CON CATALUÑA EN EL HORIZONTE

 

                            Aunque con la que está cayendo no estamos ni para distracciones ni para demagogias baratas o especulaciones innecesarias, es inevitable dejar de tener a Cataluña en el horizonte ya que, aunque con la pandemia, el problemón del secesionismo catalán totalitario está temporalmente algo eclipsado sigue estando ahí, vivito y coleando, pues, al igual que sucede en España, parece que los ciudadanos no están por la labor de dar un giro copernicano y prefieren que el desmadre gubernamental siga siendo lo que guíe nuestro futuro hasta donde podamos aguantar. En efecto, aunque Arrimadas ofrece a Illa, el ministro-candidato, una coalición para evitar la reedición de un tripartito, mientras el PP se desmarca y sólo apoyaría un pacto sin el candidato socialista (lo que es prácticamente imposible), según NCReport, todo intento de cambiar la situación política en Cataluña será en vano pues el famoso “efecto Illa”, buscado por el PSOE incluso a costa de descabezar el Ministerio de Sanidad en plena ola de la pandemia, no llega al nivel de poder lograrlo y, menos aún, con la estrepitosa caída de Ciudadanos, lo que abocaría de nuevo a otro gobierno soberanista, que, sin duda, pasada la refriega electoral, se llevaría a efecto, pues ya Puigdemont elude criticar demasiado a ERC y arremete contra Illa, al que califica, no exento de razón, como “uno de los peores ministros de Sanidad de la UE”, mientras Iglesias, vicepresidente del Gobierno español, eleva al prófugo ex president a la categoría de exiliado, equiparándole con los exiliados republicanos españoles y, obviamente, generando una lógica polémica, pues, entre otras cosas, en un estado democrático, como es el caso, quienes no comparecen ante los tribunales de justicia o no acatan sus decisiones, no son exiliados, sino prófugos de la Justicia, que debieran estar en busca y captura y repudiados obviamente por el Gobierno democráticamente elegido en las urnas. Pero ya ven, en España es diferente, y el Vicepresidente del Gobierno, con el beneplácito del Presidente, que lo ha nombrado y no lo cesa, se permite considerarle como exiliado político a pesar de haber encabezado un totalitario “procés” frustrado por el que sus compañeros totalitarios, que sí tuvieron la decencia al menos de comparecer ante los tribunales están pagando penas de no pocos años de prisión por sus delitos cometidos y probados. En efecto, según NCReport, el no “efecto Illa”, mejoraría los resultados del PSC pero no lograría cambiar el escenario político en Cataluña, pues los resultados serían: ERC 20´5% de votos y 33 escaños, frente al 21´4% y 32 de 2017; JxC 19´2% y 32, frente al 21´7% y 34; PSC 18´7% y 25, frente al 13´9% y 17; Ciudadanos 11´1% y 14, frente al 25´4% y 36; Comunes de ECP 7´3% y 8, frente al 7´5% y 8 del CEC; PP 6´7% y 8, frente al 4´2% y 4; CUP 6´1% y 8, frente al 4´5% y 4; y VOX 6% y 7, que se estrenaría como fuerza parlamentaria en el Parlament de Catalunya. De acertar más o menos la encuesta, está claro que los catalanes siguen optando por no dar ese giro copernicano que llevaría a Cataluña a la necesaria normalidad constitucional en vez de apostar por soluciones totalitarias radicales. Y en estas condiciones Cataluña encara la campaña electoral sin saber ni siquiera qué día se va a votar, aunque los jueces mantienen de momento la fecha del 14 de febrero (el Tribunal Superior prevé dictar la sentencia definitiva como tarde el 8 de febrero). Illa, que según Iceta dimitirá antes del 29 de enero, se compromete a dejar el cargo de ministro cuando empiece la campaña, mientras los jueces abren la vía a retrasar el 14-F si hay más restricciones, aunque por “interés público” mantienen esta fecha. Por su parte Pere Aragonés, Presidente en funciones de la Generalitat, sostiene que “para evitar sospechas de ilegitimidad lo mejor es retrasar el 14-F” y su partido, ERC, resucita el “frente común” con el prófugo Puigdemont para evitar el “efecto Illa”. Mientras tanto se conoce que el Tribunal Constitucional respaldará al Supremo sobre el “procés”, debatiendo los magistrados el primer recurso por las condenas, con lo que el Alto Tribunal apoyaría la competencia del Supremo en el famoso 1-O para “dar una respuesta ante Europa”, rechazando el recurso de la ex consejera de Gobernación Maritxell Borrás y escenificando así firmeza ante Bélgica, que dio la razón a Puig y puede dársela a Puigdemont…… Peliagudo asunto que un país amigo y socio como España en la UE no avale las tesis democráticas y las resoluciones de la Justicia española, enmarcada obviamente en la Justicia Europea; un asunto que debiera resolverse cuanto antes, pero, obviamente, se hace complicado cuando el propio Gobierno español, y especialmente su Vicepresidente, entiende que la situación de Puigdemont es la de un exiliado político.

              Y con Cataluña en el horizonte y con toda España en plena tercera ola de contagios del coronavirus, Illa, ante su inminente dimisión como Ministro de Sanidad, se instala ya en Cataluña y dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso, incumpliendo su compromiso, con la complicidad de Batet, para no comparecer en plena tercera ola, mientras Moncloa valora que siga como ministro hasta que el TSJC decida, ya que el objetivo es no desactivar su tirón electoral hasta saber con certeza si los comicios se aplazan o no, lo que, al final, dependería de si se aumentan las restricciones o no. De entrada todo apunta obviamente a que no se aplazarán los comicios ya que, tras la decisión de la Justicia de mantenerlas, porque existe “un interés público muy intenso”, el asunto depende del Ministerio de Sanidad y obviamente al ministro-candidato, como al PSC, no le interesa retrasarlos. Por su parte la Generalitat agitará el miedo a la covid para frenar el 14-F y presionará hasta el final a la Justicia ante la llegada del pico de contagios, mientras Sánchez lanza en Cataluña el primer acto de campaña del ministro-candidato, a quien la oposición critica de electoralismo al no actuar ante la crisis de esta tercera ola. En definitiva, por las razones que sean Illa se va y deja un caos autonómico ya que la inacción del ministro descoloca a los consejeros territoriales, cuando la cepa británica complica más aun la lucha contra la pandemia y se acercan los días más duros para los hospitales (centros de Madrid y Cantabria detectan que un 20% de sus casos son ya de la nueva variante) y algunos médicos de UCI relatan que “son ya muchos meses de batalla y no ves el final”, en tanto que los distintos Presidentes autonómicos van endureciendo las restricciones en la medida de sus posibilidades legales y llaman a la población a auto-confinarse voluntariamente ante la inacción del Ministro de Sanidad y los expertos urgen a un confinamiento obligatorio ante el colapso inminente de las UCI. Y por si fuera poco todo esto, mientras Moncloa frena el toque de queda, según algunos, para salvar el 14-F, Madrid suspende la vacunación por falta de dosis, pues la imprevisión en el plan para vacunar por parte del Ministerio de Sanidad está al borde del caos y ya son diez las CCAA las que se encuentran a punto de agotar las reservas ya que apenas quedan para tres días. Así las cosas, Madrid, como otras autonomías, avanzan hacia el confinamiento “de facto”, ya que “de iure” sólo podría imponerlo el Gobierno, y prohíbe las visitas en casa, pide teletrabajo, adelanta cierres y toque de queda….intentando atajar esta tercera ola que crece desbocada en contagios, hospitales, UCI y muertes hacia un destino sin rumbo y sin dirección alguna convincente. “Pedimos a los ciudadanos que se rebelen ante la lentitud y la ineficacia del Gobierno", dice Igea, el Vicepresidente de Castilla y León; es el grito de la impotencia ante tanta desidia.

              Una falta de control en todos los sentidos que, para colmo, favorece la picaresca para adelantarse en la vacunación, llegando a salpicar no ya a demasiados cargos públicos civiles sino a la propia cúpula militar, generando al final una verdadera crisis en el Ministerio de Defensa, uno de los pocos que se salvan de la quema en cuanto a la gestión se refiere. En efecto. El Jemad se vacuna al margen de los protocolos de vacunación establecidos y la ministra Robles pide explicaciones al Jefe de la cúpula militar, aunque no lo cesa ni a él ni a su cúpula militar, mientras Podemos exige su destitución inmediata, generando el asunto decepción en los militares y crisis en el ministerio, hasta que, al final, el Jefe de la cúpula militar dimite por el escándalo de la vacunación, ya que, a todas luces, Villarroya se inmunizó sin tener aun derecho, mientras unos cien sanitarios del Ejército se quedaban de momento sin vacuna. Y Robles obviamente se ve empujada a aceptar el cese tras fulminar Marlaska por idéntico motivo al enlace de Interior con los militares. No obstante el Jemad dimite pero defiende haberse vacunado (el Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares), asegurando que siguieron órdenes aprobadas en el Ministerio de Defensa y que el Emad recibió los viales antes de inmunizar a los sanitarios castrenses…..otro conflicto más que tendrá que intentar solucionar el próximo Jefe del Estado Mayor, quien podría encontrarse con una verdadera cascada de dimisiones, mientras públicamente se desencadena un debate sobre la conveniencia o no de que Jefatura de Estado, Gobierno y otros gobernantes, cúpula militar, etc etc debían tener prioridad para la vacunación frente a otros grupos, tal como han hecho en otros países incluso públicamente para dar ejemplo……sin entrar en este debate, que tiene sus pros y sus contras, en todo caso era tan fácil como haberlo recogido en los protocolos de vacunación, lo intolerable es que éstos no sean aplicados a rajatabla.

              Y, como los conflictos no cesan, el Poder Judicial se defiende ante los ataques que está recibiendo por parte del Poder Ejecutivo, y, por acuerdo del pleno del CGPJ, dieciséis de los veintiún vocales alertan al Congreso de que atenta contra la separación de poderes y “lamentan profundamente” que PSOE y Podemos impidan que les escuche el Parlamento, urgiendo a la Cámara Legislativa para que frene la reforma que anuncia el Gobierno y alertando de que tramitar dicha reforma acelerada es inconstitucional, por lo que pide a la Mesa del Congreso que lo reconsidere antes de que sea demasiado tarde; mientras tanto Lesmes mantiene el pulso al Ejecutivo y seguirá nombrando jueces pese a estar en funciones, al igual que Sánchez obró cuando en funciones estaba. Entretanto, otro pulso de las CCAA complica a Sánchez controlar el fondo europeo, forzando a Hacienda a darles más poder en la gestión de los mismos; la ministra de Hacienda retira su reglamento de “cogobernanza” tras la queja general de autonomías del PSOE, PP y nacionalistas, aunque María Jesús Montero advierte a los consejeros autonómicos en la primera reunión sobre el dinero y les dice “tenéis que cambiar el chip”. En fin, conflicto tras conflicto en este gobierno de coalición mal avenido, como el evidenciado en la bronca entre cuatro ministros por las manipulaciones atribuidas a Iglesias, en la que el ministro de Inclusión, Escrivá, afeó a la titular de Trabajo, Díaz, la manipulación del debate de las pensiones por parte de Podemos y ésta respondió diciendo “a mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos”, un reciente desencuentro durante una reunión convocada por Calviño a la que asistió también María Jesús Montero,  en la que el ministro clamó “no hay derecho” y Díaz, que milita en el PCE, rechazó formar parte de la estrategia de Iglesias; no en vano, Teresa Rodríguez, hoy diputada del Parlamento andaluz y otrora dirigente podemita en Andalucía, contesta a las acusaciones de transfuguismo que le hacen los acólitos de Iglesias “soy tan tránsfuga como la ministra Yolanda Díaz, que abandonó IU”…..es lo que se cuece en el gallinero populista dominado por Iglesias.

              Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el juez rechaza imputar por alteración del orden público al vecino de Iglesias; que Marlaska utiliza los acercamientos exprés de presos etarras tras enviar estos una carta-tipo y logran beneficios sin pedir perdón ni ofrecer colaboración alguna, por lo que víctimas y oposición reclaman al Gobierno el sentido de las misivas; que Cifuentes culpa a la universidad de falsificar el acta que la favoreció y sostiene que presentó el trabajo aunque no hay una sola prueba; que los jesuitas admiten que 81 menores sufrieron abuso sexual desde 1927; que, según Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid,  “tenemos delante una situación social que nos va a explotar”; que Susana Díaz ve en su relevo un “tinte machista”, se aferra a otras primarias y dará batalla ante Ferraz; que, según José Bogas, consejero delegado de Endesa, “los precios de la luz no se van a mantener así de altos”; y que el responsable electoral de Podemos, Tirso Nohales, ex encargado de las producciones audiovisuales, afirma ante el juez que desconoce cualquier trabajo de la consultora mejicana, añadiendo “jamás oí hablar de Neurona en toda la campaña de 2019”.

              Y del exterior, destacar que Johnson sospecha que la cepa británica es más mortífera que la original; que son detenidas más de 2.500 personas en Rusia durante las manifestaciones por Navalni; que el BCE considera que se agrava el riesgo de una nueva recesión económica; que Anne Hidalgo apunta a rival de Macron por la Presidencia de Francia; que la UE pide acelerar la vacunación y acuerda restringir los viajes para evitar el colapso por la cepa británica, aislando regiones para evitar el avance de las nuevas cepas; que Biden se estrena con una ambiciosa ofensiva ante la pandemia y cambia toda la gestión de Trump contra el Covid-19, se plantea sacar de la pobreza a doce millones de personas y sube a 15 dólares por hora el salario mínimo de los funcionarios; que Portugal elige a su Presidente en el peor día de la pandemia en el país, y, con una abstención similar a la de 2016, da una clara victoria a Marcelo Rebelo de Souza, reelegido sin necesidad de una segunda vuelta; y que la UE presiona a los laboratorios ante los retrasos de la vacuna, viendo el Presidente del Consejo en riesgo los objetivos de inmunización, pues Europa sólo ha inyectado dosis al 2% de su población, cuando en Reino Unido es al 10%, por lo que eurodiputados y ONG exigen conocer los contratos confidenciales y, en plena guerra con las farmacéuticas, la UE amenaza con denuncias si no se cumplen los plazos de entrega.                                           

Fdo. Jorge Cremades Sena