NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS, DE MAL EN PEOR

            Se mire como se mire es difícil entender los criterios que nuestros gobernantes utilizan para nombrar los diferentes cargos públicos en los distintos niveles institucionales. Lo cierto es que en los últimos años, desde ministros a cargos de menor importancia, hacen declaraciones y toman decisiones que dejan mucho que desear, al extremo de que los ciudadanos no llegan a entender los méritos que dichos sujetos atesoran para ser merecedores de las responsabilidades que se les encomiendan, pues, si de ellos dependiera, no obtendrían su confianza ni para presidir la rotativa presidencia de su comunidad de vecinos. En un artículo anterior (Ver “Ocurrencias y despropósitos” colgado en mi blog “Ojo crítico” jcremades1948@gmail.com, en marzo de 2011) recogía algunas de las más significativas barbaridades, de palabra u obra, protagonizadas hasta entonces por determinados cargos públicos, que sonrojaban a cualquier persona con sentido común, al margen de su preparación académica o técnica. También exponía el brillante destino que dichos personajes obtenían tras el cese de sus funciones como premio a su manifiesta incompetencia. Mi objetivo era recoger este elenco de incapacidades con la esperanza de que en lo sucesivo se fuera más cauto a la hora de investir a determinados personajes de representatividad pública, pues, al fin y al cabo, son el reflejo de la ciudadanía a la que representan y administran.

            Pero no escarmentamos. Vamos de mal en peor. Si entonces los responsables de tan acertados nombramientos eran los socialistas y el gobierno de Zapatero, ahora son los populares y el gobierno de Rajoy quienes hacen lo propio –como en otros muchos asuntos- superándoles ampliamente, aunque de momento no sea con cargos de primer orden. Pero todo se andará, el itinerario es idéntico. Las ocurrencias y despropósitos que nos regalaron, entre otros, Magdalena Álvarez, Bibiana Aído o Leire Pajín quedan eclipsadas, de no haberlas protagonizado siendo ministras, por la del presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao que, para dar validez al acta de la reunión de una de las comisiones a la que le falta un voto, manifiesta “No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Poned diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”. Si en su día supimos, gracias a tan insignes personalidades, que el aborto es comparable a ponerse tetas, que un feto es un ser vivo pero no humano, que tener hijos es de ultraderecha y rancio o que cambiando el sexo del PIB mejora la economía, ahora sabemos que las leyes y las mujeres son entes susceptibles de ser violados a nuestro antojo. Cierto que el abogado Castelao no es ministro y sólo es presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor del Ministerio de Empleo, cargo que ya desempeñó entre 1998 y 2002, aunque tampoco es un desconocido que acaba de llegar pues fue diputado del PP en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009, pero, en todo caso, el menor rango del cargo que ocupa no le exime del repudio general por su talante machista y antidemocrático que raya lo delictivo.

            En cualquier país civilizado tamañas barbaridades supondrían el cese inmediato de dichos personajes. Aquí no sólo se les mantiene en el cargo sino que, además, cuando cesan, se les premia con otro cargo, normalmente mejor pagado, en otras parcelas de la “cosa pública”. Basta conocer el destino actual de muchos de ellos. Por eso, cuando el tal Castelao decide dimitir de su cargo mantiene que lo hace por “motivos personales” y dice “nadie me ha pedido mi renuncia”. Lleva razón. La ministra Fátima Báñez, propulsora de su nombramiento, debiera haber salido al paso, aunque sólo fuese por decencia estética, cesándole “ipso facto” o, en su defecto, diciendo públicamente que esa era su intención en caso de que Castelao no hubiese presentado su renuncia voluntaria. Se hubiesen despejado muchas incógnitas al respecto. Menos mal que algún portavoz de su departamento ha dicho que “el comentario fue, como mínimo, muy desafortunado” ¡Faltaría más!

Habrá que estar atentos al posible destino que las autoridades reservan a Castelao, pues, ya ven, siempre se puede encontrar un hueco en la ONU, OPS, BEI, FMI o vaya usted a saber dónde. Hay tantas instituciones, nacionales o internacionales, donde recurrir que todo es posible para que personas con tanto merecimiento disfruten de un espléndido futuro a costa del erario público. De momento lo que sí hemos de reconocer a Castelao, es su ejemplaridad paradigmática en la defensa de los nuevos planteamientos sobre la edad de jubilación, ya que a sus setenta y un años de edad aún sigue activo en el servicio público. Con un poco de suerte su jubilación definitiva ya estará próxima, se la ha ganado sobradamente, y no será necesario elucubrar sobre sus nuevos destinos. La naturaleza juega a favor de que no tengamos que avergonzarnos por segunda vez, como en casos anteriores, de los venturosos destinos que nuestros gobernantes reservan a personas que tan dignamente obraron en el desempeño de sus responsabilidades públicas. O, no; como diría Rajoy.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

ASÍ NOS VA

            Visualizando imágenes de la intentona de asalto el Congreso de Diputados, del debate de Política General en el Parlamento catalán y de las comparecencias en la comisión de investigación de los EREs del Parlamento andaluz, coincidentes en estos últimos días, y, sobre todo, escuchando debates posteriores al respecto, protagonizados por políticos y tertulianos en diversos medios informativos, he llegado a la conclusión de que todo lo que nos está sucediendo nos lo merecemos. Aunque sean tres episodios puntuales, coincidentes en el tiempo, reflejan una realidad que de forma progresiva se ha instalado en nuestra peculiar forma de entender la democracia y, por tanto, la libertad como un ejercicio de tolerancia, cuando no de comprensión, a la desobediencia civil, al desacato institucional y a la corrupción política, entre otras figuras delictivas. En definitiva, a considerar la ilegalidad como derecho de libertad y, por ende, su persecución como ejercicio de represión dictatorial. Justo todo lo contrario de lo que sucede en los demás estados democráticos consolidados.

            En cualquiera de ellos sería ilegal una manifestación convocada para ocupar el Parlamento (exigiendo por “ordeno y mando”, la disolución de las Cortes, la dimisión del Gobierno y de la Jefatura del Estado y la convocatoria de elecciones constituyentes) y, en caso de producirse, sería reprimida de forma contundente por las fuerzas de orden público, que para eso están. Aquí, no sólo se legalizan dichas convocatorias, sino que, además, cuando las autoridades pertinentes crean un dispositivo disuasorio para evitar la invasión de la Cámara, tan democráticos sujetos se permiten el lujo de saltarse las barreras de seguridad, insultar a los antidisturbios, agredirles con palos, piedras y otros objetos contundentes, obligando a las fuerzas de orden público (únicas con legitimidad democrática para usar la fuerza) a imponer el orden y la obediencia con métodos más o menos expeditivos para evitar males mayores. ¿Dónde se centra el debate posterior? En la actuación de la policía y no en la gravedad de los hechos que la han provocado. Así, quienes en el fondo plantean un golpe de estado civil aparecen como víctimas de una represión dictatorial. Los excesos de algunos asaltantes se convierten en anecdóticos (“siempre hay minorías violentas”) y los de algunos policías, en categóricos (“vuelven los grises”). Es obvio que lo deseable para los manifestantes y algunos tertulianos es que las fuerzas de orden público presentes (tan indignadas por los recortes como el resto de funcionarios) se pasasen a su lado. Así, el golpe casi hubiese tenido éxito.

             En cualquiera de ellos (centralista, federal, o confederal; de las autonomías, no, pues somos el único), si la máxima autoridad del Estado (en este caso el Sr. Mas) en una de sus instituciones territoriales ejerciese competencias que no le corresponden e ilegalmente las propusiese y mantuviese por encima de la autoridad competente según su legalidad democrática, éstas serían anuladas de inmediato, obligándole a rectificar su totalitario proceder o a una desautorización inmediata y, además, se enfrentaría al repudio contundente de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquí simplemente se le recuerda por parte de la instancia superior (como si el sujeto no lo supiera) que su actuación no se ajusta a la legalidad vigente y que existen mecanismos para impedir que se lleve a cabo. ¿En qué se centra el debate posterior? En que no es el momento de plantear dicha ilegalidad pues lo prioritario es resolver la crisis, en que su pretensión (en este caso independentista) tiene o no viabilidad económica, en que hay que buscar fórmulas para desatascar el desencuentro… Todo, menos dejar bien claro que fuera de la Constitución no hay salida y sólo la voluntad mayoritaria del pueblo español, la soberanía popular, es quien tiene la última palabra y ésta reside en las Cortes Generales. Así de claro y contundente. Por el contrario, quienes agreden por desacato institucional aparecen como víctimas, mientras que los agresores son los que defienden el entramado institucional del estado con escrupuloso respeto. El desmantelamiento estatal está servido.

            En cualquiera de ellos, si los máximos responsables de administrar los fondos públicos (en este caso Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez) de una institución estatal (en este caso de la Junta de Andalucía), ante la malversación de más de mil millones de euros, manifiestan en una comisión parlamentaria de investigación, que no sabían “nada de nada” y que se enteraron “por la prensa”, serían desautorizados por incompetentes o mentirosos e inhabilitados para ejercer cualquier responsabilidad política en el futuro, al margen de las posibles responsabilidades penales en que hubiesen incurrido. Aquí se les mantiene en activo ejerciendo altas responsabilidades políticas y partidarias. ¿En qué se centra el debate posterior? Como hay tantos temas de actualidad concurrentes, en algún comentario más o menos jocoso, para zanjarlo con el ya categórico “Y tú, más”, al fin y al cabo, ¿qué rebaño carece de ovejas negras?

            Que España es diferente, no hay duda. Y así nos va.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SINRAZONES INDEPENDENTISTAS

            Cada uno de los estados que conforman la vieja Europa es el resultado de procesos históricos complejos, traumáticos y conflictivos, pues siempre alteran el “statu quo” establecido, afectando no sólo a la entidad territorial-gubernamental de origen, sino también al entorno geopolítico, por lo que, en definitiva, se convierten en un problema internacional. Quienes venden la idea de que para independizar un territorio pacíficamente basta conseguir el refrendo mayoritario de sus habitantes, mienten descaradamente. Máxime si dicho territorio forma parte de un estado situado en un área geopolítica consolidada como es Europa –en especial Europa Occidental- cuna de viejas civilizaciones y pionera del “estado moderno” (s. XV-XVI con monarquías autoritarias) y del “estado nacional” (s. XVII-XVIII con soberanía nacional), bases sólidas del actual mapa político europeo –y de otros territorios que conforman la “civilización occidental”- consolidado tras las turbulencias bélicas del XIX y XX para finiquitar los últimos vestigios del feudalismo medieval y los intentos de sustituirlos por regímenes totalitarios. Un largo proceso histórico de cinco siglos que, especialmente en Europa, ha costado sangre, sudor y lágrimas.

            Desde que con métodos al uso (guerra, alianza matrimonial o herencia) se crean los primeros “estados modernos” -España es pionera junto a Francia e Inglaterra-, unificando el territorio del neófito estado para ejercer en él la autoridad regia frente a la anterior fragmentación territorial feudal, hasta su evolución a “estados nacionales”, cada uno de ellos y los que surgen posteriormente, van adquiriendo modelos diferentes por su estructura (centralismo, federalismo, confederación, autonomismo) y por su integración territorial (nacionalidad, plurinacionalidad), poniendo de relieve que el territorio no es un elemento indispensable para la nación, pero sí para el estado que tiene el poder de dictar leyes, hacerlas cumplir y sancionar a los incumplidores para garantizar y organizar la convivencia de su población, hoy ciudadanos. Considerar que cada nación (sentimiento de unidad étnica o cultural entre los que comparten la misma lengua, tradiciones, costumbres, creencias y valores) tiene el derecho natural de formar un estado es contradecir la propia Historia y la realidad, pues hay naciones multiétnicas, con diferentes cultos y creencias, integradas en varios estados y, algunas, sin territorio propio. Apelar a este supuesto derecho, provocaría una revolución sin precedentes en el actual mapa político europeo y mundial. Cuestión distinta es que cada nacionalidad, dentro del estado en que esté integrada, tenga derecho legítimo a mantener sus peculiares diferencias con el resto de sus conciudadanos. Así sucede hoy en España.

             La integración territorial de España es un hecho indiscutible, como en el resto de estados europeos, especialmente de aquellos, como es el caso, que la han consolidado hace siglos y así se les reconoce en todos los foros internacionales por razones de estabilidad. Incluso España, a diferencia de otros vecinos, no se ha visto favorecida, sino al contrario, por ninguna anexión territorial desde su configuración como “estado moderno” en el s. XVI. Que además el secesionismo se pretenda desde Cataluña carece incluso de cualquier legitimidad de origen pues dicho territorio ni siquiera fue incorporado al Estado Español por métodos violentos –tan legítimos como otros al final del Medievo- sino por la decisión soberana de su propio monarca, Fernando de Aragón, pactando una alianza matrimonial con la infanta castellana Isabel e impidiendo mediante la guerra la unión de Castilla y Portugal por matrimonio de Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel y legítima heredera, con el portugués Alfonso V. Siglos atrás, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, había hecho lo propio con el Reino de Aragón, origen de la Corona Aragonesa. Cataluña es por lo tanto protagonista voluntaria de la creación del Estado Español, junto al resto de territorios que lo integran. Buscar similitudes con Puerto Rico, Kosovo o algún proceso descolonizador para justificar el independentismo catalán es dar un carpetazo ignominioso a la propia historia de Cataluña y a la de dichos estados. Hacerlo por impedimentos al desarrollo de su identidad en el momento de mayor libertad descentralizadora de toda la Historia de España es situarse en el más cínico irrealismo.

            Que el señor Mas, máximo representante del Estado Español en Cataluña, diga que va a convocar un referendo soberanista con autorización o no del Gobierno, además de una flagrante ilegalidad, es un atentado a la democracia y una agresión al estado de derecho, vigente en toda Europa Occidental, que sólo conduce a la violencia institucional y a la inestabilidad política, no sólo en España sino también en Europa. Un peligroso precedente hacia la nada que cualquier otro estado europeo, incluidos los de más reciente creación, zanjaría de forma contundente. Sus respectivos gobiernos y partidos de oposición tienen bien claro los límites permisibles. Los nuestros, ni el actual ni los anteriores, han aprendido todavía que hay asuntos de estado con los que no se puede jugar. El precio a pagar es demasiado caro, nada más y nada menos, que la estabilidad política europea, cuando precisamente, planifica su futuro integrador en un mundo globalizado con cesiones de soberanía de los estados consolidados y no, como en otras épocas, creando nuevos estados soberanos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

CATALUNYA, ¿NUEVO ESTADO DE EUROPA?

            Sin entrar en la guerra de cifras, se preveía una Diada multitudinaria e histórica. Y así ha sido. El pueblo español, incluido el catalán, tiene suficientes motivos para salir a la calle manifestando su malestar por el precio que está pagando por la crisis, mientras que los gobernantes, que la han provocado, saben que, en tales circunstancias, es fácil eludir sus responsabilidades desviando la atención con nuevos objetivos utópicos que les permitan ocultar el fracaso de su gestión. El nacionalismo insaciable ya está agotado -¿qué más competencias puede exigirle al Estado?- y su catastrófica gestión es evidente –ruina económica a cambio de esplendor identitario y boato-, por lo que sólo le queda la opción del independentismo para que los dannificados por su caduco proyecto tengan nuevas esperanzas en un nuevo maná prometido y mantengan su apoyo a los creadores de semejante infierno, convertidos ahora en profetas de nuevos paraísos probablemente perdidos. Así, los nacionalistas de CiU y gran parte del PSC-PSOE –únicos responsables de toda la gestión autonómica catalana desde su creación, incluido el tripartito- se quitan la careta poniéndose al frente de una manifestación bajo el slogan “Calalunya, nuevo estado de Europa”, que convierten en exitosa, sin que ninguno de sus votantes les haya autorizado jamás con sus votos en ninguna de las elecciones celebradas, incluida la última, que, como siempre, redujo la opción independentista a una minoría repartida entre ERC, ICV, EUiA y SI, que, al menos, mantienen la coherencia con sus minoritarios votantes. Esta deriva de CiU y PSC-PSOE es la que convierte en multitudinaria e histórica la celebración de esta Diada independentista, pues, siendo formaciones políticas con grandes responsabilidades en la construcción del actual Estado Español, por vez primera enseñan su verdadero rostro optando sin tapujos por la aventura independentista, haciéndolo además en el momento más crítico y vulnerable, con una España casi arruinada en la que Cataluña, con un rating de solvencia de “bono basura”, acaba de solicitar un rescate de más de 5.000 millones de euros, urgiendo un adelanto para poder pagar las próximas nóminas de la administración autonómica. Siendo bastante benevolente, esta deriva antidemocrática supone una grave y peligrosa irresponsabilidad, preñada de deslealtades, incoherencias y falsedades.

            Pero, si en 1977, al iniciarse los primeros trabajos de la Ponencia redactora del anteproyecto de Constitución, los partidos integrantes contaban, sólo en el ámbito catalán, con más del 90% de los votos emitidos en las elecciones constituyentes; si entre los siete ponentes, llamados después “padres de la Constitución”, figuraba incluso el Sr. Roca representando a CiU; y, si una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, refrendó dicha Constitución, es incuestionable la activa participación de los catalanes, incluidos los nacionalistas, en la formación de nuestro actual Estado que, por decisión libre de los españoles, incluidos los catalanes, establece la soberanía en el pueblo español y no en ninguno de los que conforman España, quienes carecen de legitimidad democrática para decidir unilateralmente independizarse. Decir que Cataluña es agredida por el Estado Español, en cuya creación han participado tan activamente los catalanes, es, como mínimo, una indecencia; equiparar España y Catalunya en plano de igualdad es una falsedad, pues Cataluña, además de por razones históricas remotas, en la actualidad, forma parte de España, del Estado Español, por decisión libre de los propios catalanes y del resto de españoles, y jamás son comparables las partes con el todo. No hay problemas reales entre España y Cataluña pues los problemas catalanes son inevitablemente españoles. Pero, si CiU ha sido capaz de hacer creer a sus votantes que  a inicios del XVIII la Guerra de Sucesión al trono español –del que Cataluña ya formaba parte por decisión propia, dentro de la Corona de Aragón desde hacía más de doscientos años- era una guerra de ocupación para crear el falso victimismo que origina su ideología, ahora, trescientos años después de aquella fecha y saturado su proyecto nacionalista, no extraña que pretenda sobrevivir otros tantos años más pasándose a posturas independentistas siempre minoritarias. Que haga lo propio el PSC-PSOE es incluso más preocupante pues la Historia avala las terribles consecuencias de proyectos que fusionan la ideología nacionalista y socialista.

            Así, ante tanta irracionalidad y tanta mentira, es difícil hacer entender no sólo la inviabilidad del proyecto independentista unilateral en un marco democrático, pacífico y libre, sino también las consecuencias que, en caso de lograrlo, se derivarían. Tan difícil como hacer entender que España no es culpable de que el Sr. Mas prefiera cerrar hospitales antes que cerrar innecesarias embajadas y televisiones. Es prioritario seguir fomentando la identidad a sanar a los identificados. Los nacionalistas jamás son culpables de nada, siempre hay culpables ajenos. Aún recuerdo como Franco y su nacionalcatolicismo culpaba a toda la Europa democrática y al mundo mundial de todos nuestros males. ¿A quiénes culparían los nacionalistas catalanes con una hipotética independencia? Tengo en la retina la imagen de la quema de banderas de España, Francia y la UE durante la celebración de la Diada. De momento, según los nacionalindependentistas catalanes, sólo sabemos quiénes son los culpables de la situación deplorable que sufre Cataluña actualmente. Ellos, desde luego, no.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

RESCATES A LA CARTA

            Al margen de eufemismos sobre la caótica realidad española y sus responsables, nadie duda ya que nuestra economía y nuestras finanzas están bajo mínimos, pues somos incapaces, no sólo de afrontar los compromisos de pago con nuestros acreedores, sino también de atender los gastos corrientes, es decir, los destinados a contratar recursos humanos y comprar bienes y servicios necesarios para desarrollar las funciones administrativas. Estamos en la ruina, es decir, en quiebra o bancarrota. Carecemos de capacidad para conseguir en los mercados una financiación adecuada para afrontar el futuro con cierto optimismo y evitar una suspensión de pagos que sería aún peor. Ya no es posible ocultar nuestra insolvencia; la realidad eclipsa cualquier estrategia de camuflaje, al extremo de que, al margen del variopinto paisaje político que gobierna nuestra variopinta estructura estatal, ni España, ni CCAA, ni corporaciones locales, niegan ya la urgencia de ser rescatadas, ayudadas o intervenidas. El nombre es lo de menos.

            Por eso, al margen de que los acreedores sean los más interesados en que se produzca el rescate para asegurarse el cobro y de que, entretanto, los especuladores magnifiquen intencionadamente nuestra insolvencia para conseguir pingües beneficios, casi todos los dirigentes políticos con responsabilidades gubernamentales en cualquier instancia son incapaces de aportar soluciones viables y creíbles sin el recurso a un rescate por parte de las instancias competentes. Sin embargo, ante esta incuestionable realidad, ninguno de ellos -desde Rajoy a Mas o Griñán, así como los demás presidentes autonómicos o alcaldes no afines políticamente al Gobierno- expone con claridad la ineludible necesidad del rescate y sus consecuencias. Instalados en la demagogia electoral que les caracteriza, prefieren buscar culpables ajenos eludiendo sus propias responsabilidades y, en todo caso, disfrazan la realidad con matices semánticos adjetivando el obligado rescate (parcial, suave…) o sustituyéndolo por sinónimos menos impactantes (ayuda, adelanto…). Se trata, en definitiva, de ocultar a la ciudadanía las inevitables condiciones que, en cualquier caso, conlleva ser rescatados, como si el común de los mortales no supiera que nadie da nada sin las contrapartidas correspondientes para satisfacer los intereses en juego desde un plano desigual a favor del rescatador. La sabiduría popular, ya que hablamos de dinero, lo sintetiza en “quien paga, manda”. Pero esta orgía demagógica pretende vendernos, como si fuéramos idiotas, una especie de “rescates a la carta” que, insólitamente, consisten en que el prestatario impone sus condiciones al prestamista o le exige que no le imponga ninguna, sustituyendo el sabio dicho popular por “quien paga, obedece”. Un pintoresco planteamiento por el que Rajoy, mientras decide solicitar el inevitable rescate, exigirá al BCE y al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como pretende Rubalcaba, la exención de condiciones que supongan mayores sacrificios a los españoles, al igual que Mas o Griñán hacen lo propio con el Fondo de Liquidez Autonómico. Si Homs, el portavoz catalán, tras solicitar el rescate, anuncia que Cataluña “no aceptaría condiciones políticas” y Susana Díaz, consejera andaluza, tras exigir un anticipo antes de acogerse al FLA, dice que dicho fondo no puede estar condicionado a “limitar las competencias autonómicas”, Rajoy, obligado como ellos al rescate, debe hacer lo propio. Los rescatadores, obligados a obedecer, nos servirán en bandeja estos “rescates a la carta” y todo solucionado. Si no lo hacen, ellos serán los responsables de nuestro oscuro futuro. ¿Se imaginan estos planteamientos en el mundo privado? Las empresas, familias e individuos resolverían sus necesidades financieras con “préstamos bancarios a la carta” sin condiciones. Pero, desgraciadamente, las cosas no funcionan así, aunque, ya ven, nuestros políticos así nos lo pretendan vender.

            Salir de la demagogia y afrontar la realidad requiere explicar que nadie pone condiciones políticas o competenciales “per se”, sino condiciones económicas que garanticen el pago con un plan de viabilidad que, obviamente, condiciona la actuación política y competencial, sometida a supervisión. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Cada gobierno rescatado debe cumplir los objetivos de déficit marcados, elaborando presupuestos equilibrados a través del incremento de ingresos y reducción de gastos. Esas son las condiciones. Si no se cumplen, el respectivo supervisor tomará las medidas pertinentes, incluidas las competenciales. Cuestión distinta es cómo reduzca el gasto e incremente el ingreso cada uno de ellos. Ese es el debate político y la responsabilidad de cada gobierno en su respectiva demarcación territorial y competencial. Quien prefiera recortar gastos en servicios esenciales (hospitales, colegios…) en vez de gastos prescindibles (televisiones, embajadas…) para mantener intereses clientelares y no generales, es el único responsable. Nadie le exige hacerlo así. Quien niegue la necesidad de un rescate o exija que sea a la carta, debe presentar una alternativa viable, cuantificable y creíble que garantice como mínimo el dinero necesario para pagar las nóminas del próximo mes. Si además asegura el resto de gastos comprometidos, comenzará a ganarse un mínimo de credibilidad. Hace tiempo que perdimos la máquina de fabricar billetes y los “rescates a la carta” no existen.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CADENA PERPETUA

            La presunta atrocidad cometida por Bretón con sus propios hijos reabre, una vez más, el debate social sobre la necesidad o no de incluir en nuestro Código Penal la “cadena perpetua” como máxima condena por delitos monstruosos. Pero, como en anteriores ocasiones, el debate queda eclipsado por el antagonismo extremo entre posiciones ideológicas que sólo pretende sacar ventaja partidaria y evitar el desapego de sus votantes más extremistas. Un debate prostituido, como tantos otros, por un maniqueísmo absurdo (los partidarios son conservadores y de derechas; los detractores son progresistas y de izquierdas) que no comparte la ciudadanía, pues, según las encuestas, el 73% de los ciudadanos es partidario de aplicarla para delitos especialmente graves, como es el caso; el 61% considera que el objetivo prioritario de la pena de cárcel debe ser el castigo de los delincuentes y el 32% que ha de ser la reeducación y la reinserción social; mientras que el 67% considera que las penas en España son menos duras que las de otros países de nuestro entorno. Este divorcio, uno más, entre gobernantes y gobernados, requiere aproximarse al problema con serenidad y, en todo caso, conocer en qué consiste y cómo lo tratan los países de nuestro entorno.

             Tradicionalmente la “cadena perpetua” es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, lo que evita toda posibilidad de reinserción social o reeducación. Pero hoy, tanto el concepto como su finalidad, están superados, pues ni los reos llevan cadenas como antaño, ni se universaliza la perpetuidad. Por ello hay que hablar de “presidio perpetuo revisable”, aunque popularmente se conserve la carga peyorativa del término y en determinados casos, que los hay, no sea posible aplicar la revisión al no conseguirse la reinserción del reo. Tan inhumano es impedir “in eternis” la posibilidad de reinsertar al condenado, como garantizarle una libertad futura tras una condena máxima, por dura que sea, sabiendo que, liberado, seguirá en disposición de cometer delitos tan abominables como los que le llevaron a prisión. Así lo entiende la mayoría de países democráticos desarrollados, aunque, lamentablemente, algunos sigan conservando la atrocidad de la pena de muerte; pero muy pocos han ido en sentido contrario garantizando una futura libertad en todos y cada uno de los casos.

            Entre los países de la Unión Europea sólo Portugal y España han abolido la “cadena perpetua”, optando por un límite máximo de prisión elevado, 25 y 30-40 años respectivamente, que, en todos los casos, garantiza una libertad futura tras el cumplimiento de la pena. El resto de países mantiene en sus legislaciones la “cadena perpetua revisable”, aunque los plazos para acceder a la concesión de la libertad vigilada sean muy distintos de unos países a otros, desde los 7 años de Irlanda a los 25 del Reino Unido. Una filosofía diferente que, al margen de los plazos para iniciar la revisión de la pena, posibilita la reinserción social y garantiza que, si esta no es posible, la sociedad no se vea amenazada por monstruos que, una vez en libertad, se tiene la certeza de que van a seguir cometiendo atrocidades. La experiencia en dichos países demuestra que es difícil que un condenado pase toda su vida en prisión, pero, al mismo tiempo, en todos ellos hay algún que otro caso en que ha sido así cuando se considera que el condenado es un peligro para la sociedad. Por tanto, la aplicación de “cadena perpetua revisable” como pena excepcional para supuestos muy restringidos que causen una importante alarma social no es insólito o inhumano, sino algo común en los países civilizados de nuestro entorno. Defender nuestro Código Penal, como hace el exministro Caamaño, “por ser de los más duros que existen en Europa, con penas que en los delitos de terrorismo alcanzan hasta los 40 años de cárcel” es una falsedad ya que en Europa, salvo Portugal, se aplica una pena más dura como es la “cadena perpetua”. Si tenemos en cuenta que, ni en España ni en Europa, se generaliza el cumplimiento total de las penas a causa de los beneficios penitenciarios o de la revisión de las mismas, concluiremos que hay un mayor equilibrio entre el objetivo de reinserción y el de castigo de los delincuentes en el modelo europeo, así como una mayor garantía para la seguridad de los ciudadanos.

            Si, a diferencia de otras sociedades europeas, la sociedad española está disconforme al respecto con su Código Penal, es obvio que el debate debe quedar despojado de connotaciones semánticas o ideológicas. “Cadena perpetua” o “prisión perpetua revisable” nada tiene que ver con derechas o izquierdas, con fachas o rojos, se trata de una figura penal, generalizada en Europa, para conseguir una mayor eficacia de la administración de justicia adaptando el servicio público a las necesidades de la ciudadanía.  De eso se trata.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CONGRESO OCUPADO, CONGRESO LIBERADO

            El título del artículo puede ser un buen slogan para animar la totalitaria convocatoria “Ocupa el Congreso”, promovida en Internet y apoyada por Llamazares, quien matiza que debiera denominarse “Libera el Congreso” ya que, como diputado, se siente ocupado desde dentro. Si, como parece, el objetivo es rodear “indefinidamente” la Cámara Baja hasta conseguir “la dimisión del Gobierno en pleno”, “la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado” y “la apertura de un proceso constituyente trasparente y democrático para redactar una nueva Constitución”, en el fondo, se trata de un intento de golpe de Estado, aunque su forma difiera de los realizados anteriormente. Sus objetivos son idénticos: una minoría de ciudadanos – que se sepa, varios miles que lo apoyan desde las redes sociales-, más Llamazares, pretenden disolver el Parlamento y secuestrar la soberanía popular mediante la coacción y la fuerza. Sólo falta que algunos militares se dispongan a secundarlo y proporcionen medios contundentes. ¿Recuerdan la trama civil del esperpéntico 23-F de Tejero? Pues, eso. Menos mal que ahora falta la trama militar, pues la proclama civil está servida.

            ¿De quién pretende liberar Llamazares el Congreso? ¿De los diputados elegidos recientemente, entre ellos, él mismo? ¿De la composición actual del Congreso elegida por los ciudadanos? El señor Llamazares, como legítimo representante de la soberanía popular, debe aclarar estas cuestiones y explicar por qué, como diputado, dentro de la Cámara se siente violento en un “Estado de Excepción y de Estado de Emergencia”. Sólo así la ciudadanía podrá entender su pintoresco discurso político, para evitar que, siendo líder de IU en legislaturas precedentes, su formación política estuviera a punto de quedar fuera del Parlamento al obtener los peores resultados electorales de toda su historia. Pero además, los actuales dirigentes de IU, con quienes la formación ha vuelto a remontar el vuelo hacia sus mejores éxitos en tiempos de Anguita, deben manifestar si avalan o no las declaraciones de Llamazares, al tratarse de un militante cualificado. Deben dejar muy claro si, como dice Llamazares, “estar con los ciudadanos” significa ponerse al lado de los miles que apoyan la ocupación del Congreso por coacción o alinearse con los más de 24 millones que, con sus votos en 2011, decidieron ocuparlo legítimamente a través de sus representantes, incluidos los de IU. Si algunas plataformas vinculadas al 15M, entre ellas “Democracia Real Ya”, se han desvinculado como tal de la esperpéntica convocatoria, lo menos que debe hacer IU, tras las manifestaciones de Llamazares, es aclararle a la ciudadanía su posición política al respecto como grupo político. Es lo mínimo exigible por mera higiene democrática, pues las legítimas movilizaciones sociales en democracia tienen sus límites y dirigirlas hacia el Parlamento para ocuparlo nada tiene que ver con presiones al poder económico o al poder político de un gobierno errado; es un ataque directo al sistema democrático. En esencia, un golpe de estado al margen de quienes sean sus protagonistas. El objetivo esencial de cualquier golpista es acabar con el Parlamento o, en su caso, forzarlo a un funcionamiento restringido.

            En enero de 1874 el general Pavía, republicano progresista, disuelve por la fuerza y sin apenas resistencia el Congreso de los Diputados. Su presidente, Salmerón, en un duro enfrentamiento con Castelar, Presidente de la República, ha obtenido una pírrica victoria en una moción de censura contra el Gobierno de Castelar. Son tiempos difíciles que, como ahora, requieren un esfuerzo común de entendimiento en vez de agrios enfrentamientos, descalificaciones e intransigencias ideológicas. Salmerón interrumpe el escrutinio para elegir a un nuevo Presidente, anunciando que Pavía, quien mantiene buena relación con Castelar, marcha hacia el Congreso y ordena que se desaloje la Cámara de inmediato. Algunos diputados huyen por las ventanas. Castelar sube a la tribuna: “Yo, señores, no puedo hacer otra cosa más que morir aquí el primero con vosotros”. Los escasos diputados que quedan le aplauden y proponen concederle un voto de confianza. Castelar, obviamente, lo rechaza y, cuando aparecen los golpistas, se enfrenta a ellos: “Yo declaro que me quedo aquí y aquí moriré”. Los golpistas le desalojan junto a sus pocos seguidores. Pavía le ofrece seguir en la Presidencia pero Castelar no acepta mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Así moría el primer régimen republicano español tras una corta y turbulenta existencia de once meses con cuatro presidentes. Pavía convoca a los partidos que quiere para formar un gobierno de concentración nacional con el general Serrano a la cabeza. Casi un año después otro general, Martínez Campos, finiquita con un pronunciamiento esta especie de dictadura republicana, dando paso a la restauración monárquica.  

            Salvando todas las distancias, este lamentable episodio histórico, ilustra sobre el correcto proceder de los demócratas ante cualquier agresión al santuario de la democracia, el Parlamento. Minimizarla o justificarla por la condición de sus agresores o cualquier otra circunstancia es, sencillamente, antidemocrático.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ATENTADOS CONTRA LA DEMOCRACIA

            No es la primera vez, ni, desgraciadamente, será la última, que manifiesto públicamente que nuestro Estado de Derecho está más que anémico y abocado a un desenlace muy peligroso. El saqueo de un supermercado andaluz, dirigido por Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado de la Junta de Andalucía, es el último episodio de una serie de hechos ilegales que, protagonizados por cargos públicos con el respaldo de formaciones políticas o sindicales legales, quedan impunes. Si hasta ahora la mayor parte de estos hechos se circunscribían al ámbito del nacionalismo radical y atentaban sólo contra la integridad territorial de España, la crisis económica ha abierto nuevos horizontes a la ilegalidad, cometida por cargos públicos e instituciones, que atentan directamente, como es el caso, contra el conjunto de nuestro sistema político, social y económico. Es decir, contra el sistema democrático que, homologado con el del resto de países de nuestro entorno, garantiza una convivencia en paz y libertad bajo el imperio de la ley democráticamente legitimada. Cualquier mejora del mismo o regeneración para corregir sus carencias, que las tiene, sólo son legítimas si se plantean desde el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Lo contrario sólo conduce al caos.

            Pero, siendo grave e intolerable el espectáculo protagonizado por Gordillo y sus iluminados seguidores, sus posteriores declaraciones, el apoyo prestado por IU, formación a la que pertenece, así como la comprensión y justificación que algunos tertulianos televisivos, generadores de opinión, están prestando a tan ilegal comportamiento, son aberrantes e inadmisibles. Una vez más las ilegalidades de tan pintoresco alcalde, experto en la ocupación de fincas y ahora aficionado a saquear supermercados, emborrona sus aciertos políticos como gestor municipal, que también los tiene. Una vez más queda patente que la impunidad ante actos antidemocráticos es el peor cáncer con metástasis que corroe hasta la muerte las estructuras de un sistema de convivencia pacífica y libre. Si, tanto el alcalde Gordillo, como su sindicato, como IU, forman parte consustancial del sistema político que los españoles nos hemos dado, recogido en nuestra Constitución, no sólo deben someterse a las reglas de juego establecidas, incluso para modificarlo, sino, además, han de ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad vigente, respetando los derechos de las personas, entre ellos el de la propiedad privada. Si, como cargos o instituciones públicas, gozan de aforamiento, legitimidad representativa, sueldos sustanciosos, subvenciones que pagamos todos los españoles y otra serie de privilegios y derechos inherentes a sus cargos, lo mínimo exigible es que, aunque sólo sea por coherencia, respeten los deberes que el sistema les exige, al menos, con la misma intensidad que lo hacemos la inmensa mayoría para no convertirnos en delincuentes. Lo contrario sería como poner zorras en un corral cuidando de las gallinas.

            Los hechos protagonizados por Gordillo en el supermercado y, especialmente, los apoyos de algunos dirigentes de IU, en vez de tomar serias medidas contra los comportamientos de tan insigne militante, suponen un atentado en toda regla contra el Estado de Derecho. Cayo Lara, Valderas, Llamazares y otros tantos responsables de IU, que llevan siglos viviendo de la política en tan nefasto sistema democrático y, como corresponde, disfrutando de los sueldos y privilegios pertinentes, debieran saber que saquear propiedades públicas o privadas es un delito tipificado en el Código Penal y que no condenarlo o minimizarlo es, al menos, un pésimo ejemplo para el ciudadano al que representan. Así lo ha decidido el legislativo con la valiosa participación que las urnas han dado a la formación política a la que ellos pertenecen, siendo corresponsables del mismo en la parte alícuota que los ciudadanos les han asignado. Debieran saber que en democracia el partido que gana las elecciones y conforma una mayoría parlamentaria es quien forma el gobierno legítimo y que, aunque algunos no apoyemos su proyecto, hemos de rechazar a quienes lo tilden de franquista o lo simbolicen con esvásticas, pues quienes así se comportan suelen estar más próximos a regímenes dictatoriales antidemocráticos que los así calificados; que, porque haya cierta tolerancia hacia robos de guante blanco, estafas, corrupción política u otras figuras delictivas, la solución no puede ser responder con conductas similares o buscar justificación a las mismas, ya que incitan a los demás a cometerlas, sino perseguirlas política y judicialmente, comenzando por no cogobernar con partidos que no las erradican de sus propias filas o son permisivos cuando los suyos las practican. ¿Se han preguntado estos personajes por qué en las urnas obtienen tan escasos apoyos? ¿Acaso consideran que el pueblo se equivoca al elegir a sus gobernantes? No importa, acaba de aparecer una noticia que puede interesarles. Un grupo de jóvenes, incluido algún menor, han asaltado otro “super” y lo justifican refiriéndose a lo actuado por Gordillo. Está claro que su forma de hacer política está dando sus frutos, aunque la mayoría no lo entienda.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

JUGANDO CON FUEGO

            El devastador incendio de la crisis económica está convirtiendo en cenizas no sólo nuestro estado del bienestar –ya convertido en malestar para millones de españoles- sino también nuestro sistema democrático. Entretanto, los dirigentes de las distintas instituciones del Estado, ebrios de sus propios egoísmos, son incapaces de esforzarse en coger la manguera y, jugando con fuego, prefieren quemarse entre los escombros del edificio que les alberga. Cuando más se necesita un amplio consenso por el que tirios y troyanos, dejando sus intereses particulares, unifiquen sus esfuerzos para reforzar los cimientos del ruinoso edificio, unos y otros se empecinan en atrincherarse en sus respectivas habitaciones como si la extinción del fuego nada tuviese que ver con ninguno de ellos. Se está jugando con fuego desde hace demasiado tiempo y ahora, reavivado por los vientos de la crisis, se pone en evidencia el dicho popular de que quien juega con fuego al final acaba quemándose.

            Se está jugando con fuego por hacer recaer los mayores sacrificios de la crisis en los trabajadores, autónomos y funcionarios –productores de bienes y servicios- manteniendo intactas las viciadas estructuras institucionales y el decadente modelo productivo que la ha provocado; por prostituir los procesos electorales dando un giro copernicano a los proyectos mayoritariamente votados; por gobernar enérgicamente sólo para los más débiles y negligentemente para los más poderosos; por buscar la alternancia política sólo para, como actor o acusador, tirarse los trastos a la cabeza por idénticos comportamientos viciados en vez de buscar un acuerdo para erradicarlos definitivamente; por desacatar los preceptos constitucionales desde las instituciones mientras las de instancia jerárquicamente superior hacen dejación de sus funciones permitiéndolo; por actuar la administración como coladero laboral de clientelismos políticos o familiares del gobernante de turno al margen de los preceptivos requisitos de mérito y capacidad; por eternizar un entramado institucional mastodóntico que se ha convertido en una losa burocrática insostenible en vez de un motor para resolver los problemas de los ciudadanos. En definitiva, se está jugando con fuego cuando gobernar en democracia supone un progresivo empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y una sustancial mejoría de la de unos pocos, provocando una mayor distancia entre pobreza y riqueza en vez de reducirla. Es, entre otras muchas cuestiones lamentables, lo que está sucediendo en nuestro país desde hace demasiado tiempo.

            Así las cosas, no sorprende que, tras el paro y los problemas económicos, la clase política sea la tercera preocupación de los españoles, desatando en la opinión pública un rechazo progresivo hacia los políticos y, por ende, hacia las propias instituciones donde trabajan, que se perciben como entes creados para satisfacer sus egoístas intereses y no para servir a la ciudadanía. Así las cosas, lo que sorprende es que, abierto el debate, los dirigentes políticos, al margen de sus colores, no entiendan que conjuntamente han de acometer un proceso regeneracionista, para evitar que proliferen los “salvapatrias” de turno, quienes, aprovechando la situación, actúan como verdaderos pirómanos, pretendiendo convertir en cenizas los cimientos de nuestro sistema de convivencia. Para evitarlo, no basta con proclamar que no todos los políticos son iguales y que, en un estado democrático, son imprescindibles; los demócratas bien lo sabemos. Hay que añadir mecanismos eficaces para expulsar “ipso facto” del sistema a quienes, siendo más iguales que otros, no sólo son prescindibles sino nefastos, pues “haberlos haylos” y demasiados. Hay que ajustar la estructura territorial del Estado a las necesidades reales de la ciudadanía, obligando a sus instituciones a un cumplimiento estricto de la legalidad vigente y a una estricta actuación en el ámbito de competencias que cada una tenga encomendado.

            El último espectáculo protagonizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. El gobierno español, ante la rebelde actitud de algunas CCAA a cumplir su proyecto de calendario de lucha contra el déficit, que, adecuado o no, es de su competencia y de su responsabilidad, recuerda que el art. 155 de la Constitución le permite tomar medidas para obligarlas a cumplirlo; la oposición le acusa de dar un “golpe constitucional” tratando de intervenir a las CCAA. Clamoroso error de ambos. El gobierno no tiene que recordar el citado artículo, lo que debe hacer es, si llega el caso, aplicarlo; la oposición, si no está de acuerdo, criticar la medida y aportar otra mejor, pero jamás tildar al gobierno de golpismo porque aplique un precepto constitucional. Los errores gubernamentales son fácilmente subsanables en las urnas, pero los errores democráticos tienen muy difícil solución. Se está jugando con fuego si en un Estado de Derecho los gobernantes amenazan con aplicar el imperio de la ley pero no lo aplican o lo hacen de forma arbitraria; más aún si son tachados de golpistas por aplicarlo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ASÍ NO, SEÑOR MONTORO

            El nuevo paquete de medidas anunciado por Rajoy en su comparecencia en el Congreso, que, entre ingresos y reducción de gastos, supone un ajuste de 65.000 millones de euros en los dos próximos años y medio, es un nuevo mazazo a los ya depauperados bolsillos de la mayoría de los españoles. Especialmente para empleados públicos, funcionarios y parados que, además de pagar más caros los productos por la subida del IVA como el resto, ven, una vez más, reducidos sus salarios o mermadas sus prestaciones por desempleo. En total trece nuevos ajustes o recortes –fatídico número para los supersticiosos- para contener el déficit público impuesto por Bruselas, entre los que la estrella es, sin duda, la subida del IVA que afecta a toda la población; que, como impuesto indirecto, es más lesivo para los más pobres; y que, en plena recesión económica, puede tener efectos perversos sobre el consumo malogrando incluso el objetivo recaudatorio que origina su aplicación.

            Sin cuestionar la necesidad de reducir el déficit –así lo aconseja el sentido común y además lo impone Bruselas-, si es cuestionable el cómo hacerlo. Este gobierno, frente al anterior, que se encargó de dispararlo, pretende reducirlo a lo bestia y a costa de los trabajadores, es decir, del pueblo que le aupó al poder tras creer sus promesas de hacerlo de forma totalmente distinta. Menos mal que entre los hachazos, para disimular, intercala algún pequeño pellizco a quienes, en todo caso, debieran apechugar con la mayor parte del coste. Entretanto la situación sigue empeorando hasta extremos casi insostenibles. Cierto que siete meses son pocos para solucionar el caos heredado, pero suficientes para vislumbrar el cambio de rumbo y, como no se ve, el pueblo ya duda si era mejor la farsa de Zapatero o la tragicomedia de Rajoy. En cualquiera de los dos escenarios sigue siendo la víctima. ¿No hay otra forma de hacer las cosas para evitarlo? Muchos, entre los que me incluyo, piensan que sí. Incluso nos cuadran las cifras, al extremo de que todo este paquete de medidas sería evitable simplemente erradicando el descomunal fraude fiscal que, impunemente, existe en nuestro país, tal como reconoce el ministro Montoro al afirmar, para justificar la subida del IVA, que “si todo el mundo lo pagara ahora no tendría que subirlo”. Obviamente Montoro sabe que, según estudios fiables, ya que ni siquiera hay un estudio oficial, el fraude fiscal en España duplica la media del existente en la UE y se calcula en más de 70.000 millones de euros anuales.

            Pero Montoro, en un alarde de incompetencia e irresponsabilidad, prefiere castigar a quienes pagan el IVA, incrementándolo para recaudar 7.500 millones de euros, en vez de recaudarlo con un plan de choque contra el fraude fiscal, que con un éxito mínimo (un 10% anual, 7.000 millones) satisfaría dicha necesidad recaudatoria. Si además lo hiciera contra el fraude acumulado en los cuatro años precedentes a la prescripción del delito (unos 280.000 millones) y lo aplicara contra otras figuras delictivas, como la evasión de capitales o la economía sumergida, no sólo sería innecesario este paquete de recortes para reducir el déficit, sino muchos de los ya aplicados con anterioridad. ¿Qué sucedería si el objetivo de éxito del inexistente plan fuese del 50% para ajustar el fraude al de la media europea? La respuesta es fácil, calcúlela señor Montoro. Sin embargo este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar a otra parte en tan escabroso asunto. ¿Por qué será? Además, por si la subida del IVA no fuese suficiente castigo para las personas honradas, Montoro, tras premiar a los defraudadores con una amnistía fiscal, dice que la existencia de estos sinvergüenzas premiados es la causa del castigo de los demás, incitando a la ciudadanía implícitamente a pasarse al bando de los defraudadores. En definitiva, el mundo al revés: castigo a los buenos y premio a los malos. Olvida el señor Montoro que entre las obligaciones del Gobierno está la de hacer cumplir las leyes, entre ellas las tributarias, y no es buen camino endurecerlas para quienes las cumplen si, previamente, no se persigue a los incumplidores; peor, si encima apela a esta negligencia para justificar el endurecimiento de las mismas. El pueblo español viene dando suficientes muestras de comprensión de las dificultades en que sus gobernantes impresentables lo han metido y, cargado de paciencia, está soportando lo insoportable, pero está harto de que los chorizos campen a sus anchas sin que los gobernantes hagan absolutamente nada para evitarlo. Sólo falta que, para colmo, le acusen de ser culpable de la situación. Reducir el fraude fiscal sólo requiere voluntad política y Montoro sabe cómo hacerlo; si, como los anteriores ministros, elude sus responsabilidades al respecto, al menos que sus declaraciones no inciten a incrementarlo. Así no, señor Montoro. Así, no vamos a ninguna parte.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena