En
pleno creciente malestar social cada vez más evidente en las calles, que se
extiende progresivamente en diversos sectores como el metal, los ganaderos, los
transportistas, los agricultores, e incluso los policías de los distintos
ámbitos territoriales y la guardia civil, al PSOE y Podemos, cogobernantes en
coalición minoritaria, se les ocurre como respuesta a dichas reivindicaciones
mirar al pasado y agitar de nuevo a Franco como estrategia política, en vez de
intentar resolver los problemas de cara al futuro. En efecto, Sánchez, una vez
más, se pliega a ERC y Podemos en su empeño de finiquitar lo que llaman el
“régimen del 78” con lo que el Gobierno que preside abre la puerta a juzgar los
crímenes del franquismo (otros no, como por ejemplo los de ETA) y lo hace
impulsando una enmienda en la actual Ley de Memoria que intenta sortear la Ley
de Amnistía de 1977, aprobada en su día en el Congreso casi por unanimidad
(sólo con dos votos en contra) gracias al consenso de concordia de todos los
españoles, una reconciliación indispensable para afrontar el tránsito de una
dictadura a una democracia, que posibilitara nuestra vigente Constitución de
1978, la primera en España que se hace no de unos españoles contra otros sino
de y para todos los españoles para que sus diversas opciones políticas tengan
cabida en ella frente a las constituciones anteriores que prácticamente
impedían la alternancia política, dando lugar a múltiples alzamientos militares
y golpes de Estado a lo largo del siglo XIX y XX. Así, este pacto entre
PSOE-ERC-Podemos, convirtiendo la Ley de Memoria Democrática en una enmienda
(de dudoso encaje constitucional) a la Ley de Amnistía de 1977, dinamita el
legado de la Transición como primer paso para finiquitar el régimen democrático
que nos ha aportado a los españoles el mayor periodo de paz, libertad y
prosperidad de toda la historia de España. La cesión de Sánchez a la amenaza de
ERC y la presión de Podemos de no sacar adelante la Ley de Memoria si no se
ponía fin a la amnistía de 1977, con el argumento de que los delitos de lesa
humanidad no son “amnistiables”, supone un giro copernicano para el PSOE tradicional,
baluarte hasta ahora con el PP de la defensa de la Transición y de la
Constitución surgida de ella, poniendo con ello punto final al consenso
suscrito entonces entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido
Comunista de España, cuyos herederos ahora prefieren volver al desencuentro
entre los españoles, a la división entre buenos y malos, y, en definitiva, a la
discordia que tantos dolores de cabeza y tragedias nos trajo a lo largo de la
Historia. Ya el comunista y sindicalista Marcelino Camacho dijo en su discurso
de apoyo a la Ley de Amnistía de 1977, que ahora se pretende burlar, que
consideraba que la pieza capital de la política de reconciliación nacional “tenía
que ser la amnistía” y se preguntaba “¿cómo podríamos reconciliarnos los que
nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado
de una vez para siempre?” Y eso fue entendido y apoyado por unanimidad en el
Congreso, ahora cuarenta y cuatro años después, pretenden que los españoles
volvamos a ese pasado, finiquitando la política de reconciliación de la que
hablaba el comunista Camacho. Seguro que esto, propiciado por una minoría, no
aglutinará la unanimidad en el Congreso pues ya ERC rechaza el texto al
considerarlo insuficiente y pide que se anulen todas las sentencias del
franquismo, mientras el PNV pide recuperar símbolos y banderas arrebatadas en
la Guerra Civil y documentación del Archivo de Salamanca; los juristas, por su
parte, creen que la norma es de difícil aplicación y es un “brindis al sol” la posibilidad
de investigar el franquismo. Y con la que está cayendo en pleno hartazgo
social, lo menos adecuado son brindis al sol o estrategias demagógicas para
desviar la atención sobre los graves problemas reales que atraviesan los
españoles.
Entretanto,
el evidente desgaste del sanchismo impide sustituir incluso a los barones, pues
la caída en las encuestas, excepto en las del CIS de Tezanos, y el avance de la
derecha obligan a Ferraz a frenar sus planes de renovación autonómica, mientras
los letrados del Congreso ven irregulares cientos de vetos del Gobierno al
Presupuesto y denuncian dicha irregularidad de vetar cientos de enmiendas,
considerando que supone un uso excesivo del mecanismo que debe evitar que se
dispare el gasto o se hundan los ingresos, en tanto que la inflación y el coste
de la energía hunden las previsiones del Ejecutivo, que finalmente ya asume que
hay una desaceleración en la recuperación. Y por si no fuera poco el hartazgo
de muchos sectores, que ya lo manifiestan en las calles, más de 100.000
policías protestarán por el golpe dado a la Ley de Seguridad, conocida como Ley
mordaza, pue agentes de todos los cueros nacionales, autonómicos y locales se
disponen a asistir a la protesta convocada para el día 27 ya que, según dicen,
“el Gobierno nos deja vendidos en las calles” con la nueva norma que, entre
otras cosas, es el principio del fin de las pelotas de goma….al final, las
limitaciones a las fuerzas de seguridad a la hora de apaciguar las algaradas
callejeras, van a dar alas a los alborotadores que, incluso con menos
limitaciones, ya se enfrentan a la policía sabiendo que hacerlo resulta
bastante barato….en lo sucesivo puede resultarles hasta gratis y demasiado caro
a las fuerzas del orden, que deberán andar con los pies de plomo.
Por
otra parte el asunto de las pensiones trunca dos años de pactos entre Gobierno
y patronal, al decidir el Ejecutivo hacer la reforma con los sindicatos tras
descolgarse la CEOE, mientras Escrivá castiga a las empresas tras su plantón en
las pensiones y carga el 80% de la subida de las cotizaciones sociales sobre
los empresarios tras levantarse éstos del diálogo social, y saca adelante el acuerdo
con la única firma de los sindicatos, mientras acusa a la patronal de no haber
hecho ninguna propuesta antes de romper
la negociación. Escrivá se queda solo con los sindicatos en su plan para
afrontar el “baby boom”, cuando el propio PSOE ya rechazó la hucha para
afrontarlo y el Pacto de Toledo cree que no es el mecanismo “para afrontar los
desequilibrios estructurales del sistema”, avalando la negativa de los
empresarios. Para Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE, “lo de Escrivá es
un parche, hablaremos con Bruselas” pues el déficit de las pensiones se arregla
con empleo, ya que “se recaudarán 2.000 millones cuando se necesitan unos
20.000, no es sostenible”. Por su parte los expertos cuestionan un impuesto a
los trabajadores que penaliza a los más jóvenes, mientras Markus J. Beyrer,
director de la patronal europea, señala que “subir las cotizaciones cuando ya
son altas complica crear empleo”. Y, roto el pacto social por las pensiones, la
UE reclama a la CEOE que pacte la reforma laboral y presiona a los empresarios
españoles para que alancen un acuerdo con el Gobierno y sindicatos que permita
reducir la temporalidad, endémica en nuestro país por la estructura económica
del mismo, basada en el turismo y en el ocio; el Gobierno, no obstante confía en
volver a pactar con la CEOE la reforma, pues está convencido, de que “la UE
aceptará la reforma laboral sin el apoyo de la CEOE” y presiona a la patronal
para que “no ponga piedras en la llegada de los fondos”, mientras Moncloa
confía en que Garamendi dirá que sí por su “buenísima relación” con Yolanda
Díaz, mientras Calviño es clave para lograr la bendición de Bruselas.
En
cuanto a la pandemia se refiere, la incidencia del covid se dispara un 67% y
País Vasco y Navarra entran en riesgo alto, por lo que Urkullu pide al Gobierno
que se pueda exigir la vacunación para algunas actividades, mientras Alemania
se prepara para confinar a los no vacunados como ya ha hecho Austria. El
repunte de los contagios impulsa el pasaporte covid y más CCAA planean sumarse
a la exigencia del certificado de inmunidad para el ocio o el trabajo, pues el
60% de los ingresados en UCI por covid no están vacunados, en tanto que los
sexagenarios y los sanitarios se disponen ya a recibir la tercera dosis de la
vacuna; por cierto, la vacuna anticovid de la española Hipra pasa a la fase II
y 1.075 vacunados con Pfizer recibirán la tercera dosis de este suero. Y
mientras la oposición empuja al Gobierno a dar 9.300 millones para la covid
(toda la oposición, excepto PNV, vota a favor de una enmienda de JxCat para dar
ese dinero y el PSOE trata de vetarla),
unos 661.000 pacientes esperan unos 121 días para una cirugía y casi un 20%
tarda más de seis meses en acceder al quirófano.
Por
otro lado el plan de descentralizar instituciones divide a los barones del PP,
mientras los “peones” de Aznar se revuelven contra Casado tomando partido en
favor de Ayuso frente al líder del PP, partido que convoca una Cumbre en León
para mostrar unidad ante la presidenta madrileña, reuniendo a sus presidentes
provinciales para exhibir la renovación de los congresos con el objetivo de
visualizar la cohesión interna y la nueva etapa con la vista puesta en las
generales, mientras Moreno se resiste a las presiones y no convocará elecciones
anticipadas en Andalucía a pesar del “no” de PSOE y Vox a los Presupuestos de
la Comunidad y de que el Vicepresidente Marín, de Ciudadanos, en una reunión
interna dijera que resulta “estúpido” aprobar los Presupuestos en un año
electoral. Por su parte Podemos quiere que Díaz dé un paso para solucionar el
futuro de la alianza e Iglesias le pide que cierre pronto el papel de los
morados en esa plataforma electoral que Yolanda pretende conformar,
escenificando así Iglesias y Díaz su primera pugna por el poder: el ex líder
presiona con el adelanto electoral y
ella rechaza “especulaciones”.
En
lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que Anticorrupción pide pruebas a
Arabia Saudí de los sobornos del AVE al margen del Emérito y en una
investigación paralela solicita datos financieros sobre las comisiones de la
obra; que España se queda descolocada por la petición de Rabat de un gesto
sobre el Sahara; que Trabajo propone a los agentes sociales limitar a tres
meses el contrato eventual; que la CUP amenaza el Govern en Cataluña y aumenta
la presión sobre el PSC; que la subida del IPC encarece los alquileres una
media de 38 euros mensuales; que la Iglesia española ha pagado dos millones a
173 víctimas de abusos; que la venta de casas se dispara a sus mayores niveles desde
2008; que una mujer y sus dos hijos de corta edad aparecen calcinados en su
vivienda en Almería y la Policía cree que la madre mató a sus hijos y luego
quemó el piso; que Corinna Larsen creó doce sociedades opacas durante su
relación con Juan Carlos, quien en 2012 le donó los 65 millones que ocultaba en
Suiza; que el “federalismo cultural” de Iceta inquieta a los museos, temiendo
que se saquen piezas de las colecciones; que tras dos meses de erupción no se
ha producido ni un solo realojo para los afectados por el volcán de La Palma
pese a los anuncios de las autoridades; que Moncloa blinda a Felipe VI y espera
“gestos” de Zarzuela, pues no se hará una Ley de la Corona y se trabaja en
cambios en las normas de la Casa Real; que el juez investiga dos “tapaderas” de
Caracas para financiar Podemos, reactivando así el Pollo Carvajal con su
declaración la causa sobre la formación morada, por lo que ordena a la Policía
que acredite el pago de 142.000 dólares
a tres de sus fundadores a través de la empresa Viu Comunicación, dinero
procedente de una partida de la petrolera PDVSA para un congreso en Moscú; y
que el Gobierno entierra el mérito y dará títulos académicos con suspensos,
pues los alumnos podrán graduarse sin tenerlo todo aprobado, podrán ir a la
selectividad con una asignatura pendiente y no habrá recuperaciones en la ESO,
mientras la ministra Alegría argumenta que defiende “la motivación, no el
castigo”….no sabíamos que suspender era castigar, creíamos que era comprobar el
resultado de una evaluación para constatar si se cumplían o no los objetivos
curriculares, ni sabíamos que pasar con suspensos era una motivación sino más
bien un aliciente desmotivador para seguir estudiando (la ministra, por lo
visto, lo tiene claro).
Y
del exterior, destacar que Alemania frena un polémico gasoducto controlado por
Rusia; que la derrota del peronismo anticipa un cambio de ciclo en Argentina,
reabriéndose la crisis entre Fernández y Kirchner; que, tras amordazar el
castrismo la marcha por el cambio con un
despliegue policial y militar en que se incluye a las temidas brigadas de
choque del régimen, Yunior García, el líder de las protestas en Cuba y símbolo
de la resistencia anticastrista, se refugia en España; y que la UE amenaza a
las empresas que desplazan a los migrantes a Bielorrusia, mientras miles de
refugiados alcanzan el último control que les separa de Polonia y Bruselas
prepara una nueva tanda de sanciones contra el dictador bielorruso y las
aerolíneas que comercien trasladando inmigrantes a Minsk.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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