REPRESIÓN PENAL

 

                        No lo digo yo, no piensen que me he vuelto loco, lo dice Sumar en su informe o dictamen jurídico sobre la amnistía en el que critica la “represión penal” del “procés” para justificarla como pretende Sánchez, un indecente argumento que utiliza concretamente al proponer en el documento una amnistía desde 2013 para dejar atrás la “política criminal punitiva” con que se respondió al “procés” y además añade que el “conflicto político” entre Cataluña y el Estado (como si Cataluña no fuera parte de ese Estado) se agravó por “una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales”; es en definitiva un plan activado desde el propio Gobierno (no hay que olvidar que Sumar es Gobierno, junto al PSOE) para denigrar nuestro Estado de Derecho que incluye en el perdón gratuito a los pacíficos CDR (entiendan la ironía) y a las indecentes conexiones de Puigdemont con Putin (o viceversa) que aún se están investigando. Dicho en “román paladino” para que lo entienda todo el mundo, el infame informe dice que los buenos fueron los totalitarios secesionistas, que acabaron proclamando ilegalmente la República de Catalunya, y los malos fueron los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, que conforman el Estado Español porque se opusieron a semejante felonía y para abortar la operación su Gobierno de turno envió a la zona del conflicto (no al conflicto entre España y Cataluña, sino al provocado por la flagrante comisión de delitos) a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para restablecer la legalidad vigente, tal como el Gobierno democrático debe hacer en estos casos. Y ante este repugnante y tendencioso informe jurídico de Sumar (no me extraña que luego se aprueben leyes tan deficientes como la del “sólo sí es sí”) la otra parte del actual Ejecutivo, es decir el PSOE de Sánchez, traga y calla ante semejante barbaridad de su socio cuando el mismo Presidente y su partido avalaron entonces las medidas adoptadas, incluido el art. 155 de la Constitución, para finiquitar aquella locura totalitaria, mientras ahora busca asesoramiento incluso entre los miembros progresistas del Tribunal Constitucional (consecuencia lógica de la politización de la Justicia, bien alejada de la objetividad) para intentar encajar constitucionalmente una amnistía a la que se oponía en la campaña electoral por considerarla inconstitucional. Un Sánchez, entregado ahora por meros intereses personales a la causa secesionista, que, a pesar de tanto despropósito interno de su gobierno, traslada a su partido tranquilidad absoluta y le asegura una legislatura de cuatro años a pesar de que según dicen públicamente no tienen un pacto cerrado con el secesionismo, de que tanto PNV como BNG (y todos son imprescindibles para la ajustadísima investidura) dicen distanciarse de un pacto a cuatro años, de que el PSOE evita poner fecha al pleno de investidura (ahora no es una pérdida de tiempo como decía que era cuando Feijóo lo intentaba como ganador de los comicios,) y a pesar de que la UE advierte de que hay “límites” a la amnistía y dice que la vigilará “de cerca”, pide la urgente renovación del CGPJ y el Comisario de Justicia advierte expresamente de las dificultades para borrar la malversación que cometió Puigdemont, mientras tres representantes de la Comisión Europea trasladan su temor a un grave “conflicto abierto” entre el Gobierno español y el Tribunal Supremo de España, que, desautorizado por la amnistía, quedaría al final como el malo de la película en sintonía con lo que dice Sumar. Pero, ya ven, Sánchez misteriosamente tiene claro que saldrá airoso de este patético enredo…..¿por qué lo tiene tan claro si es cierto que nada hay cerrado y que dicen la verdad sus presuntos socios? ¿quién miente en esta misteriosa negociación a varias bandas contradictorias cuando debiera ser pública y trasparente? En fin, lo típico en el oscurantismo sanchista.

            El caso es que el PSOE de Sánchez admite que necesita “más tiempo” para pactar con Puigdemont, ya que el acuerdo, que “parecía cerrado”, se alarga ahora, pues tras constatar en la reunión con Feijóo el esperado alejamiento a cualquier pacto con el PP, sus previsibles socios secesionistas siguen poniéndoselo difícil, mientras los sindicatos, cada vez más dóciles con este Gobierno, avalan esta curiosa política de distensión en Cataluña consistente en ceder al secesionismo todo lo que exija para asegurar la investidura. En efecto, Feijóo en la reunión clama contra la amnistía y reta a Sánchez a ir a elecciones el 14-E para que los españoles decidan con claridad cómo salir de este embrollo y el Presidente le pide respeto y rechaza que se agite la calle, mientras Lobato, desde el PSOE de Madrid manifiesta que “ir a nuevas elecciones no es un drama si no hay mayorías” y el PNV le exige el reconocimiento nacional del País Vasco y anuncia que, en todo caso, vetará las leyes ideológicas de Sumar, a lo que Sánchez, emperrado en seguir siendo Presidente como sea, responde validando como negociador de la investidura al inhabilitado Junqueras llamándole por teléfono para avanzar en la negociación y ERC le deja claro que, al margen de la investidura, descarta un acuerdo de legislatura como busca desesperadamente el PSOE, y que las exigencias para investirlo son amnistía, referéndum y reparar el déficit fiscal de Cataluña, advirtiendo Rufián que “nuestros votos se sudan” y que “no estamos negociando la legislatura”. Y todo esto, cuando la mayoría “progresista” del TC permite escoger a 12 de los 20 vocales del CGPJ con mayoría absoluta en el Congreso, iniciativa que prescindiría del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, y que fue incluida en su último fallo sin que nadie lo plantease ante el estupor entre los vocales que ven “activismo político” en el grupo de Pumpido permitiendo a Sánchez el control del Poder de los Jueces y apuntando a una más factible y benévola constitucionalidad de la pretendida Ley de Amnistía por parte de este TC con mirada más benévola sobre la constitucionalidad de dicha Ley. No en vano Pumpido manifestó en el pasado, siendo Fiscal General del Estado, que “la Justicia no está para favorecer procesos políticos” y añadió “pero tampoco está para obstaculizarlos”, una obviedad sin duda, pero lo más correcto, clarificador y objetivo hubiera sido que dijera que la Justicia está simplemente para garantizar el cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones y de los ciudadanos, sin entrar en favoritismos u obstaculizaciones de nadie al aplicarla…. sin duda, hubiera sido mucho más clarificador sobre lo que piensa el ahora Presidente del TC.

            Y cuando el PSOE de Sánchez se preocupa cada vez más por buscar un pacto de legislatura y no sólo de investidura, consciente de que sólo esto haría su Gobierno cada vez más insoportable, como lo que ya ha sido el actual gobierno que ahora preside en funciones, su socio Sumar, ya ven cómo se las gasta y cómo actúa por su cuenta en el asunto de la amnistía, como si no gobernara, y, al respecto, añade en un asunto de política exterior (como en su día sucedió en el asunto del Sahara, o en la ayuda a Ucrania) nuevo desafío y rompe todos los esquemas al sector mayoritario socialista de tan precario Ejecutivo, en el asunto de la salvaje masacre durante un concierto en Israel por parte del grupo terrorista islámico Hamás, que todo el mundo condena en Occidente, pero los socios gubernamentales de Sánchez evitan condenarlo, cargando las tintas en la reacción contundente a la masacre por parte de Israel. En efecto, mientras Sumar evita condenar a Hamás como grupo terrorista, a pesar de que varias decenas de terroristas armados con rifles de guerra masacraron a los asistentes al festival Supernova que se celebraba cerca de la Franja de Gaza, dejando más de 200 muertos, el PSOE por su parte obvia el derecho de Israel a defenderse, mientras el Ejecutivo israelí ordena el asedio total de Gaza para asfixiar a Hamás desatándose una guerra en Oriente Próximo de consecuencias imprevisibles. Una división (otra más) en el Gobierno de Sánchez, en esta ocasión sobre la condena del grupo terrorista palestino, discrepancia que debilita la posición internacional de España, que no ha participado en la declaración conjunta firmada por EEUU, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, cuyos gobiernos, a pesar de sus distintas ideologías democráticas, no han tenido impedimento en condenar lo condenable a todas luces, mientras el Ejecutivo de coalición español ha sido incapaz de hacerlo por el enfrentamiento entre Sumar y PSOE, perjudicando gravemente la presidencia española de la UE. Es intolerable que este Gobierno sea incapaz de adoptar una posición común, en este caso sobre el terrorismo islamista de Hamás (como hace el resto de gobiernos de Occidente) por el mero hecho de que el socio minoritario del Gobierno español se decanta en cualquiera de los conflictos internacionales contra la posición generalizada en las Democracias occidentales, defendiendo casi siempre la posición de los países del Este o de los regímenes pseudo-democráticos de Iberoamérica con dudosa higiene democrática para el estilo occidental. Evidentemente son dos modelos distintos de entender la convivencia y la política, y por tanto, dos modelos imposibles de compaginar, pero que, como sucede con el secesionismo, una vez pasada la tormenta, todos prefieren seguir con tal de mantener sus poltronas cuando ante semejantes discrepancias lo que procedería es dimisiones o ceses, que jamás se producen, pues un Gobierno ni puede ni debe defender una cosa y la contraria en ningún asunto, cosa muy habitual en nuestro Ejecutivo de coalición.

            Y en medio de este laberinto o sin sentido celebramos el Día de la Fiesta Nacional, que todos los países celebran con orgullo, pero que aquí se mantienen las pegas, las ausencias y las críticas de siempre. Este año, como Sánchez culpa a Feijóo y al PP de los pitidos y abucheos que suele recibir del público asistente, el desfile se traslada a otro itinerario para que sea más difícil evidenciar la protesta, aunque no evitarla. Entretanto, cabe citar que el ministro Albares es obligado a comparecer en el Congreso para aclarar cuál es la posición del Gobierno en el asunto de Oriente Medio tras las declaraciones ambiguas de sus socios; que el Gobierno en funciones tramita ya el indulto a Griñán, pero deberá escuchar al Supremo; que las autonomías del PP actuarán unidas contra la armonización fiscal de Sánchez; que el juez señala a Laporta al haber “indicios más que sobrados” de sus pagos a Negreira; y que el Gobierno desprecia la Historia de España en la Selectividad y asociaciones de historiadores y profesores denuncian que así “los alumnos serán más manipulables”. Y en lo que respecta a asuntos económicos cabe destacar que autónomos y pymes tendrán que subir precios por el alza de los costes y que el FMI augura un crecimiento más lento en España y rebaja su crecimiento en 2024 al 1´7%, augurando que la inflación se irá al 3´9%, mientras las gasolineras estarán en máximos históricos al menos hasta 2025.

            Y del exterior, por si no teníamos suficiente con la Guerra de Ucrania, la desatada en Oriente Próximo prosigue con una crueldad inusitada con amenazas de unos y otros sobre barbaries intolerables. Israel moviliza a 300.000 reservistas y pone cerco a Gaza, mientras advierte: “luchamos contra animales, responderemos en consecuencia” mientras recrudece los bombardeos, a lo que Hamás responde que matarán en público a uno de los 150 rehenes que tienen por cada ataque del ejército israelí sin previo aviso…..y ya sabemos cómo se las gastan unos y otros. De momento Gaza es un infierno; queda sin suministros de electricidad, alimentos y agua…..un verdadero maldito infierno para sus habitantes. Y ante tanto horror acumulado, la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon manifiesta: “lamento mucho que una tragedia tan grande se haya convertido en algo político en España” y añade “que haya manifestaciones de solidaridad con los palestinos está bien, pero no hay ninguna duda de que Hamás es una organización terrorista; punto”….ya ven, algunos sí tienen dudas al respecto.

Fdo. Jorge Cremades Sena