Iniciada
oficialmente la campaña electoral, la más corta de toda la historia democrática
de España tras una larga precampaña insoportable, la Junta Electoral abre
expediente a Pedro Sánchez por “electoralismo” y dictaminará si fue correcto o
no el uso de salones de La Moncloa para una entrevista, mientras arrasa en la
red un movimiento pro abstención que achacan al PP, aunque Casado lo desmiente
de forma tajante. Y es que los sondeos, salvo que los españoles lo remedien a
la hora de la verdad, apuntan a un empate técnico entre el bloque de izquierda
y el de derecha (con un resultado aproximado, arriba o abajo, de unos 155
escaños cada uno), lo que, teniendo en cuenta lo mal avenidos que están
internamente entre ellos los miembros de cada bloque, hace inevitable que el
bloqueo político quede como telón de fondo en este maquiavélico juego del nuevo
bipartidismo bloquista que, de seguir así, nos llevaría al caos
inevitablemente. En efecto, la Junta Electoral, por primea vez desde 1977, expedienta
al Presidente en funciones y candidato socialista y propone sancionarlo, junto
a la portavoz del Gobierno, por vulnerar “el principio de neutralidad” y
utilizar el palacio de Moncloa para una entrevista “electoralista”, lo que no
extraña a nadie, dadas las aficiones de Sánchez a usar su cargo descaradamente
con fines electorales, como los ya famosos Consejos de Ministros con sus decretazos
sorprendentes. En todo caso, al margen de triquiñuelas poco edificantes desde
el punto de vista democrático, lo cierto es que ya está en marcha la campaña
que habrá de buscar el desbloqueo político-institucional pues PSOE y PP, como
presuntos partidos más votados, están obligados, más que el resto de partidos,
a evitar otro indecente bloqueo, por lo que ya en Ferraz admiten que, si se
cumplen los vaticinios demoscópicos, la abstención de Casado es la única opción
y en Génova avisan de que “nada es gratis”, aunque, de entrada, el primer
debate televisivo de los portavoces deja patente el bloqueo político, mientras
Sánchez descarta la gran coalición con el PP y apremia a Podemos a que diga si
una vez más va a impedir que haya un gobierno progresista e Iglesias responde
que no le dará ningún “voto gratis” y, por su parte, Casado azuza el temor a un
nuevo “gobierno Frankenstein”, dado que, de nuevo, la suma PSOE-UPodemos-Más
País no llegaría a ser suficiente y requeriría del apoyo de fuerzas soberanistas,
en tanto que Rivera pide ser la llave del Ejecutivo para impulsar reformas y
Carolina Bescansa, desde Más País, manifiesta “echo mucho de menos el Podemos
que fundamos”. La cruda realidad es que, según el último tracking electoral los
resultados serían PSOE 27´5% de votos y 120 escaños, PP 20´6% y 94, Vox 13´4% y
44, UPodemos 13´5% y 36, Ciudadanos 8´9% y 16, ERC 4% y 15, PNV 1´4% y 6, JxCat
1´2% y 4, Más País 3´9% y 3, y Otros 5´6% y 12; en definitiva 159 escaños para
la izquierda y 154 para la derecha). Y, según el sondeo de 40dB, el PSOE
obtendría el 27´3% de votos y 121 escaños, el PP el 21´2% y 91, Vox el 13´7% y
46, UPodemos 12´4% y 31, Ciudadanos 8´3% y 14, Más País 4´4% y 5, y Navarra
Suma conseguiría dos escaños; en definitiva 157 diputados para la izquierda y
153 para la derecha. En ambos casos, un resultado bastante alejado de los 176
escaños necesarios para conformar una mayoría absoluta que garantice un
gobierno estable y solvente, lo que inevitablemente exige que se rompan los
bloques a la hora de pactarlo o que se eche mano del resto de fuerzas
territoriales nacionalistas o soberanistas. Convencer a los dos millones de
indecisos en tan pocos días de campaña será la tarea prioritaria de los
partidos para intentar mejorar esta preocupante situación.
Además
hay que añadir el temor de los partidos a la abstención, que marca esta campaña
electoral, a causa del lógico hastío ciudadano ante la incompetencia de
nuestros líderes partidarios, tal como refleja la caída de un 30% del voto por
correo, lo que apunta a una feroz pelea por el centro moderado (los radicales
no suelen abstenerse), mientras la guerra de Sánchez e Iglesias agrava el
bloqueo de la izquierda. Así las cosas, Sánchez manifiesta que “no puede haber
ni un voto que se quede en casa” y pregunta a Iglesias si “va a hacer fracasar
un gobierno por quinta vez” mientras el líder podemita le responde “no me fio
de que usted no pacte con Casado” y Sánchez descarta públicamente una gran
coalición para intentar anular el discurso de Iglesias. Por su parte, mientras
dirigentes del PP avisan de que “las expectativas pueden convertir en derrota
un buen resultado”, ante la euforia oficial de los cien escaños, Casado,
afrontando los comicios como un examen de recuperación, sale a ganar y plantea
el 10-N como un plebiscito a Sánchez, ofertando una bajada histórica de
impuestos y un “Plan España, para Cataluña”, mientras ficha para su campaña
digital a Messina Group, el gurú de Obama que ya aupó a Rajoy en 2016. Rivera,
por su parte, apuesta por un gobierno “centrado, moderado y reformista” de PP y
Ciudadanos, sosteniendo que “votar a Ciudadanos servirá para desbloquear
España” y ofreciendo al PSOE un gran acuerdo nacional que evite “desencajar
toda España para encajar Cataluña” y, ante los malos resultados que le dan los
sondeos, dice “os prometo que vamos a dar la campanada” mientras se acerca a
Garicano y escenifica la paz con los críticos del partido ante las malas
expectativas demoscópicas. Y mientras Abascal promete impedir la formación de
Gobierno, manifestando “votaremos no, no y no, otra vez, y las que sean
necesarias” y Carmena cambia de estrategia y sale al rescate de Errejón, un tal
Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe y a quien algunos llaman el “Revilla
aragonés”, manifiesta “no tenemos ideología, sólo el interés por Teruel”
erigiéndose en la voz de la llamada “España Vaciada”.
Por
otro lado, como era de esperar, el problemón del secesionismo catalán irrumpe
en campaña, mientras Casado dice “responsabilizo a Sánchez de lo que pase el
10-N en Cataluña”, añadiendo: “estamos en un empate técnico: PSOE y PP tenemos
las mismas opciones de formar gobierno”, “con la exhumación de Franco a quien
más ha humillado Sánchez es a Felipe González” y “me comprometo a que cuando
lleguemos al gobierno se creen medio millón de empleos al año”. Y mientras
Iceta logra que el PSOE incluya en el programa electoral la “plurinacionalidad”
de España, sin que nadie sepa responder cuántas naciones en definitiva la
conformarían, la Fiscalía pide al Supremo que investigue a Laura Borrás,
candidata de JxCat al Congreso, por fraude en la contratación, en tanto que
Torra avala un “parlament” paralelo de cargos electos independentistas, al
mejor estilo del dictador Maduro en Venezuela. Y es que la triste realidad es
que no se ponen de acuerdo los partidos constitucionalistas para afrontar en
serio el secesionismo catalán, que, gracias a ello, campa a sus anchas, cuando
es el problema principal de nuestro Estado de Derecho ya que lo que está en
juego no es aplicar políticas más o menos progresistas o conservadoras, ni
aplicar unas u otras políticas sectoriales que pueden modificarse en la
siguiente Legislatura, sino que está en juego la supervivencia de nuestra
integridad territorial y de nuestro sistema democrático. Por un lado, aunque
Borrell sostiene que “el procés no conduce a ninguna parte”, Sánchez retoma la
vía Iceta, con la que Torra controlaría los jueces, lo que las derechas
entienden como un nuevo giro con “guiños” a los separatistas al constatar
semejante rectificación del programa socialista a última hora para incluir la
“plurinacionalidad” de España, apelando a la Declaración de Barcelona que
contempla un CGPJ propio para Cataluña. Por otro lado Abascal sostiene que “dar
más autogobierno fracasó, hay que intentar la contundencia”, que “en Cataluña,
el Estado debe arrebatar al separatismo los medios y la Educación”, que “Casado
se desdibuja para instalarse en el marianismo; ha elegido estar pegado al PSOE”
y que “hay que hacer uso del artículo 116 para declarar el estado de excepción”,
añadiendo “no daré mi opinión sobre Franco; lo que pretende el Gobierno es
deslegitimar la Corona”. Por su parte los candidatos de centro-derecha analizan
el repunte del desafío soberanista y la violencia que amenaza a la jornada
electoral ante la “inacción” del Gobierno socialista, manifestando Casado que “Sánchez
está sometiendo la aplicación de la Constitución a su cálculo electoral”,
mientras Rivera sostiene que “el 155 es lo único que garantiza resolver el principal
problema de convivencia: Torra”.
Entretanto,
Grande-Marlaska, ministro de Interior, manifiesta que “en Cataluña hay un grave
problema de orden público; los jueces dirán si es algo más”, aunque reconoce
que en los disturbios “ha habido una estrategia, una organización y un mando” y
prefiere no hablar de delitos, cuando profesores denuncian que es ilegal flexibilizar
los exámenes para los alumnos que hagan huelga y, ante la entrega de premios “Princesa
de Asturias” se blinda al Rey y a la heredera con 400 antidisturbios más para
frenar a los CDR, que, según un manuscrito intervenido por la Guardia Civil,
tenían un borrador similar a los de ETA para reivindicar atentados, reforzando
la tesis de que estos grupos violentos pueden ser el embrión de una
organización terrorista. Por su parte Tsunami y Anonymous planean un ciberataque
para desestabilizar la jornada electoral, pues tanto los independentistas como
los antisistema buscan un “black out” en dicha jornada, por lo que el Estado se
blinda para garantizar la seguridad en el voto y en el recuento. No en vano los
Mossos están en alerta ante una probable ocupación de colegios el 10-N al
detectarse un plan de los CDR para alterar con violencia la jornada electoral y
amedrentar a los votantes constitucionalistas, con lo que, junto a la Policía y
la Guardia Civil, diseñan el despliegue de un cinturón preventivo exterior como
el que no ejecutaron el 1-O, y en algunos centros, un retén de agentes se encerrará
previamente en el recinto para evitar el asalto de los radicales. ¿Tanto cuesta
entender que se requiere un compacto consenso constitucionalista para enfrentar
el golpe de Estado institucional del secesionismo catalanista? ¿Tanto cuesta
aplicar la ley como requisito “sine qua non” para iniciar cualquier negociación
para resolver el problema? Al parecer, el árbol del interés particular no nos
deja ver el negro bosque que tenemos delante.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el frenazo de la construcción
acelera el desplome del mercado laboral; que decenas de miles de personas se
movilizan en el Mar Menor, donde plataformas de vecinos exigen que no haya
vertidos a la laguna; que el Gobierno ya ha dado beneficios penitenciarios a 47
etarras; que tres empresas optarán por competir con Renfe en las líneas del
AVE; que la jueza procesa a dos ex ediles de Carmena por usar dinero público
con fines partidistas; que el juez que retrasó la exhumación de Franco pide
jubilarse; que Monasterio falsea en el currículum la fecha de su título de
arquitectura; que las bajas se disparan un 29% tras el “indulto” a los
funcionarios con el fin de las penalizaciones en el sector público; que el
Supremo sentencia que Susana Díaz dio un trato de favor a la hija de Chaves,
pues, según el fallo, la Junta violó la ley en el proceso de adjudicación de
yacimientos mineros a la empresa donde ella trabajaba; que Fomento compró a
Orange los datos de 16 millones de clientes de móvil con el fin de hacer un
estudio sobre la movilidad de los españoles; que España afronta el 10-N creando
un 35% menos de empleos que el 28-A; y que los miembros de la “mamada de
Manresa" son condenados por abusos y no por agresión al excluir la
violencia porque la víctima estaba ebria (o los legisladores se ponen a
trabajar y clarificar muchas de las penas del Código Penal o tenemos, entre
otros, muchos violadores sueltos por cualquier esquina).
Y
del exterior cabe destacar que el fuerte viento pone a California en alerta
máxima por los fuegos; que ya es Navidad en la Venezuela de Maduro al adelantar
el gobierno las fiestas para evitar el contagio de las protestas que sacuden la
región; que el Congreso de EEUU formaliza el “impeachment” contra Trump,
iniciándose así, por 232 votos a favor y 196 en contra, el proceso que
estudiará su destitución; y que Chile cancela dos cumbres mundiales por los
disturbios, impidiendo la crisis social y política celebrar la Conferencia
sobre Cambio Climático y la reunión del foro Asia-Pacífico. Por cierto, ante la
situación caótica de Chile, España asume el reto de acoger en un mes la gran
cita del clima, cancelada por el país sudamericano, tras aprobar la ONU la
oferta de Pedro Sánchez, lo que algunos consideran como la última argucia
electoral del Presidente en funciones…. pues, ya ven, todo, absolutamente todo,
por interesante que sea, se mira en clave electoral.
Jorge Cremades Sena
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