lunes, 25 de septiembre de 2017

MOVILIZACIÓN PERMANENTE



                        Ante el gravísimo cariz que está tomando el Golpe de Estado independentista catalán haciendo los golpistas caso omiso de las decisiones del Tribunal Constitucional, salvo el cese del “número dos” de Junqueras y la disolución de la Junta Electoral para evitar las multas inmediatas impuestas por éste (la pela es la pela, que diría Pujol), la Fiscalía denuncia por sedición a los líderes de la movilización callejera, ANC y Omnium, el brazo callejero de Puigdemont, quienes se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel (el Código Penal contempla penas de hasta 15 años por “alzarse contra la ley”) y éstos personajes, al abrigo permanente de la subvención de la Generalitat, responden con la convocatoria de una “movilización permanente”, convencidos de que cuarenta años de mentiras y propagandas antiespañolas, que siempre les salieron gratis, dan lo suficiente para que bastantes catalanes se pongan de parte del Golpe de Estado y contra la legalidad democrática (contemplada tanto en la Constitución como en el Estatut de Cataluña), como si por ser bastantes delincuentes se pudiera permitir la delincuencia y no pasara absolutamente nada. El delito de sedición, bastante devaluado por cierto en el Código Penal, que si la Audiencia ve indicios de que el mismísimo President ha impulsado los disturbios puede pedir al TSJC que le investigue por tan grave delito, por el que Fiscalía denuncia a los líderes de ANC y Omnium, se basa (y todos lo vimos por televisión) en que “una muchedumbre se concentró para impedir por la fuerza las resoluciones judiciales”, según describe el fiscal, al extremo de que los agentes tuvieron que realizar disparos ante la sede de la CUP “para evitar un ataque inminente”. Y mientras aún tenemos en la retina las intolerables imágenes de varios coches policiales destrozados, con exaltados golpistas subidos en ellos presumiendo de su indecente hazaña (ente ellos algún cabo de los Mossos, que ya debiera estar expedientado y fuera del cuerpo), por semejante ataque en toda regla a la Guardia Civil, que simplemente intentaba hacer su trabajo bajo órdenes judiciales, la ANC, al estilo de los peores rateros camuflando su botín, vaciaba su sede por si era registrada. Y mientras Puigdemont podría ser acusado incluso de rebelión (castigado hasta con 25 años de cárcel) si finalmente declara la secesión y proclama la ilegal independencia (tal como asegura si en su ilegal referéndum gana el “sí” aunque sólo sea por un voto), Fiscalía se reserva aplicar este delito, y, por su parte, el Gobierno sólo pondría en marcha el artículo 155 de la Constitución si cuenta con el apoyo expreso de PSOE y Ciudadanos, en tanto que Colau impulsa un frente anti PP con los independentistas, Urkullu asegura que “la solución es un referéndum legal y pactado”, la patronal catalana propone otro Estatut y un referéndum en 2019 (incluyendo una reforma constitucional con una disposición como la vasca que recoge el pacto fiscal, mientras Joaquim Gay de Montellá, Presidente de Fomento del Trabajo, dice “no es cierto que los empresarios catalanes seamos cobardes, pero vivimos aquí: es fácil ser rotundo desde fuera") y Podemos asesora a la Generalitat para que utilice en el ilegal referéndum el mismo sistema “on line” que ellos utilizan en sus consultas, pues Puigdemont, ante los impedimentos legales de celebrarlo con normalidad, ya prepara este sistema poco fiable, mientras la Guardia Civil investiga los contactos con una empresa para que se pueda votar a través de un servidor en el extranjero.
            Y es que, acostumbrados los dirigentes independentistas a moverse en la trampa y la mentira, lo que les importa por encima de cualquier otra consideración es salirse con la suya como sea. Poco importa pues si el referéndum es ilegal, si tiene las mínimas garantías democráticas o no, lo importante es que la chapuza se celebre y pase a engrosar la serie de falsos mitos y leyendas que han ido engordando las filas independentistas, pues el soberanismo se alimenta de falsas afirmaciones rotundas, indiscutibles y repetidas como que serían más ricos siendo independientes, que no es verdad; ni hubo, como dicen, una guerra de secesión en 1714, fue de sucesión al trono de España; ni España les roba, eran los gobernantes independentistas y sus familias los que lo hacían; ni ha fracasado el Estado de las Autonomías, aunque sea mejorable; ni siempre es democrático votar, pues las dictaduras convocan elecciones y referéndums; ni ingresarían automáticamente en la UE si se hacen independientes, a lo sumo se pondrían a la cola de los aspirantes para superar los requisitos de entrada, entre ellos la unanimidad de los países integrantes; ni cabe en Cataluña el derecho de autodeterminación, reconocido para otras situaciones históricas; ni la Constitución de 1978, aprobada por todos los españoles, incluidos los catalanes, es hostil a Cataluña, que tiene el mayor autogobierno de su Historia; ni el referéndum del 1-O es legal ya que no respeta ni a la Constitución, ni al Estatuto, ni a las sentencias de los tribunales españoles o catalanes….ni tantos y tantos otros trucos sacados de la manga, contrarios no ya a la evidencia sino al mero sentido común, pero creídos a ciegas siguiendo el demagógico y totalitario credo secesionista. Y en este ciego fervor soberanista, el independentismo no tiene reparo alguno en reclutar a niños y a estudiantes menores de edad, incitados a odiar al resto de españoles, pues la CUP les utiliza para hacer bulto en las manifestaciones y pegar propaganda, mientras el Govern insta a los directores de los centros a cederlos para el 1-O, mientras en ellos se premia a aquellos alumnos que se movilizan en favor del ilegal referéndum.
            En este desquiciado ambiente la consulta ilegal afronta esta recta final con la tensión en máximos y tras dos semanas de escalada antidemocrática sin precedentes, el Gobierno se prepara para abortar el referéndum ilegal y los “planes de contingencia” de Puigdemont para celebrarlo, sí o sí. La Fiscalía ordena a un coronel de la Guardia Civil que dirija y coordine el operativo policial contra la ilegal consulta, por lo que Interior coordinará a los Mossos, aunque la Generalitat lo rechaza y queda la incertidumbre si la policía catalana acatará definitivamente las órdenes al efecto, pues discrepa de las mismas. Interior convoca a los Mossos a una reunión clave para frenar la votación, mientras la red de injerencia rusa (que actuó a favor de Trump y del Brexit) sitúa la crisis catalana en sus prioridades contra la UE, afectada directamente por lo que suceda el 1-O (son muchas las regiones europeas que podrían contagiarse de la locura catalana) y mientras Puigdemont y el ala dura del independentismo plantean declarar la república catalana el 4-O y el Govern rechaza de plano que la Guardia Civil mande sobre los Mossos, tal como ordena Fiscalía, y Zoido sostiene que “no se han retirado las competencias a los Mossos; se mejora la coordinación” e Íñigo Méndez de Vigo añade que los independentistas “querían romper 500 años de España en cuatro horas”. Y en esta coyuntura lamentable, según Metroscopia, el 61% de los catalanes considera que la consulta no es válida ya que no reúne las garantías (hace quince días el porcentaje era del 56%) y, según NCReport, en caso de elecciones autonómicas, los independentistas perderían la mayoría en el Parlament ya que el bloque Junts pel Sí y la CUP caería de 72 escaños a 66, PP y PSC subirían, Ciudadanos retrocedería y los de Colau lograrían 15 escaños, que serían clave para la gobernabilidad.
            En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que el Gobierno anuncia la bajada del IVA en el cine; que el PP y Ciudadanos pactan ampliar de cuatro a cinco semanas la baja paternal en los Presupuestos; que Anticorrupción ve indicios para investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Banco Popular; que Márquez gana en Aragón y se afianza en el liderato de Moto GP; y que el hermano de Ignacio González confiesa los sobornos en la Comunidad de Madrid, dejando al ex presidente contra las cuerdas, al admitir su propio hermano mordidas por el campo de golf del Canal y acusar a Rodríguez Sobrino de “funcionar a golpe de comisión”.           
            Y en el exterior cabe citar que el estallido de Ryanair agita el mercado de los pilotos y hasta las compañías asiáticas entran en la pugna; que un caso de espionaje salpica las finanzas del Vaticano; que Macron aprueba la reforma laboral pese a las protestas; que Uber, que cuenta con 40.000 vehículos en la capital de Reino Unido, pierde por razones de seguridad su licencia en Londres y se queda sin el permiso para operar; y que Londres pide una tregua de dos años para la total desconexión de Europa y lo pide a partir de la salida británica, prevista para marzo de 2019, ofreciendo a cambio que Reino Unido siga contribuyendo a las arcas de la UE hasta el final del actual presupuesto comunitario en 2020. Pero la noticia destacada es sin lugar a dudas el resultado de las elecciones en Alemania, pues la canciller alemana logra un cuarto mandato pero sufre un severo retroceso de ocho puntos, mientras los socialdemócratas sufren un descalabro sin precedentes y la extrema derecha entra en el Parlamento como tercera fuerza política, lo que, ante el descalabro de la socialdemocracia, que anuncia pasar a la oposición, la canciller alemana queda obligada a buscar alianzas en otros lares ideológicos; la proyección de resultados es la siguiente: CDU el 32´9% y 239 escaños en el Bundestag, SPD el 20´8% y 150 escaños, AfD el 13´1% y 94 escaños, FDP el 10´6% y 77 escaños, los Verdes el 8´9% y 65 escaños, y la izquierda el 8´9% y otros 65 escaños.   
                                                Jorge Cremades Sena