cuando le exijan el pago, otro nuevo conflicto jurídico, como es el caso. En
efecto, derivado del citado pacto ERC-PSC, ahora el Gobierno de Sánchez y la
Generalitat de Illa firman un acuerdo sin contar con el respaldo para salir
adelante que decepciona a los nacionalistas-secesionistas, indigna a los
populares y desconcierta a los socialistas en las distintas CCAA. Por dicho
acuerdo Sánchez se compromete a entregar la independencia fiscal a Cataluña a
costa de la solidaridad entre los españoles, creando con la Generalitat una
Agencia Tributaria catalana para recaudar todos los impuestos y de dicha
recaudación dar una parte al Estado, una especie de “cupo vasco”; en
definitiva, una financiación privilegiada (como la vasca y navarra) con una
Hacienda propia que recaude todos los tributos y devuelva un cupo limitado. El
acuerdo dinamita la estructura de la Agencia Tributaria y aboca al resto de las
CCAA a elevar su esfuerzo fiscal (excepto a País Vasco y Navarra, que ya tienen
su “fuero” propio)…..y para más recochineo desde el Gobierno dicen que el resto
de CCAA si quieren pueden hacer como Cataluña, es decir, si todos pudieran
hacerlo, diecisiete agencias tributarias autonómicas y la desaparición de la
actual Agencia Tributaria de España. Es la independencia fiscal de Cataluña y
los inspectores de Hacienda se rebelan contra esta singular financiación que
consideran “imposible, ilegal, opaco y va contra la Constitución”.
Y Moncloa, para mayor escarnio y
recochineo hacia los ciudadanos españoles, justifica sus cesiones al
soberanismo porque comparte “una forma de entender España”, opción que, siendo
válida para los independentistas, incluida su desaparición como Estado, que no
tienen reparo en proponer, no puede ser
válida para el Gobierno que está obligado a entender y defender España tal como
está diseñada en la Constitución, es decir como un Estado de las Autonomías, ni
centralista ni federal, y, en todo caso, para cambiarlo, si es de lo que se
trata, requeriría un amplísimo consenso mayoritario en las Cortes Generales y
el posterior refrendo del pueblo español, tal como se hizo para aprobar nuestra
actual Carta Magna. En fin, así las cosas, con este peliagudo asunto, todos los
barones autonómicos, salvo Salvador Illa (y el vasco y el navarro) dicen que
“todo socialista sensato sabe que es un atropello” y el popular Juanma Moreno,
Presidente de Andalucía, manifiesta que “la cesión de Sánchez con ERC rompe la
igualdad en España” y anuncia que contactará con todos los presidentes
autonómicos para responder al concierto catalán, añadiendo que “el Gobierno de
Sánchez agoniza y en su agonía cederá lo que haga falta y claudicará en todo”,
que “sólo desde la centralidad podremos restaurar el daño provocado en las
instituciones” y que “está en juego la convivencia y la democracia plena que
ampara la Constitución”. Y por su parte Feijóo añade “ofrezco un proyecto de
centralidad y de firmeza de los principios”, “España no está condenada a la
corrupción sistémica del sanchismo” y “necesita un gobierno que no se rinda a
minorías políticas”.
Entretanto el TJUE recela de la Ley de
Amnistía, otro peliagudo problema generado por Sánchez, y, de momento, deja en
el aire el aval europeo, allanando el camino al Supremo para llevarla ante la
Justicia Europea, pues Bruselas, según la Comisión Europea, considera que dicha
ley “no responde al interés general” por ser fruto de un pacto político para
investir al Presidente Sánchez, aunque por otro lado descarta que el “procés”
haya podido afectar a los intereses económicos de la UE. Así las cosas la
justicia española intenta defenderse en Europa contra la corrupción del PSOE y
sus socios en España para lo que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de
Sevilla denuncian en Luxemburgo que la amnistía a los malversadores del
“procés” y el blanqueo de los ERE perjudican a la UE, que, por cierto, pide no aplicar
la amnistía por causar “división profunda” y porque “concederla por una
investidura no es compatible con los valores de la UE”; la Comisión afirma ante
el TJUE que pese al criterio del TC de Pumpido la ley logró “lo contrario a la
reconciliación”, defiende que su finalidad no responde al “interés general” y
que dar “impunidad a tus socios” es una auto-amnistía. La Audiencia entretanto
lleva a Europa el fallo de los ERE de Pumpido por su “riesgo de impunidad con
la corrupción”, mientras, por otro lado, se da el primer paso para ceder la
Seguridad Social al País Vasco, pues el PNV arranca a Sánchez una cesión mínima
de la Seguridad Social y Talgo, aunque Sumar, cogobernante con el PSOE,
torpedea el traspaso de la gestión de prestaciones contributivas, por lo que el
lehendakari exige a Sánchez que “ponga orden en su Gobierno” y pide más
competencias este año.
Y mientras Portugal endurece la
política migratoria con más expulsiones de ilegales y menos visados (el
Parlamento luso aprueba crear una unidad policial especial contra la
inmigración ilegal, limitar el acceso a permisos de trabajo a empleos con alta
cualificación y restringir la reagrupación familiar) en España Vox alienta el
discurso xenófobo tras la cacería de Torre Pacheco, pues Abascal atribuye los
altercados y disturbios a las “consecuencias violentas” de la inmigración
irregular, cuando su partido tiene vínculos con la plataforma que llamó a la
“caza” de magrebíes y mientras los hijos de inmigrantes ya nacidos en España
dicen que “a sus ojos seguimos siendo moros” y cuando el PP condena la
narrativa del odio pero evita vincularla con el partido de Abascal. Mientras
tanto se conoce que la Ertzaintza detiene al agresor de Torre Pacheco
cuando intentaba huir a Francia, es un
joven de origen magrebí que fue arrestado por la policía vasca cuando trataba
de subir a un tren con destino a Irún, que ha servido como patética excusa para
que grupos xenófobos radicales mantuvieran en las redes una “convocatoria de
cacería los días 15, 16 y 17” para “hacer justicia directa” que ha sembrado el
pánico en el pueblo murciano, aunque un dispositivo policial ha conseguido
frenar semejante barbarie y restaurar el orden. Por otro lado la Policía blinda
Las Palmas ante “posibles altercados” tras quemar un joven marroquí a una
menor, el agresor llegó en patera hace un mes y se fugó antes de ser expulsado….Lo
preocupante es que estos hechos puntuales y aislados son aprovechados como
armas políticas arrojadizas por los diversos partidos políticos, lo que
aprovechan los grupos xenófobos, nacionales e internacionales, para extender su
cultura del odio, cuando lo procedente sería que dichos partidos se reunieran
de urgencia para diseñar una consensuada política migratoria de una vez por
todas en consonancia con la UE.
En cuanto a la corrupción se refiere,
más de lo mismo, pero con la novedad de que el ex ministro popular con Rajoy,
Cristóbal Montoro, es imputado por beneficiar empresas cuando era ministro de
Hacienda, y con la noticia de que Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel para
el novio de Ayuso por fraude fiscal, lo que de entrada reaviva la patética
estrategia del “y tú más” entre PSOE y PP….. Entretanto se conoce que “Cerdán
penetró en Fomento para establecer un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones”
y Anticorrupción rechaza su salida de prisión por “su capacidad para ocultar
pruebas” ya que “asumió la dirección de una organización criminal” y trabajó
desde el PSOE con total impunidad, acusándole de “dirigir un eficaz sistema de
corrupción a gran escala”. Por otro lado el Supremo desautoriza al juez Peinado
y rechaza imputar a Bolaños por el “caso Gómez” ya que no existe “un mínimo
respaldo indiciario”….. Lo curioso y preocupante es que las instrucciones
judiciales son aplaudidas o criticadas según favorecen al investigado o no….¡qué
le vamos a hacer!. Cabe citar además que un juzgado abre la primera causa en
Madrid contra la “fontanera” socialista; que el director legal deja Tragsa
mientras se investiga el fichaje de la ex de Ábalos; que Chivite pagará nueve
millones extra a la mega-obra de Cerdán, pues la UTE de la que forma parte
Servinabar recibirá un 11% más por el nuevo túnel de Belate, mientras el gobierno
navarro y constructoras se culpan mutuamente de los sobrecostes por los “modificados”,
cuando “el proyecto fue un desastre, lleno de irregularidades desde el principio”;
que la Audiencia de Sevilla lleva el borrado de los ERE ante la justicia
europea porque “hay riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la
corrupción”; y que el Gobierno esconde hasta agosto un informe crítico del
GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre la corrupción, haciendo
coincidir su publicación con el éxodo vacacional, pese a que el Consejo de
Europa aprobó el dossier con los incumplimientos del Ejecutivo hace dos meses.
Respecto a otros asuntos, citar que la
inflación se come la subida salarial desde 2018 y amplía la brecha de renta con
Europa; que la Airef clama contra la falta de Presupuestos y de un plan fiscal;
que el Rey condecora a la Princesa Leonor con la gran cruz del mérito naval en
su adiós a la Escuela Naval de Marín tras concluir su formación en La Armada; y
que Moncloa maniobra para liquidar a Yolanda Díaz y robarle su espacio, pues el
equipo de Pedro Sánchez se ha puesto como objetivo debilitar la imagen de la
Vicepresidenta para debilitar a Sumar, pasando de impulsar su perfil en las últimas
elecciones a buscar anularla y para ello usan todas sus “armas” e impulsan a
Bustinduy.
Y del exterior destacar que Israel agrava
la tensión en Oriente Próximo al bombardear Damasco; que Bruselas quintuplica
el gasto en Defensa y recorta la Política Agraria Común en la propuesta de
Presupuestos para el periodo 2028-2032; que Trump presiona a Putin para la paz
en Ucrania con aranceles del 100% y Moscú responde que no negociará con
Zelenski, mientras Bruselas presenta medidas por 72.000 millones de euros
contra el gravamen del norteamericano del 30%, porque “no podemos ser ingenuos”;
y que Francia anuncia un plan de recortes radical para contener la deuda
anticipando así Bayrou una reforma del paro, congelar las pensiones y quitar
festivos como medidas de ahorro en gasto social por 43.800 millones y Marine Le
Pen amenaza al primer ministro con dejar caer su gobierno pues la oposición
está dispuesta a ponerle una moción de censura.
Jorge Cremades Sena
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