martes, 14 de marzo de 2017

ARTUR MAS, INHABILITADO



                        Mientras sólo una decena de personas conocen los artículos del texto de la ley de ruptura de Cataluña con España, pretendiendo marcar los pasos jurídicos de la independencia catalana, y mientras la dirección del PDeCat se reúne ante la vinculación de Mas con el famoso escándalo del 3%, preparando la antigua Convergencia una operación para desbancarle, en tanto que el expresident, que se vio con empresarios de las mordidas cuando pujaban por una obra de 65 millones, avisa tajante de que “no me bajarán del tren”, mientras todo esto sucede, Artur Mas, junto a sus exconsejeras Ortega y Rigau, es inhabilitado por desobedecer a la Justicia. En efecto, así lo acaba de decidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, inhabilitando a Mas durante dos años para el ejercicio de cargos electivos y condenándole a pagar una multa de 36.000 euros, a Ortega durante un año y nueve meses y multa de 30.000 euros, y a Rigau durante un año y seis meses y multa de 24.000 euros. Todo ello por el referéndum ilegal del 9-N. El político independentista anuncia que recurrirá “al Supremo, al TC y a Estrasburgo” y, en todo caso, no podrá ser candidato salvo que en Cataluña se agote toda la legislatura, en tanto que el TSJC, que les absuelve del delito de prevaricación, asegura que Mas “pervirtió los principios democráticos” y, por su parte, su sucesor, Puigdemont, amenaza con que “lo que condena la Justicia lo absolverá el pueblo con un referéndum”, mientras, de momento, el PDeCat carece de un líder sólido para afrontar la próxima campaña. La condena, para algunos, benévola, ha levantado una polémica pues Fiscalía solicitaba más años de inhabilitación, aunque, en honor a la verdad, hay que decir que era por el delito de desobediencia y de prevaricación, pero al ser absueltos de éste, lo cierto es que a Mas se le ha impuesto la máxima pena que, por el delito de desobediencia, contempla el Código Penal (dos años de inhabilitación) con lo que el Tribunal deja claro la gravedad del asunto y lo deplorable es pues que nuestra legislación sea tan benévola con delitos de desobediencia a los tribunales de Justicia competentes por parte de cargos públicos y gobernantes, evidenciando la frágil protección legal con que cuenta nuestra democracia, caso insólito en otros países democráticos. Si el principal requisito de la democracia es el acatamiento y respeto a la Legalidad democrática, la desobediencia a las sentencias de los Tribunales competentes, que es por lo que se condena a Mas y compañía (y no por sacar las urnas a la calle, como dicen algunos para engañar a la gente), debiera ser castigada de forma mucho más severa en el Código Penal, como sucede en otros países, lo que pone de relieve la urgente labor que tiene el Legislativo de cara al futuro en defensa de nuestro sistema democrático.
            Entretanto, Susana Díaz prepara un acto con militantes en Madrid para iniciar la disputa del liderazgo del PSOE a Patxi López y a Pedro Sánchez, pues el 26 de este mes anunciará su decisión de ser candidata y presentará su alternativa de socialismo moderado frente al radicalismo de Sánchez y la ambigüedad de López, quien advierte del riesgo real de ruptura del partido. Y mientras alcaldes y dirigentes socialistas de toda España garantizan su apoyo a Susana para frenar a un Sánchez en alza, ésta da el salto para liderar el PSOE mientras, según las encuestas, pierde votos en Andalucía, donde los socialistas seguirían ganando las elecciones aunque se dejarían dos escaños en favor del PP.
            Por otro lado, Rajoy sigue sin apoyos para sacar adelante los Presupuestos, cuando su Ejecutivo pretende remitir el texto a las Cortes el 4 de abril, aunque aún no cuenta con el aval del PNV para evitar una enmienda a la totalidad y el PSOE se aferra a votar “no” a los mismos incluso antes de conocerlos; y todo ello cuando, según Metroscopia, el PP, a nivel nacional, sigue líder en intención de voto, aunque sus votantes le critican la corrupción, ya que volvería a ganar las elecciones generales con el 31´2% de votos, seguido de Unidos Podemos con el 21´5%, del PSOE con el 19% y de Ciudadanos con el 16´5%... En definitiva, nada nuevo bajo el Sol en asuntos electorales, como si los españoles nos hubiéramos abonado a una imagen fija de ingobernabilidad incomprensible, aunque, como siempre digo, tanto sobre elecciones generales como en las andaluzas, en este caso, sólo se trata de sondeos.
            En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que el Ayuntamiento de Madrid limitará a 70 kmt-hora la velocidad en toda la M-30 y el Plan A de calidad del aire reducirá el tráfico en la ciudad; que la guardia urbana se rebela contra la “norma okupa” de Colau en Barcelona; que la Policía dice que entregó a Fernández Díaz el informe desaparecido del “Faisan”; que el PP pagó una campaña de Barberá con 700 billetes de 500 euros; que el juez del Alvia cree que Adif “no hizo todo lo posible” para mitigar la tragedia; que Empleo ofrece 225 millones para prejubilar al 20% de los estibadores mientras el PSOE asegura que poyará el decreto en el Congreso si hay acuerdo entre patronal y sindicatos; y que la valla de Ceuta, frontera sur de Europa, se queda obsoleta, mientras el Coronel de la Guardia Civil al frente de los más de 700 agentes que, tras las últimas avalanchas, custodian la verja, explica que “hay una lucha cuerpo a cuerpo con una clara desproporción en nuestra contra”…y la UE viéndolas venir.   
            Por cierto, hablando de la UE, mientras Holanda mide la fuerza de la extrema derecha en Europa con las elecciones de mañana, Erdogán amenaza a Holanda por vetar a sus ministros, por lo que la disputa con Turquía marca la recta final de la campaña holandesa y las amenazas del turco están a punto de romper las relaciones entre Turquía y la UE. Lo que faltaba. Y, mientras el auge de Macron desgarra al socialismo francés, Escocia pedirá permiso al Parlamento para celebrar otro referéndum de independencia antes de la materialización del Brexit, en tanto que Londres dice que los escoceses sufrirán “más incertidumbre y división”…lo que jamás harán los dirigentes independentistas escoceses es, a diferencia de los dirigentes independentistas catalanes, actuar en contra de la legalidad democrática vigente y, menos aún, desobedecer lo que, en todo caso, digan los tribunales de Justicia, allí, como en los demás países democráticos, los comportamientos y afrentas totalitarios  de los gobernantes contra el Estado de Derecho no se pagan sólo con dos años de inhabilitación.
                                                Jorge Cremades Sena