BURDA PATRAÑA

                        De “burda patraña” ha calificado Moncloa la acusación de Marta Rovira, la nueva lideresa de ERC, de que el Estado y su Gobierno “amenazó con muertos en las calles” si no se paraba el “procés”, y me temo que Moncloa ha sido demasiado benevolente en la calificación, al ser bastante más ajustado a la realidad el calificativo de “tendenciosa calumnia” si hacemos uso de una mayor precisión en el lenguaje. En efecto, la indecente e intolerable acusación de Rovira excede los términos “burda” (“que está hecha con poco cuidado o delicadeza y resulta mal terminada, imperfecta o tosca”) y “patraña” (“mentira o falsedad grande o complicada que se dice o se cuenta a alguien”) y se aproxima más bien, juzguen ustedes, a los términos “tendenciosa” (“que muestra parcialidad y manifiesta o implica tendencia hacia un fin determinado”) y “calumnia” (“acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle”). Es hora pues, ante los graves ataques que sufre nuestro Estado de Derecho, de llamar a las cosas por su nombre, sin gratuitas benevolencias, si queremos afrontar el futuro democrático de España, incluida Cataluña, con cierta esperanza y, para ello, hay que exigir siempre las más altas cotas de responsabilidad a nuestros políticos, tanto en sus hechos como en sus declaraciones, por lo que Marta Rovira debe demostrar la veracidad de su grave acusación con pruebas fehacientes o desmentirlas inmediatamente. Como ciudadanos se lo debiéramos exigir todos, al margen de la ideología que cada uno tengamos, y los partidos políticos, al margen de sus programas y expectativas, debieran hacer lo propio unánimemente. Sin embargo, lamentablemente, la grave acusación de Marta, con la que inicia su radical campaña electoral, sólo ha indignado, aunque no es poco, al Gobierno y al PP, al PSOE y a Ciudadanos, mientras que Unidos-Podemos guarda un cómplice silencio como el resto de partidos nacionalistas. Dice Pedro Sánchez sobre Marta Rovira que “es falso lo que dice y lo sabe”, Albert Rivera añade que “cuando parecía que no podían caer más bajo”, llega Marta Rovira para “mentir y hacer victimismo”, mientras que Pablo Iglesias hace mutis por el foro, pues, no en vano, ya acusaba en septiembre al Gobierno, tan gratuita y malévolamente como ahora hace Marta, de buscar “heridos” y “escenarios prebélicos” sin aportar prueba alguna al respecto. No basta pues con desenmascarar los indecentes bulos de semejantes personajes con el objetivo de poner en graves dificultades al Estado de Derecho y a su pertinente Gobierno democrático para favorecer sus objetivos totalitarios, se requiere además exigirles políticamente que demuestren fehacientemente la veracidad de sus irresponsables acusaciones, incluso por vía judicial si fuese viable y preciso, para que la ciudadanía entienda que en política no todo vale. Si Marta tiene pruebas de que el Estado amenazó al Govern con poner muertos en las calles, que las aporte y, si no las tiene, que retire inmediatamente sus acusaciones o deje la política para siempre, pues con políticos así no vamos a ninguna parte.

            Entretanto, gracias a estos peligrosos personajes, España, uno de los Estados más garantistas y en el que se disfrutan las mayores cotas de libertad y de derechos, ha de pasar por la afrenta de que la Fiscalía belga, ante la comparecencia judicial de Puigdemont en Bélgica, remita 24 preguntas a la juez Lamela sobre el respeto a los derechos humanos en nuestro país, generando un lógico malestar en la Audiencia, que recuerda que una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) se basa en el principio de “confianza mutua” entre los Estados de la UE. En efecto, aprovechando los bulos y difamaciones de los totalitarios independentistas para desprestigiar España en el exterior, la Fiscalía belga se permite hacer preguntas como en qué cárcel quedarían encerrados los prófugos, como si la comida es suficiente y de buena calidad, como si pueden haber episodios de violencia en la prisión….y cosas por el estilo, antes de decidir sobre el destino de Puigdemont, al que tratan como un prófugo “vip”, y sus compañeros de fuga por la “calidad de los implicados”; tal es el daño hecho a la imagen de España (mientras en las cárceles españolas, salvo la lógica privación de libertad, se vive cómodamente y se disfruta de todo tipo de servicios y garantías posibles) a causa, según la Vicepresidenta Santamaría, de que “los independentistas se han creado su realidad paralela”, al extremo de que “ni siquiera con De Juana Chaos nos han pedido tantas garantías”. No obstante, tras su declaración, la Fiscalía belga pide que Puigdemont, quien volverá a comparecer el cuatro de diciembre, sea devuelto a España y apoya extraditarlo por rebelión, para que se le juzgue además por sedición, malversación y desobediencia, señalando una “coalición de funcionarios” del Govern, quedando a la espera de lo que el Tribunal pueda decidir a principios de diciembre. Y mientras el PDeCAT quiere a toda costa que el prófugo presida la Generalitat aunque pierda el 21-D (con permiso obviamente de Marta Rovira y ERC, que, según los sondeos le ganará en las urnas), se publica que Puigdemont recibió la visita en Bruselas de dos altos cargos de la Generalitat en ejercicio, quienes no han sido cesados tras el 155, mientras Rajoy se reúne con el primer ministro belga, quien afirma que el asunto de Puigdemont es de índole judicial.

Por otra parte, el PSOE pide explicaciones por los ciberataques en Cataluña, mientras el Gobierno de Rusia advierte de que las acusaciones de injerencia pueden complicar las relaciones con España, que refuerza la seguridad ante dichos ciberataques rusos (el Gobierno español aumenta un 23% la plantilla del Instituto de Ciberseguridad), mientras la TV de Putin promociona los separatismos y Puigdemont en una entrevista televisiva afirma que su único objetivo tras el 21-D seguirá siendo lograr la independencia de Cataluña (si lo quiere hacer dentro de la legalidad nada que objetar). Y mientras se conoce que la Generalitat destruyó pruebas durante el operativo policial del 20-S, continúa el “duro exilio” del expresident y sus prófugos colegas, disfrutando en Lovaina de una cena con su anfitrión, el político flamenco Lorin Parys, mientras en España Junqueras y compañía siguen en prisión por los delitos que se les imputan, pasándole a Marta Rovira el testigo para seguir engañando a la gente de buena fe con la citada tendenciosa calumnia, para Moncloa, una simple “burda patraña”.

En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que las empresas del Ibex superan la economía de crisis tras ganar un 18% más; que el Gobierno quiere encarecer el despido del trabajo temporal, proponiendo a los sindicatos y empresarios elevar la indemnización de 12 hasta 20 días por año trabajado para frenar el abuso en las contrataciones; que Montoro bajará el IRPF a los contribuyentes “de cierta edad” en 2018, incluyendo Hacienda una “prima fiscal” en los próximos Presupuestos en cuanto el PNV les dé el visto bueno; que el Supremo sentencia que retuitear un mensaje delictivo es también un delito, al confirmar una condena por difundir mensajes de apoyo a ETA al poder ser apología del terrorismo; que el empresario clave del “caso Púnica” dice que “Granados me pidió quemar tres carros del Carrefour con documentos”, acusándole así de pedirle destruir pruebas; que la Justicia frena el “trilerismo financiero” de Carmena al fallar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de “suspender cautelarmente” la ejecución de unos créditos por 274 millones de euros, aprobados por el Ayuntamiento, con los que pensaba sortear la exigencia de Hacienda de controlar el gasto; que el CNI admite que tuvo contactos con el cerebro del atentado yihadista de Barcelona, el imán de Ripoll, con quien se entrevistó en la cárcel; y que el nicaragüense Sergio Ramírez, es galardonado con el Premio Cervantes y afirma “subo al pedestal de los héroes literarios que más admiro” y que “cuando uno no es Quijote es Sancho”.    

Y del exterior cabe destacar que Europa lanza medidas para reparar el daño de la crisis, por lo que los Veintiocho aprueban un catálogo con 20 nuevos derechos sociales, iniciativa que pretende frenar el ascenso del populismo en el Continente; que un cuadro de Leonardo da Vinci, el “Salvator Mundi”, jamás subastado, se subasta y se vende por 450 millones de dólares, convirtiéndose en la pintura más cara jamás vendida; que la financiación para el cambio climático impide la negociación, por lo que los Gobiernos dejan para 2018 lo más duro del Acuerdo de París; y que el opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, escapa de Venezuela y, tras burlar al chavismo esquivando 29 controles, pasa a Colombia por el Puente Simón Bolívar, con la intención de llegar a España, tras haber pasado los últimos mil días encerrado por Maduro, primero en la cárcel y después en arresto domiciliario.  

Jorge Cremades Sena