GOBERNAR EN DEMOCRACIA

 

                    Es una obviedad manifiesta que gobernar en democracia es una tarea difícil y compleja que no todas las opciones políticas están dispuestas a afrontar, pues tienden a lo fácil, es decir, a imponer arbitrariamente sus propios criterios que, por loable que sea su finalidad, han de ser sometidos escrupulosamente al complejo entramado institucional democrático, al equilibrio e independencia de poderes y a una legalidad vigente que contempla todos los deberes y derechos de todos sin que estos puedan ser atropellados arbitrariamente por bondadosa que pueda ser su justificación e intencionalidad y por plausible que pudiera ser su finalidad, pues gobernar en democracia y libertad requiere que no se aplique en ningún caso el principio de que el fin justifica los medios, teoría a la que se acogen los regímenes totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas, para avalar las arbitrariedades y fechorías de sus gobernantes autoritarios. Así pues, la observancia escrupulosa de la legalidad vigente y el respeto y acatamiento a las sentencias judiciales es requisito sustancial en cualquier Estado de Derecho democrático que se precie, por más tentaciones que puedan tener sus gobernantes en salir del paso como sea en circunstancias complicadas. Siempre hay que actuar conforme a la legalidad constitucional y para ello los gobiernos cuentan con expertos funcionarios y con asesores, supuestamente cualificados, de los que, por cierto, el Gobierno de coalición de Sánchez bate su propio récord con 1.250 de ellos, elegidos a dedo, además de los funcionarios de los diversos ministerios que consiguieron su plaza por oposición, con lo que es complicado justificar desconocimiento de la legalidad cuando se mete la pata a la hora de tomar decisiones. Por ello no se puede entender que este Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas haya sido desautorizado frecuentemente por el Tribunal Constitucional que, por tercera vez consecutiva, le condena al dictaminar que también fue inconstitucional el segundo estado de alarma por el autoritarismo manifiesto de Sánchez impidiendo al Congreso de los Diputados ejercer su esencial labor de control sobre el Ejecutivo, consustancial con la democracia, y reprochándole además que con la “cogobernanza” se limitaron derechos fundamentales al dejar la gestión del covid en manos de las CCAA sin reservarse, como es su responsabilidad, ningún tipo de supervisión de las arbitrarias y dispares medidas adoptadas por cada gobierno autónomo. Un golpe del TC a la cogobernanza, que remata la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Sánchez y anula la prórroga del estado de alarma por impedir todo ese tiempo al Congreso su función de control, por lo que ahora el Ejecutivo tendrá que devolver 41.426 multas por las sanciones tramitadas durante ese periodo de excepción que alcanzaron los 69 millones de euros, en el que manifiestamente Sánchez gobernó de forma autoritaria y al margen de lo establecido en la legalidad constitucional vigente. ¿Le asesoraron mal sus asesores? ¿Se dejó llevar por sus socios de viaje, tendentes al autoritarismo? ¿Quién sabe? Lo que no cabe es justificar semejante autoritarismo arbitrario con el argumento de que fue una situación compleja, que lo fue, pues en democracia no caben los atajos ilegales en ningún caso. ¡Qué dirían demagógicamente los comunistas si eso hubiera sucedido con un gobierno democrático de derechas o simplemente socialdemócrata sin coalición con ellos! En fin, sin más comentarios; entretanto la llegada de la gripe y el impacto de la variante delta plus amenazan la estabilidad sanitaria del invierno y los vacunados con Janssen recibirán una dosis de otra marca. Esperemos que, en caso de complicarse la situación, no se vuelvan a producir estos tics autoritarios, indeseables en democracia.

          Pero no es sólo en el asunto del estado de alarma donde el Ejecutivo de Sánchez actúa de forma autoritaria y contra la legalidad constitucional, pues el TC le da otro varapalo al impuesto de plusvalías obligándole a reformularlo tras anular el tributo, por lo que Hacienda acelera ya una reforma para evitar que los municipios pierdan 2.500 millones al años, mientras los alcaldes alertan del colapso. Un tributo que el TC suspende por estar mal calculado, lo que amenaza al presupuesto de miles de ayuntamientos, por lo que los municipios exigen al Ejecutivo que reponga el impuesto corregido y un fondo adicional para paliar las graves pérdidas, mientras Hacienda, que ignoró en su día un informe que pedía anticiparse a la sentencia, asegura ahora que pondrá en marcha una solución. Repito, ¿de qué sirve la desmesurada caterva de asesores con los que cuenta el Gobierno para que estas cosas no se produzcan?

          Entretanto PSOE y Podemos continúan intentando cerrar la última y más grave crisis interna del Ejecutivo, cual es la reforma laboral, en que ambos socios mantienen sus diferencias abismales, mientras Bruselas desconfía de un Ejecutivo dividido por este asunto y se extiende el temor a perder los fondos ante la ofensiva de la comunista Yolanda Díaz obligando a Sánchez a prometer que cualquier cambio se hará por consenso entre PSOE y Podemos, que mantienen su disputa por las modificaciones en el mercado de trabajo, pues Díaz está decidida a llevar al límite a Sánchez en este asunto y redobla el pulso contra el Presidente cuestionando que el PSOE quiera derogar la normativa actual, que ampara la UE, mientras Sánchez arropa de nuevo a Calviño y afirma que pactará la nueva ley con la CEOE. El Presidente, que quiere que la reforma laboral la pilote Calviño y que defendió ante el PSOE intervenir en la reforma laboral, tras el encuentro “constructivo” del gabinete de crisis sin avances concretos, recurre finalmente a una solución salomónica, obligando a Calviño a aceptar que Díaz dirija dicha reforma pero bajo su vigilancia, mientras Trabajo, dirigido por Díaz, propone a Economía, dirigido por Calviño, una reunión para fijar los contenidos. Al final, Sánchez sienta a cuatro ministros en el diálogo social con la intención de atar corto a Yolanda Díaz, sobre la que Moncloa asegura que Bruselas rechaza su negociación, con el argumento de que sea aceptada por la UE, mientras Casado maniobra en Europa y en la UE para evitar el cambio legal de una norma que, tras la caída vertiginosa del empleo durante el Gobierno de Zapatero por la rigidez de la misma, creó en tiempos de Rajoy varios millones de puestos de trabajo. Sánchez permite así a Yolanda liderar la reforma laboral, en tanto que su tirón alarma al PSOE ya que uno de cada seis de sus votantes la prefiere al propio presidente, mientas Moncloa recela de la hoja de ruta de Díaz, que “no informa”, pero asume que lidere la mesa de negociación bajo la estrategia de que los ministros socialistas diluirán su creciente influencia, mientras los empresarios piden que se contenga la “ideología” si se quiere salvar el diálogo, pues, al fin y al cabo, son ellos quienes generan el empleo. Yolanda Díaz arrastra al Presidente a que se aclare respecto a la reforma laboral y éste por fin toma las riendas del diálogo y encabeza una reunión con Calviño y Díaz para delimitar las medidas y fijar posiciones, lo que le permite a Moncloa decir que “ahora sí es una reforma laboral de todo el Gobierno” porque Sánchez no habló con Yolanda para pactar la nueva “metodología”, con lo que revisten un conflicto que es de “contenido” ya que al final de lo que se trata es de si se deroga la actual reforma laboral vigente, como pretende Díaz, o simplemente se mejora con reformas puntuales, como pretende Calviño y aconseja la UE, por más que en su día Sánchez, para salir del paso y posibilitar su acceso al poder, firmara con Iglesias la derogación de la misma. De momento el asunto de fondo sigue sin resolverse, mientras Moncloa aboca la reforma laboral a dos negociaciones diferentes en solo un mes: la negociación interna del Ejecutivo y otra con los agentes sociales.

          Y qué decir sobre el coste de la energía y la subida estrepitosa del recibo de la luz, que tanto PSOE como Podemos prometieron resolver cuando con Rajoy subió la décima parte de lo que ha subido ahora con ellos en el poder. Y es que gobernar en democracia requiere tener presente a la hora de tomar medidas los derechos de todos, lo que impide entrar a saco para resolver los problemas como un elefante en una cacharrería pues, por loables que sean las intenciones, hay que apechugar después con las consecuencias. De entrada, el decreto de la luz da la vuelta al recibo y la noche ya no es lo más barato, con lo que los usuarios se vuelven locos para intentar saber cómo pueden ahorrarse algunos euros en el desmesurado gasto energético (ahora, por lo visto, ya no hay que poner la lavadora a medianoche sino después de comer). Y es que el Gobierno se ve obligado a suavizar su demagógico “hachazo” a las eléctricas aunque eleve su control sobre ellas, aumentando la ministra Ribera su vigilancia sobre los  precios pero poniendo el foco ahora en las primas a las renovables en vez de a los beneficios legítimos de las empresas  energéticas, mientras Calviño admite ya que la luz y la crisis de suministros puede afectar a las previsiones económicas, Cepyme advierte de que han desaparecido unas 40.000 empresas y el Gobierno diluye las medidas contra las eléctricas con un segundo decreto sobre el precio de la luz, en tanto que las grandes compañías asumen que se libran del “hachazo” precipitado a sus beneficios y Podemos reclama que devuelvan lo que cobren por encima de 60 euros por MW-hora, como si gobernar en democracia consistiera en un “ordeno y mando” como sucede en los regímenes autoritarios, tan de su agrado. Entretanto la ministra Ribera viaja a Argelia por la crisis del gas con Marruecos, tras el cierre del gasoducto que cruza este país hacia España por la ruptura de relaciones de Argel y Rabat, consiguiendo que Argelia dé garantías de seguir suministrando gas a España pese al cierre de dicho gasoducto, por lo que el Gobierno español ya se lanza a la caza de barcos nigerianos y cataríes para aliviar la dependencia excesiva de suministro. Por su parte Bruselas tumba el plan de Sánchez para bajar el precio de la luz y advierte sobre los fondos europeos a percibir, recordándole que todavía no  ha recibido la documentación con las medidas necesarias para remitir los próximos 10.000 millones, mientras sigue el duelo Díaz-Calviño por la reforma laboral y la polémica por la independencia del poder judicial; y es que la UE, a diferencia de lo que pretende Sánchez, defiende el sistema eléctrico actual y margina la propuesta del Gobierno español, con lo que el órdago de Sánchez no tiene recorrido por el claro rechazo del bloque alemán en tanto que el Ejecutivo comunitario rechaza cambiar el sistema actual de fijación de precios. Y es que gobernar en democracia, también requiere tener bien presentes las coordenadas geopolíticas en que cada país se mueve y los intereses que hay en  juego.

          Y mientras ERC apura su decisión final sobre los Presupuestos para meter presión, exigiendo un inventario detallado sobre el cumplimiento de las cuentas de 2021, las cuentas del Ejecutivo ya nacen muertas, pues el Banco de España y la AIReF, se suman a otros organismos internacionales previendo una rebaja “significativa” del crecimiento económico en España, lo que obviamente repercute a la previsión de ingresos, desmontando así las cuentas del Ejecutivo español anunciadas y avisando con ello de  una “recuperación incompleta”.

          Entretanto Podemos, socio del Gobierno de Sánchez, vuelve a la carga contra Batet y pide su dimisión por el escaño de Alberto Rodríguez, que pedirá al TC la devolución de su escaño, amparándose en una resolución del Alto Tribunal de 1992 en el sentido de que no es posible retirar un escaño por una condena leve (basta saber si patear a las fuerzas de orden público es leve o grave), e insta a Batet a que le aclare la base legal con que adoptó su decisión de retirarle el acta de diputado, como si no fuera suficiente el argumento de acatar la sentencia de un tribunal competente; no obstante los servicios jurídicos del Congreso avalan que Rodríguez pierda su escaño. Lo lamentable es que Batet, sabiendo perfectamente que debía retirarle el escaño a Rodríguez, alentara por razones políticas la esperanza de hacer lo contrario retrasando la decisión con absurdas aclaraciones al tribunal sentenciador, tal como demuestran las actas de la Mesa del Congreso reflejando su intento, por motivos políticos, de dilatar la ejecución de la sentencia del Supremo…..y de aquellos polvos, estos lodos innecesarios.

          En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que el PP presenta enmiendas para reforzar el papel del Pacto de Toledo; que el alquiler a diez años podrá subir un 10% en las zonas tensionadas, tratando así la ley de vivienda incentivar los contratos a largo plazo; que por cada diez docentes universitarios que se retiren entrarán doce nuevos, tratando con ello el Gobierno de rejuvenecer las plantillas de las universidades; que Educación dará el título de ESO a alumnos con necesidades especiales sin cumplir mínimos y el Bachillerato, que incorpora siete nuevas materias, podrá cursarse en tres años, permitiendo ir a la Selectividad con un suspenso; que una nueva boca del volcán de La Palma desborda la nueva colada, mientras los terremotos no dan tregua y  suben la intensidad; que el equipo de Ayuso cree irregulares las maniobras de la dirección nacional del PP en Madrid para avanzar en el control del partido en la comunidad y los afines a la Presidenta están decididos a ir a la Justicia si el congreso del PP no es antes de marzo; que en Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, se ponen trabas a la eutanasia al exigir ratificar un testamento vital para acogerse a la ley; que Koeman es destituido tras perder, 1-0, el Barça en Vallecas; que el Gobierno quiere un concurso internacional para el Valle de los Caídos y los Presupuestos incluirán una partida para la anunciada resignificación; que Vox quiere forzar el adelanto electoral en Andalucía y el bloqueo hará que Moreno tenga que prorrogar los Presupuestos, asegurando que “aguantaremos todo lo que podamos, depende de si bloquean leyes y decretos” con lo que “los populares trabajan con la vista en comicios sin acabar la  legislatura”; que “El Pollo” señala a Monedero por recibir dinero de Venezuela; y que cuatro patronales de CEOE se reúnen por su cuenta, pues Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares están decididas a impulsar las relaciones económicas entre sus territorios.  

          Y del exterior, destacar que se bate el récord de gases de efecto invernadero a nivel mundial pese al parón de la pandemia, mientras la ONU reclama a los países objetivos más ambiciosos sobre el clima; que Merkel recibe la “carta de despedida” de manos del Presidente alemán tras haber estado dieciséis años en el poder; que Polonia es multada por la UE con un millón al día por violar la independencia judicial, lo que debiera ser un aviso a navegantes; que un golpe de Estado en Sudán por parte del Ejército contra la transición a la democracia, pone fin al sueño de libertad en el país tras la dictadura de Omar Al Bashir, pues el Ejército toma el poder, detiene al primer ministro, que permanece en paradero desconocido, y a los líderes políticos y disuelve los órganos encargados de sentar las bases de un sistema democrático; y que el Gobierno de izquierdas en Portugal se tambalea al quedarse el socialista Antonio Costa sin el respaldo para su proyecto de Presupuestos, pues sus aliados de legislatura, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, anuncian que votarán en contra, reprochándole haber incumplido sus pactos mientras dejan al Gobierno a punto de caer, pues ahora el Presidente de Portugal tiene la potestad de disolver la Asamblea y llamar a las urnas anticipadamente, lo que, como en el caso de Polonia, debiera ser un aviso a navegantes ya que en España, además de las tentaciones por controlar a los jueces desde el Ejecutivo, se produce el mismo experimento gubernamental que en Portugal, donde curiosamente y a diferencia de aquí, parecía que las cosas iban bastante bien.

Fdo. Jorge Cremades Sena