Se equivocaban quienes
pensaron que la pandemia del coronavirus ya estaba controlada, pues, cuando se
creía que todo estaba controlado, al menos en el mundo desarrollado, aparece en
Suráfrica una nueva variante más contagiosa, a la que llaman “ómicron”, y
siembra una gran preocupación y alarma en Europa y en el resto del mundo,
poniendo en evidencia que la amenaza de la pandemia es mundial y no entiende de
fronteras, ni de pobres y ricos. En definitiva, o se erradica la pandemia a
nivel mundial o es imposible su control, pues resulta que ahora la falta de
vacunas en África amenaza al mundo entero, cuando los países ricos acaparan
dosis y el virus muta en los países pobres, menos protegidos y a las pruebas me
remito: la tasa de inmunización es del 69% en EEUU, del 70% en la UE y del 7%
en África). La realidad es que la variante ómicron se extiende por Europa, que
toma medidas para afrontar la nueva amenaza y el incremento de contagios, y ya
son varios países en los que se ha detectado la nueva cepa. Así las cosas, la
UE exigirá la tercera dosis de vacunación para retener el pasaporte covid, abre
la puerta a la vacunación de menores (entre ellos tres millones de niños
españoles) que, obviamente, también se contagian y propagan la enfermedad,
suspende vuelos con el sur de África y vuelve a pedir cuarentenas y pruebas
para afrontar la que se avecina en este crudo invierno, mientras esta nueva
variante pone a prueba las vacunas existentes, por lo que los laboratorios trabajan
a destajo para conseguir nuevas inmunizaciones mientras las Bolsas mundiales se
hunden ante esta nueva amenaza. Y mientras la OMS ve “preocupante” la nueva
versión del covid por la acumulación de mutaciones no descritas hasta el
momento y los expertos sanitarios avisan que es “pronto” para hablar de una
pérdida de eficacia de las vacunas existentes ante ómicron, Portugal decreta
una semana de duras restricciones tras la Nochevieja, Bélgica y Holanda adoptan
nuevas restricciones y Alemania registra un record de casos, en tanto que,
fuera de la UE, Israel y Marruecos cierran sus fronteras, Reino Unido convoca
el G-7 y otros países del resto de continentes imponen restricciones a los
viajeros. Por su parte en España, donde las CCAA han llevado un proceso de
vacunación envidiable y los ingresados por covid de la sexta ola, que siguen
creciendo, son más jóvenes y sin pauta de vacunación completa, nos disponemos a
afrontar esta nueva crisis sanitaria sin que el Gobierno, contra lo que
prometió y le pide la oposición, haya promovido una Ley de Pandemias que aporte
cierta uniformidad y seguridad jurídica a los gobiernos de las CCAA, para
evitar, como sucede hasta ahora, diecisiete arbitrarias estrategias distintas
para combatir un único virus que, si no entiende de fronteras internacionales,
menos aún va a entender de fronteras interiores a la hora de expandirse en
medio de un caos político y jurídico que provoca soluciones bien diferentes
entre una autonomía y la de al lado, lo que, para bien o para mal, no sucede ni
siquiera en Estados Federales, donde la responsabilidad al final recae y debe
recaer en el Gobierno del mismo y no, como en España, en el de los gobiernos
territoriales a causa de la delegación competencial irresponsable del Gobierno
Central. El coronavirus, en sus diferentes versiones, goza de buena salud
lamentablemente y para evitarlo lo menos apropiado es una disparidad de
criterios por razones políticas, jurídicas o de intereses territoriales, pues la
amenaza es global y global ha de ser la solución para combatirla.
Por otro lado y en otro orden de
cosas, el Gobierno español marca su estrategia de Seguridad Nacional con un
“plan integral” para Ceuta y Melilla, incluyendo en el documento por vez
primera las campañas de desinformación entre los dieciséis riesgos más graves
para España e instando a tener una capacidad de disuasión “creíble y efectiva”;
bienvenido sea que se entienda que la Seguridad Nacional no es un don divino
que cae del cielo y hay que apostar con medios humanos y materiales para
garantizarla, tanto a nivel interno como exterior. Sin embargo, miles de
policías y guardias civiles se manifiestan contra el Gobierno pidiéndole que se
escuchen sus reivindicaciones, en tanto que la unidad de los sindicatos
demuestra que las Fuerzas de Seguridad están en contra de la reforma de la ley
y exigen que al menos se les escuche al grito de “¡basta ya!” con esta
histórica movilización de agentes que, por si ya no lo tuvieran complicado,
consideran que la reforma de la ley les deja indefensos, mientras la derecha
política (PP, Vox y Ciudadanos) les arropan en la manifestación, siendo por
ello criticados por algunos que, seguramente, como sucede a Pablo Iglesias, se
emocionan cuando los manifestantes patean a los policías.
Entretanto, el nacionalismo cobra 400
millones extra a Sánchez a cambio de apuntalarle la legislatura (ERC y PNV
logran 90 millones más y Bildu 40), en tanto que la Ministra Montero celebra
que “España está de enhorabuena” tras la aprobación de los Presupuestos a
medida del nacionalismo y del secesionismo político con los que Sánchez ata la
legislatura y le permite llegar hasta 2023 en La Moncloa, tras entregar el
protagonismo a ERC y Bildu para, después, cortejar a los peneuvistas, mientras,
a su vez, las CCAA van camino también de aprobar sus presupuestos, pues los
ansiados fondos de la UE facilitan el proceso, y sólo Andalucía y Madrid los
tienen bloqueados. Al respecto, Juanma Moreno, Presidente de la Junta de
Andalucía, manifiesta: “si Vox lo paraliza todo, no tendré más remedio que
convocar elecciones” y añade, sobre la crisis del PP de Madrid, que “debe
resolverse con diálogo y sentido común por parte de todos” pues “da coraje que
el eco principal esté en asuntos internos, tenemos que hacer autocrítica” y
afirma que “el PSOE ya no es un partido autónomo en Andalucía, es una mala
delegación de Sánchez”. Por su parte
Rajoy afirma rotundamente que “el gran problema de España es que el PSOE ha
roto con la reconciliación”, que “tiene mucho mérito lo que ha hecho Ayuso en
circunstancias difíciles; ¿lo de ella con Casado?, la sangre no llegará al río”
y que “el PP tiene que hacer un esfuerzo para volver a unir a un país que otros
han dividido”. Un PP que, según NCReport, ganaría al socialista Puig y podría
gobernar en la Comunidad Valenciana con un pacto con Vox ya que absorben a
buena parte del electorado de Ciudadanos; los resultados serían: PP el 29´3% de
votos y entre 30-31 escaños, PSOE 24´1% y 26-27, Vox 15´9% y 15-16, Compromís
15% y 15-16, UPodemos 7´2% y 7, y Ciudadanos 5´2% y 4.
Por su parte el nacionalismo y el
secesionismo, socios de Sánchez, siguen a lo suyo. En el País Vasco, mientras
el magistrado Juan Pablo González juzga que “ETA llevó a cabo una limpieza
étnica”, las víctimas quieren acabar con los homenajes a etarras y exigen un
cambio legal que impida los ongi etorri a sanguinarios históricos como Paroto o
“Txapote”, cuando un centenar de criminales de la banda saldrán de la cárcel en
los próximos días. Y en Cataluña, cuando el Govern desacata la orden judicial
del Supremo sobre el castellano, Ana Losada, de la Asociación Escuela Bilingüe,
manifiesta “vigilaremos que todos los directores cumplan el 25% de español”,
mientras enfermeros andaluces son acosados por el separatismo, socio de
Sánchez, y advierten “si nos vamos, colapsan” y la Plataforma por la Lengua
denuncia al Govern los 600 contratos por no hablar catalán y Cataluña pierde 64
jueces en un año al extremo de que el TSJC pide un complemento salarial para
paliarlo; menos mal que, al menos, Salvador Illa, primer secretario del PSC,
reconoce que “el fallo del Supremo no ataca al catalán” y “se tiene que
cumplir” y añade que “habrá que subsanar que el actual Estatut no es el que
votaron los catalanes” y que “la nueva financiación debe permitir que Cataluña
reciba los recursos que necesita”, mientras el secesionismo abraza la inmersión lingüística para mantener vivo el
procés y Boadella afirma que “el sentimiento de adherencia transformó a
Cataluña en una tribu de pensamiento único”…..lamentablemente es la tribu en la
que Sánchez se apoya, entre otras, para mantenerse en el poder y a la que no
exige ni siquiera el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de
Justicia.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que el feminismo vuelve a la calle por el hartazgo con la violencia
machista con decenas de concentraciones y marchas en las principales ciudades;
que el PNV retira la división de la denominación Rioja ante el rechazo
generalizado del sector del vino; que los niños son las víctimas en siete de
cada diez casos de agresión sexual; que Moncloa torpedea los nuevos negocios de
Iván Redondo y desaconseja a empresas que fichen a su ex asesor; que el record
de precios asfixia a la industria y ya “hay concursos desiertos”; que Pilar
Llop, ministra de Justicia, afirma que “no hay mayoría para limitar la
inviolabilidad del Rey”; que los salarios languidecen desde la crisis
financiera de 2008; que muere la escritora Almudena Grandes, la voz de los
perdedores, a los 61 años de edad; que Fiscalía, con la intención de archivar
la causa, ve “voluntarias” y “espontáneas” las dos regularizaciones fiscales
del Emérito, cuando, antes de pagar a Hacienda, Juan Carlos I, recibió hasta
tres notificaciones del propio Ministerio Público informándole de que estaba
siendo investigado; que el fiscal encargado de investigar a su compañero por su
actuación en el caso Villarejo denuncia las maniobras de la mano derecha de
Dolores Delgado y afirma que “la instrucción del caso Stampa se quiso dilatar
de forma sibilina y torticera” mientras la amenaza de Villarejo a la Fiscal
General por el “caso Stampa” es elocuente: “aún no ha salido todo lo que tenía
que salir”; y que el Gobierno, que plantea subir los impuestos “verdes” hasta
7.500 millones y en la reforma fiscal para 2023 los expertos señalan que la
reforma que prepara Hacienda golpeará sobre todo a las rentas bajas, estudia
rebajar la previsión de crecimiento, pues la crisis sanitaria hace que los
datos no respondan a la realidad económica, tal como vienen vaticinando
organismos internacionales y españoles con datos muy alejados de las optimistas
previsiones del Ministerio de Economía en que se ha basado la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado.
Y del exterior, además de la
preocupación y alarma por ómicron, cabe destacar que el Gobierno alemán de
Scholz promete el voto desde los 16 años y regular el cannabis; que el
centroderecha portugués apuesta por un candidato moderado; y que 27 muertes de
migrantes en el Canal de la Mancha evidencian el drama que se vive en la zona y
la tensión entre París y Londres, en tanto que Francia aparta a Reino Unido del
diálogo sobre la crisis migratoria y las mafias ya se han embolsado este año
100 millones en cruces ilegales del Canal, mientras la UE exhibe unidad frente
a Londres en la lucha contra la migración ilegal y Francia, sin contar con
Reino Unido, consigue en la Cumbre de Calais, que un avión guardacostas de
Frontex patrulle el Canal de la Mancha, en tanto que cientos de migrantes
esperan en campamentos la llamada de la mafia en el puerto de Calais, convertido
en una verdadera “jungla”, para cruzar el Canal, sobreviviendo entretanto entre
fango y basura.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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