Evidente era que la rigidez
de la ley laboral en tiempos del Gobierno de Zapatero conducía inevitablemente
a una sangría del empleo alarmante, lo que requería, tras el relevo de Zapatero
por Rajoy, de una reforma laboral urgente que paliara de alguna forma la
alarmante caída del empleo en España. Y la reforma se hizo, dando lugar a la
actual normativa sobre el empleo, con la que se crearon de nuevo puestos de
trabajo y que ahora el Gobierno de coalición social-comunista de Sánchez quiere
derogar, para llevar a cabo una contrarreforma de imprevisibles consecuencias,
que ni quieren los empresarios, ni la oposición política, ni la propia UE. El
argumento principal para derogar la actual normativa laboral, que sigue
propiciando la creación de empleo, es que éste es temporal y precario, cuestión
endémica en España debido a su estructura económica basada en amplios sectores
productivos de necesaria temporalidad y en la existencia mayoritaria de
pequeñas y medianas empresas y autónomos, que requieren mayor flexibilidad a la
hora de contratar trabajadores para poder subsistir. Que se puede mejorar la
actual normativa, sin lugar a dudas (todo es mejorable), pero derogarla cuando
sigue generando empleo por una mera promesa electoral mientras se incumplen
tantas otras, es un riesgo innecesario, que, en todo caso, no debiera ser
impuesto por el deseo radical de una parte del Ejecutivo de llevarla a cabo,
sino, en todo caso, pactada con los agentes sociales y, ¡porqué, no!, con la
oposición ya que se trata de uno de esos asuntos que trascienden el ámbito programático
partidista de unos u otros, pues con ello los españoles nos jugamos nuestras
habichuelas y muchos currantes saben que siempre será mejor trabajar, aunque
sea temporalmente y a media jornada, que irse directamente al paro. Por eso,
nada peor que la pugna por imponer su criterio entre el sector socialista del
Gobierno, representado por la ministra Calviño, y el sector comunista del
mismo, representado por Díaz, que, marcado por su ideología totalitaria radical
contempla un modelo distinto de hacer las cosas, imponiéndolas desde el
Ejecutivo, que es el que manda, al margen de su viabilidad o conveniencia
económica, por más que sus decisiones, poco democráticas, muy ideologizadas y
muy autoritarias, lleven a sus pueblos a la ruina social, política y económica,
tal como se puede constatar en países donde el populismo comunista se ha
afianzado en el poder (se podrían poner cantidad de ejemplos que todos tenemos in mente) y tiene vocación de
quedarse como sea para siempre. Esta es la pugna entre Calviño y Díaz (retoques
para mejorar la normativa vigente o derogación para sustituirla de forma
radical) en plena indecisión y contradicción de Sánchez que, en su día, cometió
el error de pactar con Iglesias la derogación de la normativa conservadora
(asunto que hoy le reclama Yolanda Díaz) para conseguir el poder y que hoy no
puede materializar, salvo eufemismos de cara al electorado, salvo que quiera
pasar por encima, como pretende Díaz y el sector podemita, de los empresarios,
imponiéndoles una derogación que no desean (y son ellos quienes generan empleo)
y de la propia UE, que no lo ve aceptable (y es la que puede o no abrir el
grifo de los fondos europeos que tanto desea Sánchez). El asunto pues de la
contrarreforma laboral, está encima de la mesa, y, en plena lucha pública e
interna entre los dos sectores que conforman el Ejecutivo, su resolución, en un
sentido u otro, se sigue dilatando por la indefinición de Sánchez, quien,
finalmente, acuerda extender la negociación hasta Navidad para conseguir que la
patronal se sume al pacto con los sindicatos y así la decisión final sea más
presentable ante la Comisión Europea.
Así las cosas, mientras la CEOE se
asegura que la UE impedirá una reforma laboral radical e intensifica los
contactos ante la división Díaz-Calviño (pues “Bruselas da importancia a que el
acuerdo incluya a los empresarios”), Sánchez no aceptará una contrarreforma
laboral sin acuerdo con la patronal, mientras el equipo de los sindicatos asume
que “no le dará esa baza política” a la Ministra de Trabajo y los empresarios
consideran que “nos salva que Bruselas tiene atado de manos al Presidente”,
quien, al menos de cara a la galería, pacta la
paz con su ministra Díaz antes de dirimir diferencias en la reforma y
concretar los aspectos más escabrosos de la misma. Y mientras en Podemos
consideran que la estrategia de Díaz es “distanciarse” de ellos para “no
desgastarse” (también está en juego la disputa larvada interna en Podemos con
el Partido Comunista, al que pertenece Díaz), Moncloa considera que la ministra
“tendrá que ceder” en la reforma laboral, pues Sánchez quiere que se conjuguen
los intereses de los empresarios y sus socios, pero el Gobierno sigue enredado
en las contradicciones entre PSOE y Podemos. No obstante el Ejecutivo renuncia
de momento al tope general del 15% de temporalidad, quedando la propuesta
aparcada en la reunión de diálogo social, y la limitación del empleo eventual
será distinta según los sectores, tras advertir la CEOE del impacto de la
medida en negocios muy estacionales, que son demasiados en la estructura económica
de España, cuando, por cierto, con la actual normativa vigente, que Díaz quiere
derogar, se registra un record de empleo
y una caída inédita del paro en octubre. En efecto, la denostada reforma
laboral deja el mejor octubre en 46 años ya que el paro registrado por el SEPE
ha descendido en dicho mes en 734 personas, cifra irrisoria pero que incluso el
Ministerio de Trabajo considera, con razón, excepcional ya que es la primera
vez desde 1975 en que el paro baja en este fatídico mes (marcado por el final
de la campaña turística, de obvia contratación temporal del empleo) mientras la
CEOE recuerda que “el marco vigente está favoreciendo la recuperación intensiva
del empleo” y no entiende que se derogue (cuestión distinta es que se mejore)
lo que está funcionando, salvo que dicha derogación obedezca estrictamente a
razones político-ideológicas.
Entretanto el ministro Escrivá propone
que se cotice más para blindar las pensiones, proponiendo la Seguridad Social
un alza de medio punto durante diez años a repartir entre trabajadores y empresarios
para rellenar la hucha de las pensiones, actualmente casi vacía, y poder hacer
frente a las pensiones del “baby boom”, con lo que en vez ajustar el gasto
pretende elevar los impuestos al trabajo que pagan empresarios y trabajadores
con la pretensión de aplicar la medida a partir de 2023. Una propuesta,
trasladada ya a sindicatos y a patronal, que quiere garantizar las prestaciones
futuras, por lo que el ministro dice que trabajará a partir del 15 de noviembre
para introducir la medida con o sin acuerdo, lo que, en caso de desacuerdo,
sería totalmente desacertado, al margen de la bondad que pueda tener la
propuesta de Escrivá, propuesta que, por cierto, rechaza Podemos, disconforme
con el ministro una vez más, aunque evita de momento la batalla pública por el
asunto para centrarse en la reforma laboral, su tema estrella de toda la legislatura.
Por otro lado el pacto judicial
Gobierno-PP afronta un duro rechazo de los demás grupos en el Congreso de los
Diputados, siendo Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, el más cuestionado por
falta de independencia de los cuatro candidatos al Constitucional examinados
por la Cámara Baja; no obstante el PSOE, que ataca a Arnaldo, avala su elección
para formar parte del Alto Tribunal, mientras seis grupos de la misma dan
plantón a la hora de votar los nombramientos y PSOE y PP se quedan solos en la
defensa de sus propios candidatos. Un asunto que debiera hacernos reflexionar
sobre la despolitización de la Justicia, tal como propone y casi exige la UE y
el sentido común, lo que, de entrada, exige un cambio radical a la hora de
hacer los nombramientos dando mucho más protagonismo a los jueces en detrimento
del que hoy tienen los partidos políticos al respecto…..no estaría mal que en
este asunto PSOE y PP, que ostentan la mayoría parlamentaria, se pusieran de
acuerdo para una nueva norma en este sentido antes de renovar el CGPJ, sería
una loable decisión en pro de la separación de poderes y la independencia de
los jueces, y, por tanto, en favor de nuestra democracia que sería mucho más
fuerte.
En otro orden de cosas, el temor a la
escasez dispara la compra de materias primas de las fábricas a precios record,
mientras importar gas por barco tras el cierre del gasoducto con Argel es más
caro y complejo, aunque España aborde dicho cierre sin temor al
desabastecimiento. No obstante la crisis de los microchips golpea con dureza al
sector del automóvil, por ejemplo, amenazando con provocar deslocalizaciones,
ERTES y ERES, y en general, la crisis de suministros obliga a El Corte Inglés a
racionar las videoconsolas en pleno temor al desabastecimiento en las tiendas,
Ikea admite escasez en sus establecimientos de accesorios que importa desde
China, y Amazon y Aliexpress duplican su logística por mar y aire para sortear
el colapso. Y en tiempos de tantas incertidumbres, después de que Madrid haya
recibido cero euros de los fondos UE en los dos últimos decretos de Sánchez,
Ayuso se dispone a llevar al Presidente del Gobierno a los tribunales por
dichos fondos, mientras el Gobierno oculta los acuerdos con la UE para
recibirlos y rechaza informar a las Cortes sobre el detalle de las inversiones
y reformas a las que se ha comprometido con la Comisión Europea, tras haber
pactado en secreto el contrato de los fondos, documento que permitirá a España
acceder al primer desembolso de los mismos y que está a falta de firma, pero el
Gobierno es reacio a hacerlo público, por lo que Casado exige sin éxito a Hacienda
que lo saque a la luz…..en definitiva, un atentado a la prometida transparencia
en tiempos de tanta incertidumbre, como sucede con la pandemia y la vacunación
al impedir el Gobierno que se informe al respecto en el Congreso, vetando PSOE
y Podemos que comparezcan cuarenta responsables.
Mientras tanto los votantes y
afiliados del PP se llenan de estupor ante la evidente lucha interna entre la
dirección nacional del partido y la presidenta madrileña Ayuso por el control
del mismo en Madrid. En efecto, Génova no quiere que Ayuso presida el PP
madrileño y lanza a Almeida, el alcalde de la capital, contra ella para frenar
su ascenso, con lo que esta crisis entre Casado y Ayuso por el liderazgo en
Madrid aboca a unas primarias abiertas con el alcalde como rival de la
Presidenta, pues Casado da vía libre a García Egea en su pugna con Ayuso y
nombra un equipo al mando de su “número dos” para liderar la renovación del PP
madrileño, pues “el secretario general le consulta todo, no hace nada sin que
el Presidente lo sepa”, demostrando que detrás de la operación está sin duda
Casado. Ayuso, por su parte, recrimina a
Génova 55 gestoras locales y el equipo de Almeida se pone al lado de la
dirección nacional contra la presidenta, mientras cargos municipales,
diputados, senadores y eurodiputados muestran su estupor por el desgaste que
pueda sufrir el PP y reclaman al Presidente Casado que no delegue en nadie la
solución del pulso en Madrid, en tanto que Almeida y Ayuso se citan en privado
para evitar una “guerra civil” (ambos cenan en la sede de la Comunidad de
Madrid para limar “tiranteces” y el alcalde explica a la presidenta que
prefiere que una tercera persona presida el PP madrileño), cuando el plan de
Génova es ganar en segunda vuelta a Ayuso, pues el objetivo es repetir el
esquema del Congreso que dio la victoria para presidir el PP a nivel nacional a
Casado, quien no acepta el pulso de la Presidenta madrileña y confía en la
candidatura de Almeida. En definitiva, una sorprendente lucha interna por el
poder en el partido que a Sánchez le viene como anillo al dedo, pues, de alguna
forma, equilibra la lucha interna que él, vencedor de la que había en el PSOE
cuando se aupó a liderarlo, soporta ahora dentro del Gobierno que preside entre
el sector socialista y el comunista del mismo.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que Pujol Ferrusola pide a la Audiencia cobrar el salario mínimo de
sus cuentas bloqueadas; que EEUU reduce presencia en la base de Morón para
reforzarse en Italia; que funcionarios de prisiones critican a Marlaska tras el
asesinato del pequeño Alex al considerar que el ministro “fomenta que este tipo
de presos salga en libertad”; que fallece Georgie Dann, el rey de la canción
del verano durante bastantes años; que el TC salva a los alcaldes de devolver
miles de millones en plusvalías ilegales; que cientos de personas están en una
especie de limbo jurídico al tener que pagar la hipoteca de una casa perdida
bajo la lava del volcán de la isla de La Palma; que los españoles aumentan en
12.000 millones el dinero que disponen en efectivo; que los mossos buscan al
agresor o agresores de una joven violada salvajemente en Igualada; que la
desigualdad se cronifica en España tras año y medio de covid, mientras la
pandemia impide cerrar las heridas abiertas por la Gran Recesión; que el
“Pollo” Carvjal, ex jefe de Inteligencia venezolana, trata de frenar su
extradición a EEUU revelando la identidad de sus contactos en el CNI y
aportando los mensajes, pues, según él, el CNI le protegió a cambio de informar
sobre Podemos y le facilitaron el NIE; y que el constitucionalismo catalán
intenta rearmarse de nuevo con un manifiesto instando a la unión del
centroderecha contra el secesionismo para lograr un buen resultado electoral
que lleve al relevo en La Moncloa.
Y del exterior, destacar que Macron y
Johnson evitan la ruptura del diálogo en la crisis por la pesca, un conflicto
que amenaza con arrastrar a la UE a un choque comercial con Londres; que
Argelia acusa a Rabat de un bombardeo contra civiles en el Sahara asegurando
que la muerte de tres argelinos “no quedará impune”; que Biden llega al
aniversario de su victoria en caída libre pues apenas alcanza el 43% de
popularidad al perder la imagen de eficacia que tenía, y es que la humillante
salida de EEUU de Afganistán y la vacunación le han lastrado, al extremo de
quedar bastante tocado tras perder los demócratas Virginia en las urnas,
mientras la Reserva Federal inicia la retirada de estímulos en EEUU; y que,
mientras la emisión global de CO2 sube a niveles como los previos a la pandemia,
Guterres, Secretario General de la ONU, dice en la Conferencia contra la crisis
climática en Glasgow que estamos “cavando nuestras tumbas”, instando a los 120
líderes mundiales presentes a actuar urgentemente, pues ya “basta de tratar a
la Naturaleza como un enorme retrete”, una Cumbre del Clima tocada por el
plante de China (Xi Jinping se limita a enviar una nota en la que reitera que
alcanzará la neutralidad climática en 2060) en la que India anuncia que logrará
las emisiones cero en 2070 pero pide más fondos para lograrlo, en la que
Sánchez se compromete a dar 1.350 millones en 2025 para los países pobres, y en
la que, no obstante, 103 países se comprometen a emitir menos metano, promoviendo
EEUU y la UE un pacto, sin China ni Rusia, para frenar el calentamiento global
del Planeta, antes de que sea demasiado tarde.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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