DOBLE DIFICULTAD

            España está inmersa en dos entelequias institucionales que, a diferencia de otros países, la condenan a una doble dificultad para obtener la credibilidad de los mercados financieros, requisito imprescindible en una economía globalizada para salir de la crisis lo antes posible. Se trata de dos proyectos, la Unión Europea y el Estado Autonómico, que, tal como están diseñados, ambos conforman modelos imaginarios e ideales que no pueden existir en la realidad como instrumentos político-económicos eficaces para conseguir los fines que pretenden, por lo que su confluencia en España duplica las dificultades -de arriba abajo y viceversa- para adoptar cualquier iniciativa de superación de la crisis, convirtiéndose en un doble problema y no en su solución. Dos experimentos políticos, originales en términos históricos, que generan sustanciales incertidumbres acerca de su viabilidad, influyendo obviamente en que la salida de la crisis mundial sea más difícil para la eurozona de la UE que para otros países ajenos –europeos o no- y, dentro de la misma, para España que para el resto de sus miembros.

Las incertidumbres sobre la UE, especialmente sobre la eurozona, se derivan de las dificultades que tienen las instituciones comunitarias para poner en práctica políticas supranacionales en beneficio de todos sus miembros. La UE es un proyecto que, sin estructuras institucionales consolidadas de tipo estatal, rebasa el ámbito de una mera alianza interestatal, cuya originalidad consiste en agrupar a países no sólo con culturas y lenguas diferentes, sino también con una larga experiencia histórica –en algunos más que centenaria- como estados independientes y, por tanto, con sus propios marcos legislativos, sociales y económicos que, en definitiva, cada país conserva y, en gran medida, aplica en su beneficio frente a las decisiones de las instituciones comunitarias. Por ello la crisis en la eurozona no sólo es económica sino también política. La unión monetaria, sin una previa unión política –los Estados Federales de Europa- que posibilite una verdadera unión fiscal y una política común en todos los ámbitos –social, económico, defensa, exterior, etc- con las pertinentes instituciones gubernamentales para ejecutarlas en todo el territorio, genera tensiones, en especial en momentos de crisis, entre los países miembros, convirtiendo la eurozona en terreno abonado para los especuladores, máxime cuando los países que la integran no constituyen un área económica homogénea y además carecen de una disciplina de homogenización fiscal entre ellos, lo que coloca al euro en clara desventaja frente a otras monedas.

Pero en España además se añaden a estas incertidumbres las derivadas de su genuino modelo estatal que, gestado de forma inversa a la UE, salvando las distancias, es idéntico en su indefinición. La originalidad del “estado de las autonomías” consiste en desmantelar un país, España, con una cultura y una lengua común –aunque algunos territorios además tengan otra- y con una larga experiencia histórica como estado independiente centralizado, para acabar atomizándolo en una serie de mini-estados inventados, las CCAA -la mayoría de ellos sin diferenciación lingüístico-cultural y todos ellos sin experiencia histórica independiente, salvo que nos remontemos a la Edad Media- que acaparan insólitamente casi todas las competencias gubernamentales, rebasando incluso las que cualquier estado federal se reserva por mera supervivencia, y, por ende, dificultan gravemente al gobierno español para poner en práctica sus políticas nacionales recurriendo, si es preciso, al desacato. Por ello, a la doble crisis económica y política de la UE, en España, hay que añadir no sólo su crisis económica, como en el resto de países miembros, sino también su peculiar crisis política. Una doble dificultad a la hora de generar confianza, no sólo en los mercados, sino también en sus socios europeos, conscientes de la incapacidad del gobierno español para garantizar las políticas que, acertadamente o no, la UE –entiéndase Merkel- decida imponer para salir de la crisis.

Con este insuficiente nivel de integración política y económica en la UE y este alto nivel de desintegración en España no es posible albergar muchas esperanzas sobre el futuro. Si en tiempos de bonanza nos permitió vivir un sueño, en tiempos de crisis nos obliga a salir de una pesadilla que, irremediablemente, requiere de profundas reformas estructurales, tanto en la UE como en España, y no sólo de ajustes coyunturales para cuadrar las variables macroeconómicas que, en todo caso, hay que poner en práctica en tan crítico momento. Pero estos ajustes –las reformas requieren más tiempo- no pueden aplicarse por igual -ni en el tiempo, ni en la forma- a situaciones tan diferentes, ya que no hay mayor injusticia que tratar igual a los desiguales y, menos, si dichas desigualdades de partida están provocadas en los estados miembros por la ineficacia del entramado institucional de la UE, y en las CCAA por la del estado español. En esta carrera de obstáculos, urgente y agonizante, ni los países de la eurozona, ni las CCAA, parten en igualdad de condiciones para poder llegar a la meta al mismo tiempo. Algunos pueden desfallecer por inanición antes de lograrlo y España, no lo olvidemos, es la única que, por desgracia, sufre ambas desigualdades. Para algunos, desgraciadamente, la salida de la crisis no sólo requerirá sangre, sudor y lágrimas, sino también un milagro.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

INSULTO A LA CIUDADANÍA

            La amnistía fiscal proyectada por el gobierno con la intención de que aflore parte del dinero negro que atesoran no pocos delincuentes, que campan a sus anchas como escarnio al resto de españoles honrados, es la gota que colma el vaso de la indignación ciudadana, que, mayoritariamente, sabe como se las gasta el fisco cuando alguien, por error o necesidad, demora el pago de sus impuestos. Ni que decir si se descubre falsedad intencionada en la preceptiva declaración fiscal o, simplemente, que no se ha presentado en tiempo y forma. Intereses de demora, sanciones, apremios y toda suerte de medidas coercitivas para regularizar la situación “ipso facto” con prioridad ante cualquier otra circunstancia que tenga el infractor; es la respuesta inexorable del Estado a quien incumple el deber constitucional de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos” de acuerdo con su capacidad económica “mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Hacienda somos todos y así debe ser. Pero no lo es. Ni el sistema tributario es justo, baste citar las SICAVS por ejemplo, ni el trato recibido, ni el asesoramiento, ni los recursos legales...son igualitarios a la hora de exigir el cumplimiento del precepto constitucional. El sostenimiento de los gastos públicos recae en definitiva sobre los trabajadores y clases medias, en especial sobre los funcionarios públicos que, aunque quisieran, ni siquiera pueden ocultar un céntimo de sus rentas de trabajo, práctica habitual en otras ocupaciones que, para “gloria” de unos cuantos y desgracia de todos, convierten nuestro país en el edén del fraude fiscal y, por ende, en refugio de pícaros y maleantes. Chorizos –en roman paladino- que actúan impunemente ante gobiernos negligentes, sabiendo que no exigen el cobro de impuestos con igual contundencia a unos y otros, limitándose a comprobar las irregularidades de quienes voluntariamente están integrados en el sistema tributario, sin investigar con igual celo a los grandes defraudadores profesionales del mismo.

Por ello España es campeón en la UE del fraude fiscal con unos 280.000 millones de euros por cuotas tributarias no ingresadas en los últimos años -unos 70.000 millones anuales, según cálculos fiables-, que se recuperarían si los gobiernos hubiesen actuado decididamente al respecto. Pero no ha sido así. La ausencia de una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema explica que aún no tengamos un verdadero Plan de Lucha Contra el Fraude, sino un incipiente Plan de Prevención que, a tenor de estos resultados, es claramente ineficaz. En definitiva, ni prevención ni lucha contra un fraude escandaloso que, de no haberse permitido, situaría a nuestro país en una dimensión de la crisis muy diferente a la que estamos padeciendo. La economía sumergida, los grandes fraudes fiscales de carácter criminal, el contrabando, el blanqueo de capitales y otros delitos conexos encuentran en nuestro suelo un terreno abonado, convirtiéndolo en un paraíso para este tipo de delincuencia. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?

En este desolador contexto, lamentablemente, el gobierno de Rajoy, acuciado por la UE a incrementar ingresos y reducir gastos para ajustar el déficit presupuestario pactado, decide, en materia de ingresos, subir los impuestos a quienes los pagan y perdonárselos a quienes no lo hacen, ofreciendo a semejantes chorizos claras ventajas fiscales si deciden voluntariamente legalizar sus fortunas fraudulentas, producto del botín robado al resto de ciudadanos. Una burla en toda regla a quienes cumplen sus obligaciones fiscales, que atenta contra el propio estado de derecho al tratar de forma tan indecentemente favorable a quienes se sitúan al margen del mismo. Y todo, según el propio gobierno, para conseguir 2.500 millones, cifra que podría superarse simplemente con una tenaz lucha contra el fraude, si, como dice Rajoy, las cosas se hicieran “como Dios manda”. Está claro que no es el caso. Por ello la polémica medida es la gota que colma el vaso de una serie de otras medidas impopulares, discutibles pero más o menos justificables en circunstancias tan críticas, que el pueblo viene soportando con cierta comprensión, aún sabiendo que será el gran sacrificado para salir de una crisis que no ha provocado. La gran diferencia es que la amnistía fiscal, además de impopular, es éticamente reprobable, políticamente antidemocrática y socialmente injusta, lo que la convierte en injustificable, máxime si desde el punto de vista económico-presupuestario, carece, al tener carácter voluntario, del rigor necesario para cuantificar la previsión de ingresos, tal como ya han advertido a Rajoy las autoridades de la UE. No vale escudarse en la herencia, ni en que ya lo hizo el propio Felipe González y otros gobernantes en otros países, ni en que Zapatero no luchara para evitar el fraude. Una inmoralidad no se justifica con otras precedentes. Ya es bastante que el pueblo, crónicamente, soporte las falsas promesas de sus gobiernos, sus incumplimientos electoralistas, sus despilfarros y sus incompetencias como para tener que soportar además su descarado favor a la delincuencia de guante blanco con el pretexto de que ello redundará en beneficio de todos. Un insulto a la ciudadanía en toda regla.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

ASTURIAS Y ANDALUCÍA, QUE DECIDAN LAS MINORÍAS

            Al margen de cualquier valoración, interpretación o especulación sobre los comicios en Asturias y Andalucía, el resultado indiscutible es que los partidos menos votados en ambas comunidades -UPyD e IU, respectivamente- decidirán sus respectivos gobiernos. Tanto el PSOE, vencedor en Asturias, como el PP, vencedor en Andalucía, pueden verse abocados a ejercer como oposición, aunque, como opciones mayoritarias en sus circunscripciones, tengan la prioridad en la iniciativa para gobernar al obtener el respaldo mayoritario de sus respectivos pueblos. En Asturias UPyD (con 18.739 votos, un 3´7% de apoyos y 1 escaño) decidirá entre un probable pacto de Foro (123.979, 24´8% y 12 esc.) con PP (107.476, 21´5% y 10 esc.) o del vencedor PSOE (159.811, 40´6% y 17 esc.) con IU (68.827, 13´7% y 5 esc.). En Andalucía será IU (437.445 votos, 11´3% y 12 escaños) quien decida entre el ganador PP (1.567.207, 40´6% y 50 esc.) y el perdedor PSOE (1.523.465, 39´5% y 47 esc.). ¿Qué decidirá UPyD e IU? ¿En base a qué intereses? Lo cierto es que, comparados los resultados con los comicios autonómicos precedentes –que es con los que ha de compararse-, ambas comunidades tienen hoy más difícil su gobernabilidad, por más que algunos líderes políticos, perdedores, irradien alegría ante tan deplorables resultados, pues, salvo UPyD e IU, todos pierden apoyos –algunos de forma alarmante-, mientras la participación ciudadana se ve sustancialmente reducida.

            En Asturias una participación del 55´9% (67´1% en 2011) sólo puede entenderse por el hastío ante dos convocatorias electorales en tan corto espacio de tiempo con el único objetivo de que los electores diriman los problemas internos del PP, partido en dos –FORO sólo es la mitad del PP-, provocando con ello que el voto, mayoritariamente popular, no logre el objetivo de gobernar. A las pruebas me remito. Si en 2011 conjuntamente obtuvieron 297.798 votos, el 49´6% y 26 escaños (178.031, 29´6% y 16 esc, para FORO y 119.767, 19´9% y 10 esc, para PP), ahora obtiene 231.455, 46´3% y 22 esc. (123.979, 24´8% y 12 esc, para FORO y 107.476, 21´5% y 10 esc. para PP). En ambos casos, de haberse presentado juntos al ser la misma opción política, hubiesen obtenido mayoría más que suficiente para gobernar. Pero, ante su incapacidad de hacerlo incluso con un pacto “a posteriori”, que les daba la mayoría, ahora pueden verse relegados del mismo por el castigo infringido a su principal irresponsable, Cascos, que pierde 4 escaños y 54.000 votos, y, en menor medida, al PP que, aunque mantiene sus 10 escaños, pierde 12.300 votos. El PSOE con 159.811 votos, 32% de apoyo y 17 escaños (2 más que en 2011 con 19.800 votos menos), puede gobernar con el apoyo de los 5 escaños de IU (uno más que en 2011 al conseguir 7.100 votos más y llegar al 13´7% de apoyo) y el obtenido por UPyD que, al incrementar su apoyo en 4.100 votos, consigue con el 3´7% de apoyo entrar por primera vez en el legislativo asturiano. Es patético que ahora Cascos pretenda gobernar como sea, incluso cediendo hasta la presidencia, cuando, teniéndolo fácil en 2011, su intransigencia le impidió llegar al acuerdo con sus ex-compañeros del PP para hacerlo, prefiriendo convocar estos comicios inútiles. Quien pierde es el pueblo asturiano; quien se resiente es la democracia.

            En Andalucía una participación del 62´2% (72´6% en 2008) denota la falta de entusiasmo ante unos comicios que, contraviniendo la práctica de hacerlos coincidir con las elecciones generales, se convocan poco tiempo después a pesar de estar ya agotada la legislatura con el único interés de evitar la caída libre del PSOE-A y el obligado pase a la oposición de Griñán. Cuestión discutible, en todo caso, ya que los resultados en las autonómicas siempre difieren de las generales aunque se convoquen a la vez. También habrá influido el descontento por los casos de corrupción de la Junta y por los recientes recortes del gobierno central, aunque éstos no deben ser muy determinantes ya que, de serlo, también lo hubieran hecho en Asturias y no ha sido así. En todo caso, el PP gana por primera vez al obtener 1.567.207 votos (162.947 menos que en 2008) y el PSOE pierde por primera vez con 1.523.465 votos (654.831 menos que en 2008), obteniendo IU 437.445 votos (119.883 más que en 2008), lo que se traduce en 50 escaños para PP (frente a 47 que tenía), 47 para el PSOE (frente a 56) y 12 para IU (frente a 6). Queda bien claro que, al margen del descontento generalizado, el mayor castigo ha sido para el PSOE, mientras que IU, con una campaña agresiva y radical (frente a la corrupción del PSOE y al proyecto capitalista del PSOE y PP, para ellos igual) es la única opción que incrementa sus votos, erigiéndose, si PP y PSOE no lo remedian, en el árbitro de la gobernabilidad andaluza. Todo apunta a que así será. La alegría del perdedor Griñán, aplaudido ahora por Rubalcaba, así lo sugiere. La incógnita está en saber si aceptará el programa de IU –no al límite de gasto, a los acuerdos de la UE con Marruecos y Mercosur, a las bases de EEUU…y sí a una banca social y pública, a un banco público de tierra, a una república que sustituya a la monarquía constitucional, a la incorporación de viviendas vacías al parque de viviendas ocupadas…) o, por el contrario, será Valderas quien, renunciando a sus promesas electorales, acepte el programa del PSOE, según IU tan capitalista como el del PP. Todo es posible. Si en 1593 el hugonote Enrique de Borbón para conseguir el trono francés se convirtió al catolicismo argumentando “París bien vale una misa”, sólo es cuestión de calcular cuánto vale Sevilla. Por cierto, Enrique IV de Francia fue un gran rey. Ya ven. Pero eran otros tiempos y otros protagonistas. ¡Ojalá que al final el ganador sea el pueblo andaluz! ¿Qué piensan ustedes?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

SISTEMA INSOSTENIBLE

SISTEMA INSOSTENIBLE

            La gravísima crisis económico-financiera, que nos atenaza, ha reabierto, entre otros, el debate de la propia estructura del Estado Español, en el que, como en los demás, se enfrentan posturas irreconciliables, en este caso, centralismo y federalismo, con el fin de poner remedio al Estado de las Autonomías, un sistema meridianamente insostenible si sigue por la senda actual. En definitiva, un interesante debate que, despojado de demagogias de unos y de otros, debiera finiquitar la insostenibilidad de un estado a la deriva, el español, que, aquejado de un federalismo imperfecto, lo conforman diecisiete “estados” centralistas, las CCAA, reproduciendo cada una de ellas en su territorio las estructuras político-administrativas del llamado “estado central” al que tachan de centralismo por no satisfacer infinitamente sus voracidades competenciales hasta dejarlo sin ninguna competencia y, por ello, le culpan de sus respectivos males. Un disparate estructural y organizativo, rechazado, según las encuestas, por una mayoría de españoles, hartos de sufragar con sus impuestos su carísima inviabilidad y su constatada ineficacia. Conviene pues reformar el sistema desde la racionalidad y la verdad, sin previos prejuicios que, al final, generan más frustración en la ciudadanía. Sin embargo, como en otros tantos asuntos, algunos personajes prefieren afrontarlo desde la ceremonia de la confusión con el único objetivo de defender intereses espúrios.

            De entrada conviene aclarar que centralismo y federalismo sólo son dos modelos distintos de organización estatal que “per se” ni suman ni restan un ápice de democracia o libertad a las sociedades que se organizan de una u otra forma. Es falso, como algunos pretenden, identificar centralismo con “fachas” y federalismo con “progres”; Francia y Alemania son claros ejemplos para ratificarlo. Que un estado sea centralista o federalista obedece estrictamente a la experiencia histórica de las comunidades humanas que así se han organizado para asegurarse en ambos casos una mejor defensa del interés común, de la redistribución de la riqueza y de la prestación de los servicios públicos. Cuestión distinta es que, en el caso español, el centralismo sí esté asociado a un largo periodo dictatorial, mientras que el Estado de las Autonomías, que ha instalado el federalismo en la estructura del Estado, lo esté al màs largo periodo democrático, lo que, por mera experiencia histórica, invalida de momento un debate entre centralismo o federalismo. El verdadero debate, actualmente, es entre federalismo o Estado de las Autonomías, que, no obstante, de cerrarse en falso, sí puede alimentar en el futuro una apuesta por un centralismo estatal desde la libertad, al estilo francés, o acabar en un traumático fracaso federalista, al estilo balcánico. El problema real es que el sistema autonómico español, claramente federalista en su estructura, no delimita clara y definitivamente –tal como hacen los estados federales consolidados- las atribuciones estatales-federales y las de las instituciones territoriales, dejando tan básico asunto a una permanente discusión que lo hace inviable. Es necesario pues delimitar claramente dichas atribuciones, lo que requiere conocer otras experiencias federativas de éxito, no para copiarlas, sino para entender los límites que garantizan su viabilidad como estado.

            En efecto, aunque los estados federales consolidados no son comparables, porque cada uno tiene condiciones diferentes (de carácter social, cultural, económico, histórico, etc), sí comparten en líneas generales determinados principios. Entre ellos, la prevalencia de fuerzas centrípetas, que no centrífugas como sucede en España, para imprimir un carácter vertebrador a todo el estado y garantizar su viabilidad, bien a través de un poder legislativo común –caso de EEUU- o de una clara diferenciación funcional entre el poder central y el periférico –caso alemán-, donde en el Band residen las funciones legislativas y en el Land y los municipios las administrativas, dejando a los landers una cierta participación en el legislativo a través del Bundesrat (Consejo Federal,  que representa a los estados federados a través de representantes nombrados por sus respectivos gobiernos) sólo para lo que afecta a dichos estados. Es decir, el gobierno y el parlamento federal se garantizan el derecho a definir lo que las administraciones de los estados federados han de ejecutar, pues cualquier modelo federalista no puede ni debe renunciar a las competencias esenciales del Estado en su ámbito federal, entre otras, las de legislar (o la prevalencia legislativa si hay conflicto), la política exterior, la de defensa y la de interior, así como los servicios básicos, garantes de la igualdad de derechos y deberes a todos los ciudadanos en materias fundamentales (sanidad, educación, sistema fiscal y tributario…), amén de la inadmisión de partidos políticos soberanistas que no buscan la vertebración estatal sino la independencia de un determinado territorio, propiciando la desintegración del propio estado. En España, no sólo se legalizan dichos proyectos, sino que además se les prima electoralmente para que con menos apoyos consigan mayor representatividad y fuerza en la defensa de sus objetivos soberanistas. Un suicidio estatal inadmisible en cualquier estado que, centralista o federal, penalizaría democráticamente los atentados a su unidad nacional o las ofensas a sus instituciones y símbolos de identidad, no sólo por cuestiones patrióticas, sino por mera supervivencia. Así pues, si se trata de profundizar en el federalismo, habrá que tener muy en cuenta estas cuestiones; de lo contrario seguiremos hablando de otra cosa que nada tiene que ver con el estado federal, sino, más bien, con la consolidación de miniestados centralistas que buscan su oportunidad para hacerse definitivamente independientes. Es esencial que para salir de la grave crisis que padecemos, comencemos por resolver nuestra propia crisis de identidad como españoles. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si es así, es básico entender que un estado, centralista o federal, sólo es viable si sus ciudadanos arriman el hombro unos con otros, pero jamás unos contra otros, que es lo que aquí está sucediendo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NADIE ES CULPABLE

            El bochornoso espectáculo que tanto el gobierno como la oposición, así como los dirigentes autonómicos, están protagonizando por el déficit público del conjunto de las administraciones públicas en 2011, requiere que los ciudadanos sepan los datos concretos y objetivos para identificar, sin demagogias, a los culpables o responsables de tan pésima gestión. Según Montoro nadie es culpable, sólo hay que hablar de responsables, que, según él, es España, aunque matiza que no era él quien estaba en el gobierno. Rubalcaba, sintiéndose aludido, contesta que Montoro lo que tiene que hacer es buscar soluciones y no culpables, recordando que, en todo caso, él salió del gobierno en julio, antes de que estallara la crisis de deuda. Ambos se quitan las pulgas de encima y ninguno quiere entrar en el fondo de la cuestión. Los dirigentes de las CCAA, generadoras de la mayor desviación del déficit, culpan al gobierno central porque les debe vaya usted a saber qué. Es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió.

            En efecto, de una previsión global del 6% para el conjunto de administraciones públicas la desviación al alza ha sido el 2´51%, desglosada de la siguiente forma: la administración central el 0´30, las CCAA el 1´64, las entidades locales el 0´08 y la Seguridad Social el 0´49. Es obvio que la mayor desviación está en las CCAA, pero, al hacerlo de forma dispar, cada una de ellas tiene distinto grado de responsabilidad. Mientras Madrid con el 1´13% es la única que está por debajo del 1´30% previsto para las mismas y Castilla-La Mancha con el 7´30% es la que más lo rebasa, el resto lo hace de la siguiente forma: Galicia, 1´61; Canarias, 1´78; Navarra, 1´89; Rioja, 1´97; País Vasco, 2´16; Castilla-León, 2´35; Aragón, 2´78; Andalucía, 3´22; Comunidad Valenciana y Asturias, 3´64; Cantabria, 3´72; Baleares, 4´00; Cataluña, 4´04; Murcia, 4´33; Extremadura, 4´59. Todas, excepto Madrid, rebasan el límite del 1´30 -impuesto por el Gobierno y la UE- exagerada e irresponsablemente -en especial Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, que rebasan el 4%- y sólo Galicia, Canarias, Navarra y Rioja lo hacen de forma moderada, más o menos aceptable, al no rebasar el 2%.

            Esta dinámica de endeudamiento de las CCAA, que no ha parado de crecer desde 1995 y se ha disparado desde 2008, es uno de los principales problemas que hoy tienen las finanzas en España. En términos absolutos las comunidades con más población son las más endeudadas, ya que obtienen mayores ingresos y, por ende, mayor capacidad de endeudamiento. Así, entre Cataluña, con 39.268 millones de deuda, C. Valenciana con 20.469 y Madrid con 15.191, acumulan el 55´4% del total de la deuda autonómica, seguidas por Andalucía con 13.738. El resto de comunidades se mueven entre los 6.971 millones de Galicia y los 933 de La Rioja. Pero el endeudamiento objetivo requiere tener en cuenta la distinta riqueza de cada territorio, analizándolo según la ratio deuda-PIB, es decir, dividiendo la deuda de cada CA por su PIB, para saber el nivel real de saneamiento financiero de cada una de ellas. Si además se compara con los datos de 2008 -inicio del salto cualitativo del endeudamiento- se calcula la progresión de cada CA al respecto. En 2008 la media española era del 6´6% de su PIB, pasando a finales de 2011 al 12´6%, es decir, un 6% más. La evolución de cada CA ha sido: Madrid, del 5´5 al 7´9, un 2´4% más; País Vasco, del 1´5 al 7´9, 6´4% más; Canarias, del 4´4 al 8´2, 3´8% más; Asturias, del 3´2 al 8´8, 5´6% más; Castilla-León, del 4´5 al 8´8, 4´3% más; Andalucía, del 5´4 al 9´5, 4´1% más; Cantabria, del 3´7 al 9´7, 6% más; Murcia, del 2´7 al 10, 7´3% más; Aragón, del 4´5 al 10´3, 5´8% más; Extremadura, del 5 al 11, 6% más; Navarra, del 4´7 al 11´1, 6´4% más; Rioja, del 4´9 al 11´8, 6´9% más; Galicia, del 7 al 12´4, 5´4% más; Baleares, del 8´9 al 16´8, 7´9% más; Castilla-La Mancha, del 7 al 18´3, 11´3% más; Cataluña, del 9´7 al 19´7, 10% más; y Comunidad Valenciana, del 12´3 al 19´9, 7´6% más. Por tanto, Madrid y País Vasco son las menos endeudadas o mejor saneadas financieramente, seguidas por Canarias, Asturias y Castilla-León; la más endeudada y peor saneada es la C. Valenciana, seguida por Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares. Las de progresión más positiva son Madrid, Canarias y Andalucía; las de más negativa son Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares.  

            Según estos datos, sí hay culpables o responsables, unos más que otros, pero, como se ve, nada tiene que ver con su respectivo color político, y, aún menos, con que, casi todos, quieran descargar toda la culpa en el gobierno central, que sólo la tiene a medias. Las verdaderas causas, al margen de las irresponsabilidades personales de cada uno, hay que buscarlas, entre otras, en no partir de déficit cero, sino de barra libre desde 2004; en la caótica estructura del estado español, pues las CCAA son parte del mismo y no deben seguir compitiendo sólo por su bienestar territorial; en las refinanciaciones y financiaciones extras que, concedidas por el gobierno central por coincidencia ideológica con el autonómico o por necesidad de apoyos parlamentarios, generan tratos discriminatorios; en la ausencia de mecanismos eficaces de control; en las duplicidades competenciales… En definitiva, en la inviabilidad de un sistema caro, inoperante, injusto y suicida, consistente en dinamitar desde las CCAA al Estado del que forman parte, caso insólito incluso en estados federales. Por ello, si no se afronta la verdadera causa, es difícil identificar a los culpables, que, en todo caso, son la consecuencia inevitable de las estructuras perversas que hemos puesto en sus manos. Así las cosas, lo más fácil es identificar a las víctima que han de pagar tal desaguisado, el pueblo español, sabiendo incluso que, sólo con los recortes, su esfuerzo conseguirá a lo sumo algo de pan para hoy y hambre para mañana. El más grave de los recortes ha sido el que se ha hecho en el mapa de España. A las pruebas me remito.

         Fdo. Jorge Cremades Sena

VIVIR EN TIEMPOS REVUELTOS

            Tras varios años de calma casi sepulcral, en los que, al final, todas las variables económicas nos conducían inexorablemente al abismo, toca ahora vivir en tiempos revueltos. Y es que el nuevo gobierno de Rajoy, recién llegado, ha decidido exponer crudamente la caótica situación y tomar drásticas medidas para cambiar el rumbo. Esta nueva estrategia gubernamental ha despertado a la sociedad civil de un letargo, alimentado por los agentes sociales, que nos mantenía inermes a pesar de la frustración experimentada cuando, periódicamente, las optimistas previsiones del gobierno ZP se desvanecían una y otra vez frente a una progresiva y cruda realidad: la insostenible parálisis económica y la descomunal escalada del paro. Ante los claros síntomas de deterioro, siempre negados por el gobierno, sus anunciados brotes verdes se secaban antes de brotar, mientras la urgente negociación patronal-sindicatos dormía el sueño de los justos eternizando un desacuerdo permanente irresponsable. El falso sueño, basado en gastar desmesuradamente hasta dejar las arcas vacías y agotar después todas las posibilidades de crédito, se convirtió en pesadilla cuando ya no quedó nada propio que gastar y ninguna posibilidad de que nos prestasen más para seguir gastando lo ajeno. Como era previsible, los propios creadores del ficticio estado del bienestar sin límites se encargaron de iniciar su desmantelamiento. Atrás quedaron los dos mil quinientos euros por nacimiento, los regalos de cuatrocientos euros, las dotaciones para dar viabilidad a leyes como la dependencia, las obras públicas y servicios impagados por las administraciones públicas… y, al fin, llegaron los recortes del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones por primera vez en democracia, al extremo de que quienes habían establecido la barra libre, eliminando el techo del gasto, acabaron por establecer, ya sin remedio, un tope del mismo con rango constitucional.

            La ciudadanía, atrapada en esta orgía del gasto de todas las administraciones públicas y harta de tanta incompetencia e irresponsabilidad, decide cambiar el rumbo y apuesta por una cómoda mayoría absoluta al partido de la oposición. Los cinco millones de parados “in crescendo”, las miles y miles de PYMES quebradas por la morosidad de la propia administración, la indecente evasión fiscal, el incremento de contratos temporales y de despidos con indemnizaciones mínimas vía FOGASA, el eterno desacuerdo dialogante entre sindicatos y patronal… pesaron más que las rígidas y protectoras leyes laborales inservibles, que el silencio cómplice de los sindicatos, que el halago de la patronal y que el talante socialista inoperante. En un ambiente de absoluta calma social, incomprensible ante la grave situación, el PSOE pierde el gobierno por méritos propios y lo gana el PP por deméritos ajenos. Su decisión de exponer la cruda realidad sin falsas previsiones evidencia que la situación es mucho peor de lo que se intuía, lo que requiere una reforma global urgente que abarque todos los ámbitos (financiero, fiscal, administrativo, laboral, judicial, educativo, etc). En definitiva, un cambio profundo que nos acerque a lo que hace la mayoría de nuestros socios europeos que, salvo excepciones, afronta la crisis con muchos menos costes, dejándonos como líderes de casi todas las variables negativas. Unas reformas, duras e impopulares, que, en su conjunto, nos saquen urgentemente del negro pozo en que nos han metido. Todo, menos seguir por la senda que nos ha conducido al mismo.  

            Es obvio que un país con más del 23% de su población activa en paro, entre ellos el 50% de los jóvenes, con las instituciones públicas en las listas de morosos y sus empresas acreedoras arruinadas por ello, con los mayores índices de fracaso escolar, de pobreza, de endeudamiento privado, de diferencial entre riqueza y pobreza, de inversión improductiva, de malversación de caudales y corrupción… -entre otros muchas variables que no caben en este espacio-, no goza del estado de bienestar adecuado, sino, más bien, de un estado de malestar generalizado. Por ello hay que dar urgente respuesta a todos y cada uno de estos problemas si no queremos liquidar lo poco que nos queda del tan cacareado estado del bienestar. Para ello ya no valen las bonitas palabras, vacías de contenidos concretos, ni las falsas promesas, sino los hechos, por dolorosos que sean. Ahora toca que quienes hace unos días narcotizaban las conciencias con cómplices silencios, se recuperen de la amnesia para reconocer que, por acción u omisión, son los responsables directos o indirectos de tan desesperada situación y que, en todo caso, si es que tienen soluciones concretas para mejorar las decisiones dífíciles que el gobierno debe adoptar, han de negociarlas por el bien de todos. En caso contrario, lo más decente es permanecer en silencio. Lamentablemente han decidido cínicamente tirarse al monte, liderando las lógicas y legítimas protestas de los ciudadanos, como si el caos hubiera surgido por generación espontánea y nada hubieran tenido que ver en su gestación. Es paradójico que nos hayan buscado la ruina desde la calma y ahora pretendan salir de ella desde la revuelta callejera. Sin duda, la peor de las respuestas. Pero, es lo que hay.

         Fdo. Jorge Cremades Sena

REINVENTAR LA DEMOCRACIA

            No sé si será la crisis, la cercanía del fin del mundo anunciada por los mayas, el gélido invierno inesperado, el final de la constelación planetaria Zapatero-Obama de Pajín, el próximo bicentenario de “La Pepa” o, vaya usted a saber qué otro fenómeno, lo que está provocando en algunos una epidemia de revisionismo democrático al descubrir de la noche a la mañana, después de treinta y tantos años, que la tan elogiada transición española, modelo incluso para otros países del mundo, fue una chapuza. Como tal, su resultado final, es decir, nuestra Constitución y su entramado institucional, que nos iguala al resto de países democráticos, ya no sirve para seguir viviendo en paz y libertad. Nadie explica por qué, pero así es. Nadie, salvo que recurra al pecado original de la transición, entiende que nuestras reglas de juego democrático, similares a las de nuestros socios en la UE, sean tan perversas para nosotros y tan benéficas para ellos. Nadie, salvo que se trate de reinventar la democracia occidental en nuestro país para después exportarla al resto del mundo. En este caso, al menos, deberían explicarnos el innovador proyecto, supongo que democrático, el proceso para conseguirlo de forma pacífica y las ventajas que aportará a la ciudadanía frente al que tenemos.

            El caso es que, de pronto, nuestro Sistema Judicial no es democrático y, por ende, nuestro sistema de convivencia, tampoco. El Tribunal Supremo, su máximo órgano jurisdiccional, así como tribunal superior en todos los órdenes –civil, penal, social y contencioso-administrativo-, resulta ahora que es fascista y, como tal, arbitrario y corrupto. Así las cosas, qué decir del resto de tribunales, jerárquicamente inferiores, con jurados populares o no, si, al final, por la vía del recurso sus sentencias acaban en lo que decida el fascista y corrupto TS. Ni siquiera quedan al margen de tanta perversidad los juicios con jurado popular, tan reivindicado por el pueblo, pues resulta ahora que, por puro cálculo estadístico de probabilidades, según la mayoría político-social de la circunscripción correspondiente, está contaminado de izquierdismo o derechismo, amén de que, al no ser profesionales del derecho, están abocados al error. Todo esto es lo que se deduce de las declaraciones que estos revisionistas de última hora vienen haciendo últimamente cuando las sentencias de los tribunales no se ajustan a sus expectativas, que proclaman públicamente durante el proceso para que todo el mundo, incluido el tribunal, conozca su predeterminado y justo veredicto. Así las cosas, no se entiende muy bien que, cuando se trata de tribunales inferiores, se utilice la vía del recurso para dejar la última palabra a tan perverso TS. En todo caso, prefieren que el “pueblo” se reúna en el ágora como en la Grecia clásica –pero convocados de forma misteriosa- para que proclame inocentes a los declarados culpables por los tribunales y culpables a los declarados inocentes. Obviamente como, por razón de espacio, todos los españoles no cabemos en el ágora, basta que acudan a ella unos cuantos para dar por válidos tan razonados veredictos, elevándolos a la categoría de democráticos, es decir, de lo que quiere el pueblo. Es la mejor garantía para restaurar la democracia y acabar con el totalitarismo que denuncian, finiquitando esta justicia al revés que, según ellos, condena a los inocentes y libera a los culpables. El “pueblo”, bien entendido, siempre tiene razón.

            Hay que dejar constancia de que este innovador revisionismo democrático no lo protagonizan, aunque lo parezca, movimientos anti-sistema, existentes en los demás países como en el nuestro, pues entre sus voceros destacan personajes que han ejercido o ejercen como miembros de diversas instituciones del Estado, algunos desde hace varios lustros y con aspiración de jubilarse en ellas, sin reparar hasta ahora en su perversidad, que ahora descubren, a la que, en todo caso, como miembros activos han colaborado de forma inapelable, tanto mientras gobernaba el PSOE como el PP. Nadie, con sentido común, entiende, por ejemplo, que un parlamentario, elegido en listas de un partido democrático, pudiendo debatir en el parlamento o en asambleas territoriales las iniciativas que quiera plantear con arreglo a la normativa vigente, recurra al insulto callejero, que no a la crítica razonada, para denigrar sin argumentos la propia esencia de las instituciones que él mismo ha colaborado a instituir de acuerdo a la fuerza representativa que el pueblo haya dado en cada momento a su opción política. Nadie, que lo haga un magistrado que forma o ha formado parte de este sistema judicial que ahora tilda de fascista. Nadie, que lo haga un líder sindical que disfruta de todas y cada una de las ventajas que le otorga nuestro sistema democrático, como debe ser. Nadie, que todo esto suceda únicamente en nuestro país. Está claro que, en efecto, hay comportamientos fascistas y totalitarios en España. El problema es averiguar exactamente dónde se practican y quiénes los protagonizan. Esperemos que estos revisionistas, reinventando la democracia, sean capaces de detectarlo lo antes posible. Aunque es probable que el pueblo, no el del ágora sino el de las urnas, aplicando simplemente el sentido común, ya lo haya detectado. O ¿es que éste se equivoca?. Sería lamentable si así fuera.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

GARZÓN, PREVARICADOR

            Por decisión unánime de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdicional de nuestro Estado de Derecho, el juez Baltasar Garzón ha sido condenado por prevaricación al restringir los derechos de defensa en el caso Gúrtel por ordenar escuchas de las conversaciones entre los imputados y sus abogados defensores. El juicio, como los dos que aún tiene pendientes, se ha celebrado bajo una presión mediática y política irresponsable que, en una especie de ceremonia de la confusión, ha creado en la opinión pública un caldo de cultivo peligroso, convirtiéndolo en un debate maniqueo entre buenos y malos, entre izquierdas y derechas, cuando sólo se trata de un asunto judicial: un juicio. Los excesos verbales, que se siguen vertiendo tras la condena, exceden los límites de lo tolerable, en especial los vertidos por dirigentes políticos y sindicales, que debieran ser defensores del marco democrático, en el que participan, y de sus reglas de juego, en vez de incitar al desacato a las resoluciones que se encargan de aplicarlas y de velar por su cumplimiento. Nuestro Estado de Derecho y su sistema judicial, susceptible de mejora como cualquier otro, está homologado con los del resto de países democráticos, especialmente con los de nuestro entorno, lo que desacredita a quienes irresponsablemente arremeten contra las instituciones que, democráticamente, nos hemos dado; un fenómeno inexistente en cualquiera de los citados países.

            Ni los corruptos han condenado a Garzón, como dice Llamazares entre otros, ni se le condena por luchar contra la corrupción, como ha hecho en casos anteriores. Al juez instructor le condena el TS por prevaricación: delito que cometen los funcionarios públicos al faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo. Algo que cualquier persona mínimamente informada debiera saber. Se le condena a instancias de la demanda interpuesta por el abogado defensor de un imputado por corrupción tras constatar que se vulneraba su derecho en el ejercicio de su profesión y el de la defensa de su cliente por haber ordenado el juez grabar las conversaciones entre ambos de forma ilegal. Salvo excepciones que contempla la ley, escuchar conversaciones entre abogado y cliente es muy grave en cualquier estado de derecho; hacerlo de forma genérica e indiscriminada, como ha sido probado en el juicio, es todavía peor. Se están violando derechos fundamentales que, tal como dice la sentencia, son prácticas propias de estados totalitarios y, por tanto, inaceptables en estados democráticos. Estos son los hechos concretos al margen de especulaciones.

Garzón es condenado, como cualquier otro ciudadano, tras un juicio con todas las garantías y todas las libertades para la comprobación de la prueba. Es más, por la calidad suprema del tribunal que le juzga debido a su aforamiento, ha gozado, si cabe, de un plus de privilegio legal que no tiene la inmensa mayoría de ciudadanos. Dicho tribunal, que todos quisiéramos si nos viéramos incursos en un proceso penal, basa su demoledora sentencia, técnicamente inapelable y por unanimidad, en hechos probados, al extremo que hacen casi lógica la unanimidad, pues los hechos probados que relata son tan meridianamente claros que impiden la defensa de cualquier voto particular por parte de cualquiera de sus miembros, circunstancia que, de haberse dado, tampoco invalidaría la sentencia, aunque, al menos, daría algún crédito a las críticas, que no a los insultos, por los argumentos expuestos en la defensa del voto particular. Ni siquiera es el caso de esta sentencia que, haciendo referencia a jurisprudencia internacional en temas de derechos humanos y garantías, consagra el derecho de defensa que cualquier demócrata debiera apoyar, pues una justicia sin garantías ni límites es una injusticia.

            Se supone que todo demócrata, al margen de su ideología, entiende que nadie debe ser impune, independientemente de su perfil o su trayectoria; que nadie debe estar por encima de la ley; que un pasado brillante no exime de un futuro error grave; y que el fin, por loable que sea, no justifica los medios. Asimismo, que mezclar ideología con justicia es perverso, pues, al margen de la ideología que personalmente tenga cada uno de los magistrados, imputados o abogados defensores, la aplicación de la justicia ha de ser objetiva, concreta y puntual con arreglo a la legalidad vigente tras la comprobación de los hechos imputados. Es preocupante que, estando de acuerdo con estos principios, se esté dando semejante espectáculo callejero y mediático; sería incluso peligroso si los protagonistas del mismo estuvieran en desacuerdo con ellos. Pero lo realmente grave, que debiera preocuparnos a todos, son las consecuencias procesales que puedan derivarse de la delictiva actuación del juez Garzón en la instrucción del caso Gürtel, no vaya a ser que quienes le califican ahora frívolamente como su “primera víctima”, tengan que reconocerlo después como su mejor defensor, por más que su intención fuese lo contrario. Si un elemento probatorio es nulo cuando se obtiene de forma ilegal, ya que sólo en procesos inquisitoriales se utiliza cualquier método para descubrir la verdad, está en riesgo declarar nulo el caso Gúrtel o parte del mismo, lo que impediría o dificultaría esclarecer uno de los casos más graves de presunta corrupción. ¿Quién sería el responsable si así fuera, el TS o Garzón, quien aplica la ley o quien delinque?

            Calificar “a priori” de fascista al TS y, “a posteriori”, de prevaricador y corrupto, o manifestar que no se respete ni se acate la sentencia, es sencillamente delictivo. Al menos lo sería en cualquier otro país democrático. En el nuestro, como es totalitario, no lo es.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena 

SIN PENA NI GLORIA

            Como era de esperar ha finalizado el trigésimo octavo congreso del PSOE sin pena ni gloria. Después de un par de semanas recaudando votos a lo largo y ancho de toda España, Rubalcaba y Chacón han llevado a Sevilla sus respectivas recaudaciones para hacer el recuento definitivo y comprobar quién ha obtenido mejor rédito por tan arduo esfuerzo. Nada nuevo a debatir. Se trataba de dar continuidad al proyecto político zapaterista, que ha fracasado estrepitosamente, pero con un nuevo liderazgo a elegir entre dos de sus más genuinos representantes. Los únicos alicientes, elegir entre hombre o mujer, entre madurez o juventud, entre zapaterismo adulterado o puro y entre fracaso a nivel nacional o sólo a nivel catalán. Ya ven, un atractivo elenco de propuestas de cara a un futuro esperanzador. Una gran incógnita, la indecisión de unas decenas de delegados para respaldar a uno u otra, pues el piñon fijo del resto, casi nueve centenas de delegados, ya traían las orejeras puestas y se repartían casi mitad por mitad antes de comenzar el evento. Al final, el decantamiento a última hora de unos cuantos indecisos a favor del candidato oficial, nombrado a dedo en su día por ZP y, como tal, apoyado hasta el último instante por gran parte de su aparato, da una pírrica victoria a Rubalcaba, que se alza con el liderazgo de una organización partida en dos por cuestiones personales pero unificada en la nadería política, ideológica y programática de los últimos años. Todo un éxito sin lugar a dudas. En todo caso, hay que reconocer que los delegados, obligados a elegir entre lo malo y lo peor, han acertado al apostar por lo primero. Lo bueno, óptimo o, al menos, lo deseable, no estaba en juego; ni se lo habían planteado.

            Rubalcaba -perdedor en todas las batallas, pero siempre triunfador en la guerra- ha salido victorioso en esta reyerta familiar, causando demasiados dannificados entre quienes, hasta hace bien poco, compartían con él idéntico proyecto, lo que, de entrada, le diferencia del manido “talante” de su exjefe ZP que, en su momento, le acogió en su genuino proyecto, a pesar de haber jugado en su contra. Ahora, como heredero advenedizo del zapaterismo, en su nueva versión rubalcabista, no cabe ninguno de los herederos naturales si han osado disputarle la herencia. Sólo quienes han apostado sin fisuras por el nuevo jefe tienen cabida para pilotarlo. No cabe duda, es el mayor de sus aciertos. Rubalcaba, el más listo de la clase, sabe por pura experiencia personal que es nefasto dar protagonismo a quienes, aunque sólo sea por razones personales, juegan en contra del vencedor y no quiere cobrar en el futuro con la misma moneda con la que él ha pagado a quienes le acogieron tan generosamente para ser protagonista del proyecto al que se oponía. Nefasto para el líder, que ahora es él, y nefasto para el proyecto, que ahora es el suyo. Aplicando la táctica de quien gana, lo gana todo y quien pierde lo pierde todo, quedan fuera de la dirección los opositores, contrincantes o enemigos, quienes, si quieren plantear en el futuro una alternativa real, habrán de hacerlo desde fuera, con una actitud crítica, leal y trasparente. Evita así el mercadeo de la proporcionalidad, que sólo sirve para que unos cuantos listos, por razón de su cuota, sólo busquen su acomodo personal sin más y, una vez instalados, para mantenerse, se presten a un falso silencio y a una burda obediencia que salta por los aires cuando el jefe sufre claros indicios de debilidad o deterioro. Entretanto, la falsa unanimidad y la inanición; al final, la lucha personal sin ninguna motivación ideológica o programática creíble. Si ZP hubiese aplicado con Rubalcaba la táctica que éste aplica ahora con sus contrincantes, otro gallo cantaría, pues si hoy el proyecto de Rubalcaba o de cualquier otro dirigente hubiese triunfado frente al de Chacón que, obviamente, representaría la continuidad del zapaterismo decadente, gozaría de credibilidad ciudadana, y, en caso contrario, el PSOE gozaría al menos del crédito suficiente para afrontar la travesía del desierto en la oposición como un partido vivo capaz de regenerarse en el futuro. Si se sigue aplicando la táctica de Rubalcaba, es posible que, en caso de fracaso, su futura sucesión sea menos decepcionante que la de ZP y genere mayores esperanzas.

            No obstante, ni todo empieza ni acaba con este congreso sin pena ni gloria. Los próximos congresos de las distintas federaciones tienen la última palabra para cerrar el círculo. Basta saber si la táctica de Rubalcaba será aplicada por los barones territoriales, acostumbrados a mantener sus inestables liderazgos por la vía del mercadeo para lograr ejecutivas con el mayor apoyo posible, aceptando en ellas a sus enemigos personales. ¿Serán capaces de entender que la excepción de Rubalcaba con Griñán obedece sólo a razones electorales? Probablemente no. ¿Acaso no ganó Rubalcaba casi treinta puntos más de apoyo y se vanaglorió por haber cumplido su compromiso de “unidad”? Este es su error y la contradicción de su táctica. Seguramente para conseguir la unidad es por lo que en algunas federaciones ya están todos los jefes, jefecillos y jefezuelos con las espadas en alto movilizando a sus gentes para la contienda. Habrá que esperar para saber si el cerramiento del círculo pasa con más pena que gloria. En eso estamos.

         Fdo. Jorge Cremades Sena

COMPORTAMIENTOS FASCISTOIDES PRO GARZÓN

            Ni es la primera vez, ni será la última, que un juez es procesado. Como cualquier otro ciudadano -¡faltaría más!- ha de someterse a la Justicia si, ante una acusación de comisión de un posible delito, hay claros indicios de que está implicado y es imputado por ello. Es lo normal en cualquier país democrático, menos en el nuestro. Lo pone de manifiesto el alboroto callejero y mediático surgido tras los procesos abiertos al juez y político Baltasar Garzón, quien, con las mayores garantías, comparece ante el Tribunal Supremo como aforado para defenderse de acusaciones interpuestas contra él. En definitiva, tres causas abiertas por unanimidad por la Sala Penal del Supremo que le imputa presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Tres procesos que, como todos los demás, juzgarán sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Es improcedente menospreciar a los demandantes y a sus intenciones, así como ensalzar al demandado y a su trayectoria. Arremeter contra el juzgador, intolerable. En un Estado de Derecho, como es el caso, se ampara a todo ciudadano, por abominable que sea o parezca a algunos, en su derecho a interponer las demandas que considere oportunas, al igual que al de defenderse de ellas con arreglo a la ley. El juzgador no juzga trayectorias personales ni actitudes morales o ideológicas, sino hechos concretos denunciados. Trata de saber si el imputado, en este caso Garzón, actuó de acuerdo a la legalidad o no, pero sólo en los casos que se juzgan y al margen de lo honorable que sea o parezca el personaje o su trayectoria. Lo contrario es propio de una Justicia totalitaria y dictatorial, especialmente si lo hace el TS, único órgano jurisdicional con jurisdicción en todo el territorio y tribunal superior en todos los órdenes, incluido el penal, salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales que compete al Tribunal Constitucional. El TS pues concluirá si Garzón prevaricó, erró o acertó en su actuación.

            Sin embargo algunos personajes con cierta proyección mediática, tergiversando los hechos, presentan el proceso a Garzón como “el juicio de la vergüenza” que pretende impedir la investigación de los crímenes franquistas y favorecer a los corruptos frente a sus perseguidores. Autodenominándose “progresistas” y agrupándose en torno a una pintoresca plataforma, “Solidarios con Garzón”, tachan al Tribunal Supremo como “un instrumento del fascismo español…aliado de la corrupción y de la extrema derecha” y, erigiéndose en jueces supremos al estilo fascista, concluyen que “Garzón es inocente, diga lo que diga el Tribunal Supremo” y le declaran “la última víctima del franquismo y la primera del Gürtel”. Todo un ejemplo de democracia por su respeto y acatamiento a las instituciones democráticas que nos hemos dado. ¿Qué irregularidades ha cometido el Supremo para merecer trato tan vejatorio? Tan insignes personajes no denuncian ni una sola, se limitan a descalificarlo de forma genérica sin ningún argumento concreto. Ocultan que lo que se juzga es si Garzón prevaricó en su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo, cuando antes rechazó hacerlo sobre lo acaecido en Paracuellos con sólidos argumentos que ahora no contempla. Saben que no se le juzga por perseguir los crímenes franquistas, sino por no hacerlo presuntamente con arreglo a la legalidad vigente. Ocultan que lo que se juzga es si prevaricó al autorizar escuchas de las conversaciones en prisión entre imputados por el “caso Gürtel” y sus abogados, vulnerando el derecho fundamental a la defensa. Saben que no se le juzga por perseguir a los corruptos, sino por no hacerlo conforme a derecho, lo que puede incluso beneficiarles si se anula lo actuado de forma incorrecta. Nada dicen sobre la presunta prevaricación y cohecho por la financiación de las actividades de Garzón en Nueva York, nada por inadmitir sin abstenerse una querella interpuesta a uno de sus financiadores, el señor Botín. Nada de nada sobre este caso que, obviamente, tiene menos encaje que los otros para manipularlo políticamente.

            Es intolerable que, con comportamientos tan fascistoides, estos individuos, por muy progresistas que se autodeclaren, acusen de fascista incoherentemente al TS y, por tanto, al actual Estado español, que, en caso de serlo mínimamente, no les permitiría semejantes libertades tan indecentemente usadas. ¿Quieren que el TS desestime las demandas interpuestas, si en ellas hay indicios de delito, por ser el demandado tan ilustre personaje? Eso es precisamente lo fascista. ¿Dudan de las garantías de su defensa teniendo Garzón muchos más recursos para ello que cualquier otro ciudadano normal? ¿Acaso no le han aceptado incluso la recusación de una decena de magistrados en dos tribunales distintos? ¿Se ha vulnerado alguna de sus garantías procesales? Si es así, dígase y denúnciese. Si no es así, proclamen la confianza en un veredicto justo de inocencia o culpabilidad conforme a derecho que habrá que acatar. ¿O es que tienen previas dudas de culpabilidad y por ello anticipan tan impresentables algaradas?. No se entiende que estos personajes hayan hecho mutis por el foro en tantos casos juzgados por el TS en democracia, gobernando el PSOE o el PP, y ahora irrumpan en el escenario de la demagogia con tanta virulencia. Menos aun cuando algunos, como profesionales del derecho, han sido y son parte del Sistema Judicial. Y es totalmente incompresible que lo hagan miembros destacados del PSOE sin sonrojarse por no haber denunciado o eliminado el supuesto fascismo que ahora denuncian cuando gobernaron incluso con mayoría absoluta. Que se sume a la farsa la señora Chacón, ministra de Defensa antesdeayer y aspirante a Presidenta de Gobierno pasado mañana si su partido no lo impide, no merece calificativo, refleja el sentido de Estado que tiene el personaje -¿o se dice personaja?-. No obstante, lleva razón al decir que “algo falla en este país”, el problema es que no se entera o no quiere enterarse de lo que está fallando.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena