CONGRESO OCUPADO, CONGRESO LIBERADO

            El título del artículo puede ser un buen slogan para animar la totalitaria convocatoria “Ocupa el Congreso”, promovida en Internet y apoyada por Llamazares, quien matiza que debiera denominarse “Libera el Congreso” ya que, como diputado, se siente ocupado desde dentro. Si, como parece, el objetivo es rodear “indefinidamente” la Cámara Baja hasta conseguir “la dimisión del Gobierno en pleno”, “la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado” y “la apertura de un proceso constituyente trasparente y democrático para redactar una nueva Constitución”, en el fondo, se trata de un intento de golpe de Estado, aunque su forma difiera de los realizados anteriormente. Sus objetivos son idénticos: una minoría de ciudadanos – que se sepa, varios miles que lo apoyan desde las redes sociales-, más Llamazares, pretenden disolver el Parlamento y secuestrar la soberanía popular mediante la coacción y la fuerza. Sólo falta que algunos militares se dispongan a secundarlo y proporcionen medios contundentes. ¿Recuerdan la trama civil del esperpéntico 23-F de Tejero? Pues, eso. Menos mal que ahora falta la trama militar, pues la proclama civil está servida.

            ¿De quién pretende liberar Llamazares el Congreso? ¿De los diputados elegidos recientemente, entre ellos, él mismo? ¿De la composición actual del Congreso elegida por los ciudadanos? El señor Llamazares, como legítimo representante de la soberanía popular, debe aclarar estas cuestiones y explicar por qué, como diputado, dentro de la Cámara se siente violento en un “Estado de Excepción y de Estado de Emergencia”. Sólo así la ciudadanía podrá entender su pintoresco discurso político, para evitar que, siendo líder de IU en legislaturas precedentes, su formación política estuviera a punto de quedar fuera del Parlamento al obtener los peores resultados electorales de toda su historia. Pero además, los actuales dirigentes de IU, con quienes la formación ha vuelto a remontar el vuelo hacia sus mejores éxitos en tiempos de Anguita, deben manifestar si avalan o no las declaraciones de Llamazares, al tratarse de un militante cualificado. Deben dejar muy claro si, como dice Llamazares, “estar con los ciudadanos” significa ponerse al lado de los miles que apoyan la ocupación del Congreso por coacción o alinearse con los más de 24 millones que, con sus votos en 2011, decidieron ocuparlo legítimamente a través de sus representantes, incluidos los de IU. Si algunas plataformas vinculadas al 15M, entre ellas “Democracia Real Ya”, se han desvinculado como tal de la esperpéntica convocatoria, lo menos que debe hacer IU, tras las manifestaciones de Llamazares, es aclararle a la ciudadanía su posición política al respecto como grupo político. Es lo mínimo exigible por mera higiene democrática, pues las legítimas movilizaciones sociales en democracia tienen sus límites y dirigirlas hacia el Parlamento para ocuparlo nada tiene que ver con presiones al poder económico o al poder político de un gobierno errado; es un ataque directo al sistema democrático. En esencia, un golpe de estado al margen de quienes sean sus protagonistas. El objetivo esencial de cualquier golpista es acabar con el Parlamento o, en su caso, forzarlo a un funcionamiento restringido.

            En enero de 1874 el general Pavía, republicano progresista, disuelve por la fuerza y sin apenas resistencia el Congreso de los Diputados. Su presidente, Salmerón, en un duro enfrentamiento con Castelar, Presidente de la República, ha obtenido una pírrica victoria en una moción de censura contra el Gobierno de Castelar. Son tiempos difíciles que, como ahora, requieren un esfuerzo común de entendimiento en vez de agrios enfrentamientos, descalificaciones e intransigencias ideológicas. Salmerón interrumpe el escrutinio para elegir a un nuevo Presidente, anunciando que Pavía, quien mantiene buena relación con Castelar, marcha hacia el Congreso y ordena que se desaloje la Cámara de inmediato. Algunos diputados huyen por las ventanas. Castelar sube a la tribuna: “Yo, señores, no puedo hacer otra cosa más que morir aquí el primero con vosotros”. Los escasos diputados que quedan le aplauden y proponen concederle un voto de confianza. Castelar, obviamente, lo rechaza y, cuando aparecen los golpistas, se enfrenta a ellos: “Yo declaro que me quedo aquí y aquí moriré”. Los golpistas le desalojan junto a sus pocos seguidores. Pavía le ofrece seguir en la Presidencia pero Castelar no acepta mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Así moría el primer régimen republicano español tras una corta y turbulenta existencia de once meses con cuatro presidentes. Pavía convoca a los partidos que quiere para formar un gobierno de concentración nacional con el general Serrano a la cabeza. Casi un año después otro general, Martínez Campos, finiquita con un pronunciamiento esta especie de dictadura republicana, dando paso a la restauración monárquica.  

            Salvando todas las distancias, este lamentable episodio histórico, ilustra sobre el correcto proceder de los demócratas ante cualquier agresión al santuario de la democracia, el Parlamento. Minimizarla o justificarla por la condición de sus agresores o cualquier otra circunstancia es, sencillamente, antidemocrático.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ATENTADOS CONTRA LA DEMOCRACIA

            No es la primera vez, ni, desgraciadamente, será la última, que manifiesto públicamente que nuestro Estado de Derecho está más que anémico y abocado a un desenlace muy peligroso. El saqueo de un supermercado andaluz, dirigido por Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado de la Junta de Andalucía, es el último episodio de una serie de hechos ilegales que, protagonizados por cargos públicos con el respaldo de formaciones políticas o sindicales legales, quedan impunes. Si hasta ahora la mayor parte de estos hechos se circunscribían al ámbito del nacionalismo radical y atentaban sólo contra la integridad territorial de España, la crisis económica ha abierto nuevos horizontes a la ilegalidad, cometida por cargos públicos e instituciones, que atentan directamente, como es el caso, contra el conjunto de nuestro sistema político, social y económico. Es decir, contra el sistema democrático que, homologado con el del resto de países de nuestro entorno, garantiza una convivencia en paz y libertad bajo el imperio de la ley democráticamente legitimada. Cualquier mejora del mismo o regeneración para corregir sus carencias, que las tiene, sólo son legítimas si se plantean desde el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Lo contrario sólo conduce al caos.

            Pero, siendo grave e intolerable el espectáculo protagonizado por Gordillo y sus iluminados seguidores, sus posteriores declaraciones, el apoyo prestado por IU, formación a la que pertenece, así como la comprensión y justificación que algunos tertulianos televisivos, generadores de opinión, están prestando a tan ilegal comportamiento, son aberrantes e inadmisibles. Una vez más las ilegalidades de tan pintoresco alcalde, experto en la ocupación de fincas y ahora aficionado a saquear supermercados, emborrona sus aciertos políticos como gestor municipal, que también los tiene. Una vez más queda patente que la impunidad ante actos antidemocráticos es el peor cáncer con metástasis que corroe hasta la muerte las estructuras de un sistema de convivencia pacífica y libre. Si, tanto el alcalde Gordillo, como su sindicato, como IU, forman parte consustancial del sistema político que los españoles nos hemos dado, recogido en nuestra Constitución, no sólo deben someterse a las reglas de juego establecidas, incluso para modificarlo, sino, además, han de ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad vigente, respetando los derechos de las personas, entre ellos el de la propiedad privada. Si, como cargos o instituciones públicas, gozan de aforamiento, legitimidad representativa, sueldos sustanciosos, subvenciones que pagamos todos los españoles y otra serie de privilegios y derechos inherentes a sus cargos, lo mínimo exigible es que, aunque sólo sea por coherencia, respeten los deberes que el sistema les exige, al menos, con la misma intensidad que lo hacemos la inmensa mayoría para no convertirnos en delincuentes. Lo contrario sería como poner zorras en un corral cuidando de las gallinas.

            Los hechos protagonizados por Gordillo en el supermercado y, especialmente, los apoyos de algunos dirigentes de IU, en vez de tomar serias medidas contra los comportamientos de tan insigne militante, suponen un atentado en toda regla contra el Estado de Derecho. Cayo Lara, Valderas, Llamazares y otros tantos responsables de IU, que llevan siglos viviendo de la política en tan nefasto sistema democrático y, como corresponde, disfrutando de los sueldos y privilegios pertinentes, debieran saber que saquear propiedades públicas o privadas es un delito tipificado en el Código Penal y que no condenarlo o minimizarlo es, al menos, un pésimo ejemplo para el ciudadano al que representan. Así lo ha decidido el legislativo con la valiosa participación que las urnas han dado a la formación política a la que ellos pertenecen, siendo corresponsables del mismo en la parte alícuota que los ciudadanos les han asignado. Debieran saber que en democracia el partido que gana las elecciones y conforma una mayoría parlamentaria es quien forma el gobierno legítimo y que, aunque algunos no apoyemos su proyecto, hemos de rechazar a quienes lo tilden de franquista o lo simbolicen con esvásticas, pues quienes así se comportan suelen estar más próximos a regímenes dictatoriales antidemocráticos que los así calificados; que, porque haya cierta tolerancia hacia robos de guante blanco, estafas, corrupción política u otras figuras delictivas, la solución no puede ser responder con conductas similares o buscar justificación a las mismas, ya que incitan a los demás a cometerlas, sino perseguirlas política y judicialmente, comenzando por no cogobernar con partidos que no las erradican de sus propias filas o son permisivos cuando los suyos las practican. ¿Se han preguntado estos personajes por qué en las urnas obtienen tan escasos apoyos? ¿Acaso consideran que el pueblo se equivoca al elegir a sus gobernantes? No importa, acaba de aparecer una noticia que puede interesarles. Un grupo de jóvenes, incluido algún menor, han asaltado otro “super” y lo justifican refiriéndose a lo actuado por Gordillo. Está claro que su forma de hacer política está dando sus frutos, aunque la mayoría no lo entienda.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

JUGANDO CON FUEGO

            El devastador incendio de la crisis económica está convirtiendo en cenizas no sólo nuestro estado del bienestar –ya convertido en malestar para millones de españoles- sino también nuestro sistema democrático. Entretanto, los dirigentes de las distintas instituciones del Estado, ebrios de sus propios egoísmos, son incapaces de esforzarse en coger la manguera y, jugando con fuego, prefieren quemarse entre los escombros del edificio que les alberga. Cuando más se necesita un amplio consenso por el que tirios y troyanos, dejando sus intereses particulares, unifiquen sus esfuerzos para reforzar los cimientos del ruinoso edificio, unos y otros se empecinan en atrincherarse en sus respectivas habitaciones como si la extinción del fuego nada tuviese que ver con ninguno de ellos. Se está jugando con fuego desde hace demasiado tiempo y ahora, reavivado por los vientos de la crisis, se pone en evidencia el dicho popular de que quien juega con fuego al final acaba quemándose.

            Se está jugando con fuego por hacer recaer los mayores sacrificios de la crisis en los trabajadores, autónomos y funcionarios –productores de bienes y servicios- manteniendo intactas las viciadas estructuras institucionales y el decadente modelo productivo que la ha provocado; por prostituir los procesos electorales dando un giro copernicano a los proyectos mayoritariamente votados; por gobernar enérgicamente sólo para los más débiles y negligentemente para los más poderosos; por buscar la alternancia política sólo para, como actor o acusador, tirarse los trastos a la cabeza por idénticos comportamientos viciados en vez de buscar un acuerdo para erradicarlos definitivamente; por desacatar los preceptos constitucionales desde las instituciones mientras las de instancia jerárquicamente superior hacen dejación de sus funciones permitiéndolo; por actuar la administración como coladero laboral de clientelismos políticos o familiares del gobernante de turno al margen de los preceptivos requisitos de mérito y capacidad; por eternizar un entramado institucional mastodóntico que se ha convertido en una losa burocrática insostenible en vez de un motor para resolver los problemas de los ciudadanos. En definitiva, se está jugando con fuego cuando gobernar en democracia supone un progresivo empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y una sustancial mejoría de la de unos pocos, provocando una mayor distancia entre pobreza y riqueza en vez de reducirla. Es, entre otras muchas cuestiones lamentables, lo que está sucediendo en nuestro país desde hace demasiado tiempo.

            Así las cosas, no sorprende que, tras el paro y los problemas económicos, la clase política sea la tercera preocupación de los españoles, desatando en la opinión pública un rechazo progresivo hacia los políticos y, por ende, hacia las propias instituciones donde trabajan, que se perciben como entes creados para satisfacer sus egoístas intereses y no para servir a la ciudadanía. Así las cosas, lo que sorprende es que, abierto el debate, los dirigentes políticos, al margen de sus colores, no entiendan que conjuntamente han de acometer un proceso regeneracionista, para evitar que proliferen los “salvapatrias” de turno, quienes, aprovechando la situación, actúan como verdaderos pirómanos, pretendiendo convertir en cenizas los cimientos de nuestro sistema de convivencia. Para evitarlo, no basta con proclamar que no todos los políticos son iguales y que, en un estado democrático, son imprescindibles; los demócratas bien lo sabemos. Hay que añadir mecanismos eficaces para expulsar “ipso facto” del sistema a quienes, siendo más iguales que otros, no sólo son prescindibles sino nefastos, pues “haberlos haylos” y demasiados. Hay que ajustar la estructura territorial del Estado a las necesidades reales de la ciudadanía, obligando a sus instituciones a un cumplimiento estricto de la legalidad vigente y a una estricta actuación en el ámbito de competencias que cada una tenga encomendado.

            El último espectáculo protagonizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. El gobierno español, ante la rebelde actitud de algunas CCAA a cumplir su proyecto de calendario de lucha contra el déficit, que, adecuado o no, es de su competencia y de su responsabilidad, recuerda que el art. 155 de la Constitución le permite tomar medidas para obligarlas a cumplirlo; la oposición le acusa de dar un “golpe constitucional” tratando de intervenir a las CCAA. Clamoroso error de ambos. El gobierno no tiene que recordar el citado artículo, lo que debe hacer es, si llega el caso, aplicarlo; la oposición, si no está de acuerdo, criticar la medida y aportar otra mejor, pero jamás tildar al gobierno de golpismo porque aplique un precepto constitucional. Los errores gubernamentales son fácilmente subsanables en las urnas, pero los errores democráticos tienen muy difícil solución. Se está jugando con fuego si en un Estado de Derecho los gobernantes amenazan con aplicar el imperio de la ley pero no lo aplican o lo hacen de forma arbitraria; más aún si son tachados de golpistas por aplicarlo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ASÍ NO, SEÑOR MONTORO

            El nuevo paquete de medidas anunciado por Rajoy en su comparecencia en el Congreso, que, entre ingresos y reducción de gastos, supone un ajuste de 65.000 millones de euros en los dos próximos años y medio, es un nuevo mazazo a los ya depauperados bolsillos de la mayoría de los españoles. Especialmente para empleados públicos, funcionarios y parados que, además de pagar más caros los productos por la subida del IVA como el resto, ven, una vez más, reducidos sus salarios o mermadas sus prestaciones por desempleo. En total trece nuevos ajustes o recortes –fatídico número para los supersticiosos- para contener el déficit público impuesto por Bruselas, entre los que la estrella es, sin duda, la subida del IVA que afecta a toda la población; que, como impuesto indirecto, es más lesivo para los más pobres; y que, en plena recesión económica, puede tener efectos perversos sobre el consumo malogrando incluso el objetivo recaudatorio que origina su aplicación.

            Sin cuestionar la necesidad de reducir el déficit –así lo aconseja el sentido común y además lo impone Bruselas-, si es cuestionable el cómo hacerlo. Este gobierno, frente al anterior, que se encargó de dispararlo, pretende reducirlo a lo bestia y a costa de los trabajadores, es decir, del pueblo que le aupó al poder tras creer sus promesas de hacerlo de forma totalmente distinta. Menos mal que entre los hachazos, para disimular, intercala algún pequeño pellizco a quienes, en todo caso, debieran apechugar con la mayor parte del coste. Entretanto la situación sigue empeorando hasta extremos casi insostenibles. Cierto que siete meses son pocos para solucionar el caos heredado, pero suficientes para vislumbrar el cambio de rumbo y, como no se ve, el pueblo ya duda si era mejor la farsa de Zapatero o la tragicomedia de Rajoy. En cualquiera de los dos escenarios sigue siendo la víctima. ¿No hay otra forma de hacer las cosas para evitarlo? Muchos, entre los que me incluyo, piensan que sí. Incluso nos cuadran las cifras, al extremo de que todo este paquete de medidas sería evitable simplemente erradicando el descomunal fraude fiscal que, impunemente, existe en nuestro país, tal como reconoce el ministro Montoro al afirmar, para justificar la subida del IVA, que “si todo el mundo lo pagara ahora no tendría que subirlo”. Obviamente Montoro sabe que, según estudios fiables, ya que ni siquiera hay un estudio oficial, el fraude fiscal en España duplica la media del existente en la UE y se calcula en más de 70.000 millones de euros anuales.

            Pero Montoro, en un alarde de incompetencia e irresponsabilidad, prefiere castigar a quienes pagan el IVA, incrementándolo para recaudar 7.500 millones de euros, en vez de recaudarlo con un plan de choque contra el fraude fiscal, que con un éxito mínimo (un 10% anual, 7.000 millones) satisfaría dicha necesidad recaudatoria. Si además lo hiciera contra el fraude acumulado en los cuatro años precedentes a la prescripción del delito (unos 280.000 millones) y lo aplicara contra otras figuras delictivas, como la evasión de capitales o la economía sumergida, no sólo sería innecesario este paquete de recortes para reducir el déficit, sino muchos de los ya aplicados con anterioridad. ¿Qué sucedería si el objetivo de éxito del inexistente plan fuese del 50% para ajustar el fraude al de la media europea? La respuesta es fácil, calcúlela señor Montoro. Sin embargo este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar a otra parte en tan escabroso asunto. ¿Por qué será? Además, por si la subida del IVA no fuese suficiente castigo para las personas honradas, Montoro, tras premiar a los defraudadores con una amnistía fiscal, dice que la existencia de estos sinvergüenzas premiados es la causa del castigo de los demás, incitando a la ciudadanía implícitamente a pasarse al bando de los defraudadores. En definitiva, el mundo al revés: castigo a los buenos y premio a los malos. Olvida el señor Montoro que entre las obligaciones del Gobierno está la de hacer cumplir las leyes, entre ellas las tributarias, y no es buen camino endurecerlas para quienes las cumplen si, previamente, no se persigue a los incumplidores; peor, si encima apela a esta negligencia para justificar el endurecimiento de las mismas. El pueblo español viene dando suficientes muestras de comprensión de las dificultades en que sus gobernantes impresentables lo han metido y, cargado de paciencia, está soportando lo insoportable, pero está harto de que los chorizos campen a sus anchas sin que los gobernantes hagan absolutamente nada para evitarlo. Sólo falta que, para colmo, le acusen de ser culpable de la situación. Reducir el fraude fiscal sólo requiere voluntad política y Montoro sabe cómo hacerlo; si, como los anteriores ministros, elude sus responsabilidades al respecto, al menos que sus declaraciones no inciten a incrementarlo. Así no, señor Montoro. Así, no vamos a ninguna parte.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

GAMBERRADAS Y DELITOS

            Un turista muerto y un camionero herido de consideración cuando circulaban en sus respectivos vehículos. Ante la cantidad de accidentes de circulación que se dan en nuestras carreteras, tales sucesos ni se considerarían como noticia extraordinaria, pues, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ellos al aparecer en los medios de comunicación casi a diario. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un accidente más, ni de la enésima colisión provocada por la imprudencia de uno de los conductores, ni de otro fatal y casuístico encuentro de dos vehículos en alguno de los puntos negros que todavía existen en nuestras carreteras. Es más, ni siquiera se trata de un accidente de circulación en que el turista y el camionero hayan estado implicados, sino de dos hechos lamentables, acaecidos en días distintos, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho peores. Ambos provocados por la irracional forma de diversión de sendos grupos de adolescentes que, a falta de algo mejor que hacer, deciden pasar el tiempo tirando piedras a los vehículos que pasan por las autovías desde un paso elevado. Conductas de menores que, desgraciadamente, ni son aisladas ni puntuales, aunque, afortunadamente, no siempre desencadenen tan trágico desenlace. Para algunos, simples gamberradas de jóvenes; en realidad, faltas graves o delitos de los que alguien debe hacerse responsable y pagar por ello. Pero, si otras conductas delictivas más graves –asesinatos, violaciones-, protagonizadas por menores, han activado todas las alarmas sociales, dejando un sabor amargo en la sociedad por las sombras de impunidad que muchos entienden que la Ley del Menor concede a sus autores, poco se puede esperar de éstas y otras parecidas achacables a la imprudencia y no a la intencionalidad de delinquir.

            Ni es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última, que escribo sobre la violencia protagonizada por menores. Mi contacto con ellos por razones profesionales me permite afirmar que, ante la comisión de la mayoría de los actos monstruosos que algunos protagonizan, hay una serie de precedentes violentos cotidianos que, desgraciadamente, nuestra legislación olvida, convirtiendo la Ley del Menor en un lamentable ejercicio de hipocresía social. Nada que objetar a su finalidad de regular la responsabilidad penal de los menores como sujetos susceptibles de una especial protección por razones de edad. Pero todas las objeciones a la carencia de medidas preventivas para evitar que los menores se conviertan en delincuentes habituales y, considerándose impunes, sigan progresando en su escalada delictiva a sabiendas de que, si llega el caso, su responsabilidad penal queda atenuada de forma tan considerable. Si ni la familia, ni la escuela, ni el entorno ha sido capaz de hacer entender a demasiados adolescentes que, entre otras conductas similares, apedrear a los coches puede acarrear consecuencias tan graves es obvio que la sociedad está fracasando estrepitosamente y por tanto es la responsable directa de semejantes fechorías. Y también su víctima.

            Si somos incapaces de entender que, salvo excepciones que confirman la regla, las conductas delictivas de los adolescentes están precedidas de una niñez permisiva y descontrolada, difícilmente resolveremos la preocupante violencia juvenil que genera tanta alarma social. Lamentablemente así es. Muchos niños, sin que nadie lo remedie, se desarrollan en un ambiente permisivo, sin ningún referente de autoridad y respeto, haciendo lo que les viene en gana. Pronto perciben que ni sus padres, ni sus maestros, ni cualquier otra autoridad tienen herramientas suficientes para reconducir su forma errada de proceder. Son intocables frente a quienes tienen su tutela y la responsabilidad de educarlos, quienes, desarmados e impotentes, prefieren sufrir el maltrato progresivo por parte de ellos ante el temor de que cualquier medida correctora les sitúe en el lado de los maltratadores. “¿Qué puedo hacer con mi hijo?” es la pregunta recurrente. La respuesta más apropiada, “nada, hágale entender que tiene que comportarse mejor”. Cualquier castigo o medida represiva es susceptible de considerarse como maltrato físico o sicológico. La consecuencia inmediata es el incremento de un maltrato en el ámbito familiar de los hijos hacia sus padres. El niño toma las riendas de su propio destino, amparado en una libertad que a su edad no le corresponde. Es lo políticamente correcto.  Pero además, es paradójico que, junto a este hipócrita proteccionismo frente a padres que quieren educar a sus hijos, se abandone y desproteja a otros muchos niños que padecen un absoluto abandono por parte de sus progenitores a quienes no se exige que cumplan su responsabilidad de educarlos. En tan desesperanzador contexto sólo cabe esperar que los menores rebasen socialmente los límites de lo razonablemente soportable y conviertan sus gamberradas en indiscutibles delitos. Entonces sí funciona la última trinchera de la hipocresía con la aplicación de la vulgarmente conocida Ley del Menor, que debiera llamarse Ley de protección de menores delincuentes. Proteger a los menores es otra cosa bien distinta. 

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

MI ÚLTIMO CURSO ESCOLAR

            Como todos los años por estas fechas asistimos a la finalización de un nuevo curso escolar, pero éste tiene para mí un significado especial, es mi último curso escolar. El tiempo va pasando y, casi sin darme cuenta, me llega la hora de la jubilación. Con casi cuarenta años de servicios, aunque algunos de ellos excedente para dedicarlos a la política, estoy satisfecho de haber dedicado mi vida profesional a dos de las tareas más apasionantes por su incidencia en el futuro de nuestra sociedad que, obviamente, ha cambiado mucho. Pero también estoy frustrado por la progresiva devaluación social que maestros y políticos han sufrido progresivamente. Es obvio que algo hemos hecho mal y lo seguimos haciendo, pues estamos a la cola en resultados escolares y los políticos están cada vez más desprestigiados según todas las encuestas. Desde mi experiencia personal en ambos terrenos he manifestado públicamente mi opinión al respecto en varias decenas de artículos, colgados en mi blog o publicados en algunos medios, que, escritos ante algún hecho puntual destacable, en definitiva, no eran la excepción, sino la evidencia de lo que cotidianamente sucede. Bien lo sabemos quienes trabajamos en esto. Está claro que las dos tareas que han ocupado gran parte de mi vida son manifiestamente mejorables y asumo la parte alícuota que me corresponda.

            Como todos los años, tras las evaluaciones finales de curso, hemos constatado el alto índice de fracaso escolar, que intentamos amortiguar siendo benevolentes con aquellos alumnos que, sin conseguir los objetivos mínimos, al menos han mostrado cierto interés y están cerca de lograrlos. Hemos identificado las causas crónicas del fracaso (absentismo, desmotivación, desarraigo familiar, ausencia de medidas disciplinarias…), mayoritariamente inimputables al trabajo en el centro educativo, para comprobar su identidad con las de cursos precedentes. Como todos los años, aunque en éste yo quede liberado para siempre, mis compañeros intentarán preparar el nuevo curso con sus mejores intenciones, apostando por nuevos agrupamientos, nuevas medidas de atención educativa y de acción tutorial, nueva distribución de aulas, nuevos materiales y técnicas educativas… y otros tantos asuntos que, como siempre, tendrán una incidencia mínima en el resultado del siguiente curso, generando una nueva frustración, pues, siendo importantes dichas medidas, lo que falla es el propio sistema educativo, teóricamente aceptable pero prácticamente inviable, al menos, en su tramo obligatorio, especialmente en la secundaria. Si el Estado es incapaz de garantizar la asistencia regular a clase de los alumnos, el alto índice de absentismo así lo demuestra, hablar de obligatoriedad del sistema es una broma de mal gusto. Si es incapaz de garantizar la implicación de las familias, responsables directas de la educación de sus hijos ¿qué sucede con aquellas que no quieren o no pueden hacerlo? Absolutamente nada. Tienen su puesto escolar reservado para no ocuparlo o hacerlo cuando y como les venga en gana, generando una distorsión en el proceso educativo que conduce a la mediocridad inevitablemente.

            En este caótico laberinto de derechos teóricos sin recíprocas obligaciones los centros educativos se convierten en guarderías de niños y adolescentes, vigilados por profesores que, despojados de autoridad para imponer medidas disciplinarias, a duras penas mantienen las mínimas pautas de convivencia que le permitan desarrollar su verdadero trabajo educativo con aquellos alumnos, cada vez menos, que, en ambiente tan hostil, se esfuerzan para educarse. Raras avis que no merecen que los recursos, siempre escasos, se destinen mayoritariamente a quienes entorpecen su trabajo de aprendizaje condenándoles a un fracaso sistemático. Lo lógico sería hacer todo lo contrario. El Estado debe garantizar el derecho a la educación de todos, para que nadie quede excluido por razones socioeconómicas, habilitando los recursos necesarios. Pero, si además pretende convertirlo en una obligación universal, debe incluir medidas eficaces para imponérselo a quienes no quieran ejercer tal derecho o pasen de él. Es hipócrita obligar a que todos los menores se matriculen y concluir que con dicho trámite ya se están educando, convirtiendo la obligatoriedad en una pantomima, pues, en la práctica, una vez matriculados, el Estado carece de instrumentos para obligar a los padres a una implicación permanente en la educación de sus hijos. Los centros quedan como compartimentos estancos que reproducen la realidad social, cuando debieran ser correctores de las conductas perniciosas que se dan en ella con el objetivo de mejorarla en el futuro. Quienes tenemos la experiencia docente de sólo tiza y pizarra con las aulas a reventar de alumnos, cuando la educación ni siquiera era obligatoria pero sí un valor en alza, sabemos que sin esfuerzo, ni disciplina, ni autoridad, es imposible obtener resultados globales satisfactorios, pues, lamentablemente, no todos somos buenos y benéficos. Despojados los docentes de medios para imponer dichos valores, no se les exige un trabajo, sino un milagro. Es en lo que estamos. Bueno, yo, ya no, pero como si lo estuviera. Aunque sea imposible, vale la pena intentarlo.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

FALACIA INDEPENDENTISTA

En los muros de un cortijo situado a orillas de la carretera Albacete-Manzanares se puede leer en letras bien grandes y en ambas direcciones “El Bonillo es una nación”. Cuando la vi por vez primera, hace ya tiempo, lo consideré una chanza que alguien gastaba al citado pueblo manchego vaya usted a saber por qué. Pero los argumentos de algunos políticos independentistas, especialmente catalanes y vascos, para justificar su reivindicación, avalan la posibilidad de que en El Bonillo, como en cualquier otro lugar, se pueda consolidar una opción nacionalista con finalidad independentista. Si, olvidando el proceso histórico de construcción del estado español y la legislación internacional, tan ilustres politólogos afirman que el futuro de Cataluña o de Euskadi será el que decidan catalanes y vascos, no es de recibo negar idéntico derecho a los pobladores de El Bonillo. Al fin y al cabo sólo se trata de consolidar una falacia, tergiversando los hechos históricos y sacándolos de contexto, para eludir las responsabilidades propias si el resultado es adverso y crear un futurible desde entonces que te convierta en víctima de todos los males presentes y futuros. Seguro que El Bonillo tiene más posibilidades que Cataluña o el País Vasco de eludir sus responsabilidades en el proceso histórico de construcción del actual Estado Español, pues, obviamente, son infinitamente menores. Sólo es cuestión pues de ponerse manos a la obra. Además, si en España hace unos años había sólo dos falacias independentistas y ahora hay diecisiete, la que pueda consolidar El Bonillo no debe ser motivo de preocupación especial.

            Lo preocupante es que quienes han sido protagonistas históricos, junto al resto de españoles, del proceso histórico de construcción de España como actual modelo de estado, la consideren ahora no sólo ajena sino también perniciosa para sus intereses territoriales. Que además lo hagan quienes jamás tuvieron status jurídico independiente, pues siempre fueron territorios subordinados a algún reino histórico desde el Medievo, es inadmisible. Que, siendo parte de España, se autoexcluyan, se autoproclamen la esencia del progresismo, insulten y se mofen de los símbolos del estado y se declaren en rebeldía ante la legalidad vigente es intolerable. Y que, además, nieguen cualquier crítica a sus paranoicos planteamientos, tachando de fascistas a los españoles que se atrevan, ya no a mofarse sino sólo a poner en cuestión su simbología independentista, es esquizofrénico. Que el estado español tolere todo esto, caso único entre los estados modernos, no tiene calificativo. Lo extraño es que no arraigue el independentismo en territorios con justificación histórica como estados independientes y arraigue en  Cataluña o el País Vasco que jamás lo fueron.

 Salvo que nos remontemos a los pueblos prerromanos, la génesis de elementos políticos diferenciadores hay que buscarla en el complejo proceso histórico medieval de la reconquista. La Hispania Romana o Visigoda poco ofrece al respecto. Con el proceso de expulsión de los musulmanes sí van apareciendo diversos entes territoriales diferenciados. Curiosamente, tanto Cataluña como Euskadi, al igual que Aragón o Navarra, lo hacen como la Marca Hispánica, ¡quién lo diría!, subordinados al Reino Franco –posterior Imperio Carolingio- en su frontera sur, a diferencia de Asturias que se constituye en Reino de forma autónoma. Y, curiosamente, mientras con el avance reconquistador van surgiendo diversos reinos (Navarra, León, Aragón, Castilla, Galicia, Portugal) ni vascos ni catalanes hacen lo propio y permanecen como territorios subordinados, en el caso vasco a Navarra y definitivamente a Castilla, en el caso catalán a Francia. El Señorío de Vizcaya pasa a ser un título más del Rey de Castilla y se integra definitivamente en la Corona de Castilla; el Condado de Barcelona, por vía matrimonial, conforma la Corona de Aragón para evitar la unión castellano-aragonesa y se convierte en un título más del rey de Aragón. La posterior unión dinástica de la Corona de Castilla y Aragón, decidida libremente por los Reyes Católicos, integra ambos territorios como parte del Reino de España, sin que jamás hayan gozado de status jurídico independiente de primer orden, aunque manteniendo determinados fueros o privilegios concedidos por sus titulares. La Guerra de Sucesión, con los vascos en el bando vencedor y los catalanes en el perdedor, no justifica el independentismo, menos aún en el actual estado autonómico. Catalanes y vascos, como el resto de españoles, son corresponsables directos de lo que hoy es España, incluido el periodo franquista en el que, por más que pretendan camuflarlo, muchos catalanes y vascos no sólo colaboraron con el dictador y su régimen, sino que, al igual que otros españoles, figuraron de forma destacada como precursores de dicha ideología, propagandistas de la misma y gestores de su aparato administrativo e institucional; incluida la elaboración de nuestra Constitución que no contempla, obviamente, planteamientos independentistas. El futuro de España será lo que decidan los españoles, incluidos vascos y catalanes; también los de El Bonillo.

Fdo. Jorge Cremades Sena

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

            Cuando probablemente tarde, aunque más vale tarde que nunca, se asume y se evidencia que España no puede salir por sí misma del abismo en que sus irresponsables gobernantes la han metido, necesitando un préstamo de hasta 100.000 millones de euros sólo para sanear el sistema financiero, la respuesta de nuestros dirigentes políticos, su gran preocupación, es hacer un debate semántico que defina con precisión si se trata de un rescate, ayuda, línea de crédito o vaya usted a saber qué, así como precisar si lo ha impuesto la UE al gobierno o viceversa. Nada sorprendente, pues, desde hace tiempo, nos confunden con sus precisiones lingüísticas, al extremo de que aún no sabemos si lo que vienen practicando en los presupuestos, tanto el gobierno anterior como éste, son ajustes, recortes o reformas, pues semánticamente dicha terminología depende de la posición política (gobierno-oposición) del usuario y no de las relaciones entre significado y significante. Y mientras tan interesante debate enriquece nuestro léxico y el bolsillo de algunos, se van empobreciendo los bolsillos de la mayoría en proporción directa al deterioro de nuestra economía. Una vez más los intereses generales quedan supeditados al interés político-partidista, consustancial a la partitocracia vigente.

La realidad es que España es el cuarto país intervenido de la eurozona. Asunto que se intuía desde que Zapatero, negando la crisis, claudicara en 2010 a su programa populista, inaugurando la política de recortes sociales, y que se confirmó cuando Rajoy expuso y asumió la cruda realidad económica nada más ganar las elecciones, lo que, de entrada, era positivo ya que la posible solución del problema pasa inevitablemente por reconocer que el problema existe. Obviamente, algún tipo de intervención era cuestión de tiempo, pues un país en caída libre, campeón del paro, empobrecido progresivamente y en plena recesión económica es incapaz “per se” de aguantar “in aeternum” las presiones especulativo-financieras internacionales en una economía globalizada y exageradamente competitiva. Bien dice el común que “a perro flaco todo son pulgas”. Y la intervención ha llegado finalmente. Es baladí lamentarse ahora de lo que pudo haber sido y no fue. Pero, siendo cierto que algunos países adoptaron medidas preventivas en tiempo y forma para afrontar la crisis internacional que se avecinaba, siendo cierto que nosotros, entre otros, hicimos justo lo contrario, lo prioritario ahora es analizar con realismo el presente para afrontar un futuro difícil de la mejor forma posible. Aunque también es cierto que la caótica situación que padecemos no surge por generación espontánea y, por tanto, tiene responsables con nombre y apellidos, quienes han de ser identificados para que asuman sus culpas, tanto civiles como penales, y las paguen, como el pueblo está pagando con creces las consecuencias de las gestiones irresponsables o delictivas de quienes consideraban que la deuda pública es de todos pero el dinero público de nadie. Sólo así cobrará sentido el sacrificio popular.

Por todo ello, es inadecuado un debate baladí entre gobierno y oposición con finalidad propagandística, cuando lo adecuado, urgente y necesario es un consenso para evitar el deterioro progresivo del euro, asunto que pasa, entre otras cuestiones, por detener la caída libre de la economía española, que no se consigue con eufemismos, exabruptos o debates estériles, sino con la búsqueda de soluciones, asumidas por todos, que optimicen al máximo los escasos recursos. Ya perdimos demasiado tiempo y ahora no podemos permitirnos el lujo de demorar ni un segundo más el cambio de rumbo. Todos sabemos que nadie da nada gratis y, por tanto, al margen del nombre que se le quiera dar, la intervención supone esfuerzos añadidos, pero, al tratarse de una intervención parcial, es una oportunidad aprovechable, si se gestiona bien, para evitar un rescate global de la economía como ha sucedido en Grecia, Irlanda o Portugal. De momento, cuando aún se está negociando las condiciones del préstamo, nadie se fía de nosotros, sigue subiendo la prima de riesgo y nuestra deuda soberana se sitúa en los límites de los bonos-basura. ¿Hay otra fórmula para conseguir financiación? Está claro que no es momento de elucubraciones mentales, sino de propuestas urgentes consensuadas que hagan creíble nuestra voluntad y nuestra capacidad para poner orden y seriedad en la gestión pública presente, así como de exigir las pertinentes responsabilidades a quienes lo hicieron desordenada y frívolamente en el pasado. Es la única forma de hacer creíble nuestro futuro tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Pero el espectáculo que gobierno y oposición están protagonizando al respecto favorece precisamente todo lo contrario, sin entender que la realidad es muy tozuda y que, antes o después, se verán obligados a rectificar. El riesgo es que, si lo hacen demasiado tarde, será inevitable el rescate global, cuando ahora aún pueden evitarlo; aunque sea tarde, vale la pena intentarlo, pues “más vale tarde que nunca”.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

INÚTILES O CHORIZOS

            Crece la sospecha ciudadana de que la mayoría de gobernantes, dirigentes políticos y gestores públicos son una banda de inútiles, si los juzgan benévolamente, o una banda de chorizos, si son malévolos al juzgarlos. O ambas cosas a la vez, que es aún peor. En consecuencia, las encuestas sitúan a la clase política española como uno de los principales problemas. En los últimos años, sus pronósticos, cálculos y balances, especialmente en temas económicos, son errores gigantescos, por no calificarlos como mentiras descomunales, sólo explicables desde la incompetencia o la mentira, que suele utilizarse para ocultar intereses espurios. Así nuestro sistema financiero, en la Champions League según Zapatero, ni nos permite jugar un campeonato local, pues, según Rajoy necesita, sólo para el agujero de Bankia, 4.000 millones de euros, que aumenta día a día hasta 23.500 millones; del 6% de déficit público en 2011 de Zapatero, se pasa al 8% de Rajoy, que eleva un mes después al 8´51% y deja en el 8´9% tras descubrir desfases de comunidades gobernadas por su partido. ¿Son inútiles o mienten?  Ambos supuestos les inhabilitarían como gobernantes. Pero ni a ellos, ni a los gestores bajo su control, se les exige responsabilidad civil o penal por arruinar con tan irresponsable gestión a la mayoría de ciudadanos mientras unos pocos se hacen multimillonarios con la ruina de todos.

            De la interminable lista de ejemplos de incapacidad o choriceo en diferentes facetas de la gestión pública merece matrícula de honor la del sistema financiero y especialmente la de las Cajas de Ahorro en su mayoría. Los datos conocidos –y los que nunca se conocerán- evidencian que las Cajas de Ahorro son el paradigma de una gestión financiera al servicio de intereses políticos del rey taifa de turno –los hay de casi todos los colores- en colaboración con las principales organizaciones políticas, sociales y sindicales de su territorio, que participan en los Consejos de Administración a través de representantes, nombrados sin criterios técnicos, de la parte alícuota de privilegios crediticios, sueldos escandalosos, indemnizaciones millonarias y jubilaciones de lujo que tan dignos gestores deciden autoadjudicarse por la alta responsabilidad que su trabajo lleva implícita. Sin embargo, descubierto el agujero negro por sus manifiestas irresponsabilidades, ninguno devuelve lo percibido indebidamente, sino que reclama incluso lo que aún le queda por percibir aunque sea escandaloso e indecente. Saben que el sistema les otorga impunidad y que, en el peor caso, sólo puede causarles algún daño personal colateral, pues, si entre todos la mataron y ella sola se murió, a nadie le interesa llegar hasta las últimas consecuencias. Siempre habrá alguna razón de estado, algún argumento de interés general, alguna conveniencia de prudencia o cualquier otra virtud para que cualquier investigación quede entre las penumbras. Y, en todo caso, siempre se encontrará algún recoveco legal de forma o de fondo como prescripción de delitos, inaplicación retroactiva u otra figura jurídica para que las cosas queden como están y se consoliden los hechos consumados.  

Ya ven, como en otros tantos casos, la ceremonia de la confusión acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados sólo para el asunto Bankia (¿Comisión de investigación? ¿Subcomisión a puerta cerrada? ¿Comparecientes? ¿Y…?). Entretanto, la fiscalía del Estado permanece en silencio. Los españoles, a pagar los 23.500 millones de euros para sanear Bankia y para que algunos de sus gestores disfruten de por vida de las decenas y cientos de millones que tan honradamente han ganado por los servicios prestados. Otros, de otras Cajas ya intervenidas, así lo vienen haciendo. La UE no se fía y nos impone auditar nuestras finanzas ante la manifiesta ineficacia de nuestras autoridades supervisoras, instando a Rajoy a que siga vaciando los bolsillos de los españoles. El desempleo crece y crece hasta límites insostenibles. En paralelo, la pobreza y la indigencia. La prima de riesgo obliga a financiarnos con intereses de lujo. La fuga de capitales aumenta de forma alarmante en paralelo al fraude fiscal. Siguen las duplicidades administrativas, los sueldos escandalosos de sus gestores, los ejércitos de asesores, las embajadas y las televisiones autonómicas al servicio del político de turno, etc. etc. Los agujeros negros de nuestras finanzas son más misteriosos que los galácticos. Y, a pesar todo, se nos pide calma y confianza. Se nos exige prudencia. Y más sacrificios. Lo contrario no es políticamente correcto; te convierte en antipatriota por crear una alarma que genera desconfianza. ¿Acaso hay motivos para dudar de la capacidad o la honradez de nuestros gobernantes? ¿Acaso no hay alternativa en la oposición? No, si al final va a resultar que nos quejamos por puro capricho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y RECORTES

            Que la calidad de la enseñanza en España deja mucho que desear es obvio. Basta leer los informes internacionales, los indicadores de calidad europeos o cualquier otro estudio al respecto para comprobarlo. Estamos a la cola o en puestos muy bajos en el ranking de resultados entre los países de la OCDE y la UE. Sin embargo, reducir el problema a una mera cuestión económica es simplificarlo a niveles de irresponsabilidad. La España democrática viene haciendo un progresivo esfuerzo en este terreno sin haber obtenido, desgraciadamente, los objetivos esperados. Es necesario pues, reflexionar sobre las últimas reivindicaciones, basadas en el binomio “recortes, no; calidad, sí”, que todos apoyamos como slogan, pero sabiendo que cuanto más azúcar se ponga el pastel es más dulce, pero no necesariamente mejor. Hay estudios internacionales e informes que demuestran que, conseguido el nivel mínimo imprescindible de gasto, la incidencia de su incremento sobre la calidad es mínima, ya que países con un gran gasto por alumno obtienen peores resultados que otros con un gasto muy inferior. Por ello, como todos los países europeos, incluido el nuestro, superan ese mínimo exigible, hay que saber con datos objetivos oficiales la situación en que estamos para atribuir o no a factores estrictamente económicos la baja calidad educativa con conocimiento de causa.

Sin pretender ser exhaustivo (el espacio no lo permite), datos del Ministerio de Educación (Instituto de Evaluación) y los informes PISA, constatan que, tanto en Primaria como en Secundaria, España gasta más que la media de los países de la OCDE y la UE en gasto medio por alumno, tanto en términos absolutos como relativos respecto al PIB, pues con un crecimiento del gasto medio anual similar a la media de estos países desde 1995 España ha tenido una menor tasa de matriculación por su mayor regresión de natalidad. Asimismo, respecto a la media de la OCDE y la UE, España imparte más horas totales de clases obligatorias en menos días lectivos; tiene menor ratio profesor-alumno en los centros públicos, que no en los privados, y menos alumnos por clase; y destina más proporción del gasto corriente educativo al pago del profesorado. Sin embargo, las mismas fuentes nos colocan, entre otras variables negativas, como campeones o cerca de serlo en abandono y fracaso escolar (con la agravante de que sigue aumentando, mientras los demás lo están reduciendo), en alumnos que no continúan estudios postobligatorios, en repetidores y en absentismo escolar. Son datos objetivos, sin ningún tipo de valoración subjetiva, que, al menos, requieren hacer una mínima reflexión sobre la contradicción que manifiestan.

            Si estamos por encima de la media de la OCDE y la UE en inversión por alumno ¿cómo es posible que estemos muy por debajo de la media en resultados positivos? Es obvio pues que una mayor inversión no garantiza “per se” más calidad, por lo que habrá que reivindicar, en todo caso, no sólo gastar más sino también gastar mejor para que, quienes conozcan los datos objetivos de la situación, lo asuman como creíble. Si la calidad actual es pésima, a las pruebas me remito, ¿por qué se habla de atentados contra una calidad que no existe? Es más honesto aclarar ante la opinión pública que, en todo caso, se reivindica una calidad educativa digna de un Estado de Bienestar que no tenemos. En definitiva, si realmente se pretende abrir un gran debate, necesario y urgente desde hace tiempo, pero sin demagogia por parte de nadie por razones políticas, para mejorar de verdad la situación sin utilizar la educación como arma arrojadiza, de las mismas fuentes citadas se deduce que hay que revisar el sistema educativo en su conjunto. Bien lo sabemos quienes, como docentes, lo sufrimos a diario en nuestro centro de trabajo. En otros países, incluso con menor gasto por alumno, funcionan algunas medidas, que no requieren incrementar el gasto, entre ellas, mayor autonomía de los centros, menores injerencias políticas, mayor disciplina, evaluaciones externas de resultados, remuneración docente asociada al rendimiento y no sólo a la antigüedad, mayor exigencia de responsabilidades familiares y sociales… Por supuesto, todo ello integrado en un único sistema educativo común para toda España, que contemple las peculiaridades territoriales, y no en diecisiete sistemas diferentes.

Un sistema educativo que, en la práctica, deja la decisión de su propia educación a los alumnos que por edad no les corresponde; que se basa en la uniformidad, sin incentivar el esfuerzo y sí la mediocridad; que pone en el mismo plano de igualdad a profesores y alumnos, resquebrajando la autoridad y el respeto al docente ante alumnos y padres; que dificulta medidas disciplinarias para corregir las conductas indeseables; que carece de fórmulas eficaces para exigir a los padres que hagan cumplir a sus hijos las mínimas actitudes que exige el proceso educativo, comenzando por la asistencia a clase, tareas, etc.; que incentiva derechos a alumnos y padres sin exigirles deberes; que es permisivo con los incumplidores de las normas y restrictivo con los que han de hacerlas cumplir..., un sistema educativo con tales ingredientes aboca a un fracaso inevitable por muchos euros que se pongan para financiarlo. Cambiarlo, no requiere más gasto, sino voluntad política. ¿La tienen quienes, al margen de ideologías, matriculan a sus hijos en la privada, aunque algunos de ellos se pongan al frente de las pancartas? En una de ellas a la entrada de mi instituto se dice “Sin educación es más fácil la manipulación”. ¡Cuánta razón tiene! A la vista está.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena