El desbocado incremento del
IPC está provocando un preocupante malestar social, casi generalizado, al
extremo de que los costes cada vez son más inasumibles para las empresas y los
distintos sectores económicos, que no pueden sobrevivir con tan desorbitados
costes de producción, y para las familias, que cada vez ven más difícil llegar
a final de mes por los desorbitados precios de la cesta de la compra, un
encarecimiento del precio de los productos básicos que no se corresponde con el
incremento de ingresos, por lo que la pérdida de poder adquisitivo cada vez se
hace más preocupante. A ello cabe añadir el desorbitado precio de la energía y
el caos eléctrico, que, tras cinco meses sin factura, llega a provocar que
muchos autónomos y particulares tengan luego que afrontar de golpe el pago de
hasta 2.000 euros acumulados que, obviamente, no han podido ir reservando por
su precaria situación económica, un asunto, que la CNMV está investigando, del
que las eléctricas culpan al Gobierno por los cambios introducidos para salir
del paso como sea. El Gobierno, que avala también los peajes de acceso a las
ciudades, soliviantando al sector del transporte de mercancías, ya bastante
afectado, como los demás, por los costes inasumibles que tiene que afrontar, se
muestra incapaz de frenar este creciente malestar social generalizado contra
Sánchez, especialmente en el campo, el gran olvidado, pues agricultores y
ganaderos no aguantan más y anuncian que volverán a movilizarse en calles y
carreteras con sus tractores y máquinas agrícolas para reivindicar precios
justos ante la “inasumible” subida de costes, que les arruina definitivamente y
que se ven frustrados tras intentar reunirse con el Ministerio y no obtener
respuesta alguna, por lo que convocan paros y una gran manifestación de cara a
la Navidad, mientras alertan del riesgo de desabastecimiento, pues los tributos
verdes, que lideran las subidas con un 20% en un año, se ceban con ellos y ya
están hartos de seguir trabajando para perder dinero. Entretanto, la “España
vaciada” reta a la política y, animada por la experiencia de “Teruel Existe”,
que pactó con el PSOE tras absorber el voto de Ciudadanos y de la izquierda
descontenta, prepara un conglomerado de plataformas para concurrir a las próximas
elecciones, una plataforma con presencia en 25 provincias que copia el modelo
de Teruel Existe y que atomizará más aun el Congreso de los Diputados, aunque,
de seguir la estrategia de éste grupúsculo político turolense, podrían
convertirse en socios de Sánchez favoreciendo su permanencia en La Moncloa,
junto a las confluencias que conforman el conglomerado UPodemos, cogobernante
con el sanchismo, y la que intenta montar la Vicepresidenta Díaz. De ser así,
al Ejecutivo de Sánchez no le viene nada mal este caótico malestar social pues
lo que electoralmente se pierda por un lado se recupera por otro, y, por tanto
no pasa nada con que, mientras tanto, permanezca el ruido y la confusión,
mientras Bruselas salva “in extremis” el rescate de unas 50 empresas en España
(¡menos mal!) al prorrogar seis meses la regulación de las ayudas por la
pandemia, y por su parte Sánchez Llibre, Presidente de Foment del Treball y
Vicepresidente de CEOE, dice que “Trabajo debe revisar la ideología y rigidez
de sus propuestas”, que “Ayuso no hace dumping fiscal, usa instrumentos de las
CCAA para impulsar la actividad”, que “la mesa bilateral va en la dirección del
entendimiento y la valoramos positivamente” y que “con los fondos pedimos más
transparencia, agilidad y concreción”. En definitiva, menos decisiones demagógicas
cargadas de estigmas ideológicos y más decisiones cargadas de realismo
encaminadas a resolver los problemas reales que sufren los ciudadanos.
Y es que a este malestar generalizado,
que lleva a varios sectores (metal, transportistas, agricultores y ganaderos….)
a una inevitable manifestación y protesta social contra Sánchez, se suma más
malestar todavía por otras leyes y decisiones adoptadas por el Gobierno con marcado
carácter político-demagógico que adoptan por la mínima y sin consensuar ni
siquiera a nivel interno gubernamental entre el sector socialista y el
comunista del mismo, como, por ejemplo, las polémicas leyes de universidades de
Castells, por las que los estudiantes toman las calles; las decisiones de Iceta
para extender su “federalismo cultural” que ante el rechazo mayoritario a su
plan se ha visto obligado a renunciar ahora a dispersar los museos nacionales y
a comprometerse a primar el criterio técnico sobre el político; o la
controvertida Ley de Memoria en que PSOE y Podemos chocan incluso a la hora de
leerla, pues Bolaños descarta juicios penales por los crímenes franquistas y
asume de alguna forma la Ley de Amnistía de 1977 al anunciar que no habrá
“ningún cambio”, mientras Podemos se revuelve y considera que dichos crímenes
son imprescriptibles. Pero la guinda del esperpento se la lleva la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, que sustituye a la anterior Ley, conocida como “Ley
Mordaza” y que pone en alerta a quienes han de ser los encargados de mantener
precisamente la seguridad de los ciudadanos, es decir, a las fuerzas de orden
público a las que pagamos para ello, al extremo de que los sindicatos de la
Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos y locales se han
unido para oponerse a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y han convocado por
primera vez en su historia una protesta conjunta en Madrid, ya que “la reforma
favorece a los violentos y los antisistema”, pareciendo más bien una ley de
inseguridad ciudadana que otra cosa.
Entretanto el Tribunal Constitucional
renueva sus cargos y recibe al cuestionado Arnaldo con una llamada a la
ejemplaridad en el acto de toma de posesión de los nuevos magistrados pactados
entre PSOE y PP, lo que, según algunos, acelera el pacto para el CGPJ, creyendo
el Gobierno que “estamos muy cerca” de que se renueve antes de final de año, lo
que permitiría que la izquierda tenga en 2022 la mayoría tanto en el Consejo
como en el TC. En definitiva, un renovado Tribunal Constitucional, que elige al
conservador González-Treviño como Presidente y al progresista Xiol como
Vicepresidente, y que encarga la ponencia del aborto al citado Arnaldo y al
progresista Sáez la que afecta a la polémica ley sobre la eutanasia.
Por otro lado el juez rastrea pagos de
Venezuela a Podemos hasta 2017, pues investiga la financiación ilegal del
partido a través de una tapadera de PDVSA, la petrolera del régimen chavista, y
la Policía tiene desde 2016 el documento que implica a Bescansa con el dinero
del chavismo. El juez cree que los trabajos de Neurona para Podemos no se
prestaron y dos testigos protegidos sitúan a Monedero en el centro de los pagos
a Podemos. Pero es que, además de esta opaca relación de Podemos y sus
fundadores con el régimen chavista venezolano, la Policía se incauta de la
correspondencia de Raúl Morodo, el embajador de Zapatero en Venezuela, en la
que se dirige a Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta ejecutiva de
Venezuela, que protagonizó un espectáculo en Barajas con el ministro Ábalos,
cesado después por Sánchez con la remodelación del Ejecutivo, como “querida
gacela”, un insólito lenguaje diplomático que pone de relieve el peculiar trato
del embajador español con los jerarcas del chavismo y en la que pedía atención
especial para su hijo, acusado hoy junto
a él de cobrar sobornos multimillonarios, tras mediar, al parecer, con los
chavistas, entre otras cosas, para
adjudicar una central eléctrica a Isolux.
Mientras tanto prosigue la guerra
interna en el PP, principal partido de la oposición al Gobierno de Sánchez.
Génova ve en sus críticos “un golpe en marcha contra Casado” y la dirección
del PP se revuelve contra Ayuso, Álvarez
de Toledo y el ala más liberal del partido por intentar “controlar” al líder
“popular” y advierte “estamos dispuestos a dar la batalla hasta el final”,
mientras la Presidenta de Madrid dice a Moreno en el Congreso del PP de
Andalucía “vuela libre, toma tus decisiones”. Una guerra interna en el PP que
se convierte en un regalo inesperado para Sánchez, mientras crece la
preocupación en el partido por esta estrategia para desestabilizar a Casado,
aireando los chats de la cúpula de Génova una maniobra que cuenta “con ayuda
externa” pues “sale a la luz el pacto Ayuso-Cayetana” que busca debilitar al
presidente nacional y, por ende, sus opciones para llegar a La Moncloa. No
obstante Ayuso niega un “golpe” a Casado y no renuncia al PP de Madrid,
mientras el aviso interno de los barones del PP es que, de seguir así, “vamos
al suicidio, esto no se aguanta” en pleno desconcierto en las filas populares
que creen que lo que sucede perjudica mucho a Casado y, por ende, favorece a
Sánchez.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que el portavoz de los obispos reduce la pederastia a “pequeños
casos”; que Garbiñe Muguruza, tras ganar el WTA FINALS de tenis, dice: “en los
grandes escenarios me vengo arriba fácilmente”; y que los funcionarios podrán
teletrabajar tres días a la semana a partir del próximo año, al anunciar la
ministra de Hacienda y Función Pública que el decreto estará listo a comienzos
d 2022.
Y del exterior, destacar que Yunior
García, líder opositor cubano, dice que “cada cubano tiene su propia manera de
luchar” y añade “la mía es la palabra, escribir”; y que Polonia cava tumbas
para los muertos sin nombre, pues los inmigrantes fallecidos tras cruzar la
frontera con Bielorrusia acaban enterrados sin más en sepulturas anónimas,
mientras Lukashenko, el dictador bielorruso, admite que sus tropas han ayudado
a entrar en la UE a los migrantes pero niega que sea una maniobra orquestada.
Pero la noticia internacional más preocupante es el incremento de contagios
por covid que en una nueva ola pone la alarma en la UE que defiende la eficacia
de la vacuna, al extremo de que Alemania, donde “todo el país es un gran
brote”, se dispone a exigir la inyección a los sanitarios y a imponer
restricciones a quienes no están inmunizados, pidiendo a toda su población
quedarse en casa; Austria, harta de los negacionistas, decide duras
restricciones confinando a toda la población y a obligar a vacunarse, pues o te
vacunas o sanción y confinamiento, pese a las protestas de la oposición y de la
calle por atentar contra las libertades; Portugal impone de nuevo las
mascarillas en bares y pedirá certificados de vacunación; e Italia, con los
casos de covid disparados, estudia seguir estos pasos restrictivos. Por su
parte en España, donde la vacuna se la ha puesto un alto porcentaje de ciudadanos, aunque hay todavía
cuatro millones de no vacunados que se resisten a hacerlo, diciendo algunos que
“nos tratan como a perturbados”, las CCAA se replantean prescindir de personal
sanitario, cuando el país se sumerge en la sexta ola con un aumento de
contagios que, en todo caso, gracias a la masiva vacunación voluntaria de los
españoles, le permite afrontar este rebrote en condiciones óptimas respecto a
la mayoría de sus vecinos, aunque, algunas regiones ya sufren de un preocupante
riesgo alto.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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