miércoles, 6 de marzo de 2019

UNA GUERRA SUCIA


                        Disueltas las Cortes y, “de facto”, en plena campaña electoral, el líder de la oposición, Pablo Casado, acusa al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de montar una “guerra sucia” desde Moncloa y le exige la dimisión de su Jefe de Gabinete por un mail en el que pedía a todos los ministerios “argumentos de ataque” al PP y al resto de partidos de la oposición, lo que en Ciudadanos consideran “el colmo de la indecencia”. Por otro lado, Exteriores puso a funcionarios a trabajar al servicio del PSOE sanchista, pidiendo a cargos no políticos del Ministerio que elaborasen iniciativas para que las usara el Grupo Parlamentario Socialista, mientras un alto cargo de la Vicepresidenta Calvo daba la orden de que funcionarios trabajaran para el PSOE, coordinando la Secretaría de Relaciones con las Cortes a los ministerios, lo que los empleados públicos califican de “abuso inadmisible”. Y a todo ello se añaden los decretazos digitales electoralistas en plena campaña electoral y anunciados por Sánchez para hasta la víspera de las elecciones (esperemos que al menos se respete la jornada de reflexión), generando incluso “dudas de constitucionalidad” en determinados expertos constitucionalistas que cuestionan su carácter de “urgencia y necesidad”, requerido en periodo electoral y con el Legislativo disuelto, lo que no respeta el Presidente del Ejecutivo, con lo que la “guerra sucia” de que habla Casado está servida, al extremo de que hasta Ana Pastor, Presidenta del Congreso, sale al paso de ella advirtiendo que “ningún Gobierno puede ir dopado a las elecciones” pues, como siempre ha sucedido, “se tiene que ir en igualdad de condiciones”, mientras Casado, coincidiendo con Pastor, confirma que el PP recurrirá ante la Junta Electoral Central los “decretazos” y la portavoz socialista, Adriana Lastra, perdiendo los papeles una vez más, califica de “hooligan del PP” a la Presidenta del Congreso por haber pedido un informe a los letrados de la Cámara para conocer cómo se ha de proceder ante tan inédito comportamiento del Ejecutivo. Y, ante tamaña perversión democrática e inédito abuso de poder por parte del Presidente Sánchez, el PP se plantea incluso recurrir al Constitucional y pide a la Junta Electoral que prohíba divulgar los insólitos y electoralistas “viernes sociales”, publicitados a bombo y platillo, y que lo haga “por el medio que sea”. En definitiva, una “guerra sucia” intolerable, que atenta contra la higiene democrática, teniendo en cuenta que la Democracia se basa en la división de poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), según el cual, y con arreglo a lo democráticamente establecido, cada uno es ejercido por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí, conformando la cualidad fundamental de un Sistema democrático saludable. Así pues, es una calamidad democrática la pretensión del Ejecutivo, en este caso, de gobernar en periodo electoral y con las Cortes disueltas mediante decretazos sobre asuntos que no tienen el obligado carácter de excepcionalidad, urgencia y necesidad, como es el caso (pues, salvo inesperadas situaciones imprevistas que pudieran surgir, como una catástrofe por ejemplo, cualquier otra medida puede retomarse tras el corto periodo electoral y por el Gobierno que surja de las urnas), con lo que se estaría impidiendo su tramitación posterior como decreto-ley y el pertinente debate parlamentario al estar disueltas las Comisiones Parlamentarias, hurtando así el derecho democrático de los grupos políticos a presentar enmiendas, por lo que sólo cabe entender como un intento antidemocrático, intolerable y descarado de que el partido que sostiene al Gobierno, en este caso el sanchismo (nunca el socialismo democrático del PSOE lo hizo), tenga ventaja electoral en la campaña frente al resto de partidos políticos que se presentan a las elecciones.
            Entretanto, en medio de este espectáculo bochornoso de dudosa solidez democrática, los partidos van desgranando sus ofertas electorales, en tanto que el próximo 8-M, Día Internacional de la Mujer, agita además la batalla por el voto femenino, ante la anunciada huelga general, que apoyan PSOE y Podemos, mientras el PP quiere un pacto contra la brecha salarial y Ciudadanos defiende su decálogo “feminista-liberal” con propuestas, entre otras, de legalizar la prostitución y los vientres de alquiler, reivindicando los derecho de las mujeres. Y mientras Vox gana terreno en las redes con las tácticas de Trump y Bolsonaro, Casado decide no llevar la reforma del aborto en su programa, descartando cambiar la actual ley de plazos, recurrida en el Constitucional desde hace más de ocho años sin que el Alto Tribunal tome decisión al respecto, inclinándose por incluir en el mismo medidas de apoyo a la maternidad y a la familia. Y mientras Aznar y Rajoy se ofrecen para arropar al PP, aunque no harán campaña juntos, el PSOE confía en ganar al PP entre los mayores (sus datos y los del CIS sitúan a los sanchistas como primera fuerza entre los jubilados) y, como, según los sondeos, el partido de Sánchez será el vencedor de las generales, en detrimento de IUPodemos, el socialista Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana, adelanta los comicios autonómicos en dicha Comunidad para aprovechar el tirón del 28-A, dejando en la estacada a su Vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, al imponerle esta coincidencia electoral con las generales, para aprovechar el arrastre de Sánchez y la debilidad de Compromís, que, por cierto, ha decidido no comparecer en las generales en alianza con Podemos. Ya ven, aquí, el que no corre vuela….y cada uno a lo suyo.
            Por otro lado, prosiguen las declaraciones de los testigos en el Supremo por el caso del procés secesionista de Catalunya, mientras Puigdemont desata una pelea entre los presos por ir en las listas. En efecto, el todopoderoso Puigdemont, prófugo de la Justicia, coloca en las listas del PDeCat al Congreso a los presos por el procés, imponiendo como cabezas de lista a Rull por Tarragona, a Turull por Lérida y a Jordi Sánchez por Barcelona, quienes, pudiendo ser candidatos, no podrían ocupar sus respectivos escaños al estar inhabilitados judicialmente. Entretanto, en el Tribunal Supremo, el ex número dos de Interior, José Antonio Nieto, entonces Secretario de Estado de Seguridad, declara que el 20-S “la violencia la pudimos ver todos” y recuerda las agresiones a agentes el 1-O, añade que hubo 1-O porque los Mossos lo permitieron, que hubo “actos violentos” en el procés, y que el uso de la fuerza en la jornada del referéndum ilegal “fue el mínimo imprescindible”. Por su parte, el jefe policial del operativo del 1-O, el Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, acusa a los Mossos de favorecer la consulta ilegal, declarando que “la actitud de los Mossos era de absoluta pasividad y nula colaboración”; relatando “la estafa” de los Mossos para facilitar el 1-O y cómo la Policía autonómica se puso al servicio del golpe, espiando incluso los hoteles donde se alojaban los agentes enviados por el Ministerio de Interior; apuntando al ex President Puigdemont, hoy fugado, que dijo “que un mandato judicial no podía pisotear los derechos de los ciudadanos”; y revelando el engaño del mando al decirle “no tengas dudas, Diego, cumpliremos” aunque Trapero, desde el principio, vio el operativo del Ministerio de Interior como una “injerencia”. Y, finalmente, Enric Millo, el ex Delegado del Gobierno en Cataluña, detalla en el Supremo el clima de “acoso y violencia” en los días previos al referéndum ilegal. En definitiva, todo lo que quedó impreso en nuestras retinas de aquellos golpistas totalitarios que pretendieron imponer a todos los españoles su entelequia autoritaria e insensata, pisoteando los derechos de todos los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes.
            Y, como aviso a navegantes, cabe destacar que sólo cuatro Comunidades Autónomas (Madrid, Canarias, Murcia y Baleares) podrían pagar las pensiones sin ayuda estatal, siendo las únicas que tendrían superávits con sistemas de pensiones autónomos, en vez del Sistema de Pensiones de España, basado en la “caja única de la Seguridad Social” con lo que el Estado recauda todas las cotizaciones a nivel nacional y las distribuye entre todos los pensionistas. Por cierto, hablando de cotizaciones, y por tanto de trabajo, cabe citar que los contratos indefinidos caen por primera vez desde la salida de la crisis en 2014, y que en febrero hay 126.878 parados más, el peor dato desde 2013; dos datos preocupantes que viene a confirmar la perversidad de jugar con ellos como armas electorales arrojadizas, ofertando reformas laborales y pensiones imposibles no consensuadas, ni realistas, que, ya ven, generan más incertidumbres y frustraciones al ser, en el mejor de los casos, pan para hoy, traducido en votos, y hambre para mañana, traducido en déficit y desempleo, pues como otros vitales asuntos, son de tamaña envergadura que sólo con un amplísimo consenso político y social tienen cierta posibilidad real de solución.
            Respecto a otros asuntos, cabe citar que el Gobierno pagará más al empleado público que hable lenguas cooficiales; que la batalla por la igualdad se libra también  ente los jóvenes, avanzando el feminismo en las nuevas generaciones, aunque entre los hombres se mantienen actitudes machistas; que miles de cazadores se manifiestan en Madrid para denunciar “los ataques” por parte de los animalistas y del Gobierno del PSOE, amenazando con prohibir la caza, un sector que genera 6´4 millones de euros y mantiene 141.261 empleos; que las más jóvenes y sus abuelas impulsan el feminismo, pues, según una encuesta, la implicación es menor entre quienes tienen entre 35 y 54 años; que unos doscientos niños rumanos tutelados viven en un limbo legal en España; que agentes españoles buscan en Siria pistas de los yihadistas occidentales; que Andorra cree que la Policía acosó a la banca para lograr las cuentas de Pujol; que España y Reino Unido pactan frenar el fraude en Gibraltar, aprovechando el Gobierno el Brexit para cerrar un tratado con Londres que evite las prácticas fiscales desleales; que la presión de la calle en Argelia no disuade a Buteflika; que un segundo paciente elimina el VIH tras un trasplante de médula, quedando libre del virus, siendo un avance histórico sin lugar a dudas; y que el Real Madrid queda eliminado para cuartos de Champions tras ser derrotado por el Ajax, 1-4, en el Bernabeu, con lo que dice adiós a una época gloriosa y pone en evidencia sus manifiestas carencias al quedarse, en sólo una semana, sin ningún título en esta temporada.
            Pero, sin duda alguna, la atención mediática mundial está en Venezuela, donde Guaidó planta cara a Maduro con su vuelta a Caracas, mientras la UE alerta de una escalada en el conflicto si el régimen le detiene, supuesto que todavía no se ha dado. En efecto, Guaidó, el Presidente Interino es recibido por miles de seguidores tras regresar en avión comercial de su gira sudamericana y manifiesta a su llegada “seguimos, no hay miedo”, pese a las amenazas de Maduro, demostrando la debilidad del chavismo con semejante regreso triunfal, asegurando públicamente que “seguimos en la calle, seguimos movilizados”, mientras es escoltado por varios embajadores europeos para evitar que se le detenga, y declarando además: “nos gustaría que fuera más dura la posición española”, “que Maduro no haya ejecutado su amenaza contra mí le deja en posición de debilidad”, “el país está enfocado en el cambio y los que están bajo presión son los funcionarios” y “lo importante es mantener la ofensiva y lo determinante es tener una estrategia”. Esperemos que el asunto se resuelva sin derramamiento de sangre.
                                    Jorge Cremades Sena

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