GRACIAS, CHORIZOS

                        Como era de esperar, el resultado obtenido por la amnistía fiscal, promovida por el Gobierno, ha resultado un rotundo fracaso. De los 2.500 millones de recaudación que había previsto (una minucia ante el mastodóntico fraude existente) para reducir el déficit, sólo se han recaudado 1.200 millones de euros, tal como ha anunciado Cristóbal Montoro, coincidiendo con dos asuntos que, para algunos analistas, suponen algo más que una mera coincidencia. Me refiero a la detención del expresidente de la CEOE Díaz-Ferrán en el marco de la “operación Crucero” y a la decisión “in extremis” del Ejecutivo de no actualizar las pensiones por el desvío de la inflación. Cabe especular, aunque el gobierno lo niegue, que el primer asunto se utilice para desviar la atención ante el fracaso recaudatorio y el segundo para compensar los 1.300 millones que no se han recaudado. Es lo de menos. Al fin y al cabo ya sabemos quienes hemos de pagar el pato para reducir el déficit. Entretanto, junto a los viejos y conocidos casos de corrupción, que duermen el sueño de los justos en los tribunales, afloran otros nuevos, para no variar, como la “operación Emperador” de las mafias chinas (en libertad a causa de un despiste judicial), el “caso Mercurio” en el Ayuntamiento de Sabadell o los casos Mas y Pujol de supuestas cuentas en paraísos fiscales. Un elenco de casos sonados de corrupción que, junto a otra serie interminable de menor entidad, hacen de España uno de los países más corruptos, un verdadero paraíso para los delincuentes. Este fiasco de la amnistía fiscal (no sólo por su fracaso recaudatorio, sino también por otros muchos aspectos) ratifica todos y cada uno de los argumentos expuestos en su contra en mi artículo “Insulto a la ciudadanía” (publicado en el blog “Ojo crítico” el pasado 16 de abril), cuyo título, a tenor de los argumentos del ministro Montoro para defender la medida, queda elevado ahora a la categoría de afrenta intolerable.

            En efecto, mientras el fiscal general del Estado considera “imprescindible” aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción por el “evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera”, reclamando una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado; mientras considera “desolador” el excesivo tiempo invertido en investigación y enjuiciamiento de delitos, cuyas dilaciones provocan sentencias tardías e ineficaces o prescripciones inaceptables de los delitos investigados; mientras los propios técnicos de Hacienda consideran un fracaso recaudatorio ante el volumen de lo defraudado, que evalúan en una pérdida de ingresos de 148.000 millones entre 2008-10; mientras todo el mundo considera la amnistía un estrepitoso fracaso, Montoro manifiesta que “ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como vive España” ya que “permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público”. Sólo le ha faltado agradecer la generosidad de los chorizos que se han acogido a la amnistía y han aflorado 12.000 millones de dinero negro y cuentas en el extranjero a cambio de no ser sancionados y tributar al 10%, provocando un claro agravio comparativo frente a empresas y contribuyentes honrados que, en el mejor de los casos, duplican o triplican dicho gravamen. Además, el ministro incluso niega la existencia de una amnistía fiscal y califica la operación como “una regulación de bases” positiva ya que, en ejercicios siguientes, generará ingresos tributarios continuados, pues se trata de un importante volumen de activos y bienes que durante años han permanecido ocultos y al aflorar pasan a tributar con normalidad en el futuro. ¡Faltaría más!. Sólo le ha faltado hacer una súplica u ofertar más ventajas a la inmensa mayoría de chorizos que, siendo titulares de dichos activos y bienes ocultos, han decidido rechazar la generosa oferta de convertirse en ciudadanos honrados por tan módico precio.

            Cuando hasta el fiscal general del Estado considera que el alto nivel de corrupción atenta directamente contra el sistema democrático y las encuestas dicen que siete de cada diez españoles están en desacuerdo con el funcionamiento del mismo, es muy grave que el ministro de Hacienda valore positivamente esta chapuza insolidaria, injusta y antidemocrática. La erradicación o, al menos, la reducción de la corrupción, en cualquiera de sus modalidades, sólo es posible con un endurecimiento de las penas, asociadas a la devolución de lo malversado o defraudado, y con una mayor agilidad en la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos. Es lo que Montoro debiera haber anunciado. Lo contrario es favorecer un marco de impunidad para los chorizos y de indefensión para los honrados, quienes han de soportar estoicamente las consecuencias sociales, políticas y económicas que, directa o indirectamente, provocan sus fechorías. Es el marco que, lamentablemente, hemos creado en España y, en tales circunstancias, sólo nos falta ya, siguiendo las pautas del ministro, dirigirnos a quienes se han acogido a la amnistía para decirles: Gracias, chorizos, por la generosidad que demostráis al aflorar voluntariamente parte del dinero que nos habéis robado. Gracias por diferenciaros de la mayoría de chorizos que no lo han hecho.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

YA NADA SERÁ IGUAL

            Al margen del resultado electoral en Cataluña que, tras el giro secesionista de CiU, pone de manifiesto la crisis de Estado que padecemos; al margen del varapalo que ha recibido Artur Mas; y, al margen del desenlace final de su aventura independentista que, tras su fiebre sentimental y utópica, requiere, en todo caso, grandes dosis de racionalidad y realismo por parte de todos, se abre un nuevo escenario, espero que democrático, en el que ya nada será igual en España, políticamente hablando. Si el nacionalismo fue el cáncer que destruyó Europa en el pasado, es obligado evitar que su metástasis destruya España en el presente y la mejor receta, sin lugar a dudas, es la democracia, antídoto perfecto frente al virus totalitario que genéticamente acompaña a cualquier nacionalismo. Pero la democracia no se garantiza porque un pueblo, en este caso el español, decidiera en su momento dotarse de un marco jurídico democrático; requiere además que las distintas instituciones y autoridades que lo conforman sean leales con la legalidad establecida, cumpliéndola y haciéndola cumplir de forma permanente. Es lo que, lamentablemente, ha fallado en nuestro país, especialmente en lo referente al desarrollo del título VIII de la Constitución. Sólo así se entiende que el anti-españolismo, después de tres décadas de democracia, supere hoy en determinados territorios al existente en la Transición y que, incluso, germinen brotes verdes del mismo en territorios donde no existía. Por tanto, es positivo que Artur Mas haya liquidado de un plumazo el tradicional nacionalismo catalán, quitándose la careta que ocultaba sus verdaderas intenciones independentistas, que superan incluso el planteamiento de sus mentores como Prat de la Riba o Francesc Macía, quien, como primer presidente de la Generalitat, proclamó unilateralmente la “República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica” o su sucesor, Lluis Companys, al proclamar “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. El órdago sin precedentes de Artur Mas requiere que, de una vez por todas, se acometa con todas las consecuencias, la reforma del caótico Estado Autonómico pues, a las pruebas me remito, nada puede ya, ni debe, seguir siendo igual, salvo que el objetivo sea la autodestrucción del Estado Español.

            Sin embargo, esta crisis de Estado, consecuencia de su propia negligencia, no se superará con un simple maquillaje para buscar acomodo ventajoso de Cataluña dentro del mismo; otros territorios exigirían idéntica reivindicación insolidaria haciendo inviable la existencia del propio Estado. Tampoco, haciendo oídos sordos al fracasado órdago masista para que salga indemne del berenjenal en que se ha y nos ha metido. Superar la crisis de este acéfalo y, s su vez, pluricefálico Estado Autonómico pseudofederalista, parecido a una hidra con diecisiete cabezas que pugnan por devorarse unas a otras, requiere de una segunda Transición, un nuevo pacto entre todos los españoles. Si el primero sirvió para salir de la dictadura nacionalista española, el segundo debe sacarnos de la devaluada democracia a causa de los nacionalismos periféricos, enfrentados, con más o menos éxito, hasta la saciedad de forma desleal contra el Estado del que forman parte, gracias a las ventajas que éste les otorga, incluso en la legislación electoral, y a la permisividad, cuando no complicidad, con sus actos antidemocráticos. Un pacto que, ante la inviabilidad de un estado unitario y la inoperancia de mantener el genuino estado autonómico tal cual, pasa, según algunos analistas, por crear un estado federal que evite procesos independentistas anacrónicos e inasumibles no sólo en España sino también en los demás estados que conforman la UE. Pero no hay que olvidar que el primer requisito del federalismo, normalmente entre entidades políticas soberanas, que no es el caso, requiere dejación de soberanía por parte de los estados federados a favor del Estado Federal resultante, mientras que aquí se pretende precisamente lo contrario. La cuestión es que la Historia de cada cual es la que es, por más que se quiera enmascarar.

            En cualquier caso, lo primero a tener en cuenta es que el problema de fondo no es el modelo de estado, sino la voluntad política por parte de todos de actuar con lealtad democrática, sometiéndose a sus reglas de juego y desautorizando a quien actúe al margen de las mismas. Así lo supusieron los constituyentes al diseñar el Título VIII de la Constitución para transformar el estado español, tradicionalmente unitario y centralista, en estado descentralizado de corte federalista, aún siendo “rara avis” en el proceder histórico de los estados existentes. Y no ha fallado el modelo, lo ha invalidado quienes, desde el inicio, lo han dinamitado sin ningún tipo de cortapisas incentivando y desarrollando políticas centrífugas e insolidarias, que esencialmente son impensables en cualquier tipo de estado y especialmente si es federal. Con estos planteamientos, hablar de federalismo o de cualquier otro modelo estatal es una gigantesca pantomima. Un estado democrático no es viable si apoya e incentiva políticas liberticidas que pretenden destruirlo con métodos ilegales, extorsionando las libertades que dicho estado garantiza. Es, sencillamente, una contradicción inasumible. Por tanto, lo primero que toca ahora es garantizar explícitamente que cualquier decisión tendente a superar la crisis de Estado se ajustará estrictamente a la legalidad vigente, es decir, la legalidad constitucional, que es la única legítima y democrática, desenmascarando y desautorizando a quienes apelan a una supuesta “legitimidad democrática” al margen de la anterior. La mejor forma de fortalecer la democracia es exigir que, en cada momento, cada palo aguante su vela. Las últimas declaraciones de Durán i Lleida en el sentido de mantener la reivindicación del famoso referéndum desde la legalidad es un buen inicio. Esperemos que tras ellas no existan nuevas caretas que ocultan la realidad. La liquidación del pseudonacionalismo constitucionalista de CiU para transformarse en independentismo, al menos, aclara a sus votantes y al resto de ciudadanos a lo que realmente estamos jugando. Es una opción tan legítima como cualquier otra, siempre que se desarrolle dentro de los cauces legales. Lo anterior era sustancialmente peor y más confuso. Por ello ya nada puede, ni debe, seguir siendo como hasta ahora.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

MAS, A MENOS

            Se mire como se mire el resultado electoral en Cataluña supone un rotundo fracaso para CiU, ganador de las elecciones, y un batacazo personal para Artur Mas que, por honestidad democrática, debiera presentar su dimisión. Un batacazo de tal magnitud que eclipsa el fracaso del PSC-PSOE -el otro partido que junto a CiU y SI pierde escaños- y el éxito del resto de partidos que, en mayor o menor medida, consiguen aumentarlos. El populista proyecto de Mas para liderar el independentismo ha ido a menos de forma estrepitosa, provocando innecesariamente una inestabilidad de gobierno en Cataluña sustancialmente mayor que la existente cuando decidió disolver el Parlament. No le bastaba el veredicto popular de hace dos años que le permitía gobernar Cataluña con su proyecto nacionalista desde una mayoría parlamentaria de 62 escaños –a 6 de la mayoría absoluta- y solicitaba ahora una “mayoría excepcional” para gobernarla con su nuevo proyecto independentista. Quería que el pueblo hablara de nuevo, pero no de su gestión, sino del nuevo maná prometido. El pueblo ha hablado y le acaba de decir que la mayoría excepcional que solicitaba se queda en 50 escaños –a 18 de la mayoría absoluta- ya que para independentismos genuinos ERC tiene la patente desde hace tiempo y por ello le otorga la mayor subida en número de escaños, 21 frente a los 10 anteriores, que la convierte en la segunda fuerza política, relegando al PSC al tercer lugar con 20 escaños frente a los 28 anteriores. Si a ello añadimos la desaparición de los cuatro escaños de SI y la irrupción con tres escaños de CUP como nueva opción independentista, la ligera subida del PP (19 escaños, frente a 18) y de ICV (13, frente a 10), junto a la espectacular subida de C´s (9, frente a 3), resulta un Parlament con 74 escaños independentistas, frente a los 76 anteriores que sumaba CiU, ERC y SI.

            Mas va a menos porque ha sometido a los catalanes y al resto de españoles a un enfrentamiento innecesario que, además, cuesta dinero, desconcierta a los votantes tradicionales de CiU, anima a los independentistas de Esquerra, inquieta al resto de países de la UE y añade nuevos problemas que dificultan las soluciones a la crisis que sufre Cataluña y el resto de España, menoscabando la credibilidad del gobierno ante sus interlocutores            internacionales. Los catalanes no han caído en su hábil estrategia de tapar su desastrosa gestión de la crisis con una apuesta hacia la nada que, en el mejor de los casos, sólo genera incertidumbres en un lejano horizonte y un caos en el horizonte próximo. Ni sus patrañas de ofertar una Cataluña más rica que ni siquiera saldría de la UE, ni su osadía de culpar al resto de españoles de un expolio inexistente, ni sus promesas de inmolarse personalmente tras encauzar el camino del paraíso, han logrado hacer caer en la trampa a un pueblo que, una vez más, demuestra más sentido de la responsabilidad que el que tienen sus gobernantes.

            Mas va a menos porque, despreciando un escenario político viable para resolver los problemas de Cataluña, los catalanes le devuelven un escenario más complejo para que no sólo demuestre sus cualidades mesiánicas sino también las de gobernante. Cierto que sin CiU no hay alternativa de gobierno para la legislatura que comienza, pero cierto también que sólo CiU no puede liderar ni el futuro gobierno ni el proceso del nuevo proyecto. Se ha convertido en reo de su propia irresponsabilidad. Cualquiera de las alianzas posibles –ERC, PSC o PP-, que matemáticamente le garantizan una mayoría suficiente para gobernar, le supone costes políticos imprevisibles, tanto si prioriza el objetivo de la gobernabilidad de Cataluña o el de su mágico proceso independentista. Para el primer caso necesita al PP que, en buena lógica y por decencia política, exigiría como mínimo una renuncia expresa al proyecto independentista. Para el segundo, a ERC que, por coherencia, exigiría un calendario para convocar el referéndum ilegal y, entretanto, la renuncia expresa a las políticas de gobierno de CiU. Para ambos casos, al PSC que, por su indefinición e incoherencia, igual vale para un roto que para un descosido como viene demostrando en los últimos tiempos. Habrá que estar atentos a las piruetas de Mas para salir del atolladero en que se ha metido y ha metido a CiU.

De momento en su tardía y dramática comparecencia en televisión tras el resultado de las urnas, emplaza a todos a la responsabilidad para que se hagan corresponsables de su irresponsabilidad. Que Mas vaya a menos, no quiere decir que haya perdido su habilidad para la puesta en escena a la hora de vender humo. Sabe perfectamente que en política es todo posible. Sobre todo, si los que tiene enfrente son más ingenuos e irresponsables que él. Es el último cartucho para recuperar a un Mas venido a más.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

BOCHORNOSO ESPECTÁCULO

            Como era de esperar las elecciones catalanas están ofreciendo un bochornoso espectáculo dentro y fuera de España. No se podía esperar otra cosa de unas elecciones innecesarias, convocadas a mitad de legislatura, con el objetivo de plantear como problema, a resolver por vía de urgencia, un asunto, el independentismo, que, entre todos los que tiene Cataluña sin resolver, es, en todo caso, el que más puede esperar y el de más compleja e incierta solución. Ante un paro insostenible, una calificación económica de bono basura, una deuda descomunal, una incapacidad para afrontar el gasto corriente y otras tantas variables igual de desalentadoras, es bochornoso que el gobierno catalán nacionalista de derechas, presidido por Artur Mas, sin motivo aparente, salvo su incapacidad para afrontar esta situación crítica, someta a los catalanes a tamaña irresponsabilidad. Es bochornoso que el caprichoso proyecto populista de Mas se anteponga a los problemas reales de los ciudadanos, al extremo de hacerlos desaparecer del debate político electoral y presentar de forma virtual una Cataluña libre de la crisis que padece España y el resto de Europa, para que nadie les diga a los electores qué va a pasar el día después de las elecciones, cuando esta Cataluña virtual se convierta de nuevo en la Cataluña real, probablemente –según las encuestas- con el mismo gobierno nacionalista de derechas, ahora independentista, que les sometía al derroche identitario y a la penuria económico-social.

            Es bochornoso que, con la que está cayendo, la innegable inteligencia política de Artur Mas para cambiar el terreno del debate electoral, convirtiendo la campaña en un plebiscito independentista para beneficio personal, haya sido capaz de incapacitar a los demás partidos políticos para desenmascararle ante la sociedad catalana. Le ha bastado liquidar el nacionalismo de CiU, transmutándola al independentismo frívolamente, para que, ni los partidos independentistas de toda la vida ni los constitucionalistas, ahogados en internas luchas personales y en incoherencias ideológicas, sean capaces de protagonizar unos comicios, por primera vez sin nacionalistas con los que tan cómodos se sentían unos y otros en elecciones precedentes. Todos, en mayor o menor medida, son reos ahora del coqueteo con el nacionalismo egoísta cuando les ha convenido. La difuminación progresiva de las clásicas variables ideológicas, izquierda-derecha y constitucionalismo-independentismo, pone ahora en evidencia que quienes juegan con fuego, al final, suelen quemarse. Desaparecido el falso nacionalismo-constitucionalista de la escena política, todo su legado anti-españolista –acumulado durante años con la colaboración de casi todos los demás- inclina la balanza a favor de un callejón de difícil salida democrática. Es el destino final de un itinerario que comienza con el trueque de los gobiernos centrales -tanto del PSOE como del PP- con CiU para garantizarse la mayoría parlamentaria cuando lo han necesitado, que se consolida con el funesto gobierno catalán tripartito entre PSC-PSOE, ERC e ICV y que culmina con el apoyo del PP al último gobierno de Artur Mas. En todo este tiempo, la permisividad, cuando no la colaboración, con declaraciones y actuaciones inconstitucionales, que culminan con el último Estatuto de Autonomía, han propiciado este ambiente de rechazo a lo español y de adhesión a lo catalán, con la paradoja de que cualquier crítica a actuaciones antidemocráticas del gobierno catalán te convierte en un asqueroso españolista dictador enemigo de Cataluña, mientras que cualquier elogio a dichas actuaciones totalitarias te convierten en un defensor de la catalanidad y paladín de la democracia.

            Ahora de poco vale que desde la UE, desde el gobierno popular de Rajoy o desde la oposición socialista de Rubalcaba se diga que el proyecto de Mas no encaja en las estructuras democráticas y lleva a Cataluña, en el mejor de los casos, al aislamiento. Si García-Margallo mantiene que supondría “un golpe de Estado en términos jurídicos”, Mas se inventa el fenómeno político de “un golpe de Estado democrático”, si se le impide llevarlo adelante. Si se publican supuestas corrupciones de CiU o del mismísimo Mas, responde que es un ataque a Cataluña. Si Marcelino Iglesias manifiesta los horrores del hipernacionalismo en el pasado, Mas ni siquiera necesita contestarle, sus compañeros del PSC ya se encargan de que matice sus palabras. Cualquier crítica, cualquier acusación sobre su forma de proceder se convierte en un acoso a Cataluña, cuyos gobernantes sí pueden insultar al resto de España y sus instituciones sin que ello suponga ataque alguno. Todo juega a favor de esa nueva Cataluña, una, grande y libre, que, pase lo que pase, ha creado Mas, con la ayuda de todos, a su imagen y semejanza. Una Cataluña en la que a Mas, al igual que a Luis XIV de Francia, bien se le podría atribuir la famosa frase “El Estado soy yo”, aunque, lo cierto es que el “Rey Sol”, poco antes de morir, dijo “Me marcho, pero el Estado siempre permanecerá”. Esperemos que el señor Mas, al que deseo una larga vida, no tarde tanto tiempo en reconocer que los estados están por encima de las personas. Y los catalanes, también.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

NI TRIBUNALES, NI CONSTITUCIONES

¿Qué pensarían ustedes si un gobernante, les dice públicamente que ni los tribunales, ni las constituciones pararán su proyecto político? ¿Qué, si además añade que dicho proyecto va mucho más allá de cualquier formación política y de cualquier persona? ¿Qué, si finaliza diciendo que su partido político es el instrumento a favor del mismo? Sin poner nombre ni rostro al personaje, seguramente pensarían que se trata de un visionario, que, en posesión de la verdad absoluta y por encima de la justicia y la ley, está dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir su mesiánico fin, justificado por los infinitos beneficios que aportará a sus gobernados. Pero ¿qué harían si semejantes argumentos totalitarios los esgrimiera en campaña electoral alegando que un proyecto de tal magnitud sólo se puede encabezar con un fuerte liderazgo y para ello necesita votos prestados que le otorguen una mayoría excepcional? Aun conociendo su mágico proyecto, aun coincidiendo con él, seguramente tendrían muy claro, como mínimo, a quien no deben votar. Teniendo en cuenta que el mismísimo Hitler fue más cauto a la hora de anunciar su apocalíptico proyecto y sus métodos para implantarlo antes de ganar las elecciones de 1934 e instalado ya en el poder como canciller, sería imposible que cualquier demócrata confiara en alguien que previamente le anuncia que la justicia y la legalidad han de subordinarse a una causa que está por encima de las personas, las ideologías –salvo la suya- y los partidos políticos.

Pero, si además de todo lo anterior, que podría ser fruto de un mal momento, analizaran su trayectoria política, en la que desde su ideología liberal-nacionalista, hubiese obtenido un gobierno autonómico venciendo en buena lid democrática por mayoría simple en unas elecciones ajustadas a la legalidad constitucional y con un proyecto acorde a la misma, pero, desde entonces, gobernase desacatando la legalidad que le ampara en los asuntos que le interesa, haciendo caso omiso de las sentencias judiciales competentes, considerando ajeno y hostil al Estado del que forma parte su territorio y culpándolo de su mala situación para ocultar su desastrosa gestión, probablemente, su desconfianza se tornaría en preocupación bien fundamentada. Si además se hubiese atrevido a exigir al gobierno central del Estado un tratamiento fiscal insolidario más favorable que para el resto de territorios que lo conforman sabiendo que está fuera de la legalidad vigente, y, ante la obviedad de no conseguirlo, hubiese osado advertir al presidente del gobierno que se atenga a las consecuencias, para, acto seguido, disolver el legislativo autonómico a mitad de mandato, convocar nuevas elecciones y presentarse como líder del proyecto independentista de otros partidos minoritarios rivales, derrotados por él en los últimos comicios, para conseguir parte de sus votos que, sumados al voto nacionalista sin opción electoral propia por primera vez, le otorguen esa mayoría excepcional para poder implantarlo al margen de las leyes y de los tribunales…¿qué conclusión sacarían?

Pues bien, es lo declarado y actuado, hasta la fecha, por Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de CiU, federación de nacionalistas liberales y democristianos catalanes, protagonista junto al resto de partidos de ámbito estatal en la configuración actual del Estado Español, que además ha gobernado Cataluña en casi todo el periodo democrático y ha sostenido gobiernos estatales, tanto socialistas como populares, cuando éstos no han obtenido mayorías absolutas en las Cortes Generales. Innegable pues la alta responsabilidad de CiU en la actual estructura gubernamental de la España democrática, así como en su gobernabilidad. Pero Mas descubre ahora que “entre Cataluña y España se ha producido un sentimiento de fatiga mutua” así como que “la España del norte se ha cansado de la España del sur, y la Europa del norte también se ha cansado de la Europa del sur” y, animando a que los catalanes asuman tan sólidos argumentos, decide liderar un proyecto trascendental consistente en independizar un territorio, que voluntariamente forma parte de España desde hace cinco siglos y jamás fue independiente a lo largo de toda su historia anterior, justo cuando goza de una autonomía política, administrativa y cultural, que incluso muchos estados federales quisieran para sí mismos. En su delirio de converso no tiene reparo alguno en derramar demagogia a raudales para desfigurar el pasado de Cataluña, evadir sus propias responsabilidades en su situación presente y diseñar su futuro como un paraíso prometido. España y Europa, no sabemos si toda o sólo la del norte o la del sur, modificarán su legalidad democrática para albergar este nuevo estado que, situado al norte de España y al sur de Europa, podrá incluso decidir su orientación geográfica según le convenga para que ni quepa la posibilidad de que finalmente sea toda España, incluida Cataluña, y toda Europa quienes acaben cansándose del señor Mas. Si esa Europa del norte se ha cansado de la del sur, menos de Cataluña, ¿por qué iba a cansarse de ella cuando sea independiente? Entonces, ya sería norte. Ya ven, es así de sencillo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

SIEMPRE CON RETRASO

            Un buen gobernante, un buen político, debe resolver no sólo los problemas de la ciudadanía, sino también prever los que, según los indicios, puedan sobrevenir en el futuro, adoptando todas las medidas preventivas a su alcance para que, en caso de no poder evitarlos, sus efectos causen el menor daño posible. En España sucede todo lo contrario. Nuestros gobernantes, en ambos supuestos, siempre llegan con retraso. Como resultado, los problemas se acumulan y las soluciones no llegan o llegan tarde y mal. Tarde, porque lo hacen cuando los daños, siendo evitables, ya son irreparables y han causado alarma social. Mal, porque, en tales circunstancias, las medidas se suelen tomar precipitadamente, ante la urgencia de calmar la conmoción social, sin la reflexión necesaria para dar respuesta eficaz a idénticos problemas en el futuro. 

            Han tenido que morir cuatro jóvenes, aplastadas por una avalancha humana en una macrofiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena, para que en concentraciones de jóvenes posteriores se estén tomando amplias medidas de seguridad, incluso abusivas según algunos. Han tenido que suicidarse dos personas deshauciadas para que el PP y el PSOE intenten por fin un acuerdo sobre la necesidad urgente de tomar medidas para que semejante drama social, más bien tragedia, no siga repitiéndose ni un día más. Y así podríamos citar múltiples casos sobre distintas problemáticas que, a todas luces, necesitan la intervención de la administración, requerida muchas veces por la ciudadanía, pero que sólo se produce cuando llega la tragedia, cuando sólo queda el lamento. “Se veía venir”, es la frase recurrente. Pero, si se veía venir, ¿quién es el responsable de no haber puesto los medios para evitarlo? Ahora ya no basta con ponerlos, además hay que asumir las responsabilidades políticas, penales y administrativas que correspondan por no haberlos puesto a su debido tiempo.

            Siempre con retraso a la hora de aplicar la normativa establecida, como en el primer caso, y a la de adecuar a las circunstancias actuales una legislación obsoleta, como en el segundo. Dos vicios congénitos en el proceder de nuestros gobernantes, negligencia e imprevisión, que invalidan doblemente su nefasta gestión. O se carece de leyes y normas eficaces ante los problemas de la gente o se aplican mal las existentes. Lo acaecido en el Madrid Arena se hubiese evitado simplemente supervisando la aplicación rigurosa de la normativa de seguridad establecida para ese tipo de eventos; lo acaecido por los deshaucios, simplemente derogando una ley arcaica y sustituyéndola por otra que responda a las necesidades reales de la sociedad actual que nada tiene que ver con la que en su día la motivó.

            Ahora, aunque tengamos que resignarnos al “más vale tarde que nunca”, hemos de tener claro que, al margen de las responsabilidades de cada uno, los verdaderos culpables de tanto dolor ni son los jóvenes que pretenden divertirse, ni las empresas que organizan eventos de ocio, ni los prestatarios que no pueden afrontar el pago de su hipoteca, ni los bancos que quieren cobrar los préstamos concedidos. Los verdaderos culpables, los primeros responsables por acción u omisión, son quienes, pudiendo evitarlo, permiten un marco de riesgo o de abuso, que rebasa lo razonable, en el ejercicio de los derechos ciudadanos sin ponderar que unos derechos han de prevalecer siempre sobre otros en caso de colisión entre ellos. La negligencia administrativa, en el caso Madrid Arena, no debe quedar impune, al margen de la responsabilidad concreta del promotor por no atenerse a la normativa vigente y sobrepasar su legítimo derecho a obtener el razonable beneficio, poniendo en riesgo para incrementarlo la vida de quienes ejercer su derecho a divertirse. Con la imprevisión legislativa y gubernamental, en el tema de los deshaucios, sucede lo propio al permitir que miles y miles de personas soporten una legislación abusiva del derecho bancario a obtener beneficios con sus préstamos privándoles de su derecho a una vivienda al no poder afrontar las cuotas hipotecarias por circunstancias sobrevenidas, al extremo de que, aún entregando la vivienda, quedan como deudores con el banco para toda la vida.

            Pero, dicho lo anterior, lo inadmisible ahora es que, aprovechando la conmoción social, se actúe precipitadamente para que, como siempre, en el río revuelto ganen los pescadores. No es lo mismo solucionar el problema de quienes se endeudaron para comprar su vivienda, confiando en las facilidades del momento, que de quienes lo hicieron conscientemente, con mayores facilidades aún, para especular y enriquecerse, aunque ahora, con sus fortunas a buen recaudo, figuren como insolventes y pretendan acogerse a las obligadas soluciones que se establezcan para los primeros. Sabemos que, al final, los de siempre, siempre salen ganando y que es el pueblo quien, a la postre, paga la factura. Sólo faltaría que, una vez más, en ella, además del menú del día, se incluyan menús a la carta, con café, copa y puro.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y LIBERTAD

            Aunque parezca banal, el perverso derrotero de demasiados acontecimientos indeseables que suceden en España, hace necesario que, al menos de vez en cuando, recordemos qué es un Estado de Derecho y cómo se ejerce la democracia y la libertad en el mismo, tal como lo entienden todos los ciudadanos en los distintos países libres y democráticos del mundo. En España, por lo visto, no lo tenemos tan claro y, por ello, vale la pena reflexionar al respecto en beneficio de todos.

            El Estado de Derecho, ya desde su acepción formal, está sometido al principio de legalidad, pero en su acepción real, como es el caso, requiere además que cualquier poder esté limitado por la ley, condicionando no sólo sus formas sino sus contenidos. Por tanto, además del principio de legalidad, que incluso estados autoritarios pueden asumir, requiere como mínimo la obligatoriedad del Derecho respecto al Estado, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. En el Estado Constitucional de Derecho, como es el caso, el principio de legalidad, consustancial a todo Estado de Derecho, no sólo obliga a la administración y la jurisprudencia, sino también al legislador ordinario que ha de respetar la Constitución, garante de los derechos fundamentales y del modelo institucional estatal. Por ello, en cualquier país democrático y civilizado, regido por el Estado de Derecho, sus ciudadanos y especialmente sus gobernantes entienden que el primer requisito de una convivencia en paz y libertad es la lealtad constitucional, es decir, la obligación de fidelidad a las reglas de juego establecidas, recogidas en su Constitución, y el acatamiento a la legalidad vigente que emana de las mismas. Sin entrar en más detalles técnicos –ni el espacio lo permite, ni el objetivo de pedagogía política lo requiere- en cualquier Estado de Derecho Democrático sus autoridades se rigen, permanecen y se someten al derecho legítimo vigente, actuando todos ellos conforme al ordenamiento territorial, institucional y competencial establecido. Es la diferencia sustancial con estados autoritarios, dictatoriales o totalitarios de cualquier signo ideológico.

            Es precisamente el respeto y acatamiento a las reglas de juego establecidas en la Constitución lo que asegura una convivencia pacífica, democrática y libre, evitando que se convierta en violenta, anárquica y libertina, antesala para facilitar la instauración de regímenes totalitarios. Por ello la Constitución, además de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, además de legitimar los distintos poderes del Estado y la autoridad de los cargos que la ejercen, además de marcar el territorio y la organización político-administrativa estatal, así como otros muchos aspectos no menos importantes, es a la vez el corsé necesario que marca las líneas rojas que jamás han de rebasarse. Es el límite indispensable para posibilitar el ejercicio práctico de la libertad y la democracia a una sociedad, así como la garantía de una convivencia pacífica y segura. Es la concreción necesaria para llenar de contenido ambos conceptos, pues en su acepción teórica, libertad y democracia, no son más que conceptos abstractos que, en todo caso, jamás pueden significar que cada cual haga lo que le venga en gana o que un grupo decida hacerlo a su antojo simplemente porque una mayoría del mismo así lo quiere a su libre albedrío. Por eso es incuestionable que cada una de las instancias estatales, cada autoridad legítima que la represente, se someta en todo momento al cumplimiento escrupuloso de la ley, actuando conforme a las competencias que ésta le haya encomendado. De no hacerlo, queda ineludiblemente deslegitimado para seguir ejerciendo su autoridad, obtenida gracias a la legalidad que ahora pretende desacatar aunque sea para conseguir loables y legítimos objetivos. Cualquier reivindicación tiene cabida dentro de la legalidad, incluida la reforma de la propia Constitución si para ello fuese necesario, pero siempre respetando los requisitos establecidos al respecto. Lo contrario supone situarse en la senda del totalitarismo.

            Cuando, para conseguir su proyecto político, un gobernante democrático actúa contra la legalidad que legitima su propia autoridad, invade competencias que la soberanía popular no le ha confiado, desafía al entramado institucional establecido y al resto de autoridades del estado, enfrenta interterritorialmente a los ciudadanos y alienta a sus seguidores a desafiar insolidariamente al bien general, culpando a los demás de todas las dificultades y considerándoles como una rémora para salir de las mismas, se convierte en el peor enemigo de la democracia, la paz y la libertad. Un visionario peligroso que, prevaliéndose del estatus conseguido democráticamente, sólo entiende la democracia como método para conseguir el poder personal suficiente para imponer su ideología liberticida. Un dictador en potencia que no tendrá reparos en acusar como tal al Estado de Derecho del que forma parte si éste le aplica las sanciones que establece la Constitución para evitar precisamente su demolición. ¿Sucede algo de esto en España? Analícenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

TRIUNFO HISTÓRICO

            Se cumplen treinta años del histórico triunfo del PSOE por mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982, que supusieron un antes y un después en nuestra historia reciente, pues finiquitaba la transición democrática al consolidar, con un posterior traspaso de poderes ejemplar, la alternancia política y, por tanto, la democracia en España que acababa de nacer. El PSOE, con Felipe González a la cabeza, obtenía 202 diputados, la mayoría más cómoda obtenida hasta hoy por cualquier otra formación política, e iniciaba un proceso de transformación social, política y económica en España sin precedentes. En tiempos tan difíciles el pueblo español apostó de forma contundente por aquel sugerente eslogan socialista de campaña electoral, “Por el cambio”, que sintetizaba la esperanza de la inmensa mayoría de ciudadanos por acabar definitivamente con la España negra del franquismo que todavía presentaba un color gris oscuro, invitando a la desesperanza, a pesar de los esfuerzos por evitarlo del líder de la transición Adolfo Suárez y de la mayoría de líderes políticos. La UCD, coalición mayoritaria gubernamental hasta el momento, había saltado por los aires el año anterior al extremo de que ni siquiera dejó acabar la primera legislatura democrática como Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, sustituyéndole por Calvo Sotelo. Y, para colmo, en plena sesión de investidura del nuevo presidente, un grupo de militares, pistola y fusil en mano, tomaba el Congreso de los Diputados, impidiendo la investidura con la pretensión de acabar una vez más con la libertad del pueblo español y haciendo realidad los rumores de “ruido de sables” en los cuarteles que, desde los inicios del cambio político tras la muerte de Franco, se extendía por todos los corrillos. Era el esperpéntico, patético y, felizmente frustrado, golpe de estado del 23F.

Triunfo histórico no sólo para el PSOE, sino también para el pueblo español que, ante las incertidumbres y dificultades de las opciones de centro-derecha, decidió conceder un inmenso poder al único partido político que podía sacarnos del atasco. Y así fue. Se inició un tremendo esfuerzo para convertir España en un país normal, libre y democrático, como el resto de países civilizados del mundo. Quienes tuvimos el gran honor, como diputados o senadores, de formar parte de las Cortes Generales en aquella legislatura jamás olvidaremos la eclosión de alegría de tanta y tanta gente que se nos acercaba para felicitarnos y felicitarse, haciéndonos sentir la inmensa responsabilidad que asumíamos ante ellos. La situación no era halagüeña, casi todo estaba por hacer. La izquierda volvía al Gobierno de España tras 46 años y, a diferencia de entonces, lo hacía aglutinada en un partido sólido, renovado y con vocación de moderación y no de revanchismo, frente a una derecha que, con amplia experiencia de gobierno durante la dictadura, había fracasado en su intento de aglutinar en un proyecto sólido de consolidación democrática a sectores antagónicos, desde socialdemócratas a sectores con escasas convicciones democráticas.

Triunfo histórico que, revalidado en las dos siguientes legislaturas con mayoría absoluta más otra con mayoría relativa, permitió afrontar los cambios necesarios (algunos complicados, otros dolorosos) para alejar definitivamente los fantasmas del pasado y transformar el país en casi todos los campos. Un esfuerzo titánico de consolidación de la hegemonía del poder civil (reforma militar, lucha antiterrorista…),  de desarrollo del Estado del Bienestar (generalizar pensiones con las no contributivas, universalizar la sanidad, ampliar la protección por desempleo, iniciar políticas de igualdad, reforzar la educación con más becas, con la LODE, LOGSE, LRU…), de creación de infraestructuras (plan de autovías, AVE...), de superación del aislamiento internacional (integración en la CEE –hoy UE-, OTAN, lazos con Iberoamérica y El Magreb…), de impulso al modelo de Estado Autonómico (aprobación de estatutos…), de saneamiento de la economía (reconversión industrial, regulación agrícola…) y de tantas otras reformas que supusieron una modernización y un prestigio de España sin precedentes. La democracia quedaba asegurada y, como en otros muchos países, con un marcado bipartidismo entre un centro-izquierda y un centro-derecha -consolidado en estos años- sumando ambos más del 90% de apoyos. En estas circunstancias la nueva alternancia se produce en 1996 cuando el PP de Aznar gana las elecciones. Todo normal si sólo la lógica erosión de gobernar hubiese sido la causa. Pero lamentablemente iba acompañada de otros fenómenos, entre ellos la corrupción (instalada desde entonces en unos y otros) que tiraba por tierra la máxima de González: “los socialista podemos meter la pata, pero no la mano”.

Después de treinta años de aquel histórico triunfo estamos obligados todos, pero especialmente los socialistas, a hacer una reflexión profunda que explique por qué tanto entusiasmo y esperanza se ha tornado en tanto desinterés y desesperación, y por qué los nacionalistas, hoy independentistas, lo aprovechan para alentar un nuevo entusiasmo sólo en sus territorios pero sobre bases antidemocráticas. Cobra vigencia el eslogan del treintañero triunfo del PSOE y, de nuevo, para alejar las amenazas que acechan a la democracia, la paz y la libertad. ¿Es qué no hemos aprendido nada? ¿Es que no hemos enseñado nada los de entonces a nuestros hijos? Está claro, estamos fallando estrepitosamente.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

HERENCIAS NEFASTAS DEL PASADO

            Mientras España está en la UVI y sus médicos, en este caso los políticos, deben aunar todos sus esfuerzos para intentar recuperarla lo antes posible, muchos de los que forman parte del quirófano para intervenirla se empeñan en prolongar su agonía, cuando no en acelerar su defunción. Sea por incompetencia o irresponsabilidad, es alarmante la progresiva deriva de declaraciones y actuaciones públicas de líderes políticos, incluso algunos con responsabilidades gubernamentales en distintas instituciones, que son intolerables en democracia e inasumibles desde el sentido común, provocando un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía. No en vano todas las encuestas sitúan a la clase política como uno de los principales problemas actuales del país al generalizar un asunto que debiera circunscribirse al ámbito individual. Pero no es menos cierto, que dicha generalización está más que justificada ante la manifiesta permisividad de los partidos políticos hacia los excesos de tan ilustres militantes y ante la dejación de autoridad desde las instituciones a la hora de defender el Estado de Derecho.

            Sólo en este ambiente de mediocridad, incompetencia e irresponsabilidad se puede entender, por ejemplo, que el líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, el socialista Tomás Gómez, en sesión parlamentaria acuse de haber robado la infancia de los abuelos de los diputados de izquierdas a los abuelos de los diputados de derechas y a éstos, sus nietos, de pretender ahora robarles también su vejez con el asunto de las pensiones. Ingenioso argumento, probablemente a falta de otros, que no sería adecuado ni en un mitin partidario, pues muchos de los militantes asistentes se ofenderían por la acusación que hace a alguno de sus abuelos. Salvo que Gómez considere que la ideología es hereditaria, lo que le situaría en las antípodas del sentido común, nadie entiende -salvo el PSOE que no hace nada por evitarlo- este tipo de mensajes políticos que, obviamente, conducen a las derrotas sucesivas del PSM frente al PP madrileño.

            Más alarmante es que Felip Puig, nada más y nada menos que Conseller de Interior en Cataluña, manifieste impunemente que los Mossos d´Esquadra estarán al servicio de Cataluña en caso de conflicto ante el temor de que en el contexto de cambio “haya gente que quiera contraponer una legalidad jurídica a una legalidad democrática”. Salvo que Puig desconozca el funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, de la democracia, lo que inevitablemente conduciría a destituirle por incompetente, son intolerables sus declaraciones de perfil totalitario que, de no hacerlas por ignorancia, debieran llevar aparejado a su cese algún tipo de imputación penal. Aunque, si su jefe de filas, el Sr. Mas, se permite el lujo de saltarse a la torera la legalidad democrática vigente a la que debe obediencia, apelando a que la exigencia de su cumplimiento supone volver a la España “una, grande y libre”, es obvio que Puig actúa por obediencia debida y, por tanto, su cargo está bien asegurado. El de Mas, también.

Que, tras más de tres décadas de democracia, se siga apelando al pasado para desenterrar sus herencias nefastas y usarlas como arma política, olvidando que una generación de españoles, herederos de las mismas, decidimos consensuar su enterramiento para poder ofrecer a nuestros hijos una España mejor que la heredada de nuestros padres, es la peor de las herencias para nuestros nietos. Sólo desde la mediocridad política e intelectual, que invita a la incompetencia y la irresponsabilidad, se entiende que un demócrata prefiera resucitar los fantasmas del pasado -que ya pertenecen a los libros de Historia- como argumento político en vez de buscar soluciones viables de futuro para superar los problemas del presente. Sólo se entiende desde la mediocridad o desde una mentalidad totalitaria, que es aún peor.

Pero lo trágico es que actuaciones como las citadas o peores aún se suceden casi a diario sin que nadie haga nada para evitarlo. Ni los partidos políticos, aunque sólo sea para evitar su progresivo descrédito, ni las autoridades gubernamentales, aunque sólo sea por obligación, toman medidas ante semejantes exabruptos. La consecuencia, un deterioro peligroso del Estado de Derecho en que día a día se hace más difícil una convivencia en paz y libertad. Si en todos estos años no hemos sido capaces de asumir nuestra propia Historia para, desde la libertad conseguida, aprender que sus episodios más negros jamás deben repetirse y, si en vez de erradicar los comportamientos que los provocaron, nos empeñamos en reproducirlos o fomentarlos, estamos condenando a nuestros nietos a la tragedia que vivieron sus bisabuelos. No es casualidad que algunos episodios actuales, tengan la misma carga antidemocrática de revanchismo, intolerancia e intransigencia que los acaecidos antaño, olvidando que esta España nada tiene que ver con la de entonces. Evitarlo es bien fácil: hacer pedagogía política y, sobre todo, aplicar la legalidad vigente, sometiendo al imperio de la ley a todo aquel que la viole. Dos asuntos que dejan mucho que desear en nuestro Estado de Derecho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

HAMBRE

            ¿Se imaginan casi diecinueve Españas juntas con toda su población muerta de hambre? Pues no se lo imaginen, es real. Unos 870 millones de personas, según la FAO, pasan hambre en el mundo; de ellos, unos 16 millones en países desarrollados. O dicho de otra forma, de cada 100 personas que habitan el planeta Tierra, casi 13 de ellos pasan hambre y, por tanto, carecen del elemento básico, junto al agua, imprescindible para seguir viviendo. Muchos de ellos sufren esta tragedia de forma tan extrema que, tras una existencia de desnutrición, miseria y enfermedad, apenas pueden llegar a la edad adulta. Son datos escalofriantes que debieran zarandear permanentemente las conciencias de quienes estamos en la otra orilla, la del bienestar, luchando por una vida digna, la nuestra, como si fuera posible la dignidad negándosela a los demás, al extremo de no reconocerles cualquier derecho que los dignifique, incluido el elemental derecho natural de alimentarse. Con una mínima aproximación al problema concluiríamos que hay escasez de alimentos y, por tanto, se trata de una cuestión de supervivencia que, inevitablemente, condena al hambre a esa parte de la población mundial. Sin embargo, la propia FAO, manifiesta que anualmente se tiran a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, tanto en zonas desarrolladas (95-115 kilos por habitante y año en Europa y EEUU) como subdesarrolladas (6 kilos, en el S y SO de Asia o en África Subsahariana), evidenciando que el problema no está en la escasez de alimentos a nivel mundial sino en la mala gestión de los mismos. Este inhumano desperdicio alimentario, que condena a tanta gente a morirse de hambre, obedece a múltiples causas, que van desde las limitaciones técnicas que tienen los productores en países subdesarrollados -que afectan al sistema de recolección, almacenamiento, refrigeración, conservación y distribución de alimentos- hasta los viciosos comportamientos de los consumidores en los países industrializados, pasando por los intereses económicos y especulativos de intermediarios y productores. El hambre en el mundo no es pues la consecuencia de una maldición divina, sino el resultado trágico del egoísta proceder del ser humano.

            El filósofo inglés Thomas Hobbes, partiendo del concepto que Plauto tenía del hombre cuando desconoce a sus congéneres, popularizó la famosa frase “Homo homini lupus” (El hombre es un lobo para el hombre) considerando el egoísmo como un elemento básico del comportamiento humano, al extremo de que concibe la convivencia gracias al intento de la sociedad por corregirlo, justificando así la existencia de un estado controlador con poder absoluto. Posteriormente, Rousseau, en las antípodas de Hobbes, mantuvo que “el hombre es bueno e inocente por naturaleza, lo que le corrompe es la sociedad” pues, según él, el “buen salvaje” vivía feliz hasta que apareció el egoísmo y el ansia de riqueza, es decir, la propiedad y con ella la sociedad y la injusticia. Juzguen ustedes mismos estas disquisiciones filosóficas que, en el fondo, coinciden en lo referente al egoísmo de la condición humana al margen del sistema de convivencia que desarrollen en cada momento y lugar los distintos grupos. La realidad es que desde la revolución neolítica (única sustancial al convertir al hombre en productor y, por tanto, en generador de excedentes y riqueza) los diversos grupos humanos han centrado sus esfuerzos en incrementar la producción para apropiarse de ella sin límites y no para redistribuirla y cubrir las necesidades de todos, generando una lucha externa entre las distintas comunidades y otra interna en cada una de ellas. Por ello, desde entonces, al margen de los distintos sistemas político-organizativos que se han dado a lo largo de la Historia, el hambre y la saciedad son las dos caras de la misma moneda en la vida del hombre.

            Que en pleno siglo XXI, con la economía globalizada y una alta tecnología que, aplicada al transporte y a los sectores productivos, hace el planeta tan pequeño, carece de justificación que se tire a la basura alimentos suficientes para erradicar el hambre, lo que pone en entredicho, una vez más, no sólo la supuesta bondad del hombre sino además su racionalidad. Sólo así se puede explicar que, para no saturar el mercado y mantener precios rentables, se destruyan toneladas de productos alimentarios antes de ponerlos en el mercado; que, por normativas de calidad alimentaria, se tire a la basura toneladas de alimentos caducados en vez de distribuirlos gratis días antes de su fecha de caducidad; que se gaste todas las energías y recursos en la producción de alimentos, para tirarlos, y no en conseguir un mejor aprovechamiento, distribución y consumo de los mismos. Que en plena crisis económica en España, por ejemplo, se amontonen en los cubos de basura de los restaurantes más de 63.000 toneladas de comida al año (unos 2´5 kilos diarios cada uno de ellos) para que los clientes habituales enfermen de colesterol mientras miles de españoles padecen hambre extrema es simplemente intolerable.

            ¿No sería más racional y mejor poner coto a este derroche nacional y universal? ¿No sería incluso más barato? Seguramente el problema de hacer las cosas bien es que nos impediría hacer campañas de ayuda alimentaria de vez en cuando para evitar el exterminio por inanición de tantos millones de personas y, en ese caso, ¿cómo nos demostramos a nosotros mismos todas las cualidades bondadosas que, supuestamente, adornan la condición humana?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena