DIÁLOGO, DIÁLOGO Y DIÁLOGO

                        Mientras la gran patronal catalana rechaza la apuesta soberanista, exigiendo a Artur Mas “tranquilidad y estabilidad”, condiciones básicas no sólo para el mundo de los negocios sino también para la convivencia social en paz, sorprendentemente, exige a Rajoy, por boca de Rosell (CEOE) y Gay de Montellá (FOMENTO DEL TRABAJO), “diálogo, diálogo y diálogo” en un intento, a mi juicio, de tirar la piedra y esconder la mano o, en definitiva, quedarse en una cierta equidistancia por si acaso. Lógico su rechazo a la independencia, que cualquier persona sensata rechaza, pero, dicho esto, diálogo sobre qué y con quién. Para empezar, lo lógico es que, de entrada, se exija a Mas, como responsable de una de las instituciones del Estado, cumplir y hacer cumplir la legalidad y, tras ello, cada quién es libre de ofertar a la ciudadanía el proyecto político que considere conveniente, obviamente, ajustado al recorrido legal establecido. Sin exigir estos básicos principios democráticos, pedir diálogo con quien no quiere dialogar, es un ejercicio inútil y una pérdida de tiempo, ya que, en el mejor de los casos se conseguiría un diálogo de besugos. Rajoy, como presidente del Gobierno, está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, al igual que en su ámbito competencial lo está Artur Mas, como president de la Generalitat, no existiendo dialogo posible si éste se coloca, como es el caso, al margen de la legalidad que, entre otras cosas, le legitima en las responsabilidades que detenta e incumple sistemáticamente. Al final, de seguir así el asunto, serán los tribunales quienes decidan poner a cada cual en su lugar y, de entrada, ya hay presentada una querella por Manos Limpias contra Mas por desobediencia, sedición y rebelión que veremos a ver en que queda.

            Y hablando de querellas la Audiencia va a investigar a ETA por crímenes de lesa humanidad ya que el juez Gómez Bermúdez abre un procedimiento tras la denuncia interpuesta por las víctimas de terrorismo, adelantándose así a lo que decida el Tribunal de La Haya. Entretanto, la Diputación de Guipúzcoa decide no hablar en castellano (lengua oficial en el País Vasco junto al euskera) con los medios de comunicación, sumándose a Cataluña en la insólita estrategia, impensable en cualquier país del mundo, de que los ciudadanos no puedan expresarse en su propia lengua, hablada durante siglos. Es lo que se deduce de la negativa del diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, Iñaki Errazkin, perteneciente a Bildu, negándose a responder en castellano a los periodistas, mientras que, ante la protesta de éstos, miembros del Gobierno Foral les reprochaban su actitud de protesta y les pedían “respeto”. Es paradójico que autoridades que se niegan a hablar con los ciudadanos en su propio idioma encima les exijan respeto ante semejante despropósito. Es obvio que con semejantes personajes el diálogo carece de valor alguno.

            Diálogo, urgente y necesario, es lo que debiera exigirse para acabar con el espectáculo mediático y político desencadenado tras los trágicos incidentes de Ceuta. Es indecente que, poniendo encima de la mesa nada menos que quince cadáveres, gobierno y oposición se tiren los trastos a la cabeza, amplificando sus incoherentes, absurdos e insuficientes argumentos a través de sus respectivos voceros mediáticos con orejeras, mientras miles de subsaharianos, malviviendo en el monte Gurugú, sin que nadie se rasgue las vestiduras, preparan un asalto masivo aprovechando la presión que sufre la Guardia Civil que, como es su obligación, refuerza la frontera como puede para intentar tener éxito en el trabajo que tienen encomendado que es impedir la invasión. Ni la Guardia Civil, acostumbrada a salvar vidas y socorrer a inmigrantes en peligro además de su misión de impedir la entrada ilegal de los mismos, ni ningún gobierno democrático de cualquier ideología política, merecen que, confundiendo intencionadamente cualquier incidente anecdótico y concreto por parte de alguien concreto, se presenten ante la opinión pública nacional e internacional como desalmados personajes que se dedican a tirotear u ordenar tirotear a inmigrantes en apuros (insinuando incluso motivos raciales, como algunos han hecho) provocando la muerte de los mismos. Es una majadería elevar a categoría lo que en el peor de los casos es una anécdota por trágica que sea, en este caso, la muerte por ahogamiento de quince personas en aguas marroquíes cuando desesperadamente pretendían llegar a territorio español. No vale después decir que no se ataca a la Guardia Civil, sino a quien dio la mortífera orden, convirtiéndolos en una especie de robots que insensiblemente se rigen, como si se tratase de tiempos pasados y regímenes distintos, por la obediencia ciega ante cualquier majadería. El legítimo derecho y deber de exigir responsabilidades concretas a quien proceda, no da derecho a extender la sospecha mediante un lenguaje equívoco que la forma habitual de proceder de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es irresponsable, agresiva y temeraria o que el gobierno de turno es quien ordena dicha irresponsabilidad, agresividad o temeridad. Al fin y al cabo, como dice el ministro, “la actuación de la Guardia Civil en Ceuta es la misma que cuando gobernaba el PSOE”.

            Diálogo se ha de exigir por parte de la comunidad internacional en Ucrania para finiquitar la violencia desatada entre los partidarios del gobierno de Yanukovich y la oposición que está cobrándose ya demasiadas muertes en un ambiente de claras connotaciones prebélicas de guerra civil. No en vano gran parte de los intereses que motivan esta preguerra civil ucraniana se juegan fuera de la propia Ucrania, en este caso en Rusia y la UE (Ver artículo “Ucrania en la encrucijada” en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/,, y publicado en Diario La Verdad el pasado 30 de enero) que, obviamente, cuentan con grandes posibilidades de suavizar el conflicto interno para situarlo en niveles políticos razonables. Sin embargo, en vez de sentarse a dialogar, ya se habla de que la UE prepara sanciones contra el régimen (apoyado por Moscú) por la represión contra la oposición. Barroso ya ha pedido a los socios europeos que lo aprueben y algunos, como Hollande, lo exigen incluso desde ya, mientras que Yanukóvich pide a los líderes opositores que “se distancien de los radicales”. Me temo que las sanciones al régimen, más o menos justificadas, sin el concierto con Rusia, así como la justificación de usar métodos violentos para enfrentar las violentas manifestaciones en las que inevitablemente participan grupos de extrema derecha, sólo van a difuminar la desesperación del pueblo ucraniano prolongando su sufrimiento durante bastante tiempo, como sucede en otros lugares del mundo que todos conocemos. Sin llegar a situaciones como la de Siria, Egipto y otros, baste citar la que, con todos los matices que se quiera, se desarrolla en paralelo a la crisis ucraniana, como es la situación de Venezuela, donde la violencia sigue “in crescendo” y el diálogo brilla por su ausencia.

            Y diálogo para que, de una vez por todas, los distintos partidos españoles, tanto los del gobierno nacional como los de los gobiernos autónomos como los que están en sus respectivas oposiciones, lleguen al urgente consenso de liquidar para siempre la corrupción española, estableciendo mecanismos, inexistentes hoy, no de evitar los casos concretos de corrupción, que puede que sean inevitables, pero sí para que el sistema actúe de forma severa, rápida y eficaz contra ellos, exigiendo la devolución del botín como requisito previo para futuras actitudes benevolentes. Si es imposible extirpar el cáncer social de la corrupción, al menos que sea posible que los condenados por ello no exhiban como ahora, más pronto que tarde, sus riquezas robadas a todos los ciudadanos. No hay día que los medios dejen de ilustrarnos sobre casos de corrupción presentes y pasados (los futuros ya se intuyen) protagonizados en el seno de los distintos partidos, sindicatos, patronales o asociaciones. Sin ir más lejos hoy mismo, además de los pendientes casos relacionados con la Gürtel, se conoce que el conocido senador Granados, azote de corruptos en los medios, tenía en Suiza una cuenta con un millón y medio de euros, dejando atónitos a propios y contrarios. Como siempre y como todos, de momento, se declara inocente. Ya veremos, aunque nadie puede entender esta afición desmesurada de tener cuentas en Suiza (que restringe la llegada de inmigrantes europeos pero no la de fortunas procedentes de todo el Universo) y, curiosamente, con saldos totalmente desorbitados.

            Entretanto, mientras Renzi promete una reforma al mes cuando gobierne Italia (que de ser cierto, en poco tiempo Italia será irreconocible) y Aguirre avisa a Rajoy que su dedo no decidirá los candidatos para Madrid (que de ser cierto y tampoco lo hace el dedo de Esperanza, el irreconocible será el PP), Iberdrola, enojada por las reformas del Gobierno, se lleva sus inversiones de España ya que, según Galán, su presidente, la empresa eléctrica “se siente más británica, mejicana o estadounidense que española”. Sin comentarios.

 

Jorge Cremades Sena